El sábado 18 de agosto, grupos ultraderechistas y abiertamente fascistas realizaron ataques pogromistas contra inmigrantes nicaragüenses en el centro de San José, Costa Rica.

Un centenar de matones agrupados en docenas marcharon en varios de los principales parques y avenidas de la ciudad armados con cuchillos, bates y bombas molotov. El número preciso de participantes en cada lugar era difícil de determinar, debido a los cientos de peatones y observadores. Algunos de los participantes amenazaron con “matar” y “quemar” a los nicaragüenses. El blanco central fue el parque La Merced, conocido como un punto de encuentro para los inmigrantes de dicha nacionalidad.

El Ministerio de Seguridad Pública reportó que 44 personas fueron arrestadas, 38 costarricenses y 6 nicaragüenses, mientras que fueron confiscados 16 cuchillos, un bate y 8 bombas molotov. Estas últimas fueron encontradas en un maletín dejado en el parque La Merced.

Algunos de aquellos presentes estaban utilizando insignias nazis, con el ministro de seguridad describiendo a los atacantes como “miembros de barras deportivas, seguidores de ideologías nazis y anarquistas”. Los detenidos costarricenses fueron liberados inmediatamente después de recibir el parte policial, con la mayoría de ellos presuntamente con expedientes criminales, mientras que los nicaragüenses fueron detenidos más tiempo para revisar su estatus migratorio.

El jefe de la policía, Randall Picado, describió la escena: “La gente llegó, canto el himno y puso la bandera. Pero, de repente, un grupo de ellos empezó a hacer recorridos por el parque y a entonar canciones xenofóbicas contra los nicaragüenses…. Nicaragüense que los volvía a ver, de una vez lo agredían”. La intervención policial, sin embargo, estaba completamente planificada con el objetivo, como mucho, de moderar la violencia contra los nicaragüenses, con algunos de los policías participando en ella”.

“Desde que yo vivo aquí [desde hace 19 años], nunca habíamos aguantado una humillación así… Nos decían: ‘Nicas, hijos de tal. Váyanse, asesinos, ladrones’, y se nos tiraban encima”, le describió María Andrea García a La Nación. Añadió: “La policía no hacía nada. Más bien, golpeaban a los nicaragüenses y nos decían: No están en su país. Váyanse, perros”.

Durante las últimas semanas, la policía ha participado junto a las autoridades migratorias en detener a cientos de inmigrantes indocumentados en estos mismos parques como parte de procedimientos de deportación.

El vocero del Gobierno, Juan Carlos Mendoza, describió los incidentes como “inéditos en la historia de Costa Rica”. El presidente Carlos Alvarado advirtió “no caer en provocaciones o llamados al odio”. Sin embargo, inmediatamente presumió sobre las nuevas capacidades policiales-estatales para “deportar del país y de manera expedita todas aquellas personas con perfiles no deseados”, afirmando, “entiendo la preocupación que expresan muchos costarricenses” sobre el supuesto “riesgo a la seguridad nacional” que representa la inmigración.

Lejos de buscar combatir la atmósfera pogromista, Alvarado ha fomentado un chauvinismo “patriótico” desde su campaña electoral, explotándolo para justificar su continua expansión de la policía, las unidades migratorias y servicios de inteligencia, los cuales serán dirigidos contra toda forma de oposición social. La siguiente mañana, Alvarado anunció la incorporación de 98 nuevos oficiales a la policía migratoria.

Miles han mostrado interés en línea en participar en una marcha contra la xenofobia el sábado, organizada por grupos prorrefugiados. La oposición generalizada a las políticas y los ataques antiinmigrantes entre los trabajadores y la juventud —una encuesta del 2016 muestra que solo el 10,6 por ciento de los costarricenses cree que los nicaragüenses “no deberían venir, generan problemas”— necesita ser movilizada para defender activamente a los inmigrantes de ataques y de deportaciones, tanto en centros de trabajo como en las comunidades.

El 13 de enero, policías fuertemente armados y oficiales de inmigración irrumpieron una manifestación pacífica de más de 100 trabajadores protestando el despido arbitrario de 60 de sus compañeros de trabajo en una plantación piñera en Los Chiles. Varios de los trabajadores nicaragüenses que participaban en el piquete fueron arrestados para ser procesados y deportados.

Al componer aproximadamente 8 por ciento de la población costarricense, los nicaragüenses son una parte integral de la clase obrera en el país, la cual está vinculada a Nicaragua por innumerables lazos familiares, económicos y culturales

Todos los ataques contra los trabajadores nicaragüenses por parte de los Estados de Costa Rica y Nicaragua —ambos a instancias del principal inversionista en la región, el imperialismo estadounidense— serán, en última instancia, utilizados para socavar las luchas de los trabajadores en ambos países. Esto presenta una necesidad urgente para unir conscientemente a los trabajadores que están entrando en lucha en ambos lados de la frontera bajo un programa socialista e internacionalista, el cual llama a derribar los pesos muertos del sistema del Estado nación y del capitalismo.

Los atacantes fascistas el sábado cantaron frecuentemente “Costa Rica Libre”, que corresponde, junto con varias de las cuentas en redes sociales promoviendo la marcha, con el Movimiento Costa Rica Libre, una notoria organización fascista. Se formó como un grupo paramilitar para llevar a cabo ataques violentos contra una ola de manifestaciones obreras y estudiantiles en Costa Rica durante los años setenta y ochenta, junto con ataques xenofóbicos contra nicaragüenses en Costa Rica y un apoyo militar a las Contras terroristas respaldadas por EUA.

Después de más de tres décadas de políticas antiobreras dirigidas a crear las condiciones más lucrativas posibles para el capital extranjero y nacional, la desigualdad social en Costa Rica ha alcanzado nuevas alturas, con niveles de pobreza que permanecen por encima del 20 por ciento y un desempleo del 10,3 por ciento, según el Banco Central.

El enojo social crece rápido hacia el alto desempleo; el estado devastado de la educación pública, la salud, vivienda y otra infraestructura social; la corrupción generalizada; el número récord de homicidio y otros índices de crimen. Como respuesta, cada sector de la élite política costarricense está utilizando como chivo expiatorio a la nueva ola de inmigrantes que buscan escapar de la brutal represión y crisis económica en Nicaragua.

El Gobierno ha rechazado más de mil solicitudes de refugio este año, citando “registros criminales”. Esto es parte de una tendencia nociva. Costa Rica deportó a 549 nicaragüenses en el 2017 —antes de la actual ola de migración— comparado con 262 en el 2016. El año pasado, rechazó la entrada en la frontera a 14.330 nicaragüenses, comparado con 6.754 en el 2016.

Como parte de la mortal represión emprendida por el Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua contra manifestaciones que iniciaron a mediados de abril para protestar recortes a pensiones, más de 2.000 nicaragüenses han sido arrestados arbitrariamente, con 480 de ellos que permanecen detenidos, según organizaciones defensoras de derechos. La ONU ha denunciado “detenciones colectivas”, mientras que el número de muertos se estima entre 317 y 448.

Varias cuentas de Facebook están llamando a realizar más “manifestaciones” antinicaragüenses durante el resto de agosto y setiembre. El más grande de estos grupos derechistas es “Costa Rica Unida”, con más de 158.000 miembros, y es administrada por David Segura, legislador del evangélico Partido Restauración Nacional (PRN). Otra figura clave en este movimiento ultraderechista es Marvin Rojas Ramírez. El viernes, publicó un video viso más de 100.000 veces en el que describe recibir apoyo y retroalimentación de altos oficiales en instituciones estatales. “Somos un grupo grande y estamos organizándonos”, manifiesta, “en los próximos días estaremos dando las fechas y lugares donde vamos a reunirnos”.

La Nación reportó que hubo una “ola” de historias falsas compartidas decenas de miles de veces en las redes sociales para atizar sentimientos antiinmigrantes en el periodo previo a la marcha del sábado. Sin embargo, los esfuerzos de este periódico y varios comentaristas en otros medios para presentar los ataques como el resultado de “noticias falsas” tiene como fin encauzar la amplia repulsión de los trabajadores y la juventud hacia estos ataques xenofóbicos detrás de una agenda igual de ominosa y autoritaria.

El 10 de agosto, Facebook suspendió por 48 horas la página “Por un nuevo ejército costarricense”, la cual llama a construir una fuerza paramilitar para ser desplegada contra ciudadanos nicaragüenses. Tiene más de 27.000 “me gusta” y expresa apoyo político hacia los fascistas de “Costa Rica Libre”. Las acciones de Facebook constituyen un ataque directo a la libertad de expresión y serán utilizadas por el Gobierno y las corporaciones tecnológicas como precedente para expandir la censura contra medios de comunicación socialistas e izquierdistas.

El crecimiento de apoyo a la ultraderecha es fundamentalmente la responsabilidad política de partidos pseudoizquierdistas como Frente Amplio y los sindicatos, los cuales se han dedicado a suprimir la lucha de clases por décadas y están ahora en gran parte alineados con el Gobierno de Alvarado. Consecuentemente, en las elecciones generales de febrero, la extrema derecha evangélica encabezada por el PRN, la cual está adoptando una postura antiinmigrante cada vez más manifiesta, se convirtió en la principal oposición en el Congreso y en la única fuerza política significativa que afirma combatir los paquetes austeros y fiscales siendo impuestos.

El resto de América Latina también está siendo testigo de la promoción de sentimientos antiinmigrantes, a medida que las catástrofes sociales por todo el mundo continúan forzando a millones a escapar. Por ejemplo, alrededor de 1.200 venezolanos se vieron obligados a evacuar el pueblo brasileño de Pacaraima, después de que cientos de personas los atacaran y quemaran sus pertenencias y tiendas de campaña.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 22 de agosto de 2018)