La decisión de la Corte Suprema de EE.UU. de permitir que la prohibición del aborto en Texas entrara en vigor el 1 de septiembre es un ataque brutal a los derechos democráticos que debe ser opuesto por toda la clase obrera. De un golpe, el aborto se volvió efectivamente ilegal en un estado con casi el 10 por ciento de la población estadounidense. Se estima que aproximadamente dos docenas de estados más seguirán el ejemplo de Texas. La ilegalización del aborto en la mitad del país no tendrá que esperar a que la Corte Suprema anule el fallo de Roe vs. Wade: ya comenzó.

La ley del estado de Texas, aprobada el pasado mes de mayo, impone la llamada norma del “latido del feto”, adoptada por media docena de estados anteriormente, que prohíbe efectivamente el aborto después de unas seis semanas de embarazo, antes de que la mayoría de las mujeres sepan siquiera que están embarazadas. El nombre es en sí mismo un absurdo médico, ya que a las seis semanas no hay feto, sino un embrión, y no hay corazón que lata, sino un conjunto de células capaces de descargar electricidad, lo que solo es detectable en los monitores desarrollados en las últimas décadas.

Una característica notable de la acción de la Corte Suprema es su cobardía moral e intelectual. Los cinco jueces que componen la mayoría solo ofrecieron un único párrafo explicativo, que no se atribuyó ninguno de ellos. No se hizo público hasta 24 horas después de que se permitiera la entrada en vigor de la ley, y fue emitido justo antes de la medianoche. Esto sucede con una decisión que tiene efectos incalculables e inmediatos en la vida de miles de mujeres, e implicaciones ominosas para millones.

Los cuatro jueces que se opusieron a la decisión (5-4) expusieron las contradicciones y los absurdos jurídicos de la acción de la Corte Suprema en opiniones disidentes. La jueza Sonia Sotomayor escribió que la ley de Texas “es un acto impresionante de desafío a la Constitución, a los precedentes de este tribunal y a los derechos de las mujeres que buscan abortar en todo Texas... el tribunal ha recompensado el esfuerzo del estado por retrasar la revisión federal de una ley claramente inconstitucional, promulgada haciendo caso omiso de los precedentes del tribunal, a través de enredos procesales creados por el propio estado”.

La jueza Elena Kagan se centró en el procedimiento antidemocrático adoptado por el propio alto tribunal, no solo en el asunto del aborto en Texas, sino en una serie de otros casos decididos en lo que ahora se denomina el “dossier en la sombra”, en el que la corte falla de emergencia, sin audiencias, ni otros procedimientos legales esenciales. Una de estas acciones fue la reciente sentencia del alto tribunal que anuló la prohibición de la mayoría de los desahucios impuesta como medida de salud pública por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

“Sin una información o argumentación completa, y tras menos de 72 horas de reflexión, esta corte da luz verde al funcionamiento de una ley patentemente inconstitucional de Texas que prohíbe la mayoría de los abortos”, escribió. “Apenas ha revisado los documentos más someros presentados por las partes, y lo ha hecho de forma apresurada. Y apenas se molesta en explicar su conclusión: que es improbable que prevalezca una impugnación de una regulación del aborto obviamente inconstitucional, respaldada por un esquema de aplicación totalmente inédito”.

Esta es una cuestión crítica, como explicó un analista jurídico al WSWS: “Quizá la consideración más importante a la hora de decidir este tipo de medidas cautelares es 'la probabilidad de éxito sobre el fondo'. La ley de Texas no puede sostenerse a menos que se revoque Roe, como señalan los disidentes. El hecho de que la mayoría de la Corte Suprema denegara la orden judicial sin discutir la probabilidad de éxito de fondo solo puede ser interpretado por alguien que entienda cómo funcionan estas cuestiones jurisprudenciales como una anulación furtiva de Roe”.

Las políticas reaccionarias y antidemocráticas requieren métodos reaccionarios y antidemocráticos. Casi tan significativo como la derogación efectiva del derecho al aborto en la ley de Texas es el método elegido para llevar a cabo este ataque: autorizar a cualquier individuo a presentar una demanda contra cualquiera que “ayude o instigue” un aborto, con la promesa de una recompensa de 10.000 dólares y la recuperación de todos los costes legales si la demanda es aceptada. Como escribió la jueza Sotomayor, “En efecto, la Legislatura de Texas ha delegado en que los ciudadanos del estado se conviertan en cazadores de recompensas, ofreciéndoles premios en efectivo por denunciar civilmente los procedimientos médicos de sus vecinos”.

Según los informes de prensa, Texas Right to Life ya ha comenzado a solicitar denuncias anónimas en su página web y a pedir voluntarios para “unirse al equipo provida que trabaja para hacer cumplir” la ley. Un formulario en línea solicita a los informantes que nombren una clínica o un médico potencialmente implicados y se compromete a “garantizar que estos infractores de la ley rindan cuentas por sus acciones”.

La apelación al justicialismo es una característica de otras nuevas leyes del estado de Texas, como el proyecto de ley que restringe los procedimientos de votación que se aprobó la semana pasada, y que faculta una conducta mucho más agresiva por parte de los “vigilantes electorales”, cuya tarea será cuestionar el derecho de los votantes a emitir su voto. Debido a otra nueva ley estatal que permite la “portación abierta” sin restricciones de armas de fuego sin licencia o permiso, es probable que los votantes que acudan a las urnas se enfrenten a impugnadores armados exigiéndoles sus credenciales.

El presidente Biden emitió una declaración el miércoles en la que denunciaba la acción de la Corte Suprema como “un asalto sin precedentes a los derechos constitucionales de la mujer en virtud de Roe vs. Wade ”, y la ley de Texas por “desatar un caos inconstitucional y facultar a los autoproclamados ejecutores a tener impactos devastadores”.

Pero no propuso responder a esto más que con consultas entre la Casa Blanca y varios departamentos federales “para ver qué medidas puede tomar el Gobierno federal para asegurar que las mujeres de Texas tengan acceso a abortos seguros y legales...”. En otras palabras, nada. No pidió que el Congreso aprobara una ley para codificar el caso Roe v. Wade, lo que requeriría superar bloqueos en el Senado. Demasiados demócratas del Senado apoyan los bloqueos, es decir que se oponen al derecho al aborto, como para llevar esto a cabo.

Los demócratas invariablemente utilizan la mayoría ultraderechista de cinco miembros en la Corte Suprema como excusa para no hacer nada, pero cada uno de estos cinco jueces debe su puesto a la perfidia y la irresponsabilidad del Partido Demócrata.

Clarence Thomas fue confirmado tras la notoria audiencia presidida por el senador Joe Biden, entonces presidente del Comité Judicial, que se negó a bloquear la nominación. Samuel Alito fue confirmado después de que 18 demócratas se unieran a los republicanos para impedir un bloqueo.

Neil Gorsuch fue confirmado para ocupar el puesto vacante por la muerte del archirreaccionario Antonin Scalia después de que el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, bloqueara el reemplazo del presidente Obama, generando solo una respuesta tibia por parte de la Casa Blanca y de los demócratas del Senado. McConnell anuló entonces un bloqueo a la nominación a la Corte Suprema, algo que los demócratas se niegan a hacer ahora para consolidar Roe vs. Wade en la ley.

Cuando Trump nominó a Brett Kavanaugh para el alto tribunal en 2018, los demócratas evitaron cualquier examen de su historial político y judicial de derechas —incluido el derecho al aborto— a favor de una denuncia al estilo #MeToo de las acciones que supuestamente llevó a cabo cuando era adolescente, 30 años antes de su nominación. Este enfoque y toda la campaña #MeToo fueron apoyados con entusiasmo por la pseudoizquierda y publicaciones como Jacobin .

Dos años más tarde, tras la muerte de Ruth Bader Ginsburg a menos de dos meses de las elecciones, McConnell abandonó cínicamente el supuesto principio de no llenar una vacante en la Corte Suprema durante el último año de una presidencia y apresuró la aprobación de la designación de Trump de Amy Coney Barrett. Su género la hizo inmune al tipo de ataque llevado a cabo contra Kavanaugh, además de ganarle puntos en esas capas de la clase media-alta obsesionadas con la política de identidad.

Como escribió el World Socialist Web Site en 2019,

La evisceración sistemática del derecho al aborto en gran parte del país ha atraído solo una pequeña fracción de la energía, el dinero y la atención de los medios de comunicación dedicados a la reaccionaria campaña #MeToo de los demócratas, que busca mejorar las fortunas de las mujeres de altos ingresos —actores, ejecutivos corporativos, profesores— destituyendo a sus superiores y compañeros hombres a través de acusaciones, en gran medida inventadas, de mala conducta sexual. A las Alyssa Milanos de este mundo no les importa el derecho al aborto de las mujeres de clase trabajadora de Alabama y Georgia. Incluso con una prohibición total en EE.UU., siempre podrían volar a Toronto o Londres.

Este historial político demuestra que incluso en aquellas áreas en las que el Partido Demócrata profesa las diferencias más irreconciliables con los republicanos, como el derecho al aborto, este partido controlado por las corporaciones es incapaz de ofrecer una resistencia seria a los crecientes ataques a los derechos democráticos de la clase trabajadora.

La lucha por defender el derecho al aborto y todos los derechos democráticos solo puede avanzar mediante la movilización política independiente de la clase obrera, en una lucha contra el Partido Demócrata y todo el bipartidismo capitalista, por una perspectiva socialista revolucionaria.

(Publicado originalmente en inglés el 2 de septiembre de 2021)