Cuando Ricardo Rosselló, gobernador de Puerto Rico, anunció la semana pasada su proyecto de privatización de la empresa pública de electricidad más grande de Estados Unidos, representó esa idea como remedio para curar la catástrofe humanitaria que viven los habitantes. “La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) se a convertido en una pesada carga sobre nuestro pueblo, que ahora es presa de su mal servicio y alto costo”, dijo. “La AEE de nuestros días ya no funciona y no puede continuar así”.

El presenté apagón en Puerto Rico no tiene precedentes en la historia moderna de Estados Unidos. Han pasado cuatro meses después que el huracán María causó el desmoronamiento de una red eléctrica con muchísimos problemas, más del treinta por ciento de los usuarios residenciales y comerciales están sin electricidad —aproximadamente un millón de personas. En lugares donde la electricidad se a restaurado parcialmente, el sistema sigue siendo muy inestable, con continuos peligros de apagón.

El propósito inicial de Rosselló luego de la tormenta, restaurar el 95 por ciento de la luz para el quince de diciembre, aun de haberse logrado hubiera sido algo extraordinariamente lento. La fecha pasó sin pena ni gloria, con tasas de restauración alrededor de la mitad de la meta original. La actual expectativa es de enormes apagones durante muchos meses.

El coronel John Lloyd, del Cuerpo de Ingenieros del ejército yanqui, quien administra, para el gobierno estadounidense, la restauración de la energía eléctrica, hace poco le dijo a la emisora PBS: “Creo la mayoría tendrá luz hacia la mitad o fines de marzo”. El mismo gobernador Rosselló reconoce que algunas zonas pueden quedar sin luz cuatro meses más.

Para los habitantes de la isla ha sido una experiencia devastante, especialmente para el proletariado puertorriqueño, que descubre, de su experiencias, cuanto de la vida moderna depende de tener electricidad; cosa que incluye servicios de salud, sanidad mínima, transporte, educación y empleos.

Aquellos que carecen de electricidad has sido impulsados cien años al pasado. Simples tareas —amacenar alimentos, obtener agua potable, y estar en contacto con seres queridos— se han hecho muy complicadas. Generadores y modificadas baterías de automóviles son sólo fuentes precarias de energía, para los que puedan costear el precio de la gasolina.

Cientos de miles se han ido a la parte continental de Estados Unidos, en gran medida porque carecen de electricidad y de los esenciales elementos de una vida moderna. A ninguna autoridad le parece importar nada de esto. El presidente Trump hizo una sóla referencia, con toda soberbia, a Puerto Rico en su discurso del Estado de la Unión el martes pasado, dizque de amor por los que luchan allí. Los del Partido Demócrata hacen eco sordo del silencio de Trump. Se niegan a hacer campaña sobre esta enorme crisis humanitaria, que no desaparece. Sus energías están enfocadas en la campaña antirrusa (para dañar a Trump) y en azuzar la causa de las grocerías sexuales.

El Cuerpo de Ingenieros del ejército, la agencia estadounidense que tiene la responsabilidad de restaurar la energía, culpa la lentitud en la escacez de materiales y el problemas logísticos. El daño en grande; la Agencia de Administración de Emergencias, FEMA, estima que la tormenta derribó el ochenta por ciento de la red eléctrica, tres mil kilómetros de líneas de transmisión, cincuenta mil kilómetros de cable, y 300 estaciones intermedias.

En comparación, la capacidad logística y los recursos de Estados Unidos son inmensos; pero están orientados en otras direcciones. En los últimos veinticinco años el gobierno yanqui ha enviado cientos de miles de soldados y burócratas con el propósito de invadir y ocupar naciones en las otras esquinas del globo terraqueo. La inabilidad del gobierno de organizar y distribuir equipos y trabajadores a mil ochocientos kilómetros de la costa de Florida, es una cuestión de motivos políticos, en vez de técnicos o logisticos.

El anuncio de la semana pasada de privatizar la AEE desenmascara esos motivos políticos. La empresa pública debe EUA$ 9 mil millones, la parta más grande de la deuda de toda la isla de más de EUA$ 70 mil millones.

En verdad, se proyecta privatización de la AEE desde hace tiempo. Cuatro de los siete miembors de la Junta de Administración y Supervisión Financiera de Puerto Rico, con enormes poderes para apoderarse de bienes públicos y cancelar jubilaciones, exigía la privatización de la AEE en un artículo del periódico financiero Wall Street Journal, tres meses antes de la tormenta

“Opinamos que sólo privatizando a la AEE será posible atraer las inversiones necesarias para reducir costos y proveer energía eléctrica más segura para toda la isla”, escribieron.

Recientemente, Jaime El Koury, abogado general de la Junta, sugirió en la Asociación de Juristas de Nueva York, que el modelo a seguir fuera el de los gobiernos latinoamericanos de la década de 1980.

“En los ochenta Latinoamérica cumplió”, declaró. “Fue difícil; demandó grandes sacrificios del pueblo, pero cumplieron”. Específicamente Koury mencionó al régimen chileno del tirano Augusto Pinochet, quién llevó a cabo una sarta de privatizaciones después de haber sangrienta y salvajemente a la oposición política.

En los últimos diez años la situación se ha deteriorado grandemente en Puerto Rico, en cuanto a la electricidad y a la economía. La economía de la isla, que deriva de los requisitos del imperialismo yanqui, ligado en épocas recientes al desarrollo de una base de manufactura para bienes farmacéuticos, entre otros.

Subvenciones tributarias y una mano de obra barata produjeron grandes lucros por un tiempo. Cuando la población era pobre.

Para mediados de la primera década de este nuevo siglo, las empresas estadounidenses se habían establecido en otros lugares, con mano de obra aún más barata y las subvenciones tributarias fueron canceladas. Para 2016, el gasto de inversiones ya había bajado al 7,9 del Producto Bruto Interno de la isla, en contraste con el 20,7 por ciento en 1999. La tasa de desocupación se multiplicó, al doble de lo que es en la parte continental de EUA. La pobreza subió al cincuenta por ciento de la población, comienza entonces el gran éxodo.

Con menos y más pobres consumidores, sin poder costear los altos costos de electricidad, la AEE se endeuda más. Pospone sus inversiones, deja que se pudran sus usinas y las redes de transmisión; en los últimos cinco años se viene librando del treinta por ciento de su fuerza laboral, no reemplazando a los que se iban.

Poco antes de María, los apagones se habían hecho una rutina, incluyendo un apagón grande, de tres días, en septiembre 2016. Un informe independiente de la Comisión de Energía de Puerto Rico, de noviembre 2016, decía que los archivos de la AEE indicaban tasas de apagones cinco veces más grandes que el promedio del resto de EUA.

El derrumbe de la AEE fue deliberado; se le negaron recursos, se permitió que cundiera la corrupción. Mientras tanto, los capitales yanquis marcaban su compás, ofreciendo más préstamos, sabiendo bien que eso llevaría a la quiebra, y les abriría el camino para saquear las propiedades públicas de Puerto Rico.

So pretexto de la combinación de catástrofes, la bancarrota y María, la clase de poder proyecta implementar la restructuración total de las relaciones sociales para el mayor lucro de poderosas empresas e intereses financieros. Todo ese proceso se modela en el Nueva Orleans del 2005, azotado por el huracán Katrina, en la bancarrota municipal de Detroit, y, mundialmente, en la crisis de países como Grecia.

La clase trabajadora debe dar su propia respuesta. Es necesario bloquear la privatización del sistema eléctrico, que debe estar bajo la administración democrática de la clase obrera. Tener acceso a la energía eléctrica es un derecho social esencial —no debe depender del apetito de lucro de grupos de inversionistas o de los bancos que determinan las medidas económicas y las inversiones—. Ese derecho social sólo puede ser actualizado en congruencia con una lucha en común con los millones de trabajadores de Estados Unidos y del mundo, independiente de todos los partidos políticos burgueses, conquistando el manejo de la economía para la clase obrera.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 2 de febrero de 2018)