Decenas de miles de docentes argentinos y simpatizantes marcharon el lunes al Congreso como parte de una huelga nacional de 48 horas el lunes y martes como medida para iniciar el ciclo escolar. La acción fue realizada en protesta contra los recortes a la educación pública y los intentos del Gobierno de reducir drásticamente los salarios reales de los maestros, ofreciendo un aumento del 15 por ciento, cuando la inflación alcanzó un 25 por ciento el año pasado y se espera que sea similar este año.

Un mes después de que el Gobierno derechista del presidente Mauricio Macri reprimió brutalmente las protestas de cientos de miles de jóvenes y trabajadores contra los recortes a las pensiones, la huelga expresa una resistencia continua entre la clase trabajadora contra los despiadados ataques sociales.

Según los estimados del Gobierno, alrededor de 30 a 35 por ciento de los maestros a nivel nacional se ausentaron para participar en la huelga, mientras que la provincia de Buenos Aires reportó un paro del 47 por ciento. El principal sindicato de la educación, la CTERA, la cual forma parte de la central derechista de la CTA, insiste en que la huelga tuvo un acatamiento del 85 por ciento en las escuelas públicas del país.

Significativamente, en las provincias de Córdoba y Mendoza, hogar de algunos de los trabajadores más militantes reciente e históricamente, simbolizado por los levantamientos en el apogeo del movimiento obrero argentino conocidos como el Cordobazo en 1969 y el Mendozazo en 1972, los porcentajes fueron entre los menores, con los sindicatos admitiendo que la mayoría fue a trabajar.

La relativamente baja participación en ciertas áreas refleja que cada vez más trabajadores perciben que los sindicatos no pueden ser presionados para encabezar una lucha que defienda sus derechos sociales.

Bajo la presión de los trabajadores de salud y otros empleados públicos, la CTA se vio obligada a convocar una huelga de un día en estos sectores el martes, limitada a la provincia de Buenos Aires, con los trabajadores exigiendo mayores salarios y más inversión pública en educación y salud. La gobernación de la coalición oficialista Cambiemos en Buenos Aires, bajo María Eugenia Vidal, está llevando a cabo cierres de docenas de escuelas y despidos masivos.

No obstante, quizás los ataques más crudos contra los docentes se están llevando a cabo en la provincia de Santa Cruz por parte de la peronista Alicia Kirchner, hermana del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007). Después de recortar los salarios reales de los maestros en el 2016 en un 7 por ciento, buscó otro recorte masivo de 20 por ciento el año pasado, lo que llevó a los maestros a hacer huelga por más de 100 días. Kirchner ha evitado hacer otra oferta este año.

A nivel nacional, los salarios reales según el Ministerio de Educación cayeron entre el 2011 y el 2015, durante el segundo término de la presidenta Christina Fernández de Kirchner, y se encuentran actualmente más que 5 por ciento por debajo del nivel del 2011.

Como una forma de dividir a la fuerza laboral, los gobernadores de todas las provincias acordaron en noviembre y diciembre un “trato fiscal” con el Gobierno de Macri, que incorporó mantener las negociaciones salariales o paritarias a nivel provincial, no obstante, manteniendo los límites impuestos desde la Casa Rosada, el palacio presidencial.

De acuerdo con estos dictados, los sindicatos y gobiernos locales en siente provincias negociaron a trastiendas acuerdos entreguistas antes de esta semana y les ordenaron a los maestros a no unirse a sus colegas del resto del país.

“No hay un conflicto a nivel nacional, son las provincias las que tienen que resolver las diferencias”, declaró provocativamente Macri el lunes. Un comunicado de la Presidencia también subrayó que los maestros no serían pagados por los días perdidos y que no recibirían el bono por presentismo de ARS $6000 (US $300).

Por el otro lado, los dirigentes sindicales han buscado limitar las demandas del magisterio. El titular del sindicato SUTEBA-CTA, Roberto Baradel, quien se presenta como un representante leal de los maestros, simplemente insistió en la “cláusula gatillo” para supuestamente compensar a los trabajadores si la inflación sobrepasa el aumento acordado.

No obstante, un abogado del centro de “Derecho Social” de la misma CTA, Luis Campos, le comentó a la prensa del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) en junio pasado que, “en términos de una evaluación más política yo pienso que es una necesidad de presentar públicamente acuerdos que no tienen un incremento salarial muy significativo y de esta manera hacer un poco más potables los acuerdos salariales. Pero lo cierto, es que son cláusulas [como la “gatillo”] que de ningún modo protegen automáticamente el salario de los trabajadores”.

No queriendo socavar sus estrechas relaciones con los líderes de la misma burocracia sindical de la cual forma parte, el morenista PTS no comenta sobre tan explícitas afirmaciones del papel clave que desempeñan los sindicatos en suprimir la oposición e imponer directamente las medidas de austeridad del Gobierno”.

Su cobertura del paro de 48 horas procuró orientar a los trabajadores completamente en dirección de los burócratas de la CTA, Sonia Alesso y Hugo Yasky, llamándolos a ellos y a la otra central derechista, la CGT, a presentar un “plan de lucha” para resistir los ataques sociales de Macri. Más allá, apuntalaron las promesas de la CTA sobre mayores movilizaciones en abril y alimentaron las ilusiones de que tales esquemas de desmovilización, prácticamente idénticos a los del año pasado, resultarán en una lucha más amplia de la clase trabajadora.

No solo comparten los maestros las mismas demandas que el resto de la clase obrera —un puesto seguro, salarios, beneficios y pensiones dignas, cuidado de salud y educación pública de calidad e inversiones en infraestructura pública—, sino que las paritarias docentes en Argentina han sido utilizadas tradicionalmente como referencia para el resto de los sectores público y privado.

Por un lado, la defensa de la educación pública se ha convertido en un frente clave de la lucha de clases internacional, con la burguesía buscando antagonizar a los maestros con calificativos fraudulentos de “privilegiados” y “egoístas”, mientras que sus niveles de vida y los de la mayoría de los trabajadores caen.

Por el otro, la riqueza de la aristocracia financiera argentina e internacional ha disfrutado una bonanza sin precedentes en medio de una economía real estancada. Los mercados bursátiles suramericanos experimentaron algunos de los repuntes más altos el año pasado —50,5 por ciento en Buenos Aires, 44 por ciento en Santiago, y 31 por ciento en Lima, significativamente mayores al 25 por ciento del índice estadounidense Dow Jones—.

La especulación financiera se dispara a raíz de las más despiadadas transferencias de riqueza de la clase obrera a la burguesía por medio de impuestos regresivos, especulación de bonos de deuda pública, medidas de austeridad y ataques contra los beneficios sanitarios, las pensiones, los salarios y los puestos de trabajo.

Como preludio del resurgimiento de la clase obrera en marcha internacionalmente, los trabajadores en precisamente los países mencionados demostraron una enorme voluntad para luchar el año pasado, con dos millones de chilenos marchando en marzo contra el sistema jubilatorio privatizado, cientos de miles de docentes argentinos encabezando una huelga nacional el mismo mes, y más de 200.000 maestros peruanos realizando una huelga nacional por dos meses enteros en julio y agosto.

Durante el último periodo, han sido implementadas “reformas” educativas regresivas en un país tras otro, comenzando por México en el 2013, la cual fue impuesta por medio de una represión brutal encarnada en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en setiembre del 2014. Más recientemente, Washington y las autoridades puertorriqueñas han estado buscando explotar la destrucción ocasionada por el huracán María para emprender una privatización generalizada de la educación en la isla, que es virtualmente una certeza que sería utilizada como un ejemplo para el resto de América Latina y Estados Unidos.

Los Gobiernos latinoamericanos se están preparando tanto para desafíos internos de la clase trabajadora y una mayor competición externa por mercados. Para este fin, han aumentado sus gastos militares y de seguridad nacional. Macri ha estado llevando a cabo una renovación de las fuerzas armadas argentinas con un paquete de US $2 mil millones desde que llegó al poder, mientras que la Administración Obama triplicó en ciernes la ayuda en seguridad a Argentina en el 2016.

Al igual que en West Virginia, donde las discusiones entre los legisladores estatales sobre la huelga docente se han centrado en el impacto en la calificación de las agencias crediticias en Wall Street, las autoridades argentinas están prestando más atención a las demandas de los parásitos de los centros financieros globales que a las denuncias de los estudiantes y maestros por las horrendas condiciones en los salones de clase y los hogares impuestas por un sistema capitalista que sitúa por encima de todo la imperativa de ganancias inmediatas para la clase capitalista.

En contra de los oligarcas financieros, los trabajadores en Argentina, West Virginia e internacionalmente necesitan librarse de los grilletes nacionalistas y las ilusiones reformistas que avanzan las élites políticas capitalistas y sus subordinados en los sindicatos por medio de la organización de comités de base independientes y la unificación de su lucha en un movimiento político internacional contra el capitalismo.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 7 de marzo de 2018)