Una coalición de más de dos docenas de organizaciones de derechos humanos y libertad de prensa ha pedido al gobierno de Biden que retire todos los cargos contra Julian Assange. Esto es antes de una apelación de Estados Unidos que se escuchará la próxima semana, desafiando una decisión de un tribunal británico que bloqueó la extradición del editor de WikiLeaks.

La declaración, entregada la semana pasada al fiscal general de Biden, Merrick Garland, refleja la oposición popular generalizada al intento de enjuiciar a Assange en Estados Unidos por exponer los crímenes de guerra, las operaciones de vigilancia y las intrigas diplomáticas globales dirigidas por Estados Unidos.

También expresa el estado cada vez más afectado por la crisis de la campaña de Estados Unidos contra Assange, que es ampliamente visto como un asalto a las libertades civiles fundamentales. Esto es aún más cierto desde las revelaciones el mes pasado de planes parecidos a los de un gánster por parte de la administración de Trump y la CIA para secuestrar o matar al periodista australiano mientras que era un refugiado político en la embajada de Ecuador en Londres.

Entre los signatarios de la carta se encuentran la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), Amnistía Internacional, el Comité para la Protección de Periodistas, Reporteros sin Fronteras y el Instituto de la Primera Enmienda Knight, junto con otras 20 organizaciones de defensa conocidas.

La misma coalición hizo un llamamiento al gobierno de Biden para que pusiera fin a las acciones legales contra Assange poco después de la toma de posesión de Biden, pero la solicitud fue rechazada en otra demostración del carácter bipartidista del asalto a Assange, WikiLeaks y los derechos democráticos en general. La administración demócrata no solo ha continuado la venganza contra Assange, sino que ha desempeñado un papel principal en la elaboración de un llamamiento destinado a asegurar su envío a los EE. UU. y la cadena perpetua.

La última declaración advierte: “[E]l proceso contra el Sr. Assange pone en peligro el periodismo que es crucial para la democracia. En nuestra opinión, un precedente creado al enjuiciar a Assange podría usarse contra editores y periodistas por igual, enfriando su trabajo y socavando la libertad de prensa'.

Los signatarios señalan: “[P]eriodistas habitualmente se involucran en gran parte de la conducta descrita en la acusación: hablar con las fuentes, pedir aclaraciones o más documentación, y recibir y publicar secretos oficiales. Las organizaciones de noticias publican con frecuencia y necesariamente información clasificada con el fin de informar al público sobre asuntos de profunda importancia pública'.

Las organizaciones involucradas en la iniciativa señalan que estaban motivadas para reafirmar su llamado a poner fin al enjuiciamiento de Assange 'con mayor urgencia aún, a la luz de una historia reciente en Yahoo News que describe discusiones alarmantes dentro de la CIA y la administración de Trump antes de la acusación contra Assange. La historia de Yahoo News solo aumenta nuestras preocupaciones sobre las motivaciones detrás de este enjuiciamiento y sobre el peligroso precedente que se está estableciendo'.

El informe de Yahoo News, publicado a fines del mes pasado, revisó en detalle las discusiones dentro de la administración de Trump y los niveles más altos de la CIA, sobre tomar 'medidas extremas' contra Assange en 2017.

Basado en entrevistas con más de 30 exfuncionarios estadounidenses, la historia describió la frenética respuesta del gobierno y la agencia de inteligencia a la publicación de WikiLeaks de 'Vault 7', un vasto tesoro de documentos filtrados de la CIA.

Los documentos expusieron las vastas capacidades de guerra cibernética de la agencia, incluyendo su uso extensivo de malware, y las capacidades para colocar marcadores 'reveladores' en sus propios ataques, con el objetivo de atribuirlos a potencias extranjeras como Rusia e Irán. “Vault 7” demostró que la CIA estaba involucrada en la vigilancia masiva, incluso a través de teléfonos inteligentes y televisores, y estaba discutiendo el desarrollo de capacidades para controlar de forma remota los sistemas informáticos de los automóviles modernos.

La respuesta apoplética, encabezada por el entonces director de la CIA, Mike Pompeo, involucró rápidamente discusiones sobre acciones ilegales contra Assange. Estos incluyeron reuniones, en las que participaron Pompeo y Trump, sobre la posibilidad de secuestrar a Assange de la embajada ecuatoriana, instigar un tiroteo en Londres si intentaba huir del edificio e incluso asesinar al fundador de WikiLeaks y sus colegas con sede en Europa.

Las discusiones no fueron de carácter hipotético. La declaración, entregada la semana pasada al fiscal general de Biden, Merrick Garland, refleja la oposición popular generalizada al intento de enjuiciar a Assange en Estados Unidos por exponer los crímenes de guerra, las operaciones de vigilancia y las intrigas diplomáticas globales dirigidas por Estados Unidos. Los empleados en el edificio han testificado que las discusiones sobre el envenenamiento o permitir que Assange sea sacado violentamente de la embajada, se filtró hasta el nivel del suelo, involucrando al personal de UC Global.

En una entrevista reciente con The Guardian, la pareja de Assange, Stella Moris, describió el impacto de la operación UC Global. Señaló que con el espionaje generalizado, la imposición de restricciones a las comunicaciones y visitantes de Assange y las operaciones de trucos sucios, incluyendo un intento de tomar en secreto el ADN de uno de los hijos de Assange, la empresa de seguridad y sus pagadores estadounidenses habían creado efectivamente 'un sitio negro en el medio de Londres. Completa ilegalidad'.

Las revelaciones de Yahoo News expusieron no sólo el carácter criminal de estas operaciones extralegales, sino también el intento cuasi judicial de procesar a Assange. La acusación contra Assange se preparó en medio de las discusiones sobre su asesinato, y Yahoo informó que fue en parte motivado por preocupaciones dentro del Departamento de Justicia de que habría cargos si Assange fuera 'llevado a los Estados Unidos', es decir, secuestrado por la CIA.

La administración de Biden no ha dicho nada sobre la extraordinaria criminalidad de las acciones tomadas por su predecesor, y sus portavoces en cambio dirigieron las preguntas de los medios sobre los informes a la CIA. Pompeo ha negado débilmente la peor de las acusaciones, mientras que afirma que 'partes' de la historia de Yahoo son ciertas y pide que los exfuncionarios que hablaron con el medio sean 'procesados por hablar sobre actividad clasificada'.

En un tardío intento de control de daños, el representante del Partido Demócrata, Adam Schiff, declaró que el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos estaba 'buscando información' de los informes sobre el complot de Trump-CIA contra Assange. Afirmó haber ignorado por completo que algo estaba en marcha, a pesar de ser el demócrata de mayor rango en el panel de inteligencia en 2017.

Las profesiones de ignorancia no tienen credibilidad, dado que los demócratas adoptaron la descripción de Pompeo de WikiLeaks como una 'organización de inteligencia hostil no estatal', una designación que colocó a la organización editorial en una categoría similar a los terroristas o espías hostiles. En 2017, el Senado incluyó formalmente la descripción del medio de comunicación de Assange en su Ley de Autorización de Inteligencia anual, con la abrumadora mayoría de demócratas votando a favor.

El informe de Yahoo sigue a la revelación del semanario islandés Stundin de que Sigurdur 'Siggi' Thordarson, un testigo clave en la acusación de Estados Unidos contra Assange, admitió que casi todo su testimonio consistió en mentiras a cambio de inmunidad del enjuiciamiento estadounidense por fraude y otras actividades criminales.

En conjunto, la información demuestra que el caso contra Assange debería haberse desestimado de los tribunales británicos tan pronto como se presentaron. A pesar de esto, el Tribunal Superior del Reino Unido otorgó a los fiscales estadounidenses el derecho de apelar una sentencia anterior que bloqueaba la extradición de Assange.

Ese veredicto anterior, en un Tribunal de Distrito, confirmó todos los argumentos sustantivos de los fiscales, incluyendo el derecho de los Estados a perseguir a los periodistas por exponer materiales que consideran clasificados. Ignoró la prohibición explícita de extradiciones por delitos políticos contenidos en el tratado de extradición británico-estadounidense.

En cambio, la jueza Vanessa Baraitser dictaminó que la extradición de Assange sería 'opresiva', dadas las condiciones draconianas en las cárceles estadounidenses y la probabilidad de que se suicide. A la luz de los informes de Yahoo, parece probable que el fallo de Baraitser estuviera motivado por temores dentro del aparato estatal británico de la oposición generalizada que se produciría si Assange fuera asesinado por las autoridades estadounidenses después de haber sido extraditado.

A pesar de la exposición completa del caso de EE. UU. como una trampa y una operación de trucos sucios, el historial del poder judicial británico significa que no puede haber confianza en que rechazará la apelación de EE. UU. cuando se escuche el 27 y 28 de octubre.

Las recientes revelaciones han demostrado una vez más que la persecución de Assange está vinculada a problemas políticos más amplios, incluyendo un giro hacia el autoritarismo por parte de gobiernos de todo el mundo, en respuesta a la creciente oposición social y política. Los funcionarios de Trump que planearon el asesinato y el secuestro de Assange e iniciaron su enjuiciamiento lideraría hacia un intento de golpe fascista el 6 de enero. La administración de Biden está procediendo con el caso desacreditado, según persigue 'dejarlo arrasar' las políticas de la pandemia en el interés de la élite empresarial, y acelera los preparativos para una guerra catastrófica contra China.

El expediente ha demostrado que la lucha por la libertad de Assange y la defensa de todos los derechos democráticos sólo puede avanzar mediante la construcción de un movimiento político independiente de la clase obrera internacional contra la guerra, la desigualdad y el autoritarismo.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 22 de octubre de 2021)