El candidato del ultradarechista Centro Democrático, Iván Duque, llegó a la Presidencia con el 54 por ciento de los votos contra un 43 por ciento para Gustavo Petro del Movimiento Progresistas en una segunda ronda el 17 de junio.

El vacío político generado por el alineamiento de la “izquierda” oficial, encabezada por Petro, con las políticas militaristas y austeras de la Administración saliente de Juan Manuel Santos fue explotado por la extrema derecha.

Los mayores partidos en el Senado son ahora el Centro Democrático y Cambio Radical, ambos estrechamente vinculados con grupos paramilitares ultraderechistas utilizados por la aristocracia terrateniente y financiera para aterrorizar al campesinado. La llegada al poder de Duque se está produciendo en paralelo al auge de fuerzas ultraderechistas en Europa y Estados Unidos, lo que plantea una seria advertencia para los trabajadores en Colombia e internacionalmente sobre el giro continuo del dominio burgués hacia Gobiernos cada vez más dictatoriales y militaristas.

Colombia es el aliado militar más cercano de Estados Unidos en la región y se anunció el mes pasado que no solo se convertirá en un “socio global” de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), sino que también se unirá a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la cual le ha estado exigiendo a Bogotá más recortes de impuestos sobre las empresas y austeridad.

La oposición popular a la élite gobernante caracterizó las elecciones. Fue la primera vez desde 1853 que ni el Partido Conservador, el Partido Liberal o sus respectivas coaliciones han llegado al poder o incluso llegado a una segunda ronda. Después de encabezar dos Gobiernos de “Unidad Nacional” bajo el presidente Santos, el Partido Liberal recibió solo 2 por ciento de los votos, mientras que la coalición favorecida por el Partido Conservador obtuvo 7 por ciento. La ira popular hacia Santos se profundizó después de que impusiera el acuerdo de paz del 2016 con el ahora desmovilizado movimiento de guerrillas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) después de que fue rechazado en un referendo popular.

Duque se graduó de la American University en Washington D.C., donde trabajó hasta el 2014 en el Banco Interamericano de Desarrollo. Luego fue convocado por el expresidente de derecha para convertirse en senador, lo que lo puso rápidamente bajo el foco político a través de una retórica de ley y orden y tinte fascista comparable al régimen de Duterte en Filipinas. Su campaña propuso la pena de muerte para las violaciones y los infanticidios, junto con medidas fiscales proempresariales, la eliminación de regulaciones financieras y de otros sectores y la expansión de las fuerzas policiales y militares.

En su discurso de victoria, Duque prometió “correcciones” al acuerdo de “paz” con las FARC, pero insistió en una “paz que ante todo preserve ese deseo de permitirle a la base guerrillera su desmovilización, su desarme, su reinserción efectiva”. Por su parte, el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, tuiteó el 17 de junio: “Es momento de la grandeza y la reconciliación, respetamos la decisión de las mayorías y felicitamos al nuevo presidente”.

Petro, un exlíder de la guerrilla castrista M-19 que se convirtió en un partido político burgués a fines de los ochenta, le solicitó el respaldo al candidato liberal, Humberto de la Calle, para la segunda ronda. Desde el 2010, primero como alcalde de Bogotá y luego como legislador, Petro había apoyado de cerca al Gobierno de Santos y respaldado su reelección en la segunda ronda del 2014, compartiendo rangos con el endoso conservador a Santos.

Previamente, Santos fue el ministro de Defensa de Uribe y presidió una política que incentivó miles de ejecuciones y detenciones extrajudiciales de campesinos y trabajadores empobrecidos como parte de la escalada de la guerra contra las “drogas” y el “terrorismo” bajo el Plan Colombia, patrocinado por EUA. Más recientemente, la “Paz Colombia” de Santos con las FARC, un proceso apoyado energéticamente tanto por el Gobierno de Obama como el de Trump, sentó las bases para que Colombia se uniera a la OTAN, integrándose cada vez más a la vorágine sangrienta del reparto neocolonial del planeta por parte del imperialismo estadounidense y europeo.

El apoyo “crítico” de Petro a Santos ha representado un acogimiento de los ataques contra los niveles de vida y promesas hipócritas y vacías de paz. Ahora, reclamando el título de líder de la oposición en el Congreso, Petro buscará unir a la “izquierda” oficial, incluyendo a la Alianza Verde, al Polo Democrático, la Unión Patriótica y el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), mientras contiene sus críticas dentro de un marco cada vez más derechista.

Las políticas de Santos también procuraban abrir paso —primero durante la escalada de violencia estatal y luego con “paz”— para la profundización del modelo extractivista, minero y petrolero promovido por le ministro de Hacienda conservador, Mauricio Cárdenas, un preferido de Wall Street.

Esta apuesta en lo que los especuladores de Wall Street llaman mercados “vulnerables” fue formalizado a través de un programa propatronal para recortarle los impuestos a las corporaciones y otorgar reembolsos tributarios por inversiones en hidrocarburos y minería. La economía colombiana ya sufrió una fuerte desaceleración cuando cayeron los precios del petróleo y otras materias primas al bajar el crecimiento de la economía china en el 2014. Ahora, los aumentos en las tasas de interés en los centros capitalistas y la guerra comercial entre EUA, China y la Unión Europea amenazan con volcar los pronósticos existentes con inflación y un derrumbe económico.

La “reforma” fiscal del 2017 redujo los impuestos sobre las ganancias corporativas de 40 a 33 por ciento. Al mismo tiempo, un aumento en el impuesto regresivo sobre el valor agregado del 16 al 19 por ciento ya está perjudicando el consumo minorista —es decir, que ha empobrecido de manera palpable a las masas—.

Las cifras oficiales indican que el 67,2 por ciento de la población vive bajo la línea de pobreza o es “vulnerable” para caer bajo ella. Pero, más allá, crece la preocupación de que se esté agravando la pobreza “estructural o de más largo plazo”, como lo indicó más temprano este año el profesor Jorge Iván González de la Universidad de Lovaina en La Razón. Explica que la combinación de mayor desigualdad de las tierras y el ingreso, la devaluación y la adicción a las ganancias extractivistas “destruyó el aparato productivo industrial y agropecuario”.

Su columna señala que el 71 por ciento de los trabajadores agrícolas y campesinos controlan 3 por ciento del terreno censado, mientras que 0,2 por ciento de todos los propietarios, cuyos intereses representan más directamente el uribismo y Duque, controlan 60 por ciento de la tierra. Colombia es el segundo país más desigual de América Latina, una región donde el 10 por ciento más pudiente tiene el 68 por ciento de la riqueza, mientras que el 50 por ciento inferior solo controla un 3,5 por ciento, según un estudio reciente de Oxfam.

El espectro político oficial en Colombia y la región, de la extrema derecha a la pseudoizquierda morenista, la cual llamó a dar un voto “crítico” para Petro, refleja los intereses de distintos sectores dentro del 10 por ciento más rico de la sociedad. Las capaz “izquierdistas” de la clase media-alta ya están denunciando temerosamente la “insensibilidad” política de Duque hacia las crecientes tensiones sociales; sin embargo, su “oposición” se limitará ante la condición de que sus rellenados portafolios de inversiones y cuentas bancarias sigan creciendo por medio de mayores ataques sociales contra las masas obreras y empobrecidas.

Las políticas perseguidas por la élite gobernante para hacerse de una tajada más grande de la riqueza significaron que, durante el 2017, el 95 por ciento de toda la nueva riqueza en la región —excluyendo las ganancias transferidas a los financistas imperialistas en Nueva York y Londres— fue acaparada por el 10 por ciento en la cima. Según el mismo reporte de Oxfam, los más de 300 millones de latinoamericanos de la mitad más pobre perdieron en total $22 mil millones en activos.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 27 de junio de 2018)