Recientemente han surgido denuncias que vinculan al expresidente derechista y actual senador de Colombia Álvaro Uribe con los carteles mexicanos narcotraficantes, los grupos paramilitares derechistas y la Administración Federal Antidrogas estadounidense (DEA) en una conspiración para traficar grandes cantidades de cocaína a México entre 2006 y 2008.

De ser cierto, las acusaciones representarían lo último de una serie de incidentes y revelaciones que exponen la llamada "guerra contra las drogas" emprendida por Estados Unidos y Colombia como un pretexto falso para justificar décadas de militarización, así como el papel íntimo desempeñado por los gobiernos de ambos países en la lucrativa industria multimillonaria de narcóticos.

Uribe ha sido durante mucho tiempo una figura dominante en la política colombiana y es el principal mecenas político del actual presidente Iván Duque, quien encabeza el partido del Centro Democrático (CD) fundado por Uribe en 2014. Antes de las acusaciones más recientes, Uribe ya había estado bajo investigación desde 2018 por la Corte Suprema colombiana por cargos de manipulación de testigos que habían testificado que él fue uno de los fundadores del grupo paramilitar de extrema derecha Bloque Metro cuando era gobernador de la provincia de Antioquia. Las recientes revelaciones de que el ejército ha estado espiando a los fiscales involucrados en este caso, con el presidente Duque siendo plenamente consciente, han alimentado una oposición popular generalizada a su administración, que tiene un índice de aprobación de solo el 24%.

Una serie de huelgas y protestas en todo el país contra la corrupción gubernamental, la desigualdad social, los asesinatos políticos y la violencia surgieron el 21 de noviembre de 2019 y se reanudarán el 21 de enero, con ningunas de las demandas de las manifestantes cumplidas. Las protestas han sido las más grandes en Colombia desde 1977 y son parte de un resurgimiento global y regional de la lucha de la clase obrera.

Las recientes acusaciones contra Uribe fueron hechas por un ex jefe de seguridad de un avión colombiano Air Cargo Lines, en una entrevista con el denunciante y periodista investigativa Richard Maok. Maok, un exdetective y especialista en la tecnología informática del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI, el equivalente colombiano del FBI) se hizo público hace dos décadas con pruebas contundentes mostrando que las principales figuras paramilitares de extrema derecha estaban trabajando en estrecha coordinación con el ejército, las agencias de inteligencia y otras instituciones gubernamentales, incluido el congreso para instalar a Álvaro Uribe como futuro presidente de Colombia.

Por sus exposiciones de criminalidad en el estado colombiano, Maok recibió amenazas de muerte e enfrentó intentos de asesinato, y se le otorgó asilo político en Canadá, donde actualmente continúa sus actividades periodísticas y sigue siendo un crítico feroz del gobierno colombiano.

Según el jefe de seguridad de Air Cargo Lines, entre 2006 y 2008, mientras era presidente, Uribe recibió grandes sobornos provenientes de representantes del Cartel de Sinaloa a cambio de su ayuda para traficar 10.000 kilogramos de cocaína desde Colombia a México. Como parte del acuerdo, Uribe autorizó la construcción de una percha en los terrenos de un aeropuerto de Bogotá para utilizarse como un centro logístico para la operación, e instruyó a las autoridades de aviación del país para permitir que un avión DC8 mexicano de propiedad privada entrara y saliera del país sin pasar primero por la aduana.

La cocaína exportada fue provista por el cartel colombiano Paísa, que estaba fundada por ex miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), descritas con precisión por la organización latinoamericana de investigación del delito Insight Crime como "una coalición de escuadrones de la muerte derechistas que utilizaron la [guerra civil] para camuflar sus actividades económicas ilícitas [incluyendo] tráfico de drogas, desplazamientos, secuestros y extorsión”.

El grupo paramilitar AUC es lo mismo que había sido expuesto por Richard Maok como desempeñando un papel clave para llevar a Uribe al poder en 2000. El último denunciante entrevistado por Maok también alega que se reunió varias veces en la embajada estadounidense con Emir Abreu, un funcionario de la droga estadounidense de la DEA estacionado en Colombia, quien dio su aprobación para la operación. El arreglo clandestino terminó en 2006 cuando una tonelada métrica de cocaína desapareció del sexto envío a México.

Si bien el exfuncionario de seguridad de la aerolínea ha optado por permanecer en el anonimato, las acusaciones parecen creíbles a la luz de otros informes que conectan a Uribe con organizaciones paramilitares y narcotraficantes colombianas. Estos se remontan a principios de la década de 1980, cuando Uribe, entonces jefe de la agencia de aviación civil de Colombia, fue acusado de otorgar licencias aéreas a narcotraficantes.

Los cables previamente clasificados de principios de la década de 1990 publicados por la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) y el Departamento de Estado en 2018 describen a Álvaro Uribe, quien en aquella época emergiendo políticamente, como un "estrecho amigo personal" de Pablo Escobar, el narcotraficante más rico y poderoso del mundo mientras estaba vivo. El informe declaró que Uribe estaba "dedicado a la colaboración" con el Cartel de Medellín de Escobar, en ese momento responsable de la mayor parte de la cocaína importada a los Estados Unidos. El Cartel de Medellín aterrorizó a la población de la ciudad y la región circundante de Antioquia desde 1976 hasta 1993, asesinando a miles y convirtiendo a Medellín en la capital mundial del asesinato.

En cuanto a los Estados Unidos, uno de los episodios de tráfico de drogas más infames en las últimas cinco décadas fue la facilitación de la CIA a mediados de los años 80 del tráfico de cocaína desde Colombia a través de Panamá a los Estados Unidos por el grupo guerrillero Contra respaldado por la CIA que libró una sangrienta insurgencia contra el gobierno sandinista nacionalista de izquierda de Nicaragua. La exposición pública y una investigación del Congreso sobre el sórdido asunto no hicieron nada para poner fin a la participación continua de sectores poderosos del estado en el tráfico internacional de drogas.

Como señaló el WSWS en 2014:

“Las relaciones entre la élite gobernante de Estados Unidos y el crimen organizado han florecido en las décadas posteriores a la guerra de Contra. En abril de 2006, la captura de un DC9 cargado de cocaína propiedad del cartel de Sinaloa expuso las operaciones de lavado de dinero del banco Wachovia en nombre del cartel masivo, que opera en más de 40 países. Los investigadores encontraron que el cartel, responsable del 25% de las drogas ilegales vendidas en los EE.UU., depositó unos 370 mil millones de dólares en cuentas de Wachovia. La gran infusión de dinero proveniente del narcotráfico jugó un papel clave en la estabilización de las finanzas de los grandes bancos durante la crisis financiera de 2008, según el máximo funcionario de la ONU para las drogas y el crimen, Antonio María Costa. Durante una entrevista de 2012 en Al Jazeera, un portavoz oficial del gobierno de la provincia mexicana de Chihuahua acusó a la CIA de "administrar el tráfico de drogas".

Otro incidente notable que posiblemente vinculó a la CIA con el narcotráfico colombiano fue el choque en 2007 de un Jet Gulfstream II con sede en Florida sobre la península de Yucatán en México. Se descubrieron varias toneladas de cocaína en el avión, que despegó del aeropuerto de Río Negro en Medellín, Colombia.

Según lo documentado por el WSWS, Greg Smith, un piloto empleado anteriormente por el FBI, la DEA y el ICE figuro en la factura de venta del jet Gulfstream. Es más, la venta del avión fue facilitada por el hijo de Ismael Zambada García, un alto funcionario del Cartel de Sinaloa, a través de las cuentas de Wachovia. Destacando la interconexión entre la fraudulenta "guerra contra las drogas" y la "guerra contra el terror", el avión también fue identificado como involucrado en el programa de "entrega extraordinaria" y tortura de la CIA, transportando cautivos a prisiones secretas por todo el mundo.

Las revelaciones más recientes sobre la participación de Álvaro Uribe con el tráfico internacional de cocaína exponen aún más que grandes sectores del estado colombiano, el aliado más cercano del imperialismo estadounidense en América del Sur, están profundamente involucrados en la industria multimillonaria de cocaína que se extiende desde Colombia hasta México y los Estados Unidos.

La "guerra contra las drogas" respaldada por Estados Unidos de más de tres décadas de duración en Colombia se libró bajo los auspicios del "Plan Colombia". Lanzada bajo la administración demócrata del presidente Bill Clinton en 1998, canalizó unos $10 mil millones en ayuda militar principalmente a Colombia, financiando una sangrienta campaña de contrainsurgencia que ha matado a muchas decenas de miles y expulsó a millones de personas de sus hogares.

La llamada guerra contra las drogas en Colombia, como la de Estados Unidos, ha servido como una cortina de humo para ocultar la criminalidad del gobierno, al tiempo que proporciona un pretexto para la violencia infligida a la población en general. En Colombia, esta "guerra contra las drogas" ha resultado en décadas de militarización, asesinatos políticos, el asesinato indiscriminado de trabajadores, el envenenamiento químico de la población rural a través de la fumigación aérea al estilo de Vietnam y el apoyo para los escuadrones de la muerte de derecha como las AUC.

(Publicado originalmente en inglés el 16 de enero de 2020)