Un año después de que más de 70.000 trabajadores de las maquiladoras de Matamoros, México, organizaran huelgas salvajes y marchas masivas detrás de la consigna “Sindicato y empresas matan a la clase obrera”, la semana pasada se inició otra ola de huelgas salvajes en la ciudad fronteriza para cerrar las plantas –en gran parte dedicadas a la producción de autopartes y productos electrónicos— a medida que se extiende la pandemia de coronavirus.

Las últimas cifras del Covid-19 en México son de 94 muertes y 2.143 casos confirmados, y se considera que ambas cifras son subestimaciones debido a la falta de pruebas. Milenio descubrió que el 63 por ciento de las víctimas fatales son menores de 60 años, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió específicamente que la incidencia de diabetes y obesidad en México (50 por ciento) podría aumentar las muertes.

En Matamoros, localizado en la frontera con Brownsville, Texas, el primer caso confirmado llegó el 12 de marzo, y el total de casos en todo el estado de Tamaulipas ha aumentado a 41, con dos muertes. A pesar de la enorme capacidad industrial del estado, sólo hay 277 ventiladores para sus 3,5 millones de residentes. Sin medidas estrictas para cerrar toda la producción no esencial y proporcionar ingresos para que las familias permanezcan en sus hogares, cientos de miles de vidas en todo Tamaulipas y México están en peligro.

La nueva ola de huelgas salvajes en Matamoros comenzó el martes pasado, con los trabajadores de VDO y Novalink. Al día siguiente, los trabajadores de Autoliv bajaron sus herramientas y los de Edemsa se declararon en huelga, rechazando una orden de la dirección de asistir a “charlas” de 20 personas a la vez para convencerles de que volvieran a la línea.

El jueves, los trabajadores de Tridonex y Parker también se declararon en huelga y fueron seguidos al día siguiente por Tyco y Kwalu. Ayer se informó de huelgas en Kongsberg y Kwalu, donde la empresa aceptó cerrar la planta y pagar el 80 por ciento de sus salarios.

Sin embargo, el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está haciendo todo lo posible para que las empresas sigan obteniendo ganancias, poniendo en peligro la vida de los trabajadores y sus familias. Al mismo tiempo, intenta posicionarse como defensor de los trabajadores para evitar otra explosión social.

El 30 de marzo, el Gobierno anunció una “emergencia sanitaria” ordenando el cierre de todas las actividades no esenciales hasta el 30 de abril. Sin embargo, la medida es deliberadamente ambigua en su definición de “actividades esenciales” e incluye excepciones para las actividades “esenciales para el funcionamiento de la economía” o “de interés público”. Cuando se le presionó sobre cuándo debían cerrar las empresas, el canciller Marcelo Ebrard dejó en claro que el Gobierno no interferiría con las prerrogativas de los propietarios de las empresas. “Lo que hemos encontrado en el sector privado es solidaridad, respaldo”, dijo, y añadió, “En el momento en que fuese indispensable tomar una medida como esta que es suspender las actividades no esenciales, en que ese momento, todos tendremos que cerrar filas”.

Al mismo tiempo, mientras “ordenaba” a las empresas cerradas seguir pagando el 100 por ciento de los salarios, la secretaria de Trabajo, María Luisa Alcalde, confirmó efectivamente que no lo harán cumplir. “La obligación general debe ser de pagar el salario íntegro en el entendido de que pudiesen existir circunstancias que los obliguen a llegar a ciertos acuerdos entre ambas partes”.

Tales acuerdos incluyen aquellos alcanzados por los sindicatos patronales para pagarles a los trabajadores la mitad de los salarios (hasta 200 pesos u 8 dólares) por semana, como en la empresa de autopartes APTIV y otras fábricas de partes de propiedad estadounidense y europea. Debido a la manipulación de precios, un trabajador comentó en las redes sociales apenas alcanzan dos carteras de huevos con 200 pesos.

La deliberada ambigüedad de los decretos ha ayudado a los sindicatos a cumplir los mandatos de las empresas. El titular del Sindicato de Trabajadores de la Industria Metal Mecánica Automotriz (SITIMM), Alejandro Rangel, dijo que ni siquiera solicita el cierre porque “No hay una declaratoria contundente y clara de suspensión de labores o trabajo a las empresas en general por la autoridad sanitaria”.

Los gerentes han utilizado el decreto del Gobierno para obligar a los trabajadores a permanecer en el trabajo. En Robertshaw, un supervisor fue grabado diciendo “la mayoría de los clientes nos enviaron cartas diciendo ‘son una compañía esencial’” y alegándoles a los trabajadores en paro “documéntense y discutimos”. Sin embargo, los trabajadores insistieron en frenar labores y obligaron a la dirección a cerrar la planta y pagar el salario completo. “Esto lo logramos nosotros los obreros porque si no hacemos paro nada hubiera hecho el sindicato”, comentó una trabajadora en Facebook.

Al menos 20 empresas con 12.000 trabajadores han cerrado, con un promedio de 50 a 60 por ciento del salario, según el líder sindical local Juan Villafuerte. Reconociendo que los trabajadores cerrarían las plantas si la gerencia no lo hiciera, estas compañías esperan someter a estos trabajadores con hambre para obligarlos a volver al trabajo.

Un puñado de maquiladoras se vieron obligadas a pagar el 100 por ciento, pero varias utilizarán sin duda la amenaza de los despidos para obligar a los trabajadores a volver a la línea lo antes posible. Como explicó el presidente de la organización de maquiladoras Index, Gerardo Vázquez Falcón, “Nosotros nos solidarizamos con los trabajadores, pero tiene un límite; cada empresa tiene un límite de hasta dónde puede seguir pagando sueldos. Después de ahí, pues ya la ley establece otro mecanismo y pues cómo indemnizar a los trabajadores”.

Docenas de plantas, sin embargo, permanecen abiertas. En Tridonex, un trabajador en huelga envió un audio al WSWS de una gerente argumentando, “El decreto dice que no haya despidos, sí por la gente que no se presenta a laborar, pero no dice por la gente que se pelea en la línea, no dice por la gente que no quiere trabajar… No tiene nada que ver el virus con el hecho de la indisciplina”.

En Schumex (Schumacher), una trabajadora le explicó al WSWS, “Nos dice el gerente que hacemos productos esenciales al igual que todas las demás plantas en Matamoros y Reynosa, aunque fabriquemos cargadores para autos”. Agregó: “Yo padezco de hipertensión y por no tener un expediente clínico en la empresa expedido por el IMSS [Instituto Mexicano del Seguro Social] no me dejaron salir a resguardarme a pesar de notificar al departamento médico cuando entré a trabajar ahí en Schumex. Muchos con ese expediente siguen trabajando bajo el riesgo que ya sabemos que corremos por el COVID-19. Los rumores de que nos correrán si no vamos están latentes”.

En la planta de Easy Way, que produce sábanas, la planta permanecerá abierta y pasará inmediatamente a producir mascarillas, ya que cuenta con el equipo y el material necesario. Pero incluso en este caso particular, la gerencia está bajo presión para reducir los costos, reconociendo que las ganancias pueden disminuir, ha minimizado la importancia de proporcionar condiciones seguras para los trabajadores. “La salud de nuestros trabajadores y la nuestra es muy importante pero también igualmente importante es mantener nuestra fuente de trabajo”, explicó una gerente durante el anuncio.

La clase gobernante estadounidense considera que continuar la producción en México y el flujo de miles de millones en ganancias son cruciales para reanudar la producción dentro del propio Estados Unidos, especialmente porque teme un fortalecimiento de la influencia económica de China tras poder contener la pandemia más rápido. La Administración de Trump y Wall Street están presionando para obligar a los trabajadores a regresar a las plantas, sin importar el costo humano y, como señaló el Council on Foreign Relations el año pasado, “Docenas de empresas estadounidenses, incluyendo General Motors Co., Honeywell International Inc., Nordam Group Inc. y Medtronic Plc, dependen de la rápida entrega de componentes hechos en México para mantener sus operaciones en funcionamiento en Michigan, Minnesota, Carolina del Norte y Oklahoma”.

La lucha de los trabajadores de EE.UU., México, Canadá y más allá contra los esfuerzos de las corporaciones globales y los Gobiernos capitalistas para sacrificar las vidas de los trabajadores en pro de las ganancias, es una y la misma.

En Matamoros, varias fuerzas políticas, incluyendo aquellas ligadas al partido Morena de AMLO y a la confederación sindical estadounidense AFL-CIO, intervinieron el año pasado para encadenar a los trabajadores a los sindicatos e impedirles que construyeran comités de base independientes para luchar por una lucha transfronteriza contra los miles de despidos que siguieron a la ola de huelgas del año pasado. Hoy día, los sindicatos y sus apologistas comparten la responsabilidad por el sufrimiento, el malestar y las posibles muertes que resultarán de la coerción contra los trabajadores mediante despidos y reducciones de salarios para hacerlos trabajar en fábricas infectadas.

El 16 de enero, cuando los trabajadores hacían llamados a sus hermanos y hermanas a nivel internacional para ampliar las huelgas salvajes, la abogada Susana Prieto, asociada con Morena, los sindicatos “independientes”, la AFL-CIO y medios pseudoizquierdistas como La Izquierda Diario, se presentaron en Matamoros y declararon: “Ustedes se organizaron solitos. Pero por eso tienen tanto poder porque no pueden emplazar a huelga sino es por un sindicato... tienen que presionar, para empezar, al sindicato. No pueden liberarse de Villafuerte por ahora”.

Villafuerte es el secretario general del Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales de la Industria Maquiladora (SJOIIM), afiliado a la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) controlada por gánsteres, contra la cual se rebelaron los trabajadores de Matamoros.

Incluso ahora, Prieto, su nuevo sindicato “independiente”, y sus socios están pidiendo a los trabajadores que no se presenten a trabajar mientras insisten en que siguen dependiendo de los sindicatos y el sistema capitalista, que amenazan la vida misma de los trabajadores y sus familias.

Una respuesta a la crisis del COVID-19 que dé prioridad a las necesidades de los trabajadores requiere la creación de auténticas organizaciones de base, incluidos los comités de base en cada fábrica, centro laboral y barrio. Esto es inseparable de la lucha por el socialismo, es decir, la toma del poder político por la clase obrera para organizar toda la producción según un plan desarrollado democrática y científicamente para servir las necesidades sociales y salvar vidas, no las ganancias corporativas.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 7 de abril de 2020)