La administración de Trump anunció el martes que 77.000 personas fueron detenidas cruzando la frontera en febrero, más que cualquier otro mes desde 2009.

Si bien la prensa burguesa ha tratado el anuncio como apoyo a la declaración de Trump de una emergencia nacional en la frontera, en realidad las cifras atestiguan el alcance de la devastación causada por el imperialismo estadounidense en los países centroamericanos de los cuales estas masas de trabajadores y campesinos están tratando de escapar.

El hecho de que tantas personas cruzaran la frontera en uno de los meses más fríos, incluso cuando Trump anunciaba su represión en la frontera, muestra los riesgos que estas personas empobrecidas están dispuestas a enfrentar en su desesperada huida de países como Honduras, El Salvador y Guatemala.

La represión fascista de la administración de Trump contra los inmigrantes se expandió el viernes a lo largo de la frontera sur en Nuevo México, donde la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detuvo a 180 inmigrantes el martes temprano.

El grupo estaba compuesto principalmente por familias centroamericanas y niños no acompañados cerca de Sunland Park, Nuevo México. Una mujer embarazada en el grupo experimentó un intenso dolor abdominal y tuvo que ser llevada al hospital directamente después de la detención. La semana pasada, una joven embarazada sufrió un aborto espontáneo mientras se encontraba en detención.

Para agravar el número total de detenciones en la frontera están las redadas a gran escala en los lugares de trabajo que continúan aumentando en todo el país.

El número de empresas seleccionadas para investigaciones en el lugar de trabajo ha aumentado más del 300 por ciento sólo en el último año. En 2018, las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) abrieron 6.848 investigaciones en el lugar de trabajo en comparación con las 1.691 de 2017, según un comunicado de prensa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Newsweek informó que desde 2016 hubo un aumento del 650 por ciento en los arrestos en el lugar de trabajo por parte de ICE.

En abril pasado, más de 100 trabajadores fueron detenidos en una planta empacadora de carne en Tennessee. A principios de este año, en enero, ICE arrestó a más de 200 personas en una redada en Carolina del Norte.

La mayoría de los arrestados en redadas eran de México. Sin embargo, también se incluyeron ciudadanos de Honduras, Venezuela, República Checa, Kazajstán, Perú, El Salvador, Guatemala, Colombia, Irán, Nigeria, Corea, Filipinas, Rumanía y el Reino Unido.

A lo largo de las redadas masivas en todo el país, los agentes de ICE se hicieron pasar por clientes, jornaleros y pintores para engañar y detener a los trabajadores. Los inmigrantes y defensores han notado que los trabajadores y sus comunidades utilizan cada vez más las redes sociales para alertarse entre sí sobre las operaciones de cumplimiento de la ley, los avistamientos y los puntos de control.

En respuesta a las recientes demandas judiciales presentadas contra ICE por la redada en abril de 2018 de casi 100 inmigrantes en una planta empacadora de carne en Tennessee, un portavoz de ICE dijo a NBC News que “la división de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE también enfocó los esfuerzos de ejecución en los empleadores que conscientemente contratan trabajadores no autorizados, junto con esos empleados”.

“El caso de la Disposición del Sudeste fue siempre una investigación criminal federal que también resultó en arrestos administrativos por inmigración”, dijo el portavoz. “Describir la operación como una acción de inmigración es inexacto; fue una investigación criminal federal que también resultó en arrestos por inmigración”.

Esta demagogia no enmascara la realidad de las redadas en el lugar de trabajo que se dirigen a la clase trabajadora. La mayor militarización de los lugares de trabajo en todo Estados Unidos se produce en medio del resurgimiento de la lucha de clases, como lo demuestra el movimiento de obreros fabriles en Matamoros, México, y las rebeliones de maestros en todo el mundo.

Ellen Holmes Brandis, maestra de español en la Preparatoria Riverside en Durham, Carolina del Norte, creó una petición para protestar contra el ataque masivo a más de 100 personas el mes pasado. “Esta es una carga adicional tanto para los profesionales de la escuela como para las familias afectadas”, escribió Brandis.

“Los estudiantes deben disfrutar de su infancia, divertirse aprendiendo cosas nuevas en la escuela, no sufrir presiones extremas debido a ICE. Está destrozando nuestra comunidad de muchas maneras, y no solo a nuestros estudiantes inmigrantes. Son todos los estudiantes. Nuestros estudiantes no inmigrantes temen por sus amigos”.

El día después de la redada de abril de 2018 en Tennessee, la redada de inmigración más grande en un lugar de trabajo en una década, la NBC informó de que 600 niños del distrito faltaron a la escuela. Jessica Bailiff, una maestra de física, dijo que cuando sus estudiantes ausentes regresaron, “solo se les leía en la cara miedo y tristeza”.

Los inmigrantes están en la primera línea del ataque a los derechos democráticos de la clase trabajadora. Se han erigido centros penitenciarios donde los inmigrantes pueden ser detenidos por tiempo indefinido, los derechos constitucionales a la ciudadanía por nacimiento son atacados, y el ICE funciona como una fuerza moderna de la Gestapo que atemoriza a la población entera.

Mientras tanto, el número de abusos y muertes tanto por agentes de ICE como de funcionarios de CBP sigue aumentando. En los últimos cuatro años, al menos 10 casos de asesinato, intento de asesinato, secuestro o violación a manos de agentes de la CBP han salido a la luz principalmente en la región del sur de Texas. Según los registros del gobierno revisados por el Daily Beast, el número de mujeres que sufrieron abortos involuntarios mientras se encontraba bajo custodia de ICE casi se duplicó de diez en 2016 a dieciocho en 2017.

Los partidarios de los inmigrantes también han sido objeto de ataques políticos. El mes pasado, cuatro acusados de No Más Muertes en Arizona fueron condenados por las autoridades federales por “tirar basura en el desierto” al dejar allí agua y ayuda para salvar vidas en el desierto de Sonora.

(Publicado originalmente en inglés el 6 de marzo de 2019)