Esta semana, los trabajadores de salud de EE.UU. comenzaron a recibir su primera ronda de vacunas contra el COVID-19. Es un hito importante. Sin embargo, la amarga realidad es que se produce en medio de una pandemia que está completamente fuera de control.
Las muertes en EE.UU. esta semana superaron la sombría cifra de 300.000. Casi tres mil personas están falleciendo cada día y los hospitales están colapsando por todo el país. Los enfermeros y doctores están viéndose obligados a tomar la decisión de quién será atendido y quién no. El COVID-19 ya es la principal causa de muerte en el país, superando las enfermedades circulatorias y el cáncer de pulmón. Y los nuevos casos siguen al alza.
La escala de muerte no tiene precedente en la historia estadounidense fuera de guerras. En términos de muertes dentro de sus fronteras, el único evento comparable es la guerra civil, cuando murieron 618.000 personas a lo largo de cuatro años. La mitad ha muerto en solo un año por el coronavirus.
La atención de la prensa ha virado de la calamidad en marcha hacia la producción y distribución de la vacuna. El hecho de que la cifra de muertes haya superado 300.000 está siendo tratado como algo secundario. Y más allá de las referencias de un “invierno oscuro”, no se propone acción alguna para salvar vidas.
Los estudios científicos confirman que, incluso en la mejor de las circunstancias, la vacuna tendrá un efecto mínimo en el aumento de muertes por más de tres meses. Un reporte del Instituto de Métrica y Evaluación de Salud (IHME) de la Universidad de Washington, publicado el 4 de diciembre, descubrió que, “a pesar de la escalada en vacunación, esperamos 539.000 muertes acumuladas para el 1 de abril”. Es decir, 240.000 muertes más o un cuarto de millón de personas por encima de la cifra actual de más de 300.000.
Según el IHME, “La vacunación probablemente acelerará la transición de vuelta a lo normal después en el año pero tan solo prevenir 9.000 muertes para el 1 de abril”. Estima que, con base en los planes actuales de distribución de vacunas, el 60 por ciento de la población aún será susceptible al virus el 1 de abril.
El pronóstico de 539.000 muertes para abril se basa en la premisa de que la mayoría de los estados impondrá nuevas órdenes de distanciamiento social para prevenir que los hospitales se saturen. Si tales restricciones se aflojaran —algo que muchos estados están haciendo— el modelo proyecta 770.000 muertes acumuladas para el 1 de abril, o 470.000 personas más.
Para resumir la situación: existe una vacuna que prevenir que la gente contraiga el coronavirus. Tomará de cuatro a seis meses para que su producción y distribución sean adecuadas. A pesar de saber esto, la clase obrera se rehúsa a tomar medidas de emergencia para salvar vidas de ahora hasta entonces. ¿Pero de qué le sirve la vacuna a los que ya han fallecido?
La indiferencia de la élite política y la prensa a las muertes masivas solo puede describirse como criminal. Las muertes de cientos de miles no se presentan como un peligro que se debe evitar a toda costa, sino como algo inevitable que la población simplemente debe aceptar.
Trump, tras perder las elecciones de 2020, está continuando con sus conspiraciones fascistizantes en torno a la demanda de que no haya ningún límite a la propagación de la pandemia. No obstante, los demócratas no tienen nada que ofrecer más que expresiones de empatía y la continuación de la misma política.
El lunes por la noche, después de que el voto oficial en el Colegio Electoral lo convirtiera en presidente electo, Joe Biden mencionó de pasada la pandemia al final de su discurso, afirmando que “mi corazón está con todos aquellos que cayeron en dificultades sin tener la culpa”. Pero Biden no propuso ninguna medida de emergencia para detener y revertir esta catástrofe. En cuanto a esto, los demócratas no tienen ninguna diferencia fundamental con el Gobierno de Trump y los republicanos.
Si bien es cierto que los trabajadores no son responsables de la escala de muerte, el Gobierno y las corporaciones a las que sirve ciertamente lo son. Si mueren cientos de miles de personas más de ahora a abril, se deberá a que la clase gobernante se rehúsa a implementar las medidas necesarias para contener la pandemia.
¡Hay que implementar medidas de emergencia drásticas y ahora para frenar esta catástrofe! Cada día en que no se tomen tales medidas significará miles de muertes más.
El Partido Socialista por la Igualdad avanza las siguientes demandas:
En primer lugar, que cese toda la producción no esencial de inmediato.
El consejo de que las personas no deben reunirse en hogares ni viajar, si bien es necesario, es completamente hipócrita en condiciones en que los trabajadores se ven obligados a ir a fábricas y otros centros laborales a diario, la mayoría de los cuales no tienen medidas para proteger las vidas de los trabajadores.
Mientras que efectivamente no hay un rastreo de contactos sistemático en EE.UU., los datos muestran claramente que los lugares de trabajo son la principal fuente de brotes. Un reporte publicado esta semana en The Press Democrat, un diario del norte de California, concluyó, con base en los datos que recolectó, “ir a trabajar es una de las cosas más peligrosas que las personas hacen durante la pandemia”.
Otro reporte de Mlive.com el lunes descubrió que, de 1.268 brotes activos de COVID-19 en el estado de Michigan, las escuelas, los sitios manufactureros y de construcción están en el segundo y tercer lugar de sitios más comunes, después de las instalaciones de cuidado a largo plazo. Los trabajadores están reportándole al World Socialist Web Site cada día sobre nuevos casos en sus plantas que la gerencia encubre en colaboración con los sindicatos.
Durante la pandemia, enviar a los trabajadores a fábricas y maestros a escuelas no es distinto de enviarlos a un edificio en llamas. Las industrias donde el trabajo es esencial para detener el virus y mantener el funcionamiento básico de la sociedad debe tener las medidas de seguridad más estrictas, supervisadas por los propios trabajadores y profesionales de la salud.
En segundo lugar, todas las escuelas y universidades deben detener las clases presenciales.
En la prensa, se ha propagado información falsa de que es seguro reabrir las escuelas, como ocurrió en la ciudad de Nueva York, en medio de un fuerte aumento de casos. La evidencia científica lo desmiente. Según un artículo publicado por la revista Science ayer (“Infiriendo la efectividad de las intervenciones gubernamentales contra el COVID-19”), el cierre de escuelas y universidades tiene un efecto enorme en reducir la transmisión del coronavirus.
En tercer lugar, un cierre solo puede ser efectivo en la medida en que se les compense plenamente a los trabajadores con un ingreso hasta que puedan volver al trabajo.
En la medida en que haya una resistencia a cierres en la población, se debe a que se presenta una situación en la que se les dejaría a los trabajadores y las pequeñas empresas a su suerte.
El beneficio suplementario de $600 por desempleo debe restaurarse inmediatamente y proveérsele a todos los trabajadores afectados por las medidas de cierre, sin ninguna restricción o requisitos de informes. Los pequeños negocios deben tener un alivio real de sus pagos de renta y deudas para garantizar que permanezcan económicamente viables hasta que sea seguro reabrir.
Los recursos de emergencia deben dirigirse a proveer comida y otras necesidades. Se tienen que detener de inmediato todos los desahucios y cancelar los pagos de hipotecas, renta y deuda estudiantil.
La afirmación de que no hay dinero para tales medidas es una mentira. Costaría $120 mil millones por semana proveer $600 a 200 millones de trabajadores. La Reserva Federal le entregó $3 billones a Wall Street este año, lo que fue permitido por la Ley CARES que se aprobó con un apoyo bipartidista abrumador en marzo. Los $3 billones sería más que suficiente para dar asistencia de emergencia a 200 millones por medio año, para cuando la vacuna esté disponible de forma generalizada.
Estas medidas serán opuestas amargamente por la clase gobernante y la élite política. La catástrofe es el resultado de las políticas que implementaron las corporaciones y el Gobierno. Desde el principio, la política gubernamental no estuvo definida por el imperativo de salvar vidas, sino de la necesidad de proteger las ganancias y el inacabablemente ascenso de la bolsa de valores. Una y otra vez, los demócratas y republicanos afirmaron que nada se podía hacer la detener la pandemia y proveer ayuda de emergencia, incluso cuando les entregaban recursos infinitos a Wall Street y al rescate de los ricos.
Es por esto por lo que las medidas necesarias de emergencia para salvar vidas exigen la movilización industrial y política plena de la clase obrera. No es una cuestión de hacer llamados al Partido Demócrata ni el Republicano, que no harán nada. La tarea es organizar a la clase obrera como una fuerza independiente para hacer valer los cierres y preparar una huelga general política a nivel nacional.
El Partido Socialista por la Igualdad llama a los trabajadores en las industrias clave —Amazon, los trabajadores de logística automotrices, manufactureros, educadores, maestros, transportistas, de telecomunicaciones, tecnología y otros sectores de la clase obrera— a comenzar a formar una red interconectada de comités en sus lugares de trabajo y barrios para organizar una oposición coordinada.
En cada centro laboral donde se esté llevando a cabo una producción no esencial, estos comités de acción de emergencia deben aplicar un cierre inmediato. Fue a través de las acciones de los trabajadores, independientemente de los sindicatos, que se impusieron los cierres parciales en marzo. Estos no se mantuvieron por la falta de una red de organizaciones controladas por los propios trabajadores.
La lucha de los trabajadores va más allá de una u otra planta o lugar de trabajo. Debe involucrar industrias enteras y, de hecho, todos los sectores de la clase obrera, enfrentando a la clase capitalista y su Estado. La lucha por implementar medidas de emergencia para detener la pandemia suscita la cuestión del poder político: ¿quién controlará la sociedad, la élite gobernante capitalista o la clase obrera?
Las acciones tomadas por los trabajadores no solo tendrán un apoyo de masas en EE.UU., sino que inspirarán y alentarán a los trabajadores de todo el mundo, quienes enfrentan las mismas condiciones y comparten los mismos intereses.
La respuesta entera de la clase gobernante a la pandemia demuestra que el capitalismo es incompatible con el progreso humano y la vida misma. La alternativa al capitalismo es el socialismo: la reestructuración de la vida social y económica para atender las necesidades sociales, no el lucro privado.
El Partido Socialista por la Igualdad urge a los trabajadores a formar comités, comenzar a organizar paros y compartir información ampliamente en redes sociales. El PSI está preparado para asistir a los trabajadores en organizar su oposición, conectar a los trabajadores de distintas plantas e industrias, e informa a los trabajadores de todo el mundo sobre las iniciativas independientes. Llamamos a todos los que estén de acuerdo con este propaga a contactarnos por medio del siguiente formulario.
Las siguientes semanas y meses son absolutamente críticas. Las acciones que tomen los trabajadores ahora pueden salvar cientos de miles de vidas. ¡No hay tiempo que perder!
(Artículo publicado originalmente en inglés el 15 de diciembre de 2020)