La Cámara de Representantes votó el miércoles por la tarde a favor de someter al presidente Donald Trump a un segundo juicio político. El único cargo contra el mandatario de incitar el asalto de una horda al Congreso el 6 de enero, a fin de derrocar el Gobierno y anular el resultado de la elección de 2020, está completamente justificado. Pero la acción no expulsará a Trump de su cargo, expondrá a sus coconspiradores ni socavará el crecimiento de un movimiento fascistizante en EE.UU.

El presidente electo Joe Biden y los líderes congresistas demócratas han pasado la última semana desde el golpe fascista suplicándoles a los republicanos “unidad”, “sanar” y “bipartidismo”. Entre bastidores, no cabe duda de que ya hicieron concesiones en sus políticas y la selección de funcionarios clave, mientras que les han prometido a los republicanos efectivamente que compartirán el poder a pesar de que, a partir del 20 de enero, los demócratas controlarán ambas cámaras del Congreso y la Presidencia.

La naturaleza de los individuos que los demócratas llaman sus “colegas republicanos” se evidenció ayer. En una declaración de continuo apoyo a Trump, 197 de los 211 republicanos en la Cámara de Representantes votaron en contra del juicio político.

Un demócrata tras otro suplicó a los republicanos en el curso del debate del miércoles, citando la inminente amenaza de muerte a la que se enfrentaron los congresistas de ambos partidos hace solo una semana, con matones fascistas armados golpeando las puertas de la cámara de la Cámara de Representantes e invadiendo sus oficinas, pidiendo a gritos sangre. Los republicanos respondieron denunciando todo el proceso.

La iniciativa republicana fue asumida por el representante Jim Jordan de Ohio, quien recibió la Medalla de la Libertad de Trump a principios de esta semana y se pronunció primero en nombre de la delegación republicana. Jordan atacó la “cultura de la cancelación” que, según él, estaba detrás de la campaña de destitución y repitió la afirmación de que las elecciones estuvieron “amañadas”, el marco político en el que se organizó la movilización fascista.

Louis Gohmert, de Texas, dijo que el juicio político “incita a la violencia”, dando a entender que los demócratas serían los responsables de los nuevos atropellos cometidos por los partidarios de Trump. Andy Biggs, de Arizona, advirtió que votar a favor “es echar gasolina sobre las brasas” del levantamiento del 6 de enero.

Uno de los más rabiosos defensores de Trump, Matt Gaetz de Florida, dijo que Trump ha sido sometido a dos juicios políticos, en ambos casos “por tener la razón”. Trump había señalado a las actividades de “la familia criminal de Biden”, lo que llevó a su impugnación en 2019, y luego en las elecciones de 2020, “el presidente señaló correctamente el voto ilegal”.

La entusiasta activista de derechos de portación de armas, Lauren Boebert de Colorado, comenzó su diatriba de un minuto con una breve invocación, “Gloria a Dios”, antes de atacar a “la izquierda” por supuestamente incitar a la violencia y justificar las revueltas durante la ola de protestas masivas contra la violencia policial del verano pasado. Boebert estuvo a punto comenzar a golpear a la policía del Capitolio el martes cuando empezaron a exigirles a todos los miembros del Congreso que pasaran por detectores de metal antes de entrar en el edificio. Se dice que ella lleva un arma oculta al Capitolio con regularidad.

Scott Perry de Pensilvania llegó a declarar, “Lo que sucedió durante el verano pasado estuvo mucho más cerca de una insurrección que todo lo que sucedió el 6 de enero”

La actuación en la Cámara de Representantes dejó más claro el hecho de que las acciones de Trump contaron con el apoyo y todavía tienen el apoyo de la abrumadora mayoría de la delegación republicana.

Una función política clave del Partido Demócrata durante muchas décadas ha sido encubrir la transformación del Partido Republicano en una mezcla tóxica de fascistas y neonazis, presidida pero apenas controlada por figuras de la élite política como el líder de la minoría de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy y el líder de la mayoría del Senado Mitch McConnell.

Es evidente que el objetivo de quienes dirigieron el ataque al Capitolio era tomar rehenes entre los congresistas y senadores, matar a algunos de ellos como ejemplo, impedir la certificación de la derrota de Trump en las elecciones presidenciales por parte del Congreso e iniciar negociaciones, bajo la amenaza de ejecuciones masivas, para anular los resultados de las elecciones de 2020.

Si se hubiera desarrollado un asedio prolongado en Washington, se hubieran replicado acciones similares en las capitales de los estados de todo el país. Y hay razones para creer que sectores de la policía y el ejército también habrían entrado en acción en nombre de Trump.

Entre las revelaciones de los últimos días: se colocaron bombas caseras en las sedes de ambos partidos para desviar a la policía del Capitolio; se descubrió que los “botones de pánico” instalados en la mayoría de las oficinas del Congreso estaban desactivadas cuando se hizo necesario pedir urgentemente ayuda a la policía; se vio a un grupo de “turistas” guiados por republicanos a través del Capitolio antes del 6 de enero (a pesar de la pandemia) tomando notas sobre la ubicación de las oficinas, túneles y otros pasillos, y algunos fueron reconocidos más tarde como atacantes del 6 de enero.

Si los acontecimientos hubieran sido diferentes el 6 de enero, si se hubieran tomado rehenes, las mismas personas que hablaron ayer en la Cámara de Representantes, los “colegas republicanos” de los demócratas, habrían defendido las acciones de los fascistas e insistido en que se sus agravios fueran legítimos y que se hicieran concesiones a ellos en aras de “sanar” el país. Habrían exigido de una forma u otra la anulación de las elecciones de 2020.

Los líderes demócratas trataron de barrer la creciente evidencia de la conspiración de alto nivel bajo la alfombra, para preservar un “fuerte Partido Republicano”, como declaró Biden la semana pasada, presentándolo como una necesidad para el Gobierno estadounidense. En ese espíritu, el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, al cerrar el debate, citó repetidamente las palabras de Liz Cheney, la presidenta de la bancada republicana y una archirreaccionaria, que condenó el papel de Trump en el golpe y votó a favor de su destitución. También elogió la actuación del vicepresidente Mike Pence, quien respaldó el ataque inconstitucional e ilegal de Trump a la legitimidad de las elecciones de 2020 hasta el punto en que Trump exigió un acto directamente ilegal de su parte: bloquear el voto del Congreso para aceptar los resultados del Colegio Electoral.

Al final, el voto de destitución es una acción inútil. Todo el marco de la política estadounidense se está desplazando violentamente hacia la derecha, con los fascistas integrados aún más estrechamente en la estructura del Estado.

El propio Biden está tratando de establecer lo que equivale a un Gobierno de coalición con los republicanos, a pesar de que los demócratas controlan ambas cámaras del Congreso y el poder ejecutivo. Se distanció deliberadamente del juicio político y rechazó los llamados a que los coconspiradores de Trump en el Partido Republicano dimitieran, y mucho menos que fueran arrestados y procesados.

Biden declaró ayer que buscará aprobar un nuevo proyecto de ley de “estímulo” para el coronavirus sobre una “base bipartidista”. Eso significa que McConnell y otros reaccionarios tendrán poder de veto, y exigirán disposiciones como inmunidad legal para los empleadores cuyos trabajadores mueran de COVID-19 tras contraerlo en el trabajo.

Toda la charla de “unidad” y “bipartidismo”, el eterno mantra de los demócratas, significa en realidad que no habrá ningún ajuste de cuentas con los que incitaron la insurrección. La principal preocupación de los demócratas no es el crecimiento del fascismo sino el desarrollo de un movimiento de la clase obrera que amenace los intereses de Wall Street y el imperialismo estadounidense.

La cuestión decisiva es la intervención independiente de la clase obrera en la crisis. Esto significa la construcción de comités de seguridad de base en los lugares de trabajo y los barrios para defender a los trabajadores de la pandemia, y la preparación de una huelga general política contra cualquier nuevo intento de tomar violentamente el Capitolio de los EE.UU. o cualquiera de las 50 capitales estatales, que ahora están siendo el blanco de los conspiradores fascistas.

Mientras la clase obrera no intervenga de forma independiente, en oposición a todo el aparato político de la clase dominante, las conspiraciones fascistas continuarán. La única manera de poner fin a la amenaza del fascismo es la movilización de la fuerza independiente de la clase obrera contra el sistema capitalista, que es la fuente fundamental de la amenaza dictatorial.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 14 de enero de 2021)