Esta es la segunda parte de dos. La primera parte fue publicada el 30 de abril.

Andrés Manuel López Obrador y las acusaciones de “injerencia rusa” en las elecciones mexicanas

Varios acuerdos recientes entre el Instituto Nacional Electoral (INE) de México, la organización encargada con organizar las elecciones federales en México, por un lado, y Google, Facebook y Twitter, por el otro, están dirigidos a manipular el resultado de los próximos comicios el primero de julio.

Los convenios tienen como propósito ayudar a facciones poderosas de las clases gobernantes de México y Estados Unidos a esparcir la mentira de que el candidato “izquierdista”, Andrés Manuel López Obrador, quien actualmente lleva una ventaja amplia para ganar las elecciones, es un títere de Rusia y de Vladimir Putin.

López Obrador no es un agente ruso, ni consciente o inconscientemente. Es un político burgués y protagonista de la política del país por más de dos décadas. Se postuló para la Presidencia en el 2006, perdiendo por menos de uno por ciento en una elección reconocida generalmente como un robo, y en el 2012 contra el mandatario actual, Enrique Peña Nieto.

En su tercera contienda a la Presidencia, López Obrador está avanzando su campaña más nacionalista, derechista y explícitamente antisocialista hasta la fecha. Mientras que su campaña se ha visto beneficiada de la profunda crisis de descrédito de los principales partidos, sus consignas populistas contra la “mafia en el poder” y su retórica en torno a revertir la “reforma” energética y la educativa del Gobierno de Peña Nieto se han ganado el apoyo de millones de personas, quienes están sumamente enojadas por la caída en sus niveles de vida y por los 11 años de la “guerra contra las drogas”.

López Obrador ha buscado dar garantías tanto al capital nacional como al extranjero, asegurándoles que su Administración no representaría ninguna amenaza para sus intereses. Pronunciándose ante la Asociación de Bancos de México en marzo de este año, declaró: “No vamos a confiscar nada, no habrá expropiaciones ni nacionalizaciones”.

Sus asesores también han dejado claro que López Obrador ya descartó sus promesas de revertir la legislación del 2013-2014 que privatizó el petróleo del país. En febrero, el principal asesor económico de López Obrador señaló que, “sería un error para la próxima Administración cancelar todo lo que ha logrado esta... Estamos cambiando la percepción de que estamos cerrándole la puerta a la reforma energética y a todos los beneficios económicos que ha provisto”.

En la misma convención de banqueros, López Obrador les aseguró a sus financiadores que no buscaría organizar a la clase obrera en caso de un fraude electoral. “Si hay fraude, se soltará un tigre y no voy a detenerlo”, indicó, señalando que simplemente se iría a refugiar a su hacienda de un millón de dólares en Chiapas.

A pesar de estos esfuerzos, la inestabilidad política generada por los ataques del Gobierno de Trump contra los inmigrantes y sus amenazas de retirarse del TLCAN han convencido a secciones dominantes de la élite gobernante mexicana y estadounidense que López Obrador no es el mejor candidato para suprimir el malestar social en el periodo siguiente.

Enfrentándose a la crisis histórica del capitalismo estadounidense, Washington ha dejado claro que hará lo posible para prevenir un nuevo Gobierno burgués “izquierdista” en su “patio trasero” —como aquellos asociados con la llamada “marea rosa” latinoamericana— que pueda intentar utilizar un estallido popular antiimperialista para estrechar sus lazos con los rivales de Washington en la región, principalmente China.

Tales consideraciones geopolíticas subyacen las declaraciones recientes del aparato militar y de inteligencia de EUA, el cual está intentando explotar la campaña antirrusa para prevenir que López Obrador gane la elección.

El asesor de seguridad nacional de EUA en ese momento, el general H. R. McMaster, dio el aviso de arranque para dicha campaña en diciembre del 2017, cuando advirtió que había “señales iniciales” de interferencia rusa en las elecciones mexicanas, presuntamente por medio de “subversión, información errónea y propaganda”.

En febrero, un grupo de senadores estadounidenses, incluidos el republicano Marco Rubio y el demócrata Tim Kaine, emitieron una declaración conjunta exigiendo lo que equivale a una intervención estadounidense directa en los comicios mexicanos, alegando que la “injerencia” rusa allí era “simplemente el último episodio de influencia maligna rusa a través de América Latina que amenaza con desestabilizar la región”.

Por su parte, la prensa corporativa ha repetido sin cesar estas acusaciones infundadas de la cúpula militar y de las agencias de inteligencia para suministrarle combustible a esta campaña. El Washington Post encabezó la manada, afirmando que Moscú le estaba ayudando a López Obrador, “amplificando el mensaje en redes sociales” de que, en México, “la democracia es defectuosa y los políticos tienden a la corrupción”, como si estas realidades cotidianas fueran un invento ruso. Urgiendo a las compañías de las redes sociales a protejer sus plataformas de la “injerencia extranjera”, Bloomberg escribió: “Facebook, Twitter y Google son fuentes importantes de información para muchos mexicanos… México necesita aprender de la experiencia de EUA y proteger su proceso electoral de manipulación externa”.

La clase gobernante mexicana ha mostrado confianza en que el imperialismo estadounidense instalará exitosamente a su candidato seleccionado. Tan recientemente como febrero, Bloomberg reportó que el auge del mercado bursátil y las favorables calificaciones crediticias en México parecían indicar que “las élites empresariales y financieras están descontando la posible victoria [de López Obrador]”. En una encuesta de altos ejecutivos mexicanos (CEO, CFO, COO, CIO) realizada por Banco Santander, el 85 por ciento predijo que López Obrador iba a salir derrotado en las elecciones.

Las protestas masivas y la censura del Internet

México se encuentra entre los países más desiguales de América Latina. Un estudio reciente de las Naciones Unidas reveló que el 10 por ciento más rico de la población controla dos terceras partes de la riqueza del país y el 80 por ciento de los activos financieros. Al mismo tiempo, la mitad de la población vive en la pobreza, con más de 2 millones de personas que cayeron por debajo de la tasa de pobreza oficial durante la Administración de Peña Nieto.

Contra el trasfondo de tales condiciones sociales explosivas, el país se ha visto estremecido por varias protestas de masas en años recientes. En el 2014, decenas de miles tomaron las calles tras la desaparición de 43 normalistas a manos del ejército, mientras que en el 2016 los maestros del estado de Oaxaca llevaron a cabo protestas masivas contra la “reforma” educativa del Gobierno de Peña Nieto.

El año 2017 se inauguró con manifestaciones a nivel nacional contra un alza en el precio de la gasolina del 20 por ciento, denominado el gasolinazo. De acuerdo con Aristegui Noticias, un estudio de la firma de análisis digital Espinosa y Asociados descubrió que cientos de miles de trabajadores y estudiantes recurrieron a las redes sociales, con el 51 por ciento de los tuits sobre el gasolinazo dirigidos a convocar marchas contra la privatización del petróleo del país y por la renuncia de Peña Nieto. También reporta que Facebook borró páginas y grupos bajo el pretexto de que estaban llamando a realizar saqueos, mientras que el Gobierno de Peña Nieto creó bots (programas automatizados) que compartieron información falsa para suprimir las manifestaciones y enterrar el contenido de oposición en las redes sociales.

A fin de expandir ampliamente estos esfuerzos, el Senado mexicano ha estado discutiendo cambios al Código Penal Federal y al Código Civil para obligar a las corporaciones estadounidenses de Internet a censurar todas las deliberaciones críticas de la élite gobernante en sus plataformas. Un proyecto de ley fue aprobado de forma unánime en la Cámara de Diputados para convertir en un acto criminal el compartir cualquier información “cierta o falsa” y por cualquier medio electrónico que cause “descrédito” o pueda “exponer al desprecio” a cualquier individuo.

En medio de un resurgimiento de la militancia de la clase trabajadora a nivel internacional, varios Gobiernos suramericanos que se enfrentan a niveles explosivos de malestar social también han tomado pasos para censurar el Internet:

· Nicolás Maduro de Venezuela exigió “autoridad sobre las redes sociales” después de las protestas sangrientas del año pasado e impuso a los trabajadores petroleros en febrero una lista de páginas “prohibidas” en las redes sociales.

· El Gobierno orteguista en Nicaragua, el cual desplegó recientemente a su ejército en una represión asesina contra protestas de estudiantes y trabajadores, llamó recientemente a revisar el acceso a las redes sociales porque dañan “la capacidad de convivencia”.

· En respuesta a las protestas de masas contra el fraude electoral en noviembre que estremecieron las fundaciones del régimen de escuadrones de la muerte en Honduras, el Congreso Nacional ha estado discutiendo un proyecto de ley para censurar el contenido en las redes sociales.

· Este año, el titular del Consejo Nacional Electoral de Colombia, Armando Novoa, dijo que el voto popular contra el acuerdo de paz del 2016 con las guerrillas de las FARC, “fue producto de la acción de las redes sociales y eso es algo que debería estar controlado”. En respuesta a tales preocupaciones, Google declaró a El Espectador de dicho país en marzo, dos meses antes de las elecciones presidenciales en mayo, “Si encontramos evidencia de violaciones [comportamiento engañoso en la plataforma], tomaremos acción”.

· En preparación para las elecciones en octubre, el Tribunal Superior Electoral de Brasil ha utilizado la histeria en torno a las “noticias falsas” y la “injerencia rusa” para promover la censura como una “cuestión de seguridad nacional”, reuniéndose frecuentemente con representantes de Google, Facebook y Twitter para garantizar que el contenido de oposición sea bloqueado o degradado.

· Culpando a las “noticias falsas” en línea por perder el referéndum constitucional del 2016 para intentar otra reelección, Evo Morales de Bolivia declaró este año que “las redes sociales tumban Gobiernos”. Los legisladores del oficialista MAS están actualmente preparando un proyecto de ley para “regular” el uso de las redes sociales.

· En mayo del 2017, el presidente ecuatoriano introdujo un proyecto de ley para demandar que las plataformas de redes sociales eliminen dentro de 24 horas todas las publicaciones que las corporaciones del Internet o el Gobierno consideren “ilegales”. En marzo del 2018, el Gobierno cortó el Internet y todas las comunicaciones de Julian Assange, quien ha estado encerrado en la embajada de Quito en Londres por seis años.

Conforme las élites gobernantes en México y en toda la región intensifican la explotación de una clase trabajadora ya inquieta y el imperialismo estadounidense busca reafirmar su hegemonía global contra sus rivales geopolíticos, la libertad de expresión y el discurso político en línea están cada vez más bajo ataque.

La defensa del derecho a un uso libre del Internet está enlazada de forma intrínseca y clara con la defensa del derecho básico al sufragio. Como parte de sus políticas para subyugar a América Latina a los dictados de los bancos y las corporaciones, el imperialismo estadounidense está actualizando sus métodos de represión e interferencia extranjera para mantenerse al día con los avances tecnológicos.

En cambio, para la clase obrera, las redes sociales y el Internet son herramientas de organización de protestas, manifestaciones y huelgas. Les proveen a los trabajadores conexiones en todo el mundo y acceso a información como nunca antes en la historia humana. Es por esta razón que las clases gobernantes creen que este acceso tiene que ser anulado en su conjunto o censurado.

El World Socialist Web Site está liderando la lucha por la formación de una coalición de sitios web, organizaciones y activistas socialistas, progresistas y contra la guerra. Urgimos a nuestros lectores en México y en toda América Latina a firmar nuestra petición exigiéndole a Google un cese a la censura, a leer nuestra c arta abierta a Google y a asumir la lucha por la construcción del Comité Internacional de la Cuarta Internacional.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 1 de mayo de 2018)