En medio del intento del presidente estadounidense Donald Trump de anular las elecciones de 2020 a través de un golpe de Estado extraconstitucional, ni Biden, ni los demócratas ni la prensa corporativa en EE.UU. han visto necesario alertar al público estadounidense y mundial de los acontecimientos ominosos en marcha dentro del ejército estadounidense y el mando del Pentágono.

Los contornos del golpe se volvieron muy claros en los últimos días. No se trata meramente de las intenciones de Trump, sino de acciones en marcha en tiempo real que buscan llevar a cabo este golpe de Estado.

La invitación de Trump el viernes a los legisladores republicanos estatales de Michigan en la Casa Blanca desenmascaró una estrategia definida para establecer una dictadura presidencial. Trump y sus simpatizantes están llevando a cabo una campaña de propaganda agresiva para deslegitimar la elección, por medio de acusaciones falsas de votos fraudulentos y teorías conspirativas cada vez más fascistizantes como pretextos para que los Gobiernos estatales controlados por los republicanos en estados como Michigan rechacen el voto popular y elijan directamente a electores pro-Trump.

Cuentan con que esta operación extralegal termine en la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde un tercio de los jueces fueron designados por Trump, y que ya tiene un precedente con la decisión de 2000 en el caso Bush contra Gore, que detuvo el conteo de votos populares en Florida y otorgó la Presidencia al republicano George W. Bush, sin oposición del Partido Demócrata.

Un intento tan descarado de anular una elección provocará inevitablemente una resistencia explosiva, en particular en las zonas urbanas densamente pobladas de la clase trabajadora, donde millones de personas votaron para expulsar a Trump del poder. Un ataque de este tipo a los derechos democráticos fundamentales y a los últimos vestigios de las formas constitucionales de gobierno no puede ejecutarse sin recurrir a una represión abrumadora.

Es en este contexto que una ceremonia celebrada el miércoles en Fort Bragg, Carolina del Norte, del Comando de Operaciones Especiales de EE.UU. —compuesto por los Boinas Verdes del Ejército, los SEAL de la Marina y otros escuadrones asesinos de élite— sirve como una advertencia mortal. El nuevo secretario de Defensa “en funciones” Christopher Miller anunció la elevación del Comando de Operaciones Especiales a un nivel similar al de las ramas existentes de las fuerzas armadas, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, etc.

El bien conectado sitio web militar breakingdefense.com explicó la reorganización: “El meollo de la transformación asegurará que el máximo oficial de operaciones especiales del Pentágono pueda ir directamente al secretario de Defensa en cuanto a ... asuntos operacionales, incluyendo incursiones secretas contra objetivos de alta importancia. La oficina ya no tendrá que operar a través del aparato más grande de las políticas del Departamento de Defensa para llegar al secretario”.

Miller, que se ha negado a responder cualquier pregunta de los medios desde que fue instalado como jefe del Pentágono, dijo a una audiencia de tropas reunidas, “Estoy aquí hoy para anunciar que he ordenado a los líderes civiles de Operaciones Especiales que se reporten directamente conmigo, en lugar de a través de los actuales canales burocráticos”.

Miller no ha sido confirmado, y no será confirmado, por el Senado de los EE.UU. para un cargo que ha ocupado durante poco más de una semana. Es un coronel retirado y oficial por 30 años de las Fuerzas Especiales. No tiene ninguna cualificación para ocupar el puesto, fuera de su lealtad inquebrantable a Trump.

En circunstancias normales, Miller estaría le entregaría su cargo al designado por Biden en apenas dos meses y, en el interregno, estaría colaborando estrechamente con su reemplazo entrante. En cambio, está anunciando el cambio más trascendental en la cadena de mando militar que se recuerde.

La instalación de Miller como secretario de Defensa es el resultado de una purga total de la alta dirección civil en el Pentágono que Trump inició con el despido del secretario de Defensa, Mark Esper. La intención de Trump de despedir a Esper se remonta al mes de junio, cuando el presidente de los Estados Unidos desplegó fuerzas de seguridad federales y tropas estadounidenses para que suprimieran las manifestaciones contra la violencia policial cerca de la Casa Blanca y amenazó con invocar la Ley de Insurrecciones con el fin de enviar tropas a las calles de todo el país para aplacar las protestas masivas provocadas por el asesinato policial de George Floyd en Minneapolis.

Esper, un antiguo cabildero de la industria armamentista, se opuso, diciendo que tal despliegue interno del ejército de EE.UU. para reprimir a la población estadounidense solo debería ordenarse como “último recurso”. Su posición, compartida por el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, reflejó el temor de que tal uso de las tropas estadounidenses provocaría una resistencia incontrolable y dividiría a los militares. Desde la expulsión de Esper, él, Milley y el oficial de tercer mayor cargo despedido del Pentágono han publicado declaraciones recordándole al personal militar de EE.UU. que han hecho un juramento a la Constitución.

Tales llamados no tendrán ningún efecto en la cábala de lealistas y semifascistas colocados por Trump al mando del Pentágono desde la elección. Miller dejó en claro en una audiencia de confirmación para otro puesto de seguridad nacional que no tenía ningún reparo en utilizar los recursos de la inteligencia federal para perseguir a manifestantes por orden de la Casa Blanca.

El nuevo jefe civil de Operaciones Especiales, que ahora disfrutará de una colaboración directa y secreta con el secretario de Defensa sin trabas de los “canales burocráticos”, es un tal Ezra Cohen-Watnick, de 34 años, un operativo de extrema derecha. Fue traído al Consejo de Seguridad Nacional en virtud de sus conexiones políticas con personas como el exasesor fascistizante de Trump, Steve Bannon, el fanático antiiraní y exasesor de seguridad nacional acusado, el general Michael Flynn, y el yerno del presidente, Jared Kushner.

El nuevo subsecretario de Política, el tercer puesto más alto del Pentágono, es el general retirado y frecuente comentarista de Fox News, Anthony Tata, después de que se tuviera que retirar su nominación previa para el mismo cargo cuando se supo que había denunciado a Obama como “líder terrorista”, “candidato de Manchuria” y musulmán.

Una figura similar fue nombrada asesor principal de Miller, el coronel retirado del Ejército, Douglas Macgregor, otro comentarista de Fox News, conocido por denunciar a los países europeos por admitir a “invasores musulmanes no deseados” empeñados en “convertir a Europa en un Estado islámico”. También ha condenado los intentos de Alemania de asimilar el Holocausto como una “mentalidad enferma” y ha pedido que se aplique la ley marcial y se ejecute sumariamente a los migrantes en la frontera entre los Estados Unidos y México.

Trump ha intentado apelar especialmente a las fuerzas de Operaciones Especiales que ahora han sido elevadas en su estatus dentro de la cadena de mando. Intervino agresivamente el año pasado en el enjuiciamiento del SEAL de la Marina, Eddie Gallagher, en una corte marcial, por crímenes de guerra en Irak. Trump protestó, “Entrenamos a nuestros muchachos para ser máquinas de matar, y ¡luego los procesamos cuando matan!”.

Al final de su campaña, solo cinco días antes de las elecciones, Trump voló a Fort Bragg para reuniones a puerta cerrada con las tropas de las Fuerzas Especiales y sus comandantes. Dados los acontecimientos posteriores, hay motivos para creer que el propósito de este viaje era evaluar el nivel de su apoyo dentro de las unidades militares estacionadas allí, y entre sus comandantes, y discutir los planes de una respuesta armada a un estallido de protestas contra sus planes de robarse las elecciones y establecer una dictadura presidencial.

Las tácticas empleadas por la Casa Blanca de Trump han sido ensayadas en innumerables ocasiones en el extranjero, tanto bajo Administraciones demócratas como republicanas. Se han utilizado acusaciones inventadas de fraude electoral para justificar golpes de Estado respaldados por los Estados Unidos, expulsar a presidentes y fomentar “revoluciones de colores” desde Honduras, Bolivia y Venezuela hasta Ucrania y Georgia.

Ahora estos mismos métodos están siendo llevados “a casa” bajo condiciones de una crisis económica y social insoluble, caracterizada sobre todo por asombrosos niveles de desigualdad social y exacerbada por la pandemia de COVID-19 y la homicida política de regreso al trabajo e “inmunidad colectiva” impuesta por la clase gobernante capitalista.

El Partido Demócrata es muy consciente de las maniobras y amenazas de Trump. Ha habido una secuencia de encuentros entre el equipo de transición de Biden y el Pentágono, sin duda para evaluar la actitud de los militares ante el complot de Trump. Las ampliamente reportadas discusiones entre el equipo de Biden y el exsecretario de Defensa de Trump, James Mattis, un general retirado del Cuerpo de Marines con amplios contactos en todo el cuerpo de oficiales, son solo la punta del iceberg.

El expresidente Barack Obama dijo el miércoles por la noche que como respuesta a la intransigente negativa de Trump a conceder la elección, “creo que siempre podemos enviar a los SEAL de la Marina para que los saquen”. Si bien fue presentado por los medios de comunicación como una broma, este comentario confirma que, en última instancia, los demócratas dependen de los militares, en lugar de la oposición popular, para sacar a Trump de su cargo. Tal resultado convertiría a los militares el árbitro de la política estadounidense.

Biden y el Partido Demócrata temen mucho más un estallido de protestas populares y de resistencia masiva desde abajo contra Trump y sus coconspiradores que la amenaza de un golpe de Estado y una dictadura. Cualesquiera que sean sus diferencias tácticas con Trump, representan los intereses de Wall Street y el aparato militar y de inteligencia.

La clase obrera debe intervenir en esta crisis sin precedentes como una fuerza social y política independiente, oponiéndose a las conspiraciones de la Casa Blanca de Trump y sus aliados militares a través de los métodos de la lucha de clases y la lucha por la transformación socialista de la sociedad.

(Publicado originalmente en inglés el 21 de noviembre de 2020)