El jueves pasado, el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rompió la más reciente caravana centroamericana dirigida a Estados Unidos, empleando tropas mexicanas para atacar y detener la retaguardia de aproximadamente 2.000 migrantes. Después de marchar 13 km dentro de México y resistir incontables amenazas de las autoridades guatemaltecas y mexicanas en el camino, los migrantes fueron bloqueados y arrestados por más de 200 soldados de la Guardia Nacional utilizando gases lacrimógenos y porras.

Les tomó a las fuerzas estatales menos de dos horas capturar a casi todos los exhaustos migrantes y meterlos en buses que los llevaron al infame centro de detención Siglo XXI. Poco después, el Gobierno mexicano reportó que ya estaba llenando aviones y buses para deportarlos en masa.

La caravana dejó San Pedro Sula al norte de Honduras el 15 de enero con aproximadamente 1.500 migrantes. Pese a permanecer dividida en grandes contingentes, aproximadamente 3.000 migrantes más de Honduras y otros grupos pequeños de El Salvador se unieron a la caravana en un intento para escapar la desesperada pobreza y violencia.

Mientras los migrantes cruzaban Guatemala, el Gobierno entrante de Alejandro Giammattei desplegó a la policía para que detuviera la caravana, utilizando gases lacrimógenos y deteniendo a unas 400 personas. Lejos de darles refugio mientras aplicaban para asilo en EE. UU., como lo estipula el acuerdo reciente, el régimen guatemalteco los deportó de vuelta a Honduras.

Giammattei ha expresado inquietudes sobre el acuerdo antiinmigrante con el Gobierno de Trump, incluyendo el recibimiento de migrantes de terceros países que buscan asilo en EE. UU., pero ha demostrado rápido su total subordinación a Washington.

La caravana llegó a la frontera entre Guatemala y México el 18 de enero y el Gobierno mexicano cerró inmediatamente el puente internacional en Ciudad Hidalgo. El Instituto Nacional de Migración luego procesó a un flujo pequeño de migrantes para preparar su deportación.

Dos días después, el Gobierno mexicano anunció que no les daría “salvoconductos” para que la caravana llegara a EE. UU. Esto obligó a los migrantes a intentar cruzar el río Suchiate hacia México, pero fueron violentamente repelidos por cientos de efectivos de la Guardia Nacional y policía, con gases lacrimógenos y golpes contra los indefensos trabajadores.

Aproximadamente 200 migrantes pudieron cruzar el bloqueo y la mayoría fue a refugios. No obstante, La Jornada reportó que muchos ya están planeando volver a casa dadas las nuevas dificultades para llegar a EE. UU. El puñado de miembros de la caravana que han podido aplicar para asilo en México eran parte del grupo que escapó la operación de la Guardia Nacional.

Mientras que López Obrador prometió empleos para todos y simplemente dijo que los migrantes “no quisieron” aplicar para asilo en México, Animal Político informó que la institución a cargo de procesar las solicitudes de asilo simplemente no tuvo acceso a los centros de detención donde estaban los miembros de la caravana hasta el 24 de enero. Según cifras del INM, al menos 678 migrantes ya habían sido deportados. El diario entrevistó a un migrante capturado el jueves y deportado en bus el viernes que dijo, “En ningún momento se nos ofreció refugio, solo deportación”.

Debido a la prohibición de ingreso de grupos de derechos humanos a los centros de detención, Amnistía Internacional emitió una declaración preocupada por “los intentos del INM de limitar el trabajo de estas organizaciones”. Esto sigue a un reporte de Human Rights Watch que denuncia las “condiciones inhumanas” en los centros de detención y “las violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad” contra los migrantes.

Después del incidente en el río Suchiate, López Obrador llamó la represión un “caso aislado” pero volvió a ocurrir el jueves. Y, pese a las numerosas imágenes y videos mostrando la brutalidad de los soldados contra familias enteras, el presidente declaró que la Guardia Nacional “resistió”, pero no se cayó en la trampa de responder con violencia, que eso es lo que posiblemente buscaban los dirigentes de estas caravanas y nuestros adversarios, los ‘conservas’”.

López Obrador volvió a sugerir que los migrantes estaban llegando con intenciones violentas, afirmando que “nosotros queremos la paz, queremos resolver las discrepancias con diálogo”. Fue tan lejos como para declarar que la represión buscaba “proteger” a los refugiados del crimen organizado en el norte de México.

El viernes, dijo: “Este movimiento no es espontáneo. Claro que hay la necesidad, pero hay una conducción, vamos a decir política… Esto es un complot”.

Al criminalizar a los migrantes y presentar las caravanas como herramientas en una conspiración de sus oponentes políticos. López Obrador está tomando prestada una táctica de la Casa Blanca de Trump. En ambos casos, el objetivo es legitimar una mayor militarización del país, atacar derechos democráticos básicos —comenzando por los derechos de asilo consagrados en los tratados internacionales firmados por México— y movilizar a los elementos más derechistas de las fuerzas armadas, al mismo tiempo que se busca socavar el amplio y creciente apoyo a la solidaridad internacional en la clase obrera.

Lejos de “proteger” a los migrantes, mientras evita un conflicto político con el Gobierno de Trump, según afirma, López Obrador está protegiendo los lazos financieros y políticos de la oligarquía mexicana con el imperialismo estadounidense. Al demostrar la disposición de su Gobierno para utilizar represión y mantener a los migrantes fuera, López Obrador esperar atraer inversiones en el país, preparando en última instancia aplastar de forma militarizada la oposición de clase obrera mexicana a los niveles abominables de desigualdad social.

Según Oxfam, seis milmillonarios mexicanos controlan ocho veces más riqueza que el 50 por ciento al fondo o 62,5 millones de personas que viven bajo la pobreza oficial. Encabezando la lista, Carlos Slim ha respaldado consistentemente las políticas derechistas de López Obrador. En noviembre declaró: “Se sentaron las bases con unas finanzas públicas, con mucha disciplina por parte del sector público, no creció la deuda, la inflación bajó, están sentadas las bases, se creó una gran confianza para la inversión financiera”.

La clase gobernante estadounidense tomó la medida de López Obrador hace mucho, entendiendo que defendería sus intereses. En un cable de febrero de 2006 publicado por WikiLeaks, el embajador estadounidense rechazó las inquietudes de un oficial del Banco Central: “Sus preocupaciones sobre una posible Presidencia futura de AMLO no son las únicas, peor no están en línea con las expectativas predominantes de que la economía mexicana sobreviviría una Presidencia de AMLO relativamente ilesa, si bien no mejorada”.

La imitación por parte de López Obrador de la agitación antiinmigrante de Trump es una grave advertencia para toda la clase obrera. Está encabezando un rápido giro hacia formas autoritarias de gobierno, como lo exige la clase gobernante, la cual se siente asediada por el resurgimiento internacional de la militancia obrera y el mayor interés en el socialismo.

Trump llamó la primera caravana migrante en octubre de 2018 una “invasión”, alegando que incluía “personas de Oriente Próximo”. Acusó a los demócratas, al millonario judío George Soros y Venezuela de organizarla.

Trump envió a más de 5.000 tropas a la frontera y sus simpatizantes llevaron a cabo tiroteos contra la población judía e inmigrantes, así como amenazas contra sus oponentes políticos. Esto incluyó el tiroteo en El Paso de agosto, donde 22 personas fueron asesinadas por un atacante que denunció en su manifiesto una “invasión” de migrantes.

A partir de las políticas del Gobierno mexicano, la prensa corporativa y local en todo México está fomentando la oposición contra los inmigrantes, como un esfuerzo para socavar el apoyo amplio a los migrantes en un país donde millones han vivido en EE. UU. Una protesta exigiendo que los migrantes se vayan ha sido convocada en la ciudad fronteriza de Matamoros, donde decenas de miles de trabajadores en huelga marcharon el año pasado a la frontera estadounidense para llamar a la unidad internacional contra las corporaciones transnacionales.

Al mismo tiempo, en respuesta a las denuncias de migrantes de las condiciones escuálidas en el campamento en Matamoros, varios grupos de estadounidenses han cruzado a pie desde Brownsville, Texas, con ayuda.

El domingo, Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, alimentó la mugre chauvinista, insinuando que hay un complot político dado que hubo relativamente más adultos varones en la última caravana. Denunció a un “grupo radical” por llamar a los otros migrantes a seguir adelante y desafiar a las tropas mexicanas. “Hay que seguir la pista a ese grupo… se está investigando el particular”, dijo.

Las políticas antiinmigrantes para fortalecer el Estado capitalista están dirigidas contra toda la clase obrera. La lucha por defender a los migrantes centroamericanos y, en general, el derecho de todos a viajar, entrar y disfrutar plenos derechos de ciudadanía en cualquier lugar de su elección, es un componente fundamental de la lucha por la desigualdad social y los derechos democráticos.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 28 de enero de 2020)