Los países más pobres del mundo están en grave peligro por la propagación a largo plazo del COVID-19 después de que algunas de las naciones más ricas, que representan solo el 14 por ciento de la población mundial, hayan comprado el 53 por ciento de las vacunas más prometedoras hasta ahora.

Como resultado, podría tomar hasta finales de 2022 o a principios de 2023 antes de que incluso la mitad de la población de los países de bajos ingresos esté vacunada.

Muchas naciones menos desarrolladas han reportado relativamente pocos casos y muertes por COVID-19, y todo el continente africano de 54 países reportaron menos muertes que en Francia, pero esto es una gran subestimación del número real. La impactante falta de recursos para detectar la infección, el estigma asociado al reconocimiento de la enfermedad e incluso la falta de sistemas universales de registro de defunciones hacen que las estadísticas oficiales carezcan de sentido.

El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dio la bienvenida a las vacunas y dijo que proporcionaban "un vistazo de luz al final del túnel". Sin embargo, insistió, "solo terminaremos realmente con la pandemia si la terminamos en todas partes al mismo tiempo, lo que significa que es esencial vacunar a algunas personas en todos los países, en lugar de a todas las personas en algunos países".

Ghebreyesus agregó, “las vacunas complementarán, pero no reemplazarán, las muchas otras herramientas que tenemos en nuestra caja de herramientas para detener la transmisión y salvar vidas. Debemos seguir utilizándolos todos ".

En realidad, la difícil situación de la clase obrera en las naciones capitalistas avanzadas y oprimidas tienen una semejanza notable. Mientras los centros imperialistas tienen el monopolio de la vacuna, la anarquía del mercado y la indiferencia de la oligarquía financiera hacia la vida de millones hace que el despliegue de la vacuna esté plagada de obstáculos y medias medidas.

Es dudoso que cualquier país pueda poner fin a su epidemia solo con la vacunación. Alrededor del 70 por ciento de la población mundial necesitaría inmunizarse para lograr la "inmunidad colectiva", un objetivo que es poco probable que se cumpla a corto plazo, en parte porque la mayoría de las vacunas no han sido aprobadas para el grupo de menores de 16 años.

La carrera para conseguir vacunas contra un virus de rápida propagación que viaja sin obstáculos por los controles fronterizos ha puesto en marcha una feroz competencia nacional que amenaza con prolongar e intensificar la pandemia.

La irracionalidad del sistema capitalista de producción con fines de lucro privado, no para el bien público, significa que la pandemia matará a muchas más personas en todo el mundo durante los próximos años y resurgirá incluso en las naciones que logran controlarlo mediante la vacunación. Además de causar una inmensa e innecesaria pérdida de vidas, la continuación de la pandemia hundirá a miles de millones de personas hacia la pobreza.

Un puñado de compañías farmacéuticas gigantes que poseen patentes sobre las vacunas, como resultado de costosas investigaciones realizadas en gran parte en laboratorios financiados con fondos públicos, obtendrán ganancias escandalosas en los próximos años.

Los fabricantes de solo tres vacunas, Pfizer-BioNTech, Moderna y AstraZeneca, esperan producir alrededor de 5.3 mil millones de dosis en 2021 para vacunar a alrededor de 2.6 mil millones de personas (se necesitan dos dosis para protegerse contra el coronavirus). Dado que los países ricos ya han pedido por adelantado grandes cantidades (más de la mitad de todas las vacunas prometedoras), la People’s Vaccine Alliance, que incluye a Amnistía Internacional, Oxfam y Global Justice Now, advierte que no hay suficientes vacunas para todos.

Según la Alianza, los países más ricos han comprado dosis suficientes para vacunar a toda su población hasta tres veces, y Canadá ordenó cinco veces suficientes vacunas para proteger a cada ciudadano. Estados Unidos ha pedido por adelantado 1.100 millones de dosis de varias vacunas potenciales, casi el doble de la cantidad necesaria. Solo tres países, Australia, Canadá y Japón, han obtenido más dosis de posibles vacunas que toda América Latina y el Caribe, que tienen más del 17 por ciento de los casos mundiales de coronavirus.

Durante el brote de gripe porcina (H1N1), EE. UU. y otros países ricos compraron casi todas las vacunas disponibles. La gripe porcina mató a más de un cuarto de millón de personas en todo el mundo en 2009-10. Las naciones más ricas acordaron compartir algunas vacunas con países de bajos ingresos solo después de satisfacer sus propias necesidades.

En la epidemia del VIH/SIDA, las naciones pobres fueron excluidas del mercado de medicamentos que salvan vidas cuando las empresas impusieron un precio internacional uniforme. Como resultado, el costo de los medicamentos antirretrovirales sobre una base ajustada al PIB per cápita fue más alto en Sudáfrica que en Suecia o los Estados Unidos, lo que lo puso fuera del alcance de los millones de sudafricanos con VIH/SIDA.

Las compañías farmacéuticas, con el respaldo de la administración de Clinton en Estados Unidos y algunos gobiernos europeos, demandaron al gobierno sudafricano que había comprado medicamentos genéricos más baratos en el extranjero, nombrando a Nelson Mandela, el presidente de Sudáfrica, como el principal acusado y sólo abandonaron su demanda en frente de las protestas internacionales masivas.

A principios de este año, en lugar de coordinar la producción y distribución de equipos de protección personal, ventiladores y medicamentos que no habían preparado para una futura pandemia, la Unión Europea (UE) junto con otros 70 países, impuso prohibiciones o límites a su exportación.

La secretaria de Estado de Presupuestos en Bélgica, Eva De Bleeker, reveló la enorme escala de ganancias extraídas por las grandes farmacéuticas. Publicó en Twitter, y luego eliminó rápidamente, los precios que la UE negoció para pagar como bloque por las principales vacunas de Covid. La información expuso amplias variaciones en los precios entre fabricantes, con Moderna, cuya investigación fue financiada por el gobierno de los EE. UU., cobrando 10 veces el precio de Oxford/AstraZeneca, cuya investigación fue financiada por el gobierno del Reino Unido:

• Oxford/AstraZeneca: €1.78/$2.16
• Johnson & Johnson: €8.50/$10.33
• Sanofi/GSK: €7.56/$9.19
• Pfizer/BioNTech: €12/$14.59
• CureVac: €10/$12.16
• Moderna: €14.80/$18

Estados Unidos pagó $1.200 millones para asegurar 300 millones de dosis de la vacuna Oxford-AstraZeneca para los estadounidenses, incluso antes de que se demostrara que eran seguras o eficaces, una suma equivalente a $4 por dosis, el doble de lo que pagó la UE. Estados Unidos pagó $19.50 dólares por dosis por la vacuna Pfizer en comparación con los $14.59 dólares de la UE, lo que generó indignación en el Congreso estadounidense. Por el contrario, la vacuna de Moderna costará $18.00 la dosis en la UE en comparación con $14.80 en los EE. UU.

Si los países más ricos comparten sus dosis excedentes, es probable que las donen o las vendan a bajo costo bilateralmente a sus aliados y estados clientes, como un instrumento de poder político, en lugar de distribuir las vacunas a través de iniciativas multilaterales de la salud pública.

Anna Marriott, directora de políticas de salud de Oxfam, dijo: “Nadie debería verse impedido de recibir una vacuna que salve vidas debido al país en el que vive o la cantidad de dinero en su bolsillo. Pero a menos que algo cambie drásticamente, miles de millones de personas en todo el mundo no recibirán una vacuna segura y eficaz para Covid-19 en los próximos años".

En octubre pasado, India y Sudáfrica pidieron a la Organización Mundial del Comercio que renunciara a la protección de la propiedad intelectual para las vacunas y permitiera a los países en desarrollo fabricar o importar versiones genéricas. Estados Unidos, la UE y el Reino Unido rechazaron la propuesta.

Incapaces de pagar los precios exorbitantes exigidos por las grandes farmacéuticas, unos 94 países pobres y de ingresos medios han firmado acuerdos con Covax, una asociación pública-privada que comprende organizaciones internacionales de salud como la Organización Mundial de la Salud, la Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante Epidemias (CEPI) y GAVI, la Alianza de Vacunas. Pero esta iniciativa, en el mejor de los casos, proporcionará vacunas al 20 por ciento de la población de los países participantes.

El esquema de intercambio de vacunas Covax es uno de los tres brazos del acelerador Access to Covid-19 Tools (ACT), creado por la OMS, la Comisión Europea y el gobierno francés. Es parte de una reestructuración más amplia de la industria de la salud pública mundial después del debacle de la demanda por VIH/SIDA, alejándose de la OMS y hacia el sector privado. Las nuevas iniciativas empoderan a las naciones donantes, organizaciones filantrópicas como la Fundación Bill y Melinda Gates y nuevos consorcios como GAVI, Vaccine Alliance (que incluye empresas productoras de vacunas) y el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria.

Los países receptores deben firmar acuerdos opacos con condiciones, pagando por adelantado sin saber qué vacuna recibirán o cuándo llegarán las dosis. Covax proporciona una estimación del precio por dosis, pero el comprador debe asumir el riesgo si los costos reales aumentan, si la vacuna falla o si algo sale mal. Seth Berkley, director ejecutivo de GAVI, dijo que podría obtener dos mil millones de dosis iniciales con más después, pero se negó a revelar información sobre sus acuerdos con las compañías farmacéuticas, y las describió como comercialmente confidenciales. No explicó cuándo llegarían los suministros, ni de dónde vendrán los $6.8 mil millones para comprarlos, ni cómo las redes de distribución, ya comprometidas por el impacto económico de la pandemia, harían frente.

Muchos países pobres dependerán casi por completo de las organizaciones internacionales de ayuda para obtener algunas vacunas gratis o a bajo costo.

Mientras los laboratorios financiados con fondos públicos han hecho posible el rápido desarrollo de vacunas, la desastrosa respuesta de todas las principales potencias capitalistas hacia la pandemia mundial de COVID-19 deja en claro la necesidad de poner fin al capitalismo y la subyugación de la salud humana al beneficio privado. La clase obrera internacional debe intervenir para expropiar a los gigantes farmacéuticos y a todos los principales sectores industriales, transformando estos monopolios en servicios públicos controlados democráticamente para atender las necesidades de la humanidad.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 3 de enero de 2021)