En su discurso del “Estado de la Unión” la semana pasada, el mandatario estadounidense, Donald Trump continuó sus arremetidas racistas y fascistizantes contra los migrantes oprimidos centroamericanos que buscan asilo en Estados Unidos, retratándolos como ilegales empapados de drogas y violencia.

La diatriba de Trump se ganó los elogios del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien dijo, “es su derecho, es su visión, fue bastante respetuoso de nuestro Gobierno y eso se lo agradecemos porque nosotros estamos haciendo nuestro trabajo”.

Esta semana, el Gobierno de AMLO respondió con fuerza cuando alrededor de 2.000 inmigrantes detenidos en Piedras Negras, Coahuila, se rebelaron contra sus captores de la policía local y las fuerzas armadas federales. Los refugiados centroamericanos llevan nueve días detenidos por la policía mexicana a instancias Trump, justo al lado de la frontera de Eagle Pass, Texas.

Según Univisión, los migrantes fueron reprimidos físicamente por las fuerzas gubernamentales mexicanas el martes por la noche cuando un grupo intentó dejar la fábrica abandonada en donde están detenidos. El miércoles por la tarde, los migrantes comenzaron a volcar las mesas de la instalación en protesta por las pésimas condiciones del centro de detención. Los inmigrantes demandan un mejor acceso a comida y condiciones más salubres. Hay cientos de niños entre los detenidos.

El mes pasado, AMLO participó en la política “Quédate en México” de Trump, según la cual los solicitantes de asilo serán devueltos a México durante un cierto plazo mientras esperan una audiencia judicial en Estados Unidos. El Gobierno de AMLO ha permanecido en silencio pese a la acusación realizada por Amnistía Internacional el 1 de febrero de que la política de EUA y México no solo es “absolutamente ilegal” dado su objetivo de desalentar las solicitudes de asilo volviéndolas inaccesibles, sino también “infame y maliciosa”.

Si los inmigrantes permanecen en México por un periodo extendido, esto también permitirá que Estados Unidos arguya en la corte que ya no es necesario dar asilo en Estados Unidos porque México se ha vuelto un “tercer país seguro” en el que los migrantes han permanecido prolongadamente.

El Gobierno mexicano encubrió cínicamente su sumisión por medio de una política que permite que los migrantes se registren y obtengan identificaciones de visitantes por “razones humanitarias”. Las tarjetas permitirán que permanezcan en el país y trabajen por al menos un año. Según el Instituto Nacional de Migración de México, han expedido 12.000 tarjetas de visitantes.

Sin embargo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados dijo que solo el 46 por ciento de los solicitantes han recibido una tarjeta de visitante. Según la ACNUR, el 63 por ciento de los migrantes del Triángulo Norte de Centroamérica, que incluye Guatemala, Honduras y El Salvador, dejaron sus países por temor a violencia y siete de cada diez reporta que sus vidas estarían en peligro si regresaran.

Incluso si estos inmigrantes pudieren conseguir ciertos trabajos ocasionales en México, les pagarán lo mínimo posible dentro la miserable escala salarial mexicana. Si lograren escapar de las condiciones horrendas de detención en lugares como Piedras Negras, ellos y sus hijos compartirían las miserables condiciones de vida de los barrios pobres y sumidos en violencia a lo largo de la frontera estadounidense y ser relegados a tugurios y campamentos improvisados.

En otras palabras, se enfrentarán en gran medida a las mismas condiciones que aquellas de las que buscaban escapar, en muchos casos con los mismos perseguidores pandilleros en control de las comunidades.

Mientras que López Obrador da sermones sobre la necesidad de respetar los derechos de los inmigrantes, su nueva propuesta presupuestaria incluye un recorte del 20 por ciento para el fondo de atención a refugiados.

Como lo comentó Adam Isaacson de la Washington Office on Latin America al Financial Times, “Vas a dejar a cientos de inmigrantes sin recursos, una red de apoyo social ni un sistema”.

A cambio de colaborar en estas políticas barbáricas, el Gobierno mexicano ha recibido promesas de Washington de miles de millones de dólares en inversiones para permitir que la burguesía mexicana convierta los estados empobrecidos del extremo sur del país en plataformas de explotación de mano de obra barata por parte de las empresas estadounidenses.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 14 de febrero de 2019)