Los trabajadores de General Motors en el Complejo Silao de Guanajuato, México, están reportando un número cada vez mayor de casos confirmados y sospechosos de COVID-19, los cuales están siendo encubiertos por la empresa para evitar afectar la producción de sus lucrativas camiones Silverado y Sierra en la planta.

Los trabajadores han informado sobre respuestas similares de General Motors ante brotes por todo EE.UU., incluyendo en Kansas City; Wentzville, Missouri; y Arlington, Texas.

Mientras que han recibido reportes de sus compañeros de trabajo y familiares sobre dos casos confirmados y al menos tres sospechosos, los trabajadores le explicaron al Boletín de los Trabajadores Automotores del WSWS, “La realidad es que no sabemos con cuántas personas han tenido contacto estas personas, poniendo en riesgo a miles de personas que trabajamos dentro de la planta”.

Los trabajadores descubrieron tan temprano como el 9 y 11 de unió, respectivamente, que un trabajador de ensamble y otro de pintura y mantenimiento habían salido positivo al COVID-19. En una maniobra para ocultar la información del público, General Motors presuntamente envió a ambos al Hospital Ángeles privado en León, a 50 km de distancia. Los trabajadores lesionados y enfermos usualmente son atendidos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que generalmente informa al público de los casos confirmados.

Luego, el 15 de junio, los trabajadores en contacto con el Boletín de los Trabajadores Automotores descubrieron de un contagio sospechado de un trabajador del área de transmisiones de 6 velocidades, después de que un familiar saliera positivo. El día siguiente, los trabajadores reportaron que dos más del área de pintura fueron regresados a casa “porque andaban muy mal, mucha tos y gripa, todos los síntomas del COVID”.

El trabajador del área de pintura que reportó estos casos sospechosos añadió, “Va a haber visita de inspección de salubridad [de la Secretaría de Trabajo] y como siempre van a querer enmascarar todo, depende de la gente que exponga la neta —que la sana distancia no existe—. La neta deberían de ir a os baños que están bien puercos, que suban a los camiones ida y vuelta para que vean que están de la chingada, todos apretados. Todo lo puede maquillar la empresa; ‘con dinero baila el perro’”.

Otro trabajador, del área de reparaciones, explicó, “No es posible mantener distanciamiento social porque somos muchos. En la media hora de comida, creo que es difícil mantener estas reglas ya que en los tiempos de comida salen más de 200 personas al comedor y en reparaciones todos tenemos contacto con el material”.

Israel Cervantes, un trabajador de GM en Silao victimizado el año pasado por oponerse al sindicato patronal y apoyar la huelga nacional de GM en EE.UU., le señaló al Boletín de los Trabajadores Automotores: “Lo primero es y será la salud de los trabajadores por el bienestar de su familia. Pero la empresa se aprovecha de los sueldos precarios [y que] la mayoría de los trabajadores están endeudados, y ese es el problema por el cual los trabajadores se ven obligados a laborar y más cuando las autoridades no hacen nada por defender a los trabajadores”.

“El gobierno y los empresarios piensan que el lucro y la riqueza son más relevantes que la vida humana. Aseguran que las fábricas y otros lugares de trabajo tienen que seguir abiertos por el bien de las clases trabajadoras pobres, pero son justamente nuestras vidas las que se sacrificarán en sus espacios laborales”.

Concluyó: “Es de suma importancia que los trabajadores empecemos a organizarnos y empezar a exigir mejores condiciones laborales y humanas. Al mismo tiempo, que podamos reunir a todos los trabajadores de todas las ramas sociales —desde los maestros hasta los trabajadores de aplicaciones como Uber y otras tantas—, así como poder crear a nivel nacional e internacional lazos con trabajadores, a crear partidos políticos incluso”.

General Motors había suspendido sus operaciones mexicanas el 23 de marzo, temiendo que se expandiera a México una ola de huelgas salvajes en plantas automotrices de Europa y EE.UU. No obstante, la corporación y sus sindicatos sobornados acordaron a pagar solo el 55 por ciento de los salarios durante el cierre, ejerciendo una gran presión sobre los trabajadores. Mientras “ordenó” cínicamente el pago de salarios completos, el estado de emergencia decretado por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador permitió que la corrupta burocracia sindical aprobara dichos acuerdos.

El 18 de mayo, el Gobierno de López Obrador cedió a las presiones de la Casa Blanca y las transnacionales, designando el equipo de transporte como un sector esencial. General Motors, la mayor automotora en México, fue la primera en anunciar una reapertura parcial en México. Automotive News reportó que la empresa estaba “ansiosa por reponer su inventario de camionetas”, tras la huelga de 40 días en EE.UU. y los cierres por el COVID-19.

El 21 de mayo, General Motors reinició su producción de transmisiones y motores en dos de sus cuatro plantas en México —Ramos Arizpe en el estado de Coahuila y Silao—. Durante los próximos días, GM reabrió gradualmente sus otras plantas y áreas de ensamble dependiendo de la llegada de partes del exterior.

Anunciando la reapertura, el presidente de GM, Francisco Garza, dijo, “El bienestar y la seguridad de nuestros colaboradores han sido y serán nuestra máxima prioridad” y prometió que un “Comité Interno de Verificación y Vigilancia” aplicaría las medidas para evitar contagios en las plantas.

Sin embargo, los trabajadores están exponiendo que la máxima prioridad de General Motors es acelerar la producción pronto sin importar el costo para la salud de los trabajadores y sus familias, mientras que el Gobierno mexicano funciona como un socio totalmente servil en esta política criminal.

El encubrimiento de los casos de COVID-19 por parte de GM y cientos de manufactureras por todo México no solo cuenta con la aprobación del Gobierno, sino que es una extensión del subregistro deliberado de casos por parte de autoridades ansiosas por justificar la reapertura de la economía. Más allá, López Obrador se ha rehusado a proveer ayuda alguna a los trabajadores despedidos o suspendidos de sus trabajaos, utilizando la amenaza de hambre y privación para obligar a los trabajadores a regresar a lugares de trabajo infectados.

La Secretaría de Salud sigue reportando una propagación acelerada de la pandemia, superando los 155.000 casos y 18.000 muertes. El País descubrió recientemente que casi el 80 por ciento de los muertos por COVID-19 en México no están recibiendo atención de cuidados intensivos. Esta sombría realidad no ha prevenido que López Obrador declare esta semana que “ya se domó la pandemia”, “no se ha quedado una sola persona sin atención”, y “nos preocupa atender a los de abajo”.

Los trabajadores solo pueden depender de ellos mismos en el monitoreo de los contagios y en oponerse a las condiciones inseguras. En General Motors y los otros lugares de trabajo, tales esfuerzos necesitan ser organizados por comités de base de seguridad, los cuales deben ser independientes de cualquier institución procapitalista y nacionalista como los sindicatos, sus defensores pseudoizquierdistas, el Gobierno de López Obrador y el resto de la élite política.

Estas organizaciones verdaderamente independientes establecerían contacto, por medio de las redes sociales y otros medios, con los trabajadores de los hospitales privados y públicos, así como expertos epidemiólogos, para vencer la red oficial de mentiras y complacencia respecto a la mortal pandemia. Estos comités también necesitarían organizar las acciones necesarias, en coordinación con sus hermanos y hermanas en EE.UU. e internacionalmente, para garantizar condiciones seguras en las plantas y cerrar las planas infectadas y no esenciales con sueldos completos.

(Publicado originalmente en inglés el 18 de junio de 2020)