El miércoles por la mañana, agentes del FBI llevaron a cabo redadas en cuatro estados, incluyendo en la casa del presidente del sindicato United Auto Workers (UAW), Gary Jones, en un suburbio de Detroit, según la investigación federal sobre sobornos ilegales alcanza la cima del UAW.

La expiración el 14 de septiembre del contrato de 155.000 trabajadores en General Motors, Ford y Fiat Chrysler (FCA) se avecina rápido. Entre las bases obreras, existe una hostilidad profunda tanto hacia las empresas automotrices como hacia el corrupto UAW.

Armados con órdenes de búsqueda, agentes del FBI y la agencia fiscal IRS requisaron inspeccionaron el garaje del presidente del UAW en Canton, Michigan, tomando archivos y contando “pilas de efectivo”, según un vecino. Los agentes también revisaron las oficinas de la Región 5 del UAW en Hazelwood, Missouri, donde Jones fue director hasta ser nombrado presidente el año pasado.

Los trabajadores ya saben, si aún quedaba alguna duda, de que es necesario formar nuevas organizaciones, comités de base en las fábricas, para llevar a cabo una lucha contra las empresas automotrices.

Los ejecutivos sindicales coludieron con los empleadores para empobrecer a los miembros del sindicato con el conocimiento pleno de que una porción del dinero que le robaran a los trabajadores hallaría su camino hacia sus bolsillos. Cualquiera que aún afirme que el UAW “represente” a los trabajadores automotores está intentando deliberadamente engañar a los trabajadores.

Las redadas también se dirigieron contra el expresidente del UAW, Dennis Williams, quien ha sido acusado por otros oficiales sindicales ya sentenciados de aprobar el uso ilegal de millones de dólares del dinero de la empresa. Este dinero fue encauzado por medio de los centros de capacitación controlados conjuntamente por la empresa y el sindicato, para financiar viajes, compras de bienes de lujo y estadías en hoteles para los oficiales del UAW.

El FBI requisó materiales en la casa de $610.000 de Williams en Corona, California, a 100 kilómetros al oeste de Palm Springs, donde los oficiales del UAW gastaron millones en villas de lujo y campos de golf. También se inspeccionó el Centro de Conferencias del UAW en Black Lake, un resort de mil acres en el norte de Michigan, el cual fue financiado con los intereses ganados del fondo para huelgas del UAW de $780 millones financiado por los miembros. El UAW está construyendo una nueva casa de campo para Williams en esta locación.

El hogar de Wisconsin de la antigua asesora principal de Williams, Amy Loasching, también fue objeto de revisión. Loasching, quien es la secretaria y tesorera de la organización sin fines de lucro de Williams, llamada Williams Charity Fund, participó en el Comité Negociador Nacional del UAW con Chrysler, junto a Williams y el exvicepresidente del UAW, Norwood Jewell. Jewell ya fue sentenciado a la cárcel por aceptar sobornos de Fiat Chrysler.

Al menos seis de los ocho principales “negociadores” del UAWW que firmaron el acuerdo de 2015, el cual les costó a los trabajadores de FCA decenas de miles de dólares en salarios y prestaciones, han sido condenados o se han visto implicados en el escándalo de corrupción.

Las condenas de corrupción ya alcanzaron a los oficiales del departamento del UAW en GM. Michael Grimes, el antiguo asesor principal de los vicepresidentes del UAW, Joe Ashton y Cindy Estrada, quien estuvo en el comité negociador en 2011 y 2015, ha sido condenado por aceptar casi $2 millones en sobornos de vendedores.

Los vendedores recibieron dinero pagado con dinero del Centro de Recursos Humanos de UAW-GM para producir chaquetas, relojes y otros productos con el logo del sindicato.

Los convenios firmados por los jefes de Grimes, quienes también se han visto implicados en esquemas ilegales, congelaron las huelgas y allanaron el camino para el cierre de fábricas, incluyendo la planta histórica de ensamble en Lordstown, Ohio, deshaciéndose de miles de empleos.

Han pasado 40 años desde el primer rescate de Chrysler en 1979-80, cuando el UAW fue invitado a unirse a la junta directiva de la empresa para supervisar la destrucción de 60.000 empleos e imponer casi $500 mil millones en recortes salariales, o casi $35.000 por año para cada trabajador en los dólares de hoy.

Los sacrificios, insistió el UAW, eran necesarios porque solo así se podían “salvar” sus empleos, aumentando la competitividad y rentabilidad de las empresas automotrices basadas en EUA.

Durante las últimas cuatro décadas, el número de miembros asalariados del UAW en GM, Ford y Chrysler ha caído de 750.000 a 158.000. Lejos de ser temporales los recortes salariales y en prestaciones, nunca se detuvieron. Como resultado, los trabajadores automotores, una vez los mejor pagados en la industria estadounidense, han sido reducidos en gran parte a una fuerza laboral casualizada y de bajos salarios que no puede costear los autos que construye.

Durante este periodo, el total de miembros del UAW cayó de 1,5 millones a menos de 400.000. Lo único que mantiene a la organización a flote son las masivas inyecciones de efectivo proveniente de las empresas en sí, así como el respaldo de sucesivos Gobiernos que han visto al UAW como un instrumento para suprimir la resistencia de los trabajadores automotores y reducir drásticamente los costos laborales.

Entre 1982 y hoy, las compañías automotrices bombearon más de $5 mil millones en “reembolsos de fondos conjuntos” al UAW por medio de varios esquemas corporativistas, como centros de capacitación conjuntos. Se han transferido miles de millones al UAW en la forma de acciones de las empresas y sobornos tanto legales como ilegales.

Es significativo que la investigación del Departamento de Justicia sobre corrupción se produzca ahora. En 2015, los trabajadores automotores se rebelaron contra el UAW. Por primera vez en tres décadas, los trabajadores de Fiat Chrysler votaron en contra de un convenio nacional respaldado por el UAW. El Boletín de los Trabajadores Automotores del WSWS estuvo en el centro de la oposición, por lo cual fue denunciado por el UAW y la prensa corporativa.

El Gobierno de Trump y la clase gobernante están al tanto del inmenso enojo entre los trabajadores automotores y su voluntad a luchar. Temen que el UAW no será capaz de controlar otra rebelión.

Existe el peligro de que el Gobierno intervenga directamente y establezca las condiciones para un acuerdo plenamente en los términos de la empresa, sea colocando al UAW bajo tutela federal —como lo hizo el Gobierno de Bush con el sindicato de camioneros Teamsters a fines de los ochenta— o forzando algún tipo de arbitración que podría incluir una prohibición a huelgas.

El Detroit News reportó el miércoles por la noche que los allanamientos “aumentaron la posibilidad de que el Gobierno federal asuma la supervisión del sindicato bajo estatutos contra fraudes organizados”. Si esto ocurriera, la lucha de los trabajadores automotores los enfrentaría directamente con el Gobierno de Trump y el Estado.

Los trabajadores automotores no pueden ceder su lucha al Departamento de Justicia de Trump ni alguna otra sección de un Gobierno controlado por las corporaciones, sea demócrata o republicano.

Los trabajadores automotores deben comenzar a formar sus propias organizaciones de lucha, comités de base en cada fábrica, que sean completamente independientes tanto del UAW como de ambos partidos patronales. Se deben hacer preparativos para realizar una huelga en toda la industria y expandirla a los trabajadores tanto de ensamble como autopartes, mientras se apela a los trabajadores en Canadá, México y todo el mundo por una acción industrial conjunta por encima de las fronteras.

El “comité negociador” del UAW es completamente ilegítimo y debe ser reemplazado por un comité de las bases obreras. Los comités de fábrica deben organizarse y avanzar sus propias demandas, incluyendo un aumento salarial del 40 por ciento, la abolición del sistema de niveles salariales y de prestaciones, la transformación de todos los puestos temporales y por contrato a tiempo completo con el salario y beneficios plenos, así como la recontratación de todos los trabajadores despedidos.

No es posible reformar el UAW. Su transformación en una herramienta comprada de la gerencia se deriva del carácter nacionalista y procapitalista de todas las organizaciones viejas que afirman “representar” a la clase obrera.

El mismo día de los allanamientos del FBI, el sindicato Communication Workers of America (CWA) saboteó la poderosa huelga de 22.000 trabajadores de AT&T en nueve estados sureños de EUA, obligándolos a volver al trabajo según los términos de la gerencia. En todo el mundo, los nacionalistas sindicatos están aceptando los cierres de planta, despidos masivos y recortes salariales y en prestaciones.

Es por eso por lo que los comités de base en las fábricas y el resurgimiento de las tradiciones militantes de los trabajadores automotores estadounidenses deben estar guiados por una estrategia completamente diferente: la unificación internacional de la clase obrera con base en un programa socialista para combatir las empresas globales automotrices.

(Publicado originalmente en inglés el 29 de agosto de 2019)