El juicio político de Donald Trump en el Senado, que inicia hoy, es producto de un evento sin precedentes en la historia de Estados Unidos: un intento de golpe de Estado por parte del presidente estadounidense, intentando anular el resultado de una elección, suprimiendo violentamente el Congreso y estableciendo una dictadura personalista. Durante la intentona, se pusieron en peligro las vidas de los senadores, representantes e incluso el vicepresidente. Varias personas fallecieron.

No cabe duda de que Donald Trump no solo es culpable de “ graves delitos y ofensas”. Ha cometido delitos de la mayor gravedad. Su destitución debería ir seguida de su imputación por cargos penales, un juicio, una condena y una cadena perpetua. Sus numerosos coconspiradores deberían ser identificados, sometidos a un proceso penal e ingresados en prisiones de alta seguridad junto con él.

Pero es poco probable que este sea el resultado del juicio en el Senado. Mientras que el informe de 80 páginas de los administradores demócratas de la Cámara de Representantes publicado la semana pasada expone un caso detallado que documenta que Trump dirigió por meses una campaña para preparar un golpe de Estado, los demócratas que controlan el Senado --ni mucho menos el presidente Biden-- no tienen el apetito para tal disputa. A pesar de que la conspiración de Trump fue apoyada directamente o facilitada por los senadores republicanos, los demócratas siguen doblegándose cortésmente ante esta escoria derechista y se dirigen a ellos como “colegas”.

En la medida en que la estrategia del juicio de los demócratas se dirija contra los senadores republicanos, es decir, a persuadirlos para que condenen a Trump, el proceso eludirá el que debería ser su propósito central: exponer ante todo el país la conspiración criminal dirigida por Trump y en la que están implicados algunos sectores del Estado, incluido el aparato militar-policial y poderosos sectores de la élite corporativo-financiera.

Hay una serie de preguntas obvias que se relacionan con el funcionamiento de la conspiración que deben ser respondidas, incluyendo:

• ¿Cómo es posible que la Policía del Capitolio, la Guardia Nacional de Washington DC, el FBI y otras fuerzas de seguridad federales estuvieron tan poco preparadas para lo que se sabía de antemano que iba a ser un ataque violento?
• ¿Por qué hubo una virtual tregua de las fuerzas de seguridad del Capitolio a pesar de los planes de violencia bien documentados, en los que participaron milicias fascistas como los Proud Boys y los Oath Keepers?
• ¿Con quién estaban en contacto los líderes de la turba durante el asalto? ¿Quién visitó la Casa Blanca de Trump en los días previos al intento de golpe? ¿Cómo conocían los fascistas el interior del edificio del Capitolio?

Pero hay preguntas más fundamentales que nadie se hace ni mucho menos responde. La primera y más importante es: si el golpe hubiera tenido éxito, ¿cuál era el plan?

La propia imputación de los demócratas expone con amplio detalle la conspiración de meses para anular los resultados de las elecciones que culminó el 6 de enero. Trump organizó una turba para asaltar el Capitolio y detener la certificación de los resultados de las elecciones por parte del Congreso. Esto es precisamente cierto. Pero si logrban tomar rehenes, ¿qué iban a hacer?

¿Y cuáles fueron las fuerzas estatales implicadas en esta operación? En los meses anteriores al golpe, Trump hizo cambios decisivos en el ejército con el fin de facilitar el golpe. Los militares acaban de iniciar un “parón” supuestamente destinado a abordar la presencia generalizada del “extremismo nacional” en sus filas. ¿Quiénes, dentro de las fuerzas armadas, apoyaron la operación y cuáles fueron sus funciones?

¿Quién, además, proporcionó el apoyo financiero? Como es bien sabido, para descubrir las raíces de una conspiración criminal, es necesario “seguir el rastro del dinero”. El propio gabinete de Trump estaba repleto de multimillonarios, incluyendo individuos como su exsecretaria de educación, Betsy DeVos, la hermana del fundador de Blackwater, Erik Prince. Se sabe que la familia DeVos proporcionó financiación para las manifestaciones de la derecha en Michigan para exigir el fin de las medidas para restringir la propagación de la pandemia del coronavirus. ¿Cuál es la conexión entre la turba fascista del 6 de enero y el apoyo de alto nivel dentro de la clase dirigente?

Por último, ¿quiénes fueron los políticos y funcionarios republicanos, tanto a nivel federal como estatal, que trabajaron con los miembros y líderes de las diversas milicias fascistas y organizaciones de vigilantes?

Muchos de los senadores cuyo rol será el de miembros del jurado en el juicio facilitaron o participaron directamente en los eventos subyacentes. Esto incluye a Ted Cruz y Josh Hawley, quienes encabezaron la campaña para rechazar el voto del Colegio Electoral el 6 de enero. También incluye a todos aquellos, como el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, que ayudaron a Trump a promover la mentira de que las elecciones estaban amañadas al negarse durante semanas a reconocer la victoria de Biden.

El New York Times publicó ayer un informe, “'Su propio ejército doméstico': cómo se alió el Partido Republicano con los milicianos”, en el que se informa del alineamiento político del Partido Republicano con las milicias fascistas implicadas no solo en la insurrección del 6 de enero, sino también en el complot para secuestrar y asesinar a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, antes de las elecciones.

El Times señala:

Siguiendo las señales del presidente Donald J. Trump -que había tuiteado “¡Libera a MICHIGAN!” tras una demostración de fuerza anterior en Lansing-, el Partido Republicano de Michigan acogió el año pasado el apoyo de grupos paramilitares recién envalentonados y otros vigilantes. Destacados miembros del partido establecieron vínculos con las milicias o dieron su aprobación tácita a activistas armados que utilizaron la intimidación en una serie de mítines y enfrentamientos en todo el estado. Esa intrusión en el Statehouse parece ahora un presagio del asalto que se produjo en medio del país meses después en el Capitolio de Estados Unidos.

¿Cuál fue la participación de los funcionarios del Partido Republicano en todo el país, junto con los sheriffs y departamentos de policía locales, en la facilitación y el apoyo de la insurrección del 6 de enero?

Los demócratas se oponen a que se exponga completamente la conspiración. Biden busca distanciarse completamente del juicio en el Senado. “La estrategia de Biden para el juicio político de Trump: sentarse y mantenerse callado”, señalaba ayer un titular de Politico. “El equipo de Biden”, escribió Politico, “ha bloqueado una pregunta tras otra sobre la posición de Biden en el juicio de esta semana, incluso con sus enormes ramificaciones históricas, constitucionales y políticas”. El lunes, la secretaria de prensa Jen Psaki ni siquiera dijo si el presidente recibiría actualizaciones diarias sobre el progreso del juicio”. Continuó:

“Lo último que los estadounidenses quieren ver en este momento es esa conversación desde el podio”, dijo Karen Finney, exasesora de la campaña de Hillary Clinton y estratega demócrata, al referirse a que la Casa Blanca se pronuncie sobre el juicio político. “Parte de lo que están tratando de hacer aquí es decir 'es un nuevo día es una nueva Administración'. No van a utilizar la Casa Blanca y las herramientas de la Presidencia para hacer política”.

En otras palabras, hay que “pasar la página”. En particular, los demócratas quieren encubrir la complicidad de sus “colegas” del Partido Republicano, que se ha convertido en una incubadora de fuerzas fascistas y su integración en la élite política.

Trump pone de manifiesto las arraigadas tendencias antidemocráticas y fascistizantes incrustadas en el Estado y en toda la clase dirigente. Los demócratas no desean exponer el alcance de la conspiración, porque esto implicaría una exposición de las condiciones políticas y sociales subyacentes que se veían reflejadas en la Administración de Trump.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 8 de febrero de 2021)