En el más reciente acto indignante contra los derechos humanos de los solicitantes de asilo, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, ordenó a los jueces de inmigración negar la fianza a todos los solicitantes de asilo que no formen parte de grupos familiares con niños. Estos solicitantes de asilo, que no han cometido ningún delito y han superado la prueba inicial de que tienen un "miedo creíble" a una persecución si son devueltos a sus países de origen, podrían enfrentar una detención indefinida mientras esperan una decisión final sobre sus solicitudes de asilo.
La decisión entrará en vigor en 90 días para que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, todas las siglas en inglés) "pueda realizar la planificación operativa necesaria para la detención adicional y las decisiones de libertad condicional", escribió Barr. La orden podría afectar a decenas de miles de solicitantes de asilo al mes, según las cifras publicadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. De los más de 100,000 inmigrantes detenidos en marzo, unos 60,000 eran menores no acompañados o grupos familiares. De los 40,000 restantes, la mayoría eran solicitantes de asilo sin hijos y ahora son el blanco de la nueva orden del fiscal general.
La orden también arroja luz sobre la dirección de la política de Administración para todos los solicitantes de asilo, incluidos los niños y las familias, que según el procedimiento actual no pueden permanecer bajo custodia por más de 20 días. La Administración de Trump está discutiendo cómo anular este límite, establecido por la decisión del caso de Flores, un acuerdo de consentimiento supervisado por el tribunal que ha estado vigente durante dos décadas. El caso de Flores fue la base de los fallos judiciales del verano pasado que obligaron a la Administración a abandonar su política de separación familiar para los solicitantes de asilo, encarcelando a los padres mientras enviaban a los niños a centros de detención de menores o cuidado tutelar.
Grupos de derechos de los inmigrantes dijeron que utilizarían el período de 90 días para presentar desafíos legales a la orden de Barr, que calificaron como asquerosamente ilegal porque criminaliza el acto de buscar asilo, que está protegido por las leyes estadounidenses e internacionales.
"Buscar asilo es un derecho humano, no un delito, y las familias obligadas a huir para salvar sus vidas no deben ser tratadas como criminales", dijo Charanya Krishnaswami, directora de asesoría para las Américas de Amnistía Internacional en EUA.
Jeremy McKinney, tesorero de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) dijo en un comunicado: "Este es un golpe devastador para quienes buscan protección de persecuciones en la frontera de los EUA, ya que muchos más serán detenidos. Esta decisión amplía aún más la detención obligatoria y prolongada de personas que no son peligrosas ni riesgos de fuga, prácticas que son constitutivamente sospechosas y un desperdicio de dinero de los contribuyentes. Esta Administración está utilizando la detención como una espada contra el debido proceso y los principios humanitarios sobre los cuales se fundó nuestra nación".
Omar Jadwat, director del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles, declaró: "Este es el último ataque del Gobierno de Trump a las personas que huyen de la persecución y buscan refugio en los Estados Unidos. Nuestra Constitución no permite al Gobierno encerrar a los solicitantes de asilo sin el debido proceso básico. Veremos a la Administración en la corte".
Ya sea que la Constitución lo permita o no, la Corte Suprema de los Estados Unidos podría respaldar la acción antidemocrática de la Administración de Trump. Un fallo de la Corte Suprema el año pasado confirmó una versión modificada del veto a viajantes musulmanes, la cual era evidentemente inconstitucional, que prohíbe la entrada al país de viajantes y refugiados de siete países mayoritariamente musulmanes.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, que había sido el panel de apelaciones más liberal, fallando en contra del veto antimusulmán entre otras decisiones similares, se ha desplazado a la derecha con la incorporación de varios magistrados nominados por Trump. El tribunal de apelaciones emitió una orden el viernes pasado que obliga a los solicitantes de asilo que se presenten en los puertos de entrada a lo largo de la frontera entre los Estados Unidos y México a esperar en México mientras se resuelven sus reclamos.
Más de mil solicitantes de asilo de Centroamérica habían sido enviados de regreso a México bajo esta política, iniciada a fines de enero, hasta que fue amparada por un juez federal el 8 de abril. La acción del Noveno Circuito aprobó la orden de la corte inferior, permitiendo que la política de "Permanecer en México” volviera a ser vigente mientras continúan los procedimientos legales.
La orden del fiscal general Barr es parte de la reforma generalizada de la aplicación de la legislación de inmigración, ya que Trump exige el fin efectivo de la entrada de refugiados que buscan asilo en los Estados Unidos, desafiando el derecho internacional para hacer un llamamiento de tinte fascista a su base fundamental de fanáticos y nacionalistas antiinmigrantes.
La semana pasada, Trump despidió a su secretaria de Seguridad Nacional y varios otros funcionarios del DHS. Según informes, la Casa Blanca ahora está atacando a la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) del DHS, que está bajo la dirección de alguien leal a Trump, Lee Francis Cissna, pero que ha fracasado, según Trump y su principal asesor antiinmigrante Stephen Miller, en reprimir lo suficiente.
Los oficiales de USCIS realizan las entrevistas de los solicitantes de asilo y toman la determinación inicial sobre si el solicitante tiene un "temor creíble" de persecución si es devuelto a su país de origen. Alrededor del 75 por ciento de los solicitantes pasan esa prueba inicial. La Casa Blanca está presionando para lograr una reducción abrupta en esta tasa, pero esto requeriría un cambio en los estándares establecidos en la ley por el Congreso.
Los demócratas del Congreso no han montado una oposición seria a la última represión contra los inmigrantes. Después de una conferencia de dos días de los demócratas de la Cámara de Representantes en Leesburg, Virginia, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, emergió para descartar el tuit de Trump llamando a los demócratas "traidores" en la política de fronteras y declarándose todavía comprometida con un acuerdo de inmigración "general" con Trump. "No voy a renunciar al presidente por esto", dijo.
Ella se quejó de que, a pesar de su charla sobre una emergencia nacional, Trump "no ha utilizado lo que está específicamente en la frontera" en el proyecto de ley de gastos bipartidista aprobado en febrero.
El ala derecha de los demócratas de la Cámara de Representantes, la Coalición del Nuevo Demócrata, dijo a los reporteros que apoyarían fondos adicionales para detener a un gran número de inmigrantes y contratar jueces de inmigración adicionales para acelerar las audiencias y las deportaciones en masa.
La única objeción demócrata a la política de inmigración de Trump se produjo en respuesta a su charla sobre el envío de inmigrantes indocumentados cuyos casos están en espera de ser procesados a las llamadas "ciudades santuario", que restringen la cooperación de la policía local con las agencias federales de inmigración. Prácticamente todas estas ciudades están controladas por funcionarios demócratas.
Tres presidentes de comités demócratas enviaron una carta conjunta el martes a la Casa Blanca y al Departamento de Seguridad Nacional en busca de información sobre la propuesta y amenazando con citar a Stephen Miller para que testifique al respecto. La carta fue enviada por Bennie Thompson, presidente del Comité de Seguridad Nacional, Jerrold Nadler, presidente del Comité Judicial, y Elijah Cummings, presidente del Comité de Supervisión y Reforma.
"La Administración, no solo carece de la autoridad legal para transferir a los detenidos de esta manera, sino que es sorprendente que el presidente y los altos funcionarios de la Administración incluso estén considerando manipular las decisiones de liberación por razones puramente políticas", escribieron.
Tales interrogantes patéticas solo alientan las políticas viciosas antidemocráticas de la Administración de Trump, dirigidas tanto a inmigrantes legales como a indocumentados. Según un informe publicado el lunes en el Wall Street Journal, la Casa Blanca ahora está considerando un castigo colectivo contra los países cuyos ciudadanos tienen una alta tasa de visas de visitantes de corto plazo que se quedan más tiempo, comenzando por reducir el número de tales visas y escalar hasta una prohibición completa de nacionales de los países seleccionados, que incluyen las naciones africanas de Nigeria, Chad, Eritrea, Liberia y Sierra Leona.
El mismo artículo informó que se espera que la Administración "publique una regla que elimine la autorización de trabajo para los cónyuges de algunos titulares altamente calificados de visas H-1B". Continuó: "Y la Administración está considerando establecer una duración máxima de estadía autorizada para visas de estudiantes. Estos pasos muestran que la Administración de Trump está tratando de ajustar el marco legal en torno a la inmigración, un tema central para el presidente, mucho más allá de la tan discutida frontera sur”.
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(Publicado originalmente en inglés el 18 de abril de 2019)