El martes, un juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos negó las solicitudes para poner fin al trabajo obligatorio no remunerado de los trabajadores afectados por el cierre parcial del gobierno. Se ha requerido que al menos 420,000 empleados federales trabajen, a pesar de la falta de fondos para múltiples agencias gubernamentales desde el 22 de diciembre. Otros 380,000 han sido suspendidos. Todos los 800.000 han perdido cheques de pago.

El juez Richard Leon declaró en su fallo que satisfacer la demanda más básica de los trabajadores—ser compensados por su trabajo—sería “profundamente irresponsable”. Continuó: “en el mejor caso crearía un caos, podría ser catastrófico ... No voy a poner en riesgo la vida de las personas”.

Sin embargo, eso es precisamente lo que significó el cierre para muchos empleados y contratistas federales, así como para aquellos que dependen de los servicios proporcionados por trabajadores suspendidos. A medida que se prolonga el cierre de 26 días, los trabajadores se ven obligados a saltearse las comidas, a racionar la atención médica, a elegir qué necesidades pagar y cuáles renunciar.

Al argumentar el caso en nombre de la Asociación Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (NATCA, por sus siglas en inglés), Molly Elkin dijo el martes: “Necesitamos que usted, juez, le dé a esta fuerza laboral la esperanza, que al menos una rama del gobierno estadounidense los respalde”. Leon no lo complació.

Bajo condiciones actuales, donde el presidente Donald Trump ha advertido que el cierre podría durar meses o años, el fallo es una punzante condena a las normas constitucionales incorporadas en la Enmienda 13, la cual prohíbe la esclavitud y la servidumbre.

El martes el tribunal escuchó los argumentos de tres litigios entablados por sindicatos y un grupo de empleados.

El Sindicato de Empleados del Tesoro Nacional (NTEU)—el cual incluye parte de los trabajadores del Servicio de Impuestos Internos (IRS), el Departamento de Agricultura, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y varias otras agencias afectadas por el cierre— solicitó al juez una orden de restricción para evitar al poder ejecutivo usar fondos obligatorios para el trabajo realizado que no hayan sido asignados por el Congreso. Argumentaron que la Ley Anti Deficiencia, prohíbe a las agencias gastar el dinero que no tienen y viola la Cláusula de Asignaciones de la Constitución. Al presentar sus argumentos, los abogados de NTEU también solicitaron una suspensión de su propia propuesta por tres días para permitir que el presidente Trump y el Congreso lleguen a un acuerdo.

La Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo (NATCA), —que se formó después de la descertificación de la Organización Profesional de Controladores de Tránsito Aéreo (PATCO), tras la derrota de su huelga de 1981—argumentó que el trabajo forzado no remunerado violó la Quinta Enmienda de la Constitución, privando a los empleados de su salario sin el debido proceso. Ellos están tratando de obligar al pago de los controladores de tránsito aéreo a través de los fondos del Departamento del Tesoro que no han sido afectados por el cierre.

Desde que comenzó el cierre, NATCA ha presionado por una solución limitada para garantizar que se pague a los controladores de tránsito aéreo, independientemente de lo que suceda con otros empleados federales, contratistas y el público.

El tercer argumento escuchado el martes involucró a un grupo de empleados anónimos que presentaron una demanda bajo la Enmienda 13. Reconocer que el trabajo obligatorio con pago demorado indefinidamente equivale a la esclavitud moderna se ha vuelto común en los lugares de trabajo federales y en las redes sociales. Los demandantes solicitaron una orden judicial para permitir que los trabajadores determinen por sí mismos si realizan un trabajo no remunerado.

El juez León negó todas estas solicitudes de acción inmediata.

El tercer argumento escuchado el martes involucró a un grupo de empleados anónimos que presentaron una demanda bajo la enmienda 13. Reconocer que el trabajo obligatorio con un pago demorado indefinidamente, equivale a la esclavitud moderna que se ha vuelto común en los lugares de trabajo federales y en las redes sociales. Los demandantes solicitaron una orden judicial para permitir que los trabajadores determinen por sí mismos si realizan un trabajo no remunerado.

El juez Leon negó todas estas solicitudes de acción inmediata.

Sin embargo, los sindicatos continuaron promoviendo ilusiones en la viabilidad del sistema judicial para defender los derechos de los trabajadores. “Obviamente estamos decepcionados que el juez no estuviera dispuesto a presentar el alivio que solicitamos”, dijo Michael Kator, abogado de los demandantes, “pero expresó su disposición a considerar nuestros argumentos”.

La próxima fecha de Corte no será programada sino hasta el 31 de enero, el cual constituiría el día 40 del cierre. Una decisión final podría estar a meses de distancia.

Una demanda separada de la Federación Americana de Empleados del Gobierno (AFGE) — el más grande de los sindicatos federales involucrados en el cierre—está buscando pagos atrasados y de daños causados a los trabajadores que fueron obligados a trabajar durante el cierre. Esta demanda, que no se escuchó el martes, es aún más improbable que resulte en un alivio inmediato. Más de 25,000 empleados aun esperando están una decisión favorable por daños causados relacionada con el cierre de 16 días en 2013.

Para los trabajadores federales, la mayoría de los cuales viven de cheque a cheque, esperar la resolución de estos casos es insostenible.

Mientras tanto, las agencias federales están avanzando con planes para forzar a trabajadores adicionales a trabajar sin remuneración. El IRS está llamando a gran parte de su fuerza laboral, hasta 46,000 empleados, para procesar las declaraciones de impuestos. Se espera que la Administración Federal de Aviación requiera que 2,200 inspectores de seguridad se reporten a su trabajo esta semana. La Administración de Alimentos y Medicamentos también ordenó recientemente que 500 regresaran a trabajar.

Cuanto más se prolongue el cierre, se hará más evidente que una parte importante de la clase dominante favorece su continuación para avanzar en una reestructuración de gran alcance de la fuerza laboral del sector público y los servicios proporcionados por el gobierno federal. El lunes, el presidente Trump compartió en Twitter un artículo de opinión de extrema derecha del Daily Caller, abogando por el uso del cierre para destruir las agencias federales. “Los empleados suspendidos deben encontrar otro trabajo, nunca regresar y no ser pagados”, escribió el autor, quien afirmó ser un anónimo alto funcionario de la administración.

Indudablemente, las privaciones empujar a muchos de los elegibles para la jubilación que lo hagan. Los demás que no puedan o no quieran soportar la incertidumbre de cuándo llegará el próximo cheque de sueldo, simplemente renunciarán. Ya han surgido informes que algunos de los evaluadores de la Administración de Seguridad del Transporte, entre los trabajadores federales peor pagados, han comenzado a buscar otro trabajo.

La estrategia de los sindicatos fue articulada por el presidente de NTEU, Tony Reardon, en una declaración previa a la decisión del juez Leon. “Hemos pedido a nuestros funcionarios electos que pongan fin a este desastre”, dijo. “Ahora estamos pidiendo a un juez federal”.

Mientras débilmente apelan al Congreso y a los tribunales, los sindicatos están trabajando conscientemente para aislar a los trabajadores federales, incluyendo a los 30,000 educadores que están actualmente en huelga en Los Ángeles, y prevenir cualquier brote de acción laboral coordinada. Para los sindicatos es inadmisible cualquier rechazo por parte de los trabajadores a la ley reaccionaria Taft-Hartley, la cual prohibió las huelgas de los trabajadores federales. Sostienen la huelga de PATCO como una lección para que los trabajadores aprendan lo que les sucede a aquellos que se atreven a defenderse.

En realidad, la huelga de PATCO marcó una transición en las relaciones de clase en la cual la clase dominante rechazó una política anterior de compromiso de clase y comenzó un ataque agudo y sostenido contra las ganancias de la clase trabajadora. Planteaba concretamente la necesidad de movilizar a otros sectores de los trabajadores en una contraofensiva conjunta. La burocracia de la AFL-CIO, sin embargo, rechazó esto y se convirtió en un cómplice de la administración Reagan saboteando la lucha de los huelguistas de PATCO.

Veintiocho años más tarde, AFGE, NTEU y NATAC son hostiles a cualquier esfuerzo de los trabajadores para ejercer su poder, sin hablar de vincular a todos los sectores de trabajadores en una lucha común. Los trabajadores de la TSA, los controladores de tráfico aéreo y otros podrían llevar el cierre del gobierno a un punto muerto, clausurando el tráfico aéreo y otras funciones económicas vitales.

Sin embargo, tal lucha solo puede tener éxito si los trabajadores reconocen la necesidad de romper con las ilusiones en ambos partidos políticos, los tribunales y la trampa de los sindicatos, los cuales están integrados completamente en el aparato del Partido Demócrata. Los verdaderos aliados de los trabajadores son los maestros en huelga de Los Ángeles y otros trabajadores del sector público y privado que han sufrido un ataque incesante a sus niveles de vida.

(Publicado originalmente en inglés el 17 de enero de 2019)