El “marco” de la legislación “Reconstruir mejor” anunciada por el presidente Biden el jueves por la mañana y presentada ante la bancada demócrata de la Cámara de Representantes evidencia el colapso de las pretensiones reformistas del Gobierno demócrata y del Congreso controlado por los demócratas. Más allá de su retórica grandilocuente que traza una legislación social general y “la legislación más trascendental para los trabajadores” desde el Nuevo Trato [de Roosevelt] (en las palabras de Bernie Sanders), la conducción del Partido Demócrata ha abrazado un plan diluido cuyo costo anual ($175 mil millones) es menos que una cuarta parte del presupuesto militar.

La legislación que incorpora el “marco” legislativo, un borrador del proyecto de ley de reconciliación presupuestaria, fue entregado al Comité de Reglamentación de la Cámara de Representantes el jueves y se extiende casi 2.200 páginas. Sus disposiciones son complejas y los procedimientos para aprobarla son enredados y sumamente endebles. Es completamente posible que el proceso legislativo conduzca a una debacle política completa tanto para la Casa Blanca de Biden como para el Partido Demócrata en su conjunto, al no aprobarse ninguna ley significativa del todo.

Pero hay un hilo continuo que corre por todo el proceso de maquinaciones legislativas en el que dos senadores derechistas del Senado, Joe Manchin de West Virginia y Kyrsten Sinema de Arizona, junto a media docena de demócratas derechistas de la Cámara de Representantes, encogieron el proyecto de ley inicial de gasto social de $6 billones al inicio a $3,5 billones propuestos por la Casa Blanca y ahora a los $1,75 billones respaldados por Biden el jueves —la mitad de su plan original y apenas una cuarta parte de la propuesta inicial de Sanders—.

Todas estas cifras representan gastos a lo largo de diez años. En comparación, el presupuesto militar en el mismo periodo sería de al menos $8 billones y los pagos de intereses sobre la deuda federal podrían ser incluso mayores. Cada año, la Reserva Federal está bombeando cerca de $1,5 trillones en los mercados, casi lo mismo que la legislación para diez años.

La legislación ha sido definida completamente por los intereses de clase de la élite gobernante capitalista, la cual exige tanto un suministro continuo de efectivo del Tesoro, así como una mayor provisión de mano de obra barata en medio de la pandemia. A lo largo de estas “negociaciones”, se han avanzado medidas que dan subsidios a los negocios o promueven la entrada de más trabajadores a la fuerza laboral, mientras que las medidas que les cuestan dinero a las empresas, dan sustento a los trabajadores cuando no están activamente empleados o simplemente mejoran sus vidas fueron sacrificadas.

Esta regla explica tanto las disposiciones que sobrevivieron y las que fueron arrojadas por la borda. Para resumirlas brevemente, con base en descripciones publicadas por la Casa Blanca, las medidas que sobrevivieron incluyen:

• Gastos relacionados con el clima, por valor de $555 mil millones. Se trata de la mayor asignación del tan reducido proyecto de ley de reconciliación, y la mayor parte, $320 mil millones son créditos fiscales para las empresas de servicios públicos, los fabricantes de vehículos eléctricos y las empresas que construyen estaciones de carga de baterías. Otros $110 mil millones se destinan a incentivos directos (subvenciones) a los productores de “energía solar, baterías y materiales avanzados” (de gran interés para el Pentágono), así como a “impulsar la competitividad de las industrias existentes, como la del acero, el cemento y el aluminio”.
• Programas universales de preescolar para niños de tres y cuatro años, así como guarderías subvencionadas por el Gobierno federal. A pesar de la glamorosa retórica sobre la expansión de la red de seguridad social, el principal objetivo de este programa es liberar a las madres de niños pequeños para que acepten trabajos con salarios bajos.
• La expansión de Medicaid en una docena de estados, principalmente en el sur, todos ellos gobernados por republicanos que rechazaron los subsidios federales para la expansión de Medicaid bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare). Dado que la mayoría de los empleadores con salarios bajos no ofrecen seguro médico, los trabajadores de esos estados, incluidos Texas y Florida, tienen un fuerte desincentivo a aceptar trabajos que aumentarían sus ingresos solo marginalmente, pero que los dejarían sin derecho a Medicaid.
• Ampliación del Crédito Fiscal por Ingreso Laboral (EITC) para unos 17 millones de trabajadores con bajos salarios. Se trata esencialmente de una subvención salarial para los empleadores que pagan sueldos bajos, ya que permite a los trabajadores sobrevivir con sueldos extremadamente bajos con un complemento del Gobierno federal, solo disponible si permanecen en sus puestos de trabajo durante un número mínimo de horas a la semana. No se paga a los trabajadores que abandonan su empleo, son despedidos o están en paro de larga duración.

• Creación de un programa de cuidados médicos a domicilio para ancianos y discapacitados, financiado por el Gobierno federal. El propósito de clase es que aquellos trabajadores que, de otro modo, tendrían que cuidar a sus padres ancianos o a sus familiares discapacitados vuelvan a la fuerza laboral. Esto es de especial importancia en medio de la pandemia de COVID-19, que ha hecho que la gente tema los hogares de ancianos transformados en trampas mortales.

Los programas que se han eliminado en gran medida o por completo incluyen:

• Dos años de universidad gratuita en un community college. Evidentemente, esto habría retirado a un gran número de trabajadores de la población activa, especialmente a los que trabajan y estudian a tiempo parcial, ya que los animaría a matricularse a tiempo completo.
• Permiso remunerado por motivos familiares y médicos. Inicialmente se fijó en 12 semanas, luego se redujo a cuatro y después se eliminó por completo.
• La desgravación fiscal por hijo de 250 dólares al mes y 300 dólares al mes para los niños de seis años o menos. El proyecto de ley amplía el crédito solo un año, para evitar que expire en plena campaña para las elecciones al Congreso de 2022. El crédito para niños, que en su día se prometió como una prestación nueva y permanente que “reduciría la pobreza infantil a la mitad”, ahora se extinguirá el 31 de diciembre de 2022.
• Autorización para que Medicare negocie precios más bajos de los medicamentos utilizando su enorme poder de compra para negociar con las compañías farmacéuticas.
• Ampliación de Medicare para ofrecer cobertura dental, visual y auditiva. A pesar de ser una de las “líneas rojas” de Sanders, la propuesta se ha reducido para incluir solo la cobertura auditiva, la más barata de las tres. Además de ser costosa, tal cobertura se consideraba una competencia indeseable para las compañías de seguros que ofrecen planes Medicare Advantage (una versión semiprivada de Medicare).

Además de la adaptación de las propuestas de gasto social para satisfacer los intereses de la patronal, la última versión de Biden del paquete de conciliación excluye cualquier aumento significativo de las tasas de impuestos para las empresas o los ricos, y no incluye ni siquiera el “impuesto a los milmillonarios” propuesto por algunos demócratas del Senado esta semana, después de que la disposición fuera impugnada por varios de los milmillonarios y amenazada con un prolongado litigio por motivos constitucionales.

Hay un puñado de disposiciones fiscales que se incluyen para mantener la pretensión de “justicia” y “equidad”, como un impuesto mínimo sobre la renta de las empresas, pero serán fácilmente evadidas por las grandes empresas y sus bien financiados departamentos fiscales y jurídicos. Asimismo, es probable que se elimine la sobretasa a los ingresos de los millonarios y multimillonarios debido a la firme oposición de la senadora Sinema a cualquier aumento de los impuestos sobre la renta.

Estas medidas de gasto e impuestos se combinan en el proyecto de ley de “reconciliación”, que requiere 50 votos en el Senado para su aprobación. El proyecto de ley separado de “infraestructura” ya fue aprobado por el Senado con apoyo bipartidista, ya que se trata esencialmente de un despilfarro de 1,2 billones de dólares para las grandes empresas de construcción y otras corporaciones, como las de transporte por camión, transporte marítimo, servicios eléctricos y similares.

Tras la reunión de Biden con los demócratas de la Cámara de Representantes, los “progresistas” han abrazado la esencia de su muy reducido proyecto de ley de reconciliación. Aunque siguen insistiendo en la aprobación de ambos proyectos de ley juntos, no defienden ninguna mejora significativa en el proyecto de reconciliación. La ampliación de Medicare, las licencias remuneradas por motivos familiares, los community college gratuitos y otras medidas fueron descartadas.

Todo este proceso podrido pone al descubierto no solo la naturaleza del propio Partido Demócrata. Como declaró Biden en sus declaraciones del jueves desde la Casa Blanca, tras su reunión con los diputados, “soy un capitalista”. O, para ser más precisos, es un servidor a sueldo de los capitalistas, como todos los políticos demócratas y republicanos.

El Partido Demócrata es un partido de Wall Street, de las agencias de inteligencia y de los militares, que se apoya en sectores privilegiados de la clase media. El papel de Sanders, Ocasio-Cortez, y compañía es proporcionar a esta organización política reaccionaria una tapadera mínima de reforma social.

Además, lejos de “crear un espacio” para las reformas sociales, como afirmaban los promotores pseudoizquierdistas del Partido Demócrata, la política derechista de los demócratas, en la medida en que no se enfrente a un movimiento político independiente de la clase obrera con un programa socialista, solo alimenta el crecimiento de la extrema derecha.

(Publicado originalmente en inglés el 28 de octubre de 2021)