El funcionario de las Naciones Unidas, Nils Melzer, publicó públicamente una poderosa carta dirigido al gobierno británico el 29 de octubre, documentando la culpabilidad criminal de las autoridades del país, incluyendo su liderazgo político, en lo que condenó el año pasado la "tortura psicológica" del fundador de WikiLeaks Julian Assange.

La carta de Melzer, publicado en línea el 31 de diciembre, fue una respuesta a la correspondencia anterior de las autoridades británicas, en la que descartaban alegremente su hallazgo de que Assange estaba sujeto a la tortura psicológica en curso. Esto resultó en parte de sus casi siete años de detención efectiva en la embajada de Ecuador en Londres, forzada por las amenazas británicas de arrestarlo si pisaba fuera del edificio, y su encarcelamiento desde abril de 2019 en la prisión de máxima seguridad en Belmarsh.

Melzer había dirigido una serie de consultas al gobierno británico sobre las condiciones del encarcelamiento de Assange, incluyendo por qué estaba recluido en condiciones de aislamiento virtual y negado los medios necesarios para preparar su defensa para las audiencias de extradición a los Estados Unidos en febrero.

El gobierno británico había declarado con insistencia su oposición a la tortura, al mismo tiempo que afirmaba que defendía los derechos legales de Assange. No respondió a ninguna de las preguntas específicas de Melzer y descartó su llamado para que el fundador de WikiLeaks sea liberado de la prisión, a pesar de las advertencias de los profesionales médicos de que su salud se ha deteriorado hasta el punto de que su vida está en riesgo.

En su último documento, Melzer insistió en el rigor científico de la evaluación que Assange había sido torturado, que se basó en una consulta de cuatro horas en la prisión de Belmarsh con el relator de la ONU y dos expertos médicos. El diagnóstico provino de evidencia médicamente verificable y se ajustó al "Protocolo de Estambul", el estándar internacional para identificar los síntomas de la tortura.

Melzer señaló las implicaciones del rechazo de Gran Bretaña de estos hallazgos, afirmando que "la conducta del Gobierno de Su Excelencia en el presente caso socava gravemente la credibilidad del compromiso del Reino Unido con la prohibición de la tortura y los malos tratos, así como con el estado de derechos más generales".

Melzer escribió sin rodeos: "Los hallazgos oficiales de mi mandato, respaldados por dos expertos médicos con experiencia especializados en el examen de víctimas de tortura, sin lugar a dudas proporcionan 'motivos razonables para creer' que los funcionarios británicos han contribuido a la tortura psicológica o al maltrato del Sr. Assange, ya sea por perpetración, o por intento, complicidad u otras formas de participación.

"En virtud del art. 12 de la Convención contra la Tortura, las autoridades británicas no tienen la discreción política para simplemente rechazar estos hallazgos, sino que tienen la obligación de claro y no derogable bajo un tratado de llevar a cabo una investigación pronto e imparcial sobre estas acusaciones y, si se confirman, enjuiciar a los autores y proporcionar reparaciones y rehabilitación al Sr. Assange".

El relator de la ONU documentó que Gran Bretaña había obstaculizado de manera similar sus llamados a una investigación judicial sobre su participación en los programas de tortura liderados por Estados Unidos asociados con las guerras en Irak y Afganistán —que WikiLeaks y Assange han hecho tanto para expone —. Esto, señaló, "da la impresión de una política más amplia de impunidad, que sería incompatible con las obligaciones legales del Reino Unido y socavaría seriamente la credibilidad de su compromiso con los derechos humanos y el estado de derecho".

La carta detallada de Melzer describía la participación de Gran Bretaña en el intento de fabricar un caso contra Assange basado en acusaciones de conducta sexual inapropiada por parte de Suecia, su colaboración con los intentos de Estados Unidos de llevar a cabo lo que solo puede describirse como una operación de entrega extraordinaria contra el fundador de WikiLeaks y su persistente denegación de sus derechos al debido proceso en los últimos 12 meses.

La conclusión del funcionario de la ONU demuestra que Assange está siendo sometido a un intento ilegal para silenciarlo y destruir a WikiLeaks. Melzer escribió: “Soy de la opinión considerada de que las violaciones recurrentes y graves de los derechos de debido proceso del Sr. Assange por parte de las autoridades del Reino Unido han hecho que tanto su condena penal como su sentencia por violación de la fianza y los procedimientos de extradición a los Estados Unidos sean inherentemente arbitrarios, hasta el punto de emitir cualquier remedio legal que es una formalidad vacía sin perspectiva".

Melzer exigió el abandono de los procedimientos de extradición, la libertad de Assange y una investigación criminal de los responsables de su persecución.

Melzer también llamó la atención a los informes de que la salud de Assange ha seguido deteriorando. El año pasado, docenas de médicos eminentes escribieron dos veces a las autoridades británicas, así como al gobierno australiano, expresando sus temores de que Assange pudiera morir en prisión. Sus llamados para que lo trasladen a un hospital universitario de enseñanza y se le brinde tratamiento médico urgente han sido ignorados.

El último testimonio sobre la situación de salud de Assange fue proporcionado por el periodista británico Vaughan Smith, quien tuiteó que Assange había llamado a su familia en la víspera de Año Nuevo. Smith escribió: "Nos contó a mi esposa y a mí cómo se estaba muriendo lentamente en Belmarsh, donde, aunque solo estaba en prisión preventiva, lo mantenían en régimen de aislamiento durante 23 horas al día y, a menudo, está sedado".

Mientras tanto, han surgido nuevas indicaciones inquietantes de las condiciones en Belmarsh, una instalación diseñada para detener a los condenados por los delitos más graves, incluyendo los delitos de asesinato y terrorismo.

El miércoles, RT informó que Liridon Saliuka, un prisionero de 29 años en Belmarsh, fue encontrado muerto en su celda el 2 de enero. Según las fuentes de RT, la muerte fue la tercera muerte en menos de un año en la prisión. Las autoridades británicas afirman que Saliuka fue víctima de heridas autoinfligidas, pero esto ha sido discutido por su familia.

RT escribió: "La afirmación de la familia de Saliuka ha traído demoras en la autopsia. Su hermana, Dita, reveló que su hermano estuvo involucrado en un accidente automovilístico hace dos años que lo dejó requiriendo una cirugía reconstructiva importante. Le dieron placas de metal que le dificultaban caminar o pararse por largos períodos de tiempo. Un informe de un cirujano, encargado por su abogado defensor, determinó que debería ser considerado como "discapacitado permanente". Sin embargo, su familia dice que recientemente fue transferido de una celda especial a una estándar".

Un informe de 2009 del Inspector Jefe de Prisiones Británicas señaló una cantidad "extremadamente alta" de fuerza utilizada contra los prisioneros en Belmarsh. Varios detenidos informaron que el personal los había intimidado, amenazado o agredido. El informe del inspector de 2018 dijo que muchas "mejoras" recomendadas en la instalación no habían sido "integradas" y en algunas áreas "consideramos que los resultados fueron más pobres que la última vez".

El hecho de que Assange, un periodista en prisión preventiva, se encuentre recluido en una instalación de este tipo, demuestra que el Estado británico, no menos que su homólogo estadounidense, está buscando nada menos que su destrucción física y psicológica. Mientras hacen todo lo posible para facilitar la extradición de Assange a los Estados Unidos, los británicos buscan replicar, en su propio territorio, las condiciones que enfrentaría en una prisión de la CIA en Estados Unidos.

El asalto extraordinario a los derechos democráticos de Assange es un síntoma marcada de un giro más amplio hacia el autoritarismo, dirigido contra la clase obrera y el creciente surgimiento de la oposición social y política de masas. Esto subraya la necesidad de que todos los defensores de las libertades civiles hagan todo lo posible para evitar la extradición de Assange a los Estados Unidos y asegurar su libertad.

(Publicado originalmente en inglés el 10 de enero de 2020)