En un ataque flagrante contra la Constitución de los Estados Unidos y los derechos democráticos básicos, el presidente Trump reveló en una entrevista publicada el martes por la mañana que planea emitir una orden ejecutiva para poner fin a la ciudadanía por nacimiento. No dio detalles de cuándo emitiría la orden o cómo la haría cumplir. Solo declaró al programa "Axios on HBO" que los abogados de la Casa Blanca ya dieron su aprobación.
Tal orden se aplicaría inmediatamente a los casi 300.000 niños nacidos de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos cada año. Si se aplica de manera retroactiva, privaría a millones de jóvenes de los derechos de ciudadanía. Según una estimación, tal paso duplicaría a la población de "inmigrantes ilegales" de la noche a la mañana, aumentando a 24 millones el número que enfrenta las redadas de terror, detención y deportación masiva llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, todas las siglas en inglés).
La amenaza de Trump, ya sea que la lleve a cabo o no, es un paso significativo hacia una dictadura presidencial en Estados Unidos. Es la primera vez que un presidente reclama el derecho de reescribir el texto de la Constitución para adaptarlo según sus preferencias políticas. Se opone al lenguaje sencillo de la propia Constitución, que se reserva el derecho de enmendar la Constitución al Congreso, por una mayoría de dos tercios de cada cámara, seguida de la ratificación en dos tercios de los estados.
Si un presidente puede reescribir la Decimocuarta Enmienda, alegando que la inmigración representa una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, ¿por qué no la Primera Enmienda, que garantiza la libertad de expresión, reunión y prensa, en condiciones en las que el presidente ha calificado a la prensa como "el enemigo del pueblo”? ¿Por qué no podría deshacerse de la protección de la Cuarta Enmienda contra los registros ilegales o la garantía de la Quinta Enmienda del debido proceso y la protección contra la autoincriminación, todo en el nombre de apoyar a “nuestros excelentes oficiales de policía”, como diría Trump?
A pesar de la afirmación de Trump de que sus propios abogados de la Casa Blanca apoyan su derecho a "reinterpretar" la Decimocuarta Enmienda, no existe una verdadera disputa legal sobre si la Decimocuarta Enmienda establece la ciudadanía por derecho de nacimiento. La Corte Suprema lo determinó así en el caso de 1898 de Estados Unidos v s . Wong Kim Ark. Cada fallo del tribunal desde entonces ha reforzado ese precedente, al tiempo que ha extendido explícitamente el lenguaje del "debido proceso" y la "igual protección de la ley", que también se encuentran en la Decimocuarta Enmienda, a los inmigrantes indocumentados.
La Decimocuarta Enmienda fue ratificada en 1868, tres años después de que se acabara la Guerra Civil de que se ratificara la Decimotercera Enmienda, la cual abolió formalmente la esclavitud. La enmienda fue necesaria para suprimir los esfuerzos de los antiguos estados confederados de negar la ciudadanía y otros derechos políticos y legales a los antiguos esclavos, y para revertir el precedente legal de la notoria decisión de la Corte Suprema en Dred Scott v. Sandford (1857), dictaminando que los negros no tenían derechos legales o de ciudadanía, independientemente de si eran esclavos o libres.
La primera oración de la Decimocuarta Enmienda define lo que ahora se denomina la ciudadanía por nacimiento: "Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen".
Las palabras "sujetas a su jurisdicción" se incluyeron para hacer una excepción para los hijos de enviados extranjeros, que gozaban de inmunidad diplomática y, por lo tanto, no estaban sujetos a las leyes estadounidenses. Todos los demás niños nacidos en suelo estadounidense eran ciudadanos con plenos derechos legales desde el momento de su nacimiento. La intención del Congreso de promulgar la enmienda, de aplicarla a los hijos de inmigrantes, así como a los de los exesclavos, quedó clara en los debates del Congreso, en los que los senadores declararon explícitamente que los hijos de trabajadores chinos en California serían cubiertos.
El derecho a la ciudadanía por nacimiento ha sido atacado en las últimas dos décadas por grupos de ultraderecha y antiinmigrantes, principalmente pero no exclusivamente en la órbita del Partido Republicano.
El exlíder de la mayoría en el Senado, Harry Reid, uno de los demócratas más poderosos de Washington, presentó la Ley de Estabilización de la Inmigración en 1993 con la declaración de que "ningún país sano" permitiría la ciudadanía por nacimiento porque brindaba un "incentivo para que mujeres embarazadas y extranjeras ingresen a los Estados Unidos ilegalmente ... con el propósito de adquirir la ciudadanía y los beneficios financieros federales acompañantes para el hijo".
En 2010, varios senadores republicanos expresaron su apoyo a poner fin a la ciudadanía por nacimiento, o al menos celebrar audiencias sobre el tema, incluidos el entonces líder de la minoría, Mitch McConnell, el candidato presidencial de 2008, John McCain, Lindsey Graham y Jeff Sessions, ahora fiscal general de Trump.
En 2015, Trump utilizó el tema de derogar el derecho a la ciudadanía por nacimiento como una parte importante de su campaña para la nominación presidencial republicana, que inició por medio de una diatriba racista contra los inmigrantes mexicanos, vilipendiándolos como violadores y asesinos. En el transcurso de la campaña, muchos de sus rivales republicanos llegaron a esa posición, incluido el senador por Texas, Ted Cruz, y Ben Carson, ahora secretario de Vivienda de Trump.
Pero ni en 2010 o 2015-2016, siquiera se sugirió que la ciudadanía por nacimiento pudiera ser abolida a través de una orden ejecutiva. En general, tanto partidarios como opositores aceptaron que un cambio tan claro y dramático en la Decimocuarta Enmienda solo hubiera sido posible mediante la aprobación de otra enmienda constitucional.
Como suele ser el caso con Trump, respaldó su reclamo de autoridad presidencial para enmendar la Constitución con una serie de mentiras, declarando: "Somos el único país del mundo donde una persona viene y tiene un bebé, y el bebé es esencialmente un ciudadano de los Estados Unidos por 85 años, con todos esos beneficios".
En realidad, 29 de las 34 naciones en el hemisferio occidental, que se desarrollaron con base en inmigraciones masivas, otorgan la ciudadanía automática a todos aquellos nacidos dentro de sus fronteras. Además de los Estados Unidos, la lista incluye a Canadá, México, Brasil, Argentina, Perú, Venezuela, Chile, Cuba y los países centroamericanos cuyos ciudadanos están huyendo para escapar de la violencia, la represión y la pobreza, los resultados de las intervenciones y opresión del imperialismo estadounidense.
La independencia de todos estos países ocurrió bajo la sombra histórica de la Revolución Estadounidense, que estableció una república que no se basó en la raza, la religión, el origen étnico o incluso la geografía, sino en los ideales de la Ilustración. Esta herencia democrática es lo que Trump está tratando de terminar con sus llamados a un nacionalismo estadounidense definido por la hostilidad hacia los enemigos en el exterior y en suelo nacional. Esto apesta al nacionalismo de "sangre y tierra" que los nazis avanzaban además de que arroja luz al vínculo intrínseco del nacionalismo de Trump con el autoritarismo.
La reacción de los medios de comunicación a la propuesta de Trump de un ataque masivo y fundamental a toda la estructura constitucional de los Estados Unidos, redefiniendo la naturaleza de la ciudadanía y ampliando enormemente los poderes del Ejecutivo, ha sido superficial y poco seria.
El New York Times, como de costumbre, marcó la pauta con un "análisis de noticias" que desestimó la amenaza de una orden ejecutiva de Trump, alegando: "La declaración sonaba más como un truco político que como un argumento legal razonado, y el momento en que lo hizo, una semana antes de las elecciones de medio término, es sospechoso. Tampoco estaba claro qué diría la orden ejecutiva o cómo podría cambiar el significado de la Constitución".
El martes por la noche, los noticieros televisivos habían relegado la propuesta del presidente de rescribir la Constitución de los EUA a solo una de las muchas noticias, mientras que ABC News destacó prominentemente la refutación del presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, quien dijo a una emisora de radio: "No se puede poner fin a la ciudadanía por nacimiento con una orden ejecutiva. Como conservador, soy un creyente en seguir el texto simple de la Constitución, y creo que en este caso, la Decimocuarta Enmienda es bastante clara, y eso implicaría un proceso constitucional muy, muy largo".
Ryan, sin embargo, se está retirando, en gran medida debido a su falta de influencia en la Administración de Trump. Otros líderes republicanos en el Congreso o bien guardaron silencio, como el líder de la mayoría Mitch McConnell, o lo apoyaron abiertamente.
El presidente de la comisión de asuntos judiciales del Senado, Charles Grassley (R-Iowa), dijo que el derecho a la ciudadanía por nacimiento aplica a los inmigrantes legales, pero afirmó, falsamente, que hay "un debate entre los eruditos legales sobre si ese derecho se extiende a los hijos de inmigrantes ilegales". Grassley encabezó los esfuerzos para confirmar al juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh, quien sería parte de cualquier revisión judicial de los desafíos legales a una orden ejecutiva de Trump.
No hay duda de que hay un componente electoral en el momento del anuncio de Trump, viniendo tras una serie de ataques altamente publicitados contra inmigrantes, incluido el despliegue el lunes de 5.200 tropas fuertemente armadas a la frontera entre México y Estados Unidos, un envío mayor al número de soldados actualmente en Irak o Siria, a fin de bloquear la entrada de la caravana de refugiados centroamericanos que aún se encuentra a varias semanas del territorio estadounidense.
Pero hay más detrás de este anuncio que un esfuerzo de última hora para despertar a su "base" de racistas y chovinistas. Trump ha pasado los últimos dos años sentando las bases de un movimiento extraparlamentario de tendencia fascista. Estos esfuerzos solo se intensificarán si los republicanos pierden el control de una o ambas cámaras del Congreso el 6 de noviembre.
(Publicado originalmente en inglés el 31 de octubre de 2018)
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