Cuando se lanzó para presidente en el 2006 y 2012, como candidato del alguna vez centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), Andrés Manuel López Obrador (AMLO) atacó fuertemente la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex), la compañía petrolera estatal que mantenía un monopolio sobre la producción del crudo desde 1938.

En los comicios del 2012, López Obrador calificó de “robo del siglo” el plan del actual mandatario, Enrique Peña Nieto del Partido de la Revolución Institucional (PRI), de invitar a los gigantes petroleros a compartir las ganancias y los contratos de producción con Pemex, señalando que esto le costaría a México $40 mil millones al año.

En diciembre del 2012, cuando el PRD firmó el “Pacto por México” de Peña Nieto para liberalizar la economía del país, cuyo acuerdo principal era la privatización energética, AMLO dejó el PRD para fundar su partido actual, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Acusó correctamente al PRD de abandonar la última de sus pretensiones socialdemócratas.

Cuando el Congreso aprobó en el 2013 y 2014 un conjunto de leyes amplias y cambios en la Constitución a fin de implementar la reforma energética, López Obrador los llamó “una banda de criminales” y luego encabezó una marcha en protesta con decenas de miles de personas en la Ciudad de México.

En ese momento, AMLO enfatizaba que solo 20 países del mundo tenían petróleo y que, sin ese patrimonio, México “quedaría sin nada”. Advirtió que la compra de gasolina del exterior en vez de su producción interna haría que los mexicanos tuvieran que pagar 30 por ciento más. Además, calculó una pérdida anual de $30 mil millones, la cual privaría al gasto público de los recursos necesarios para proyectos de infraestructura, mejores salarios para los maestros y doctores y programas sociales como iniciativas para reducir el hambre y la pobreza.

La legislación del 2013 y 2014 permitió contratos de reparto de producción en México para petroleras privadas, para que las gigantes petroleras extranjeras pudieran enviar petróleo a sus propias refinerías. Comenzando en el 2015, México entregó 91 contratos de exploración y desarrollo para gigantes petroleras internacionales como Royal Dutch Shell PLC, Chevron Corp. y Exxon Mobil Corp.

Después de anunciar su carrera presidencial en marcha el año pasado, AMLO advirtió que “hay que detener la caída en la producción [de petróleo mexicano], si no, vamos a terminar comprando crudo, eso no”. Llamó a la construcción de dos refinerías en los estados petroleros de Tabasco y Campeche para que México pudiese evitar importar más de la mitad de la gasolina que consume.

En setiembre, López Obrador estremeció a Pemex y a la industria petrolera extranjera prometiendo “revisar todos los contratos” de exploración y extracción extranjeras del crudo.

Sin embargo, sin siquiera entrar en pleno ciclo electoral, AMLO ha retirado casi todos de sus pronunciamientos al respecto. Durante las últimas dos semanas, los principales asesores electorales de AMLO han transmitido al unísono un mensaje diferente a la industria energética y a los inversores extranjeros: no tienen nada de qué preocuparse.

“Sería un error para la próxima Administración cancelar todo lo que ha logrado esta”, dijo Abel Hibert, principal asesor económico de López Asesor en una entrevista la semana pasada en Ciudad de México. “Estamos cambiando la percepción de que estamos cerrándole la puerta a la reforma energética y a todos los beneficios económicos que ha provisto”, añadió.

Hibert, quien redactó el plan de gobierno 2018-2024 aseguró que no habría “ningún cambio drástico” en relación con la apertura de la industria energética y describió las subastas del crudo desde el 2015 “muy transparentes” y “beneficiosas para el futuro energético y económico del país”.

Luego, le restó significado a cualquier revisión de los contratos petrolíferos, describiéndolos como una rutina que forma “parte del proceso de cualquier Administración entrante”. En cuanto a los futuros contratos, lo máximo que haría una Administración bajo López Obrador sería “bajar la velocidad” de las subastas mientras se acomoda el nuevo Gobierno.

Los comentarios de Hibert hicieron eco de los del principal asesor empresarial de AMLO, Alfonso Romo, y su opción proyectada para secretario de Hacienda, Carlos Urzua, quienes han indicado que los contratos del petróleo serán “respetados”.

Los principales asesores de AMLO están esencialmente dando la señal de que lo único que queda de la plataforma energética anterior del candidato es que intentará construir las dos refinerías para aumentar la producción del crudo México y reducir la dependencia en las importaciones de combustible de EUA.

Las seis refinerías mexicanas existentes tienen la capacidad de procesar 1,64 millones de barriles de crudo diarios, pero promediaron apenas 767 mil el año pasado, lo que conllevó los mayores niveles de importaciones de EUA desde 1990. Según el plan de desarrollo de AMLO, las nuevas refinerías serán construidas utilizando financiamiento público, a pesar de que Hibert también ha mencionado la posibilidad de asociaciones con inversores privados. Pemex ya ha estado en busca de socios para la operación de sus viejas refinerías desde al menos el 2016, y espera poder hacer vigente un acuerdo de $2,6 mil millones con Mitsui & Co. en su refinería de Tula.

De acuerdo con Hibert, López Obrador también podría retirar su antigua oposición al proyecto de $13 mil millones para la construcción de un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México, pese a haberlo criticado por su elevado costo y su sitio sobre un terreno que se está hundiendo. Los principales inversores objetan que abandonar la locación actual le costaría a México miles de millones en mano de obra y materiales desperdiciados, y además destruiría los cargos para los inversionistas y cancelaría la reestructuración de la deuda para el proyecto.

El presidente Peña Nieto ha subrayado desde hace mucho tiempo que acabar con el monopolio de Pemex sobre la producción de petróleo y gas era la clave para atraer inversiones a México, no solo de compañías petroleras del exterior, sino también de sus gigantescos bancos y fondos de inversión. Los inversores de afuera estuvieron de acuerdo, como Laurence D. Fink, director del gestor de inversiones BlackRock Inc., el cual administra $5 billones, quien declaró que la nueva legislación del petróleo convertiría a México en su destino favorito para invertir. Otros titanes financieros, como el gigantesco administrador de $1,7 billones en bonos, PIMCO, también asintieron, invirtiendo fuertemente en México después de la promulgación de las nuevas leyes energéticas.

En marzo del 2017, el presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Robles Miaja, quien también es director del mayor banco de México, BBVA Bancomer, insistió en que López Obrador no representaba ningún riesgo para el país ni sus banqueros. Asimismo, tres meses después, el gigante banco español Santander insistió en que AMLO podía compararse, como mucho, con el expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, es decir, no es una amenaza para los inversores y bancos extranjeros.

La semana pasada López Obrador se reunió con ejecutivos de importantes bancos internacionales para apaciguar cualquier inquietud generada por su retórica populista.

Junto con estas reuniones, sus principales asesores han enfatizado que AMLO es promercado, aplaudiendo lo que han llamado su “nueva madurez”. López Obrador “siempre ha apoyado a la economía de mercado”, insistió Héctor Vasconcelos, su jefe de política exterior.

Estos mensajes han aplacado las preocupaciones de algunos inversionistas de Wall Street, como Goldman Sachs. Tras la visita al país de un equipo de sus analistas, el gigante de Wall Street reportó que, “en semanas recientes, AMLO ha moderado su postura pública… y actuado de una manera propia de un estadista, mientras se muestra más presidencial…”.

Según una encuesta de Bloomberg de esta semana, López Obrador se encuentra al frente de todos sus contendientes presidenciales con 40 por ciento de la intención del voto, seguido por un 31 por ciento para Ricardo Anaya, de la coalición entre el derechista Partido Acción Nacional (PAN) y el PRD, y por un 20 por ciento para José Antonio Meade del PRI.

AMLO ha alcanzado esta ventaja con base en principalmente dos promesas electorales: acabar con la corrupción generalizada plagando México y oponerse, sino deshacer, la reforma energética.

Entonces, hasta el 75 por ciento de la población se oponía a dicha reforma, y casi 2 millones de personas habían firmado peticiones para detenerla. Una vez implementada, disparó los precios de la gasolina, lo que produjo un estallido de manifestaciones de masas contra el gasolinazo a principios del 2017.

Con la actual renuncia a sus promesas, López Obrador queda expuesto como un demagogo populista, es decir, un charlatán. En realidad, es un político burgués de pies a cabeza, que no representa ninguna amenaza para los oligarcas en México ni para el imperialismo estadounidense. Debido a su posición de clase, es incapaz de perseguir los interese de la clase obrera y las empobrecidas masas de México.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 2 de marzo de 2018)