Un nuevo reporte de 104 páginas del inspector general de la Policía del Capitolio confirma que la dirección del departamento de la Policía del Capitolio facilitó el ataque contra el Capitolio incitado por Trump por medio de una inacción deliberada y lo que solo puede describirse como sabotaje.

En varios extractos que aparecen en la prensa de partes del reporte “sensible para las agencias policiales”, intitulado “Resumen de los eventos en torno a la toma del Capitolio de EE.UU. del 6 de enero de 2021”, el inspector general Michael Bolton declara que se les prohibió a los policías en la primera línea durante el asalto al Capitolio utilizar sus tácticas más efectivas y equipo de control de multitudes, a pesar de contar con inteligencia que indicaba claramente que existían planes para atacar el edificio del Capitolio.

El reporte es el tema de una audiencia hoy ante el comité administrativo de la Cámara de Representantes y es posible que se haga público de algún formato. Se produce menos de una semana después de que un documento interno del Pentágono fuera filtrado a la prensa, confirmando que altos funcionarios militares ignoraron las súplicas de los legisladores y del vicepresidente Mike Pence para que se enviaran soldados de la Guardia Nacional cuando el ataque estaba en marcha.

Bolton indicó que la unidad de disturbios civiles (CDU) de la Policía del Capitolio, creada específicamente para lidiar con multitudes grandes y agresivas como la que enfrentaron los policías el 6 de enero, fue privada de “armas menos letales más pesadas…debido a órdenes de la dirección”.

En cuanto a la preparación general de la CDU para enfrentar a los manifestantes, Bolton escribió que la unidad estaba “operando a un nivel disminuido de preparación como resultado de una falta de estándares para el equipo”. Como ejemplo, el reporte señala que los pocos escudos antidisturbios que el departamento distribuyó ese día no se habían almacenado apropiadamente, lo que hizo que muchos se rompieran, mientras que otros escudos aparentemente se encontraban encerrados en un bus, inaccesibles durante el ataque.

Todas las policías locales del país están equipadas con tales armas. El hecho de que la Policía del Capitolio, cuyo presupuesto anual es de casi 500 mil millones de dólares y que está encargada de proteger el Congreso, no tuviera permiso de utilizar tales armas cuando miles de partidarios de Trump y cientos de miembros de milicias fascistas y supremacistas blancas irrumpían en el Capitolio desafía cualquier explicación inocente.

Bolton refutó el testimonio en el Congreso del exjefe de la policía del Capitolio, Steven Sund, quien afirmó que no existía “ninguna inteligencia” de que fuera probable un ataque, señalando que la propia unidad de inteligencia del departamento recibió advertencias tres días antes del ataque de que los partidarios de Trump, motivados por sus afirmaciones fraudulentas de que le robaron la elección, tenían al Congreso en la mira y que probablemente actuarían de manera violenta.

La evaluación de la amenaza de la Policía del Capitolio del 3 de enero afirmó claramente que: “A diferencia de anteriores protestas postelectorales, los blancos de los partidarios de Trump no son necesariamente los contramanifestantes, como antes, sino que el propio Congreso es el blanco del día 6”. Añadió que “la tendencia de Stop the Steal [Detengan el Robo] a atraer a supremacistas blancos, milicianos y otros que promueven activamente la violencia puede llevar a una situación significativamente peligrosa tanto para las fuerzas del orden como para el público en general”.

El informe señala que la evaluación de la amenaza incluía comentarios en las redes sociales de un sitio web pro-Trump que promovían ataques contra miembros del Congreso e incluía un mapa del sistema de túneles subterráneos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) remitió el mapa junto con varios comentarios realizados en el sitio web que, según el DHS, promovían “enfrentarse a los miembros del Congreso y llevar armas de fuego durante la protesta.” Uno de los comentarios citados en el informe decía “Lleven armas. Es ahora o nunca”, mientras que otro decía: “No podemos darles la oportunidad de elegir. Un número abrumador de personas armadas es nuestra única oportunidad”.

Nadie puede tomarse en serio la afirmación de que la Policía del Capitolio en la capital del país no era capaz de hacer lo que se hace habitualmente en todas las ciudades estadounidenses en respuesta a las protestas de la izquierda. Tras el asesinato de Daunte Wright, los dirigentes políticos demócratas de Minnesota se apresuraron a utilizar todos los recursos disponibles para aplastar las crecientes protestas, reuniendo a las fuerzas policiales para colocar barricadas, erigir vallas de alambre de púas y aplicar “toques de queda” inconstitucionales.

Es probable que surjan más detalles en los próximos días, pero lo que se ha reportado sobre la investigación del inspector general de la Policía del Capitolio ya deja claro que hubo una desmovilización deliberada de la policía antes de la insurrección del 6 de enero.

Mientras esto ocurría, el ejército esperaba el resultado de los acontecimientos. El documento interno del Pentágono, que se dio a conocer a la prensa el pasado fin de semana, detalla la serie de llamadas realizadas por los legisladores a los funcionarios del Departamento de Defensa mientras se producía el ataque.

En un testimonio ante el Congreso a principios de marzo, el comandante de la Guardia Nacional de Washington D.C., William Walker, declaró que solicitó el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en el Capitolio a la 1:49 p.m., cuando los insurrectos fascistas se acercaban al edificio del Capitolio. El secretario de Defensa en funciones, Christopher Miller, seleccionado por el propio Trump, no concedió la autorización hasta las 5:08 p.m., tres horas y 19 minutos después.

En el período intermedio, los congresistas, así como el entonces vicepresidente Mike Pence, hicieron llamadas frenéticas exigiendo que se despejara el Capitolio. Esto incluyó una llamada de 30 minutos entre la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, alrededor de las 4:40 p.m., en la que Pelosi y Schumer “acusaron al aparato de Seguridad Nacional de saber que los manifestantes planeaban llevar a cabo un asalto al Capitolio”, según el informe.

El ejército y el Departamento de Defensa, que incluía a muchas personas instaladas por Trump en los meses anteriores al 6 de enero, no intervinieron mientras se desarrollaban los acontecimientos, dando espacio a Trump para llevar a cabo la operación. Finalmente, solo actuó cuando quedó claro que la operación no había logrado sus objetivos.

En su perspectiva del 5 de marzo de 2021, “Ciento noventa y nueve minutos de enero”, el World Socialist Web Site escribió:

Además, los acontecimientos del 6 de enero no fueron para nada una sorpresa. Durante los meses anteriores a la insurrección, estaba en marcha una crisis política durante la cual el presidente de los Estados Unidos dejó en claro que no aceptaría un traspaso pacífico del poder. Las agencias de inteligencia y los militares estaban al tanto de los planes y amenazas que apuntaban a la fecha del 6 de enero, en particular.

Más bien, se tomó una decisión de no actuar como se implementó una estrategia política definida. Durante más de tres horas, los grupos fascistas tuvieron prácticamente una libertad completa de acción en el edificio del Capitolio. Los elementos entrenados militarmente que formaban parte de la turba sabían que se les estaba dando tiempo para buscar rehenes entre los senadores y representantes.

Las revelaciones posteriores han confirmado esta apreciación. Las afirmaciones de que el ataque fue imprevisto o que fue meramente el resultado inesperado de los volátiles partidarios de Trump han sido desmentidas por los meses de planificación que se dedicaron al ataque y la deliberada desmovilización de las fuerzas policiales y militares.

El intento de Trump de aferrarse al poder, que estuvo a pocos minutos de tener éxito, sirve como una advertencia mortalmente seria para la clase trabajadora de la avanzada decadencia de las formas democráticas de gobierno en los EE.UU. y en todo el mundo.

A pesar del fracaso del golpe de Estado del 6 de enero, la amenaza de violencia fascistizante perdura debido a que el Partido Demócrata y el presidente Biden buscan encubrir el peligro y la responsabilidad del Partido Republicano. Ante todo, buscan la “unidad” bipartidista” con sus “colegas republicanos” para llevar a cabo su agenda compartida de clase: defender los intereses del imperialismo estadounidense en el extranjero y reabrir la economía sin importar la pandemia de coronavirus para proteger las ganancias y la riqueza de la aristocracia financiera.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 14 de marzo de 2021)