El lunes, un abogado del Departamento de Justicia afirmó en la corte federal de apelaciones en Washington D.C. que el gobierno puede matar a ciudadanos estadounidenses sin revisión judicial sobre la base del privilegio de "secretos de estado".
El abogado Bradley Hinshelwood estaba discutiendo ante la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito de DC en un caso presentado por Bilal Abdul Kareem, un ciudadano estadounidense, y Ahmad Muaffaq Zaidan, un paquistaní-sirio. Los dos periodistas están impugnando su inclusión en la "lista de asesinatos" de Estados Unidos, compilada por el gobierno al menos desde los primeros años de la administración Obama, para llevar a cabo asesinatos políticos extrajudiciales.
Kareem afirma que fue blanco de muerte por parte del gobierno de los Estados Unidos mientras estaba en Siria informando sobre la guerra civil allí. Dice que sus entrevistas con militantes vinculados a Al Qaeda resultaron en su inclusión en la "lista de asesinatos". En junio y agosto de 2016, sostiene, Estados Unidos lo atacó cinco veces, incluido un ataque con un dron con un misil Hellfire de fabricación estadounidense.
El gobierno se ha negado a divulgar información sobre los dos periodistas por motivos de seguridad nacional y el privilegio de "secretos de Estado" en relación con supuestas cuestiones de seguridad nacional.
En 2019, el FBI negó una Ley de Libertad de Información del presidente de la Junta Editorial de WSWS International, David North, por motivos similares de secretos de Estado. El FBI declaró que reconocer si tenía registros sobre North amenazaría la seguridad nacional y la inteligencia extranjera. El FBI también se negó a admitir o negar si colocó a North en alguna lista.
Durante la audiencia, el abogado Bradley Hinshelwood declaró que el gobierno tenía el poder de atacar y matar supuestas amenazas a la seguridad nacional, incluidos ciudadanos estadounidenses, y que los tribunales no podían revisar la planificación o la comisión de tales actos.
La afirmación tajante del “derecho” ilimitado del gobierno a asesinar a sus propios ciudadanos evidentemente sorprendió a la jueza de circuito Patricia Millett, parte de un panel de tres jueces que escuchó el caso. Le preguntó a Hinshelwood: "¿Aprecia lo extraordinaria que es esa propuesta?" Continuó parafraseando su afirmación diciendo que le da al gobierno el poder de "decidir unilateralmente matar a ciudadanos estadounidenses".
Kareem dice que poco después de los intentos de asesinato, una fuente turca le dijo que había sido incluido en una lista de objetivos estadounidenses en la Base Aérea Incirlik en Turquía, donde se lanzan aviones no tripulados estadounidenses.
En agosto, Kareem y un ciudadano británico, Tauqir Sharif, fueron capturados por el grupo islamista radical Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) en la provincia siria de Idlib. Permanece bajo custodia de HTS.
El caso de Kareem fue desestimado el año pasado por la jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Rosemary M. Collyer, quien se puso del lado de la invocación por parte de la administración Trump del privilegio de "secretos de Estado" para retener información de Kareem por motivos de seguridad nacional.
Los abogados de la administración Trump argumentaron que revelar si Abdul Kareem estaba en la "lista de asesinatos" podría permitirle evadir la captura y se arriesgaba a revelar "la existencia y los detalles operativos de las supuestas actividades militares y de inteligencia dirigidas a combatir la amenaza terrorista a Estados Unidos".
En respuesta a ese fallo, la abogada de Kareem, Tara J. Plochocki, explicó que, “Por primera vez, un tribunal federal de los Estados Unidos dictaminó que el gobierno puede matar a uno de sus ciudadanos sin proporcionarle la información necesaria para demostrar que es siendo un objetivo equivocado y no merece morir. El gobierno de los Estados Unidos podría haber proporcionado esta información, pero decidió no hacerlo, y el tribunal determinó que la afirmación del gobierno de la seguridad nacional prevalece sobre su derecho a no ser asesinado".
En la audiencia del lunes ante la corte de apelaciones, Plochocki dijo: “Ya sea en un estacionamiento en los Estados Unidos o en el extranjero en Siria, el gobierno ha afirmado, por primera vez en este caso, que tiene la discreción ilimitada e irrevisible de matar ciudadanos estadounidenses a voluntad".
Hinshelwood desestimó la declaración de Plochocki como especulación, citando los intensos combates que estaban teniendo lugar en Siria en 2016. Dijo: “En todas estas circunstancias, él [Kareem] ni siquiera es la única persona presente, y mucho menos hay algo que sugiera que en realidad, es el objetivo de cualquiera de esos ataques específicos".
Una segunda jueza del panel, Karen Henderson, nombrada por George W. Bush, pareció estar del lado del gobierno y calificó las afirmaciones de Kareem de ser blanco de asesinato como "una espectacular ilusión de grandeza".
La despótica afirmación de la administración Trump del derecho a matar a personas, incluidos ciudadanos estadounidenses, sin ninguna revisión judicial es una continuación y extensión de los poderes afirmados y sobre los que actuó la administración Obama. En 2011, Estados Unidos asesinó a Anwar al-Awlaki y a otro ciudadano estadounidense, Samir Khan, en un ataque con drones en Yemen. Otros dos también murieron en ese ataque. Dos semanas después, el hijo de 16 años de al-Awlaki, también ciudadano estadounidense, fue asesinado en otro ataque con drones mientras cenaba en un restaurante al aire libre en Yemen.
En 2017, la administración Trump mató a la hija de ocho años de al-Awlaki como parte de una redada militar asesina en Yemen que dejó al menos ocho mujeres y siete niños de entre 3 y 13 años muertos.
Dos demandas presentadas por el padre de al-Awlaki, una que impugna la ubicación de su hijo en la "lista de asesinatos" de la administración de Obama antes de ser asesinado y otra que cuestiona el derecho del gobierno a matar a ciudadanos estadounidenses sin el debido proceso, fueron desestimadas por tribunales federales sobre la base de que los tribunales no pueden interferir con el poder ejecutivo en el ejercicio de los poderes en "tiempo de guerra", o cuando surgen preocupaciones de "seguridad nacional".
Al aprobar el "derecho" del presidente a matar ciudadanos estadounidenses, los tribunales han abandonado el marco constitucional básico de la "separación de poderes", según el cual se supone que los tribunales actúan como un control del poder ejecutivo.
En marzo de 2013, el fiscal general de Obama, Eric Holder, defendió el asesinato de Awlaki en su testimonio ante el Congreso y se negó a descartar asesinatos selectivos de ciudadanos estadounidenses en suelo estadounidense.
Un año antes, Holder se burló de la Quinta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que declara que ninguna persona será "privada de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal", cuando declaró: "El ‘debido proceso’ y los 'procesos judiciales' no son lo mismo, particularmente cuando se trata de seguridad nacional. La Constitución garantiza el debido proceso, no el proceso judicial”.
Los argumentos de Holder, como explicó el World Socialist Web Site en ese momento, tenían implicaciones fascistas:
Los argumentos pseudolegales de Holder a favor de los tribunales militares y los asesinatos guardan más que una similitud pasajera con la jurisprudencia nazi. Bajo las doctrinas legales desarrolladas por el jurista nazi Carl Schmitt, cuyas ideas gozan de creciente interés e influencia en la academia legal, la seguridad nacional y la urgencia militar de Estados Unidos puede justificar un "estado de excepción", en virtud del cual se pueden derogar los derechos democráticos básicos, suspender el estado de derecho y otorgar poderes excepcionales al poder ejecutivo".
La administración Trump, en línea con su política fascista, está afirmando en términos más categóricos la lógica autoritaria de las políticas adoptadas por administraciones anteriores y apoyadas por ambos partidos del imperialismo estadounidense.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 18 de noviembre de 2020)