Marruecos ha renovado su campaña contra miles de inmigrantes que intentan ingresar a Europa a través de los enclaves de Ceuta y Melilla en el norte de África y en barco a través del Mar Mediterráneo. Esto se produce después de que la Unión Europea (UE) anunciara que estaba desbloqueando más fondos para operaciones antiinmigrantes tanto en Marruecos como en Túnez.

Según la ONG Caminando Fronteras, las redadas de las fuerzas de seguridad marroquíes dejaron dos jóvenes muertos, uno de los cuales, Moumoune, tenía solo 16 años. Un video apareció más tarde mostrando sus cuerpos golpeados tirados en el piso esposados.

La Asociación Marroquí para los Derechos Humanos informa que durante las últimas dos semanas se han intensificado las redadas y detenciones de migrantes en las ciudades marroquíes cercanas a Ceuta y Melilla. En Nador, la policía marroquí asaltó campamentos y departamentos de inmigrantes sin órdenes judiciales y los llevó en camiones al sur, a cientos de millas de la costa.

“Esta es una operación que es parte de la lucha contra la inmigración ilegal”, dijo un funcionario marroquí, que cínicamente afirmó que los detenidos habían sido “trasladados a ciudades donde las condiciones de vida son mejores”.

Ese “mejor” lugar no es otro que el desierto del Sahara.

A instancias de España y la UE, el gobierno marroquí emplea ahora la política asesina de la vecina Argelia, que durante el último año y medio ha reunido y arrojado a más de 13.000 refugiados y migrantes en el desierto, donde muchos de ellos han muerto de sed, hambre y de frío.

La catástrofe que se desarrolla en Marruecos es un resultado directo de la política de la “Europa Fortaleza” de la UE y el cierre de otras rutas de entrada a Europa. Según las Naciones Unidas, más de 28.000 personas han llegado a España desde Marruecos este año, cerca del total de todo 2017.

La brutal represión del gobierno marroquí fue sancionada en los niveles más altos de la UE. Uno de los grupos de presión clave para obtener más fondos para Marruecos fue el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que llegó al poder con el apoyo del partido pseudoizquierdista Podemos en junio.

A principios de julio, la UE aprobó un fondo de 55 millones de euros para ayudar a Marruecos y Túnez en la represión. La semana pasada, en la región de Andalucía, en el sur de España, la canciller alemana Angela Merkel se reunió con el presidente del gobierno del PSOE, Pedro Sánchez. Durante su reunión, Merkel declaró: “Tenemos que intensificar nuestro apoyo a Marruecos y Túnez. Son países fronterizos y necesitan nuestra ayuda”. Sánchez dijo que habían acordado “intensificar el diálogo y la cooperación con los países de origen y tránsito” de migrantes, lo que solo puede significar una mayor represión contra los trabajadores migrantes.

Hace dos meses, Sánchez fue calificado como la alternativa “humanitaria” al anterior gobierno del Partido Popular (PP) y gobiernos de extrema derecha en la UE cuando anunció —inmediatamente después de su asunción como presidente del gobierno— que España ofrecería refugio seguro a los 630 trabajadores migrantes a bordo del barco de rescate Aquarius, después de haber sido rechazados por Italia y Malta.

Podemos defendió el gesto simbólico fraudulento de Sánchez conociendo muy bien la despreciable historia antiinmigrante del PSOE. La portavoz en el Congreso de Podemos, Ione Belarra, declaró que el partido estaba “satisfecho” de que el gobierno del PSOE hubiera permitido que el Aquarius atracara, y agregó: “Nos complace que este gobierno haya comenzado a avanzar en el camino de los derechos humanos y la garantía del derecho de asilo”. Ella suplicó al PSOE que se diera cuenta de que “siempre nos encontrará si estamos hablando de dar la bienvenida a personas que arriesgan sus vidas en el mar y que tienen derecho a ser salvadas”.

Todavía estaba fresca la tinta en la autorización de “puerto seguro” para el Aquarius cuando el PSOE mostró su verdadero rostro.

Sánchez ahora defiende abiertamente la deportación sumaria de migrantes de las fronteras de Ceuta y Melilla, una práctica condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las Naciones Unidas. El mes pasado, los migrantes que escalaban la cerca de alambre de púas fueron arrestados por la Guardia Civil, esposados y devueltos a Marruecos sin que siquiera se verificara su identidad. Fue ignorado su derecho a explicar sus circunstancias personales o a recibir la asistencia de abogados, intérpretes o personal médico.

Esta política dio un giro nuevo y ominoso el jueves, cuando las autoridades españolas llevaron a cabo una extraordinaria expulsión masiva de inmigrantes, devolviendo a 116 personas a apenas 24 horas de que lograran escalar la valla que separa a Marruecos del enclave español de Ceuta.

La operación, que involucró tanto a la Guardia Civil como a la Policía Nacional, se llevó a cabo bajo un acuerdo bilateral de 1992 entre España y Marruecos, que hasta ahora venía siendo en gran parte letra muerta debido a la negativa de las autoridades marroquíes a cumplir sus términos. Incluso España había tratado previamente de aplicar el acuerdo únicamente a los marroquíes, no a los africanos subsaharianos que ingresaban a Ceuta. El Ministerio del Interior español dijo el jueves que el acuerdo ha sido “reactivado” y agregó que fue el resultado de “la buena relación con Marruecos en términos de política de inmigración”.

La ONG Caminando Fronteras denunció la acción como una “expulsión colectiva” y “un paso más en la violación de los derechos humanos” por parte de Madrid.

El gobierno del PSOE también ha defendido la posición del anterior gobierno del PP, que apeló la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la deportación en España de dos inmigrantes en 2014.

El PSOE emplea los mismos argumentos que el PP que afirma que la política de España no es “expulsión” sino “impedir la entrada” y como los migrantes “no lograron superar la línea policial” no entraron en la “jurisdicción española”.

La semana pasada, el gobierno de Sánchez reaccionó a otra misión de rescate de 141 trabajadores migratorios por parte del barco Aquarius, alegando que ya no había una “emergencia” y que España “no era el puerto más seguro”. Solo después de las negociaciones con otros seis países de la UE, Madrid dijo que aceptaría a 60 personas.

El gobierno del PSOE continúa con la trillada política antiinmigrante del partido.

Fue bajo el gobierno del PSOE del presidente Felipe González que España creó sus primeros centros de detención de inmigrantes en 1985. Aunque se hicieron famosos por funcionar como cárceles, donde los inmigrantes son encerrados en celdas y sometidos a malos tratos y abusos por parte de la policía, Fernando Grande-Marlaska, entonces juez, pero ahora el actual ministro del Interior, dictaminó que “no violan los derechos humanos”.

La política de deportación sumaria se inició bajo González en 1995 y fue confirmada por todos los gobiernos desde entonces. Fue consagrada en la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 por el gobierno del PP. Luego, el PSOE se hizo pasar por un oponente, y Soraya Rodríguez, exportavoz, pontificó que el gobierno del PP “detiene las deportaciones a Marruecos porque son ilegales y no pueden mantenerse”.

La valla fronteriza original erigida alrededor de Melilla y Ceuta fue construida por el gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005. Constaba de 11 kilómetros de cercas paralelas de tres metros con alambre de púas, postes de vigilancia regulares, circuito cerrado de televisión, focos, sensores de ruido y movimiento, y un camino que corre entre ellas para las patrullas de la policía. Con los años se ha incrementado a seis metros, con satélites y drones no tripulados.

Las políticas antiinmigrantes de la clase dominante no tienen apoyo popular. El año pasado, cientos de miles de manifestantes tomaron las calles de Barcelona en oposición al gobierno del PP bajo el lema “No más muertes, abrir las fronteras”. Fue la manifestación más grande celebrada hasta ahora en Europa en defensa de los refugiados y fronteras abiertas.

Un caso reciente del que informó eldiario.org da una idea de la gran simpatía que existe hacia los inmigrantes africanos.

La periodista Violeta Muñoz estaba disfrutando de la playa en Andalucía cuando vio a unos 50 inmigrantes que llegaban en un bote después del peligroso cruce por el Mediterráneo. La gente los vitoreó diciendo “bravo, sois tan valientes” y les dio bebidas. Les explicaron a los inmigrantes lo mejor que pudieron en español y en lenguaje de señas cómo salir de la playa sin ser atrapados por la policía.

Cuando la policía llegó y los arrestó, la gente les gritó: “Me daría tanta vergüenza”, “No han hecho nada, déjenlos en paz”, “Tienen que pillar a los que venden drogas”. Otros gritaban “pero si son solo niños”. Una mujer dijo “vergüenza, vergüenza, ¿han hecho algo malo? Ojalá no duermas en paz”.

Tal escena personifica el abismo que existe entre el establishment de la clase dominante, incluidos el PSOE y Podemos, y la mayoría de la población, que se opone a los ataques contra los derechos democráticos, la austeridad, la guerra y el militarismo. Subraya ante todo que no puede haber una defensa real de los inmigrantes fuera de un movimiento internacional y socialista de la clase trabajadora contra la guerra y el régimen de Estado policial.

(Publicado originalmente en inglés el 24 de agosto de 2018)