La federación sindical de los trabajadores petroleros, FUP, que está afiliada a la federación sindical CUT, controlada por el Partido de los Trabajadores (PT), puso fin a una huelga contra el gigante conglomerado petrolero estatal Petrobras el miércoles pasado, 19 de febrero, después de que el Tribunal Supremo Laboral (TST) estableciera un encuentro de "negociación" para discutir las demandas de la huelga.

La otra federación sindical petrolera, la FNP, que está afiliada a la federación sindical Conlutas, dirigida por los morenistas, siguió la decisión de la FUP al otro día.

Los trabajadores de Petrobras llevaban en huelga desde el primero de febrero, protestando por el cierre de la Fábrica de Fertilizantes Nitrogen (Fafen) en el Estado sureño de Paraná, el despido de sus casi mil trabajadores y planes por parte del gobierno del presidente fascista brasileño Jair Bolsonaro de privatizar refinerías y subsidiarias del conglomerado energético.

Desde que empezó la huelga, la participación de los trabajadores ha venido creciendo, con 21.000 trabajadores de 121 unidades de Petrobras participando en la huelga antes de que las federaciones sindicales de trabajadores petroleros decidieran ponerle fin. Fue la mayor huelga de los trabajadores de Petrobras desde 1995.

El pasado lunes 17 de febrero, Ives Gandra Martins hijo, el ministro derechista del TST, reclamó el fin de la huelga como condición para negociaciones entre el Tribunal Laboral y las federaciones sindicales de los trabajadores petroleros. Esta exigencia se produjo el mismo día en que Martins hijo, que es famoso por sus medidas antiobreras, decretó que la huelga era "ilegal" a causa de sus "connotaciones políticas" y reiteró las altísimas multas que ya les había impuesto a los sindicatos en huelga.

Había exigido en la primera semana de huelga que el 90 por ciento de los trabajadores continuara trabajando, permitiendo que se contratara a trabajadores temporales como esquiroles. Los trabajadores petroleros, a quienes ya les estaban descontando del sueldo los días de huelga, desafiaron la decisión de Martins hijo y siguieron adelante con la huelga.

Según la FUP, el encuentro con Martins hijo, que tuvo lugar el pasado viernes 21 de febrero, consiguió "garantizar los principales puntos de la lista de demandas de los trabajadores petroleros", tal como ser pagados por los días de piquete y cancelar más de mil advertencias emitidas contra los trabajadores en huelga. El encuentro también logró reducir las multas impuestas a los sindicatos en un 95 por ciento, desde R$50 millones (US$11 millones) a R$2,5 millones (US$570.000).

Sin embargo, el tema más importante de la negociación, el despido de casi 1.000 trabajadores en Fafen, ha sido postergado para la siguiente audiencia, que tendrá lugar el 27 de febrero.

El diario Folha de S. Paulo informó de que Petrobras negociará con las federaciones sindicales de los trabajadores petroleros en el Tribunal Laboral solo sobre las "prestaciones ofrecidas a los trabajadores despedidos". Entre las prestaciones ya concedidas a los trabajadores despedidos de Fafen, que fueron decididas por el Tribunal Laboral Regional (TRT) de Paraná el 18 de febrero, están el mantenimiento del plan de salud y el dental por dos años y el pago del finiquito. El TRT también suspendió el despido de 396 empleados a tiempo completo en Fafen hasta la siguiente sesión de negociaciones el 6 de marzo.

La FUP declaró que la decisión del TRT y las negociaciones con Martins hijo era una "importante victoria". Esta supuesta "victoria", sin embargo, es un fraude. La FUP aceptó los despidos de los trabajadores siempre que hubiera negociación con el Tribunal Laboral, aunque no cuestionó el cierre de Fafen. Según la estimación del propio sindicato, el cierre de Fafen podría destruir hasta 4.000 empleos en la cadena productiva. Además, la suspensión de los despidos implica solo a los 396 trabajadores a jornada completa en Fafen, y no cubre a los otros 600 trabajadores con contrato de la fábrica.

Otro asunto enterrado por la FUP es el plan anunciado el año pasado por el gobierno de Bolsonaro para privatizar ocho de las 13 refinerías de Petrobras y terminales de Transpetro, la subsidiaria responsable de transportar petróleo y gas, que podría llevar a más despidos masivos. El año pasado, la privatización de BR Distribuidora, una antigua subsidiaria de Petrobras responsable de la distirbución y venta de combustibles, hizo que perdieran el trabajo casi 1.800 trabajadores, o el 57 por ciento de la fuerza laboral.

Dar la huelga por terminada y cantar "victoria" bajo estas condiciones revela el fracaso del programa nacionalista y favorable a las corporaciones de las federaciones sindicales de los trabajadores petroleros, la FUP y la FNP, y de los partidos de la pseudoizquierda brasileña y la "izquierda" burguesa, que hizo todo por subordinar la huelga a las negociaciones del TST.

La primera que presentó claramente este plan fue la diputada federal del maoísta Partido Comunista de Brasil (PCdoB), Jandira Feghali. En un discurso pronunciado en Río de Janeiro cuando la huelga completó su primera semana, hizo la "exigencia de que el presidente [de la Cámara Baja, Rodrigo] Maia ayudara en la negociación y cumplimiento del convenio de trabajo colectivo".

Cinco días después, el 12 de febrero, ella y los diputados federales del PT y del partido pseudoizquierdista PSOL (Partido del Socialismo y la Libertad), junto con líderes de la FUP y la FNP y de las federaciones sindicales brasileñas, se reunieron con Maia y con el presidente del senado, Davi Alcolumbre, ambos miembros del partido derechista Democratas (DEM), el sucesor del ARENA, el partido que gobernó bajo la dictadura militar brasileña. El encuentro fue bien acogido por la FUP, que declaró que "se comprometieron a buscar una salida del punto muerto, junto con el gobierno y la gerencia de Petrobras".

El presidente de la CUT, Sérgio Nobre, también presente en el encuentro con Maia y Alcolumbre, llegó incluso a decir que "los conflictos [entre los trabajadores y las compañías] tienen que resolverse en la mesa de negociaciones". Antes, se había reunido también con ministros del TST que exigían que la huelga en Petrobras fuera "mediada" por el Tribunal Laboral.

Al mismo tiempo, este esfuerzo por buscar una salida "negociada" a la huelga fue acompañado desde el principio por una retórica nacionalista de los sindicatos que denunciaban la "desindustrialización de Brasil" y defendían la "soberanía nacional". En una manifestación del 3 de febrero, las principales federaciones sindicales brasileñas se unieron en un llamamiento a la Federación de Industria del Estado de San Pablo (FIESP), para una alianza entre los sindicatos y las corporaciones tras un "proyecto de desarrollo" para el país.

Todas las implicaciones de esta política nacionalista y favorable a la patronal fueron expresadas más tarde por el Sindicato de Trabajadores de la Industria Farmacéutica de Paraná, el Estado donde se sitúa Fafen, que presentó una querella por el cierre de la compañía. Presentando los intereses de los capitalistas y los de los trabajadores como si fueran una misma cosa, el litigio dice que Fafen brinda "input esencial para los agronegocios y la industria de partes de motores de automóviles" y que su cierre "aumentaría la desindustrialización y comprometería la soberanía nacional".

Esta es la política esencial de los sindicatos brasileños: subordinar a los trabajadores a una facción de la burguesía nacional insatisfecha por razones tácticas con el gobierno de Bolsonaro, incluyendo el multimillonario agronegocio brasileño y la FIESP.

La CUT y otras federaciones sindicales hicieron todo por mantener aislada la huelga de los trabajadores petroleros. Las dos federaciones sindicales que representan a 110.000 trabajadores de la compañía postal estatal Correios postergaron dos veces una huelga durante el paro de los trabajadores petroleros, poniendo fecha a una asamblea para decidir convocar la huelga apenas para el 3 de marzo. El gobierno de Bolsonaro también planea privatizar Correios el año que viene.

Al mismo tiempo, las federaciones sindicales de los trabajadores petroleros fueron incapaces de movilizar a los trabajadores con contrato de Petrobras, que conforman la gran masa de la fuerza de trabajo. El gran aumento en el número de trabajadores con contrato en Petrobras tuvo lugar durante los 13 años en los que estuvo el PT en el poder, alcanzando el 80 por ciento de la fuerza laboral de la empresa para 2014. Esto, junto con las licitaciones de los campos de presal de 2013 por parte del gobierno de Dilma Rousseff, que reprimió brutalmente las protestas de los trabajadores contra aquellas, revela el fraude del postureo del PT como opositor de la privatización.

El fracaso de extender la huelga también fue expresado por acciones limitadas de los sindicatos de los trabajadores petroleros para vender combustible y gas para cocinar por debajo del precio del mercado. Estas acciones tuvieron lugar para denunciar la política de precios de Petrobras, que ajusta los precios del combustible en función de los cambios en el valor de la moneda nacional, el real, contra el dólar y los precios del petróleo a nivel mundial.

En mayo de 2018, el precio disparado del diesel fue responsable de la huelga de camioneros de casi dos semanas, que llevó a Brasil al borde del colapso. La semana pasada, dos sindicatos de camioneros amenazaron con ir a la huelga en apoyo de los trabajadores petroleros, pero el mismo Tribunal Laboral al que la FUP y la FNP estaban dirigiendo sus llamamientos por negociaciones impidieron cortes de ruta con multas de varios millones de reales contra los sindicatos.

La iniciativa de los camioneros vino en medio de señales de que la huelga de Petrobras podría afectar el suministro de combustible en Brasil, como admitió el presidente de la Agencia Petrolera brasileña (ANP) la semana pasada. En el puerto de Santos, el más grande del país, donde uno de los sindicatos de camioneros se unió a una manifestación de trabajadores petroleros el lunes pasado y amenazó con ir a la huelga, el paro ya estaba causando demoras en el suministro de combustible a buques cargueros.

La FUP y la FNP decidieron terminar la huelga justo cuando empezaba a tener un impacto en la economía brasileña. Junto con la élite gobernante brasileña, las federaciones sindicales temían que la huelga pudiera difundirse a otros sectores de la clase trabajadora y salirse de su control.

La pseudoizquierda brasileña también jugó su papel en aislar la huelga y hacer llamamientos fraudulentos a las federaciones sindicales.

La tendencia morenista del PSOL, Resistência, que tiene miembros en la conducción de la FNP y defendió terminar la huelga de los trabajadores petroleros, insistió en que "expandir más el diálogo con la población ... sobre el tema del gas y los combustibles ... es esencial para que nosotros sigamos acumulando fuerzas y guiando el debate político nacional". Dicho de otra manera, la movilización de los trabajadores de Petrobras debe subordinarse a una perspectiva nacionalista y el "debate político" entre las facciones burguesas brasileñas rivales.

Mientras tanto, el Movimento Revolucionário de Trabalhadores (MRT), asociado con el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) argentino y responsable del sitio web Esquerda Diário, seguía sembrando ilusiones en los sindicatos, pidiendo que la CUT y otras federaciones —incluyendo a la ultraderechista Força Sindical, que estuviera vinculada a la dictadura militar— rompieran el aislamiento de los trabajadores petroleros convocando "manifestaciones en apoyo a la huelga". En otras palabras, el MRT les estaba diciendo a los trabajadores de Petrobras que se apoyaran en los mismos sindicatos que estaban preparando traicionar la huelga y tirarlos a la merced del tribunal laboral TST.

La huelga de los trabajadores petroleros ha revelado el fracaso de las políticas nacionalistas y favorables a las corporaciones de los sindicatos y las organizaciones de la pseudoizquierda que orbitan alrededor de esas organizaciones corruptas.

Para avanzar, los trabajadores de Petrobras tienen que poner en pie nuevas organizaciones de lucha independientes, incluyendo comités de base, que trabajen para desarrollar una campaña unificada de acción política y de huelgas junto con otros sectores de la clase trabajadora en Brasil y del resto del mundo.

Tales organizaciones deben ser guiadas por una estrategia socialista e internacionalista que rechace los dictados del sistema de la ganancia y que tenga por objetivo poner en pie un gobierno obrero que ponga las industrias básicas, así como a los bancos, bajo propiedad pública y control obrero democrático.

(Publicado originalmente en inglés el 25 de febrero de 2020)