La organización nacional francesa de inteligencia y contraterrorismo lanzó el lunes la primera actualización de su documento público de estrategia de cinco años. El informe, que se publicó en un sitio web ministerial y no fue acompañado por ningún comunicado de prensa presidencial, establece que el papel de las agencias antiterroristas de Francia es combatir los "movimientos subversivos" y la amenaza de "violencia insurreccional" en la población.

La "Estrategia de Inteligencia Nacional" fue publicada por la Coordinación Nacional de Inteligencia para la Lucha contra el Terrorismo (CNRLT, siglas en francés), un brazo del palacio presidencial del Eliseo. Asesora al presidente e informa directamente al primer ministro. El informe fue escrito en colaboración directa con el primer ministro y fue aprobado personalmente por el presidente Emmanuel Macron.

El documento de estrategia "constituye la hoja de ruta para las agencias de inteligencia", indica el prefacio. Una comparación con la primer “hoja de ruta” de cinco años aclara los propósitos de la actualización. La versión de 2014 identifica sus cinco áreas de operaciones como terrorismo, espionaje e interferencia económica, la proliferación de armas de destrucción masiva, ataques cibernéticos y crimen organizado.

El informe de este mes establece una nueva categoría: "La anticipación de las crisis y el riesgo de grandes rupturas". Bajo el título "Subversión violenta", se afirma: "La creciente fuerza de los movimientos y las redes de carácter subversivo constituye un factor de crisis que "Preocupa aún más porque tienen como objetivo debilitar, e incluso destruir, los cimientos de nuestra democracia y las instituciones republicanas a través de la violencia insurreccional".

El documento explica que por movimientos "subversivos" no solo se refiere a "acciones violentas contra personas o bienes", sino "también la colección de demandas tradicionales que estos movimientos emplean para infiltrarse y radicalizarlos".

Esta es una fórmula para la criminalización y supresión violenta de cualquier expresión de oposición social en la población. En este marco, las llamadas "demandas tradicionales", es decir, contra los despidos, por salarios más altos, mejores niveles de vida, contra la guerra y por la igualdad social, no representan las demandas legítimas de la población. Están meramente siendo "empleadas" por fuerzas "subversivas" cuyo objetivo es la destrucción de la democracia. Este es el argumento de un Estado policial fascista.

"La radicalización de estos modos de acción exige una mayor vigilancia por parte de los servicios de inteligencia en su función de anticipación y la defensa del Estado para prevenir la violencia de todo tipo y la desestabilización de nuestras instituciones", continúa el informe.

Bajo el titular "Crisis del orden público", el informe describe la respuesta de las agencias de inteligencia al crecimiento de la oposición social en la clase trabajadora. "La anticipación, el análisis y el monitoreo de los movimientos sociales y las crisis en la sociedad por parte de las agencias de inteligencia constituyen una doble prioridad", afirma. "El conocimiento de la vida local y la conexión con sus actores (funcionarios electos, asociaciones, medios de comunicación...) son desafíos importantes para los diferentes servicios de inteligencia".

Estas políticas, esbozadas por una agencia líder de "contraterrorismo" en Francia, subrayan el hecho de que la vasta expansión de los poderes policiales y la evisceración de los derechos democráticos bajo la bandera de la llamada "guerra contra el terrorismo" en la última década y media, siempre ha estado dirigida contra la oposición social y política en la clase obrera, al tiempo que promueve las operaciones neocoloniales del imperialismo francés en Oriente Próximo y África.

En Francia, la acumulación de un Estado policial se ha llevado a cabo tanto bajo el partido Los Republicanos como del Partido Socialista, del cual surgió el partido de la República en Marcha de Macron, con el apoyo de toda la élite política. El presidente del Partido Socialista, François Hollande, utilizó los ataques terroristas de noviembre de 2015 como pretexto para declarar, con el apoyo del Frente de Izquierda de Jean-Luc Melenchon, un estado de emergencia que duró casi dos años.

El informe constituye una advertencia sobre los muy avanzados preparativos para el gobierno autoritario en Francia y en toda Europa. La fuente objetiva de este proceso universal es el asombroso crecimiento de la desigualdad social en todos los países, y la concentración de la riqueza en manos de una pequeña élite corporativa y financiera, que está decidida a enriquecerse eliminando las ganancias que queden de las ganadas por la clase obrera en luchas amargas a lo largo del siglo XX.

La clase dominante se está volcando hacia medidas de Estado policial y la promoción de fuerzas fascistas y de extrema derecha para reprimir la creciente oposición de la clase obrera al capitalismo y al creciente apoyo al socialismo.

En Alemania, la agencia de inteligencia Verfassungschutz ha colocado al Sozialistische Gleichheitspartei, la sección alemana del Comité Internacional de la Cuarta Internacional, en una lista de organizaciones "extremistas de izquierda" que requieren vigilancia, citando su oposición al militarismo y al capitalismo, y su llamado a la construcción de un movimiento socialista revolucionario de las masas obreras. Al mismo tiempo, la élite política promueve al partido neonazi, Alternativa para Alemania y cubre las redes terroristas de extrema derecha dentro del aparato estatal.

En los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, con sus declaraciones casi diarias de que "Estados Unidos nunca será un país socialista", habla y actúa cada vez más abiertamente como un fascista que busca construir un movimiento extraparlamentario basado en el anticomunismo y los ataques violentos contra los inmigrantes.

Dentro de la propia Francia, la Administración de Macron ha respondido a las protestas masivas de "chalecos amarillos" contra la desigualdad social en los últimos seis meses, no con concesiones sino con un aumento de la violencia policial, incluidos arrestos masivos, balas de goma, gases lacrimógenos y el despliegue del ejército.

Los preparativos avanzados para el gobierno autoritario en Francia fueron subrayados por las acciones del Gobierno en el Día Nacional del 14 de julio.

Ante el temor de que las protestas pudieran estallar mientras miles de soldados marchaban a través de París para el desfile del Día de la Bastilla en un humillante contratiempo para Macron, las fuerzas de seguridad impusieron una prohibición total a quienes simpatizaran con los "chalecos amarillos" para que no ingresaran a grandes áreas de París Área de desfile en la avenida de los Campos Elíseos.

Antes del desfile, la policía reunió a cientos de personas identificadas como posibles líderes de protestas. Los principales manifestantes de los "chalecos amarillos", incluidos Eric Drouet, Maxime Nicolle y Jérôme Rodrigues, fueron detenidos hasta el final de la ceremonia. Luego, la policía transportó a los detenidos a un campamento en el Arondissement 18 de París, cerca de una estación de policía rodeada de alambradas de púas en una zona de almacenes abandonados.

Sin embargo, masas de personas abuchearon a Macron cuando su caravana pasó por los Campos Elíseos durante el desfile del Día Nacional.

El Gobierno francés ahora está dando luz verde para una mayor escalada de violencia policial. Esta semana, el sitio web de noticias M é diapart reveló que el Gobierno de Macron había otorgado un premio de "chaleco amarillo" a más de 9.000 policías el mes pasado como reconocimiento por su papel en reprimir violentamente las protestas.

Los que recibieron medallas incluyeron a Grégoire Chassaing, el comisionado de la policía a cargo de la redada policial en un festival de música en Nantes el 22 de junio que causó la desaparición y el supuesto ahogamiento de Steve Caniço, de 24 años; Rabah Souchi, quien lideró la embestida policial que casi mata a la manifestante de "chaleco amarillo" de 73 años de edad, Geneviève Legay en Niza; y Bruno Félix, el líder de la unidad de la policía antidisturbios implicada en la muerte de Zinab Redouane en Marsella.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 19 de julio de 2019)