En un artículo publicado el 20 de febrero, el Los Angeles Times documenta la expansión de la nueva política antiinmigrante adoptada por la administración actual. Padres que cruzaron la frontera hacia los Estados Unidos con sus hijos —sin los documentos requeridos— generalmente son detenidos en centros de detención o liberados con cita en corte, mientras las familias esperan una decisión sobre su deportación. Sin embargo, como parte de su campaña antiinmigrante agresiva, oficiales de inmigración han iniciado un proceso sistemático de separación entre padres y sus hijos.

La política fue señalada por la administración de Trump hacia unos meses atrás como elemento en su enfoque para “desanimar los cruces fronterizos.” Esto llego a luz después de la noticia que el llamado “efecto Trump”, una caída inicial de los cruces fronterizos en la zona Sur de los Estado Unidos, había deshecho. Por noviembre del 2017, la administración reporto el número de gente detenidos por cruzar ilegalmente había llegado a 29.086 —lo más alto desde el enero pasado—. De esta cifra, 7.000 fueron considerados como “unidades de familia” y 4.000 fueron jóvenes desacompañados.

En respuesta, la administración de Trump convocó a un grupo de funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional, el Consejo de Política Interior, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado para presentar nuevas pólizas destinadas a reducir las cruces fronterizas, particularmente por niños. A fines de diciembre, el Washington Post publicó por primera vez la historia de que la administración estaba considerando seriamente “una póliza de separación familiar” como parte de sus soluciones propuestas.

Descartando la política anterior de permitir que las familias permanezcan intactas mientras esperaban una cita en la corte conocida como “captura y libera”, la administración comenzó a cumplir su amenaza de enjuiciar a algunos de los padres migrantes con el argumento de que ingresar ilegalmente al país es un crimen al nivel federal. La primera vez que un padre migrante es capturado y acusado de la ofensa es un delito menor, con una sentencia máxima de seis meses. Las personas atrapadas por segunda vez enfrentan un cargo de delito mayor con una sentencia máxima de hasta 20 años, dependiendo de sus antecedentes penales. Una vez que un caso se convierta en asunto criminal, los padres y los niños se separan.

La administración ha intentado, como suele pasar, presentar esta acción no solo como legal y necesario para proteger la seguridad nacional, sino también como una política destinada a proteger a los niños de los peligros intrínsecos de los cruces fronterizos ilegales. En palabras de Tyler Q. Houlton, portavoz de DHS, “el peligroso viaje ilegal al norte no es lugar para niños pequeños y debemos explorar todas las medidas posibles para protegerlos”. Encarcelar a los padres inmigrantes con delitos, partidarios de la medida argumentan, de hecho es algo bueno.

Como dijo Andrew Arthur, un ex abogado de inmigración y actual colega del ultraderechista Centro para Estudios de Inmigración, a Los Angeles Times: “La razón por la cual los niños están allí para empezar es esta creencia [entre los inmigrantes] de que los padres con hijos no serán detenidos,” y de hecho las acciones de los padres que exponen a sus hijos a los peligros de tal viaje “orilla el abuso infantil”.

Las afirmaciones hechas por la administración de Trump y sus partidarios de extrema derecha con respecto a la protección de los niños son francamente ridículas. Además del hecho de que Estados Unidos sigue siendo el único estado miembro de la ONU que ni siquiera ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, ha habido investigaciones más que suficientes que exponen los efectos nocivos de tales políticas inhumanas de inmigración en el desarrollo infantil.

En marzo de 2017, John F. Kelly, entonces secretario del DHS, propuso algo similar que sostenía que dividir a las familias no es algo malo, ya que los niños serían “bien cuidados mientras tratamos con sus padres”. En respuesta, la Academia Estadounidense de Pediatría emitió un comunicado en el que expresó su profunda preocupación por la propuesta, calificándola como “dura y contraproducente” y pidiendo a las autoridades que “tengan cuidado para garantizar que el estrés emocional y físico que experimentan los niños cuando buscan refugio en los Estados Unidos no se ve agravado por el trauma adicional de estar separado de sus hermanos, padres u otros parientes y cuidadores”.

A mediados de enero de 2018, un grupo de más de 70 grupos nacionales y 50 estatales y locales de defensa de inmigrantes publicó una carta dirigida a Kierstjen Nielsen, la nueva secretaria del DHS, expresando su fuerte oposición a la política de separación familiar. La carta declaraba que separar a las familias migrantes era “fundamentalmente antiamericano, cruel e infringe los principios y leyes internacionales de bienestar y refugiados de los Estados Unidos”. La unidad familiar era un “derecho humano fundamental consagrado en el derecho internacional”.

Además, dadas las circunstancias particularmente traumáticas que obligan a las familias a embarcarse en cruces fronterizos peligrosos, separar a los padres de sus hijos no serviría más que para infligir más daño intencionalmente. Terminaron la carta convocando a la administración a respetar “los principios de unidad familiar y libertad en nuestras políticas de inmigración y control fronterizo”.

Es bastante evidente que tales llamadas no han sido escuchadas. Si bien las cifras exactas son difíciles de obtener, los grupos de defensa de migrantes están informando un número cada vez mayor de personas acusadas de delitos y separadas de sus familias. En una encuesta de abogados que representa a 90 solicitantes de asilo en el área de El Paso entre junio y noviembre de 2017, el Hope Border Institute encontró que el 94 por ciento tenía clientes separados de sus hijos.

La Comisión de Mujeres Refugiadas y otras organizaciones que presentaron una queja ante DHS en diciembre de 2017 afirmaron que habían documentado más de 150 casos en menos de un año, y que era parte de un “alarmante aumento en el número de unidades familiares que estaban a la fuerza divididas”. La demanda también declaró: “Es cruel e ilegal separar a los miembros de la familia con el único propósito de impedir la migración; esa separación priva a los miembros de la familia de la capacidad, dada su detención, de ubicarse y reunirse”.

El noviembre pasado, José Fuentes, un migrante indocumentado de El Salvador se presentó a los oficiales de inmigración, buscando asilo junto con su hijo de un año, Mateo. Según su familia, Fuentes huía de El Salvador junto con una caravana de solicitantes de asilo debido a la aterradora violencia de pandillas. Después de permanecer juntos durante cuatro días, Fuentes fue trasladado a un centro de detención en San Diego, California, mientras que Mateo estaba recluido en un centro especial para niños en Laredo, Texas.

Por seis días, ni Fuentes ni su esposa, Olivia Acevedo —quien permaneció en México junto con el otro hijo de la pareja— tenía idea de dónde estaban detenidos sus hijos. Fue solo después de los exhaustivos esfuerzos de su abogado que pudieron localizar a su hijo, y Acevedo pudo verlo en una llamada de video por cinco minutos. Ver a su hijo detenido por extraños y llorar todo el tiempo, dijo Acevedo al New York Times, fue “una forma de tortura”.

La vocera de ICE, Liz Johnson, afirmó que los agentes habían llevado a cabo la separación “por preocupación por la seguridad del niño” porque Fuentes no tenía suficiente documentación para demostrar que él era, de hecho, el padre de Mateo. Como los defensores de los derechos de los inmigrantes han señalado, esto se ha convertido en una excusa conveniente para aterrorizar aún más a las familias migrantes y disuadirlas de buscar asilo.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 21 de febrero de 2018)