Después de una amplia victoria en las elecciones presidenciales mexicanas, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ha propuesto un gabinete para su término de 6 años dominado por figuras claves de previos Gobiernos reaccionarios bajo el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN).
AMLO, cuya coalición incluye a Morena, el derechista y evangélico Partido Encuentro Social (PES) y el Partido del Trabajo (PT), obtuvo más votos que cualquier otro candidato presidencial mexicano en la historia y más del doble de votos que el segundo lugar, Ricardo Anaya, cuya coalición incluye el derechista Partido Acción Nacional (PAN) y el centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).
La coalición liderada por Morena tendrá una gran mayoría en ambas cámaras del Congreso y la alcaldía de la Ciudad de México, la segunda ciudad más grande de América Latina. Morena también obtuvo cinco de las nueve gubernaturas votadas. Los nuevos Gobiernos federales y estatales tomarán posesión el 1 de diciembre.
Los resultados de las elecciones constituyen una nueva indicación de un giro hacia la izquierda en la población. Más de 30 millones de personas votaron por AMLO y Morena, muchos de ellos basándose en la ilusión de que la nueva Administración implementará medidas para abordar la desigualdad desenfrenada, el avanzado estado de militarización del país y la difícil situación de los inmigrantes en ambos lados de la frontera.
Los estudios han demostrado que el poder adquisitivo de la población ha disminuido hasta en un 80 por ciento en las últimas tres décadas, mientras que la tasa de homicidios es equivalente, si no peor, a países asolados por guerras. Destacando la colaboración del Gobierno mexicano con el aparato de deportación de los Estados Unidos, un informe reciente de la BBC reveló que el Gobierno mexicano detuvo, a menudo en condiciones deplorables, y deportó a más de 138.000 niños centroamericanos durante el Gobierno saliente de Peña Nieto.
El gabinete de AMLO es muy similar al que propuso en diciembre pasado. Mientras que los medios y la pseudoizquierda han elogiado la composición de género "progresista" de su gabinete (ocho hombres y ocho mujeres), el nombramiento de figuras conocidas de Administraciones anteriores es otra garantía para los poderes establecidos de que el próximo mandatario es un político burgués "responsable" en quien pueden confiar para salvaguardar sus intereses.
Esteban Moctezuma, propuesto como secretario de Educación, fue un secretario de Gobernación y de Desarrollo Social bajo el expresidente del PRI, Ernesto Zedillo (1994-2000). El miércoles, Moctezuma declaró que las evaluaciones nacionales de docentes se mantendrían en su lugar, aunque con disposiciones eliminadas que vinculan los puntajes con contratos y salarios. También afirmó que los maestros que pierdan días por huelga serán castigados por las autoridades escolares y los sindicatos. En junio, los sindicatos de maestros traicionaron una huelga de más de 80.000 docentes, instándolos a votar por AMLO como una supuesta solución a sus demandas. Esto ha sido expuesto como un fraude reaccionario.
Para el cargo de secretario de Gobernación, AMLO ha seleccionado a Olga Sánchez Cordero Dávila, exmagistrada de la Corte Suprema de México, designada por Zedillo. Sánchez Cordero ya ha respaldado la promesa de la campaña de AMLO de desmantelar la agencia de inteligencia mexicana Cisen. La agencia fue atacada el año pasado luego de que una investigación del New York Times revelara que el Gobierno mexicano había comprado software para infiltrarse en los teléfonos de periodistas y opositores políticos.
Como supervisora del Cisen, Sánchez Cordero ha expresado su apoyo entusiasta a la represión de las luchas sociales. "Necesariamente se tiene que gobernar con inteligencia ... Imagínate que haya un movimiento social en Guerrero o en Oaxaca y que no tengamos conocimiento de estos movimientos sociales, que no tengamos conocimiento de lo que está sucediendo en la sociedad mexicana", dijo Sánchez Cordero. "Sería gravísimo".
El potencial secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, es economista y consultor del Banco Mundial. Ha reiterado las promesas de mantener el "equilibrio fiscal", es decir, no aumentar los impuestos a los ricos ni realizar gastos importantes en los programas sociales. En cambio, la administración de AMLO ha propuesto "consolidar los programas sociales" y "centralizar las compras de los bienes de todo el Gobierno Federal" para financiar minúsculos programas nuevos. En otras palabras, incluso con el control del Congreso y la Presidencia, el nuevo Gobierno no llevará a cabo ninguna medida significativa para enfrentar la crisis social del país.
Urzúa ha elaborado sobre la promesa de la campaña de AMLO de mejorar la "competitividad" a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México recortando el impuesto al valor agregado (IVA) a la mitad. La semana pasada, Urzúa detalló que la "zona libre" se extendería unos 30 kilómetros al sur de la frontera, y abarcaría las ciudades de Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez y Reynosa.
Estudios recientes han estimado que tal política crearía un déficit presupuestario de 30,3 mil millones de pesos por año (aproximadamente US $1,6 mil millones). Dado que AMLO ha prometido un "presupuesto de austeridad", la reducción de los impuestos será pagada por medio de ataques a los programas sociales y la creación de una fuerza laboral superexplotada para las empresas transnacionales.
Alfonso Durazo, el titular de Seguridad Pública de AMLO, fue miembro del PRI antes de ser nombrado secretario particular del expresidente del PAN, Vicente Fox (2000-2006). Durazo ha prometido crear una nueva fuerza de policía fronteriza para arrestar y deportar inmigrantes. "Vamos a crear una fuerza de policía fronteriza que será altamente especializada…. Se necesita aplicar la ley", afirmó Durazo en una entrevista reciente.
En cuanto a la imprecisa promesa de campaña de AMLO de "luchar contra la corrupción", Durazo reveló que esto significaba aumentar los salarios de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y crear más academias de policía para duplicar el número de personal de seguridad que podría recibir capacitación cada año. AMLO previamente ha respaldado la centralización de las fuerzas policiales del país y la celebración de reuniones informativas diarias con los mandos militares.
Las medidas represivas que fluyen orgánicamente de las políticas derechistas de AMLO se ven plenamente reflejadas en la inclusión en su Gobierno de Manuel Mondragón, quien es infame por coordinar el asalto a los manifestantes durante la inauguración de Peña Nieto en el 2012. El ataque contra los manifestantes pacíficos provocó la muerte de uno de ellos y dejó a docenas de estudiantes heridos. Después de que AMLO confirmó que Mondragón se uniría a su equipo de seguridad, el hashtag #MondragónNoEsCambio se convirtió en tendencia en las redes sociales.
A medida que las condiciones objetivas empujan a las masas a entrar en lucha, las ilusiones de que AMLO o Morena atenderán las condiciones sociales y económicas intolerables que enfrentan millones de mexicanos pueden disiparse más temprano que tarde.
AMLO no está rechazando a la "mafia en el poder", a la que ha culpado por los males sociales del país, sino más bien incorporándolos en los niveles más altos de su Gobierno.
La tarea de los socialistas no es prestar "apoyo crítico" a AMLO, sino educar políticamente y preparar a la clase trabajadora para una lucha revolucionaria que ponga fin al sistema capitalista. Esto requiere la unificación de la clase trabajadora mexicana con los trabajadores en los Estados Unidos y en todas las Américas, quienes también están viéndose impulsados a luchar.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 14 de julio de 2018)