El martes 3 de octubre, el Departamento de Estado de los Estados Unidos informó al embajador cubano, José Ramón Cabañas, que el gobierno cubano tendría que eliminar a 15 miembros de su embajada en Washington, DC. La reducción, que equivale a dos tercios del personal de la embajada, a raíz de las misteriosas acusaciones de "ataques sónicos" que afectan al personal estacionado en la embajada estadounidense en La Habana, cumple efectivamente la promesa de campaña del presidente Donald Trump de "cancelar el acuerdo unilateral de Obama con Cuba."

El gobierno cubano recibió una lista de individuos que el gobierno de los Estados Unidos quiere eliminar. Después de la reducción, la embajada cubana se quedará con una docena de empleados, con solo uno de ellos siendo un funcionario consular. Según un informe de Associated Press (AP), esto deja a la embajada con un personal más pequeño de lo que mantuvo antes del acercamiento y la actualización de su "sección de intereses" a una embajada.

Se ordenó a todos los oficiales comerciales de la embajada cubana que se fueran, poniendo fin a nuevas discusiones sobre acuerdos comerciales entre empresas estadounidenses y el gobierno cubano. Un empleado de la embajada cubana que se retiró señaló en un mensaje: "Debido a esta decisión, las actividades desarrolladas por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de Cuba en los Estados Unidos... se verán seriamente afectadas".

Con la partida del personal de la embajada, se detendrá el procesamiento de visas para cubanos y cubanoamericanos que residen en los Estados Unidos y tienen la intención de viajar a la isla, lo que podría interrumpir los viajes indefinidamente. A fines de septiembre, cuando Estados Unidos retiró su propio personal de la embajada estadounidense en La Habana, el gobierno anunció que suspendería el procesamiento de las visas de inmigración para los cubanos que desearan emigrar a los Estados Unidos. Esto parecería violar un acuerdo que data de mediados de los años 90, bajo el cual se otorgan hasta 20.000 visas a los cubanos anualmente, proporcionando una válvula de seguridad para la ira social contra el gobierno cubano.

La orden de salida de los diplomáticos cubanos toma lugar siguiendo a las denuncias ampliamente divulgadas sobre ataques de armas "sónicas" o "acústicas" contra personal diplomático estadounidense estacionado en La Habana, que supuestamente han afectado a 22 personas de los Estados Unidos y cinco canadienses en los últimos 11 meses. Los afectados han sufrido diversos síntomas, como náuseas, dolores de cabeza, mareos y otros problemas aparentemente neurológicos y cognitivos.

Todos los informes relativos a los ataques provienen de fuentes no identificadas del Departamento, y ninguno de los afectados es mencionado por nombre. Tampoco han sido nombrados los que lo están tratando. Esto quizás no sea una sorpresa, ya que AP informó que la mayoría del personal "diplomático" afectado era en realidad agentes de inteligencia estadounidenses.

Las especulaciones acerca de la causa de los ataques y si sucedieron de verdad, han llegado al ámbito de la ciencia ficción, y muchos científicos han manifestado que ninguno de los mecanismos causales propuestos, como ultra o infrasound, explicarían los diferentes síntomas mencionados. En un informe que apareció en Wired, Robert Putnam, gerente de marketing de LRAD, una firma que fabrica armas acústicas, dijo: "Nada de esta historia tiene sentido para nosotros".

Cuba ha negado vehementemente cualquier participación en los ataques, e incluso ha dado el paso sin precedentes de permitir que los investigadores del FBI viajen libremente al país y busquen la fuente de los ataques. En consecuencia, el gobierno de los Estados Unidos no ha acusado al gobierno cubano de ser la fuente de los ataques. Aunque cinco canadienses también fueron supuestamente afectados, el gobierno canadiense se ha negado a hacer comentarios, y no está retirando a ningún miembro de su personal de la isla.

Oficialmente, según el Secretario de Estado Rex Tillerson, "La decisión se tomó debido a que Cuba no tomó las medidas apropiadas para proteger a nuestros diplomáticos de conformidad con sus obligaciones en virtud de la Convención de Viena".

El gobierno cubano, aunque cooperó con la investigación inicial, ha protestado por las últimas medidas estadounidenses para expulsar a los miembros de su misión diplomática. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, emitió un comunicado diciendo que "el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) protesta enérgicamente y denuncia esta injustificable e inaceptable... decisión eminentemente política" y protesta por la falta de acceso a las víctimas o por cualquier otra evidencia compartida, señala que "no hay evidencia de la ocurrencia de los presuntos incidentes o las causas u origen de las condiciones de salud reportadas por los diplomáticos estadounidenses y sus familias".

Si los ataques sucedieron o no, el gobierno de Trump parece decidido a usarlos como pretexto para deshacer gran parte del acercamiento iniciado por el gobierno de Obama, para ganarse el favor de los exiliados cubano-estadounidenses de derecha. Después de haber reducido la relajación de los viajes y prohibido los acuerdos financieros con el gobierno y el ejército cubano en junio pasado, los últimos eventos esencialmente paralizan cualquier otra conversación entre las compañías estadounidenses y el gobierno cubano.

Al mismo tiempo, al no simplemente cortar las relaciones por completo, el gobierno de Trump ha preservado en gran medida los arreglos y acuerdos actuales que ya se han hecho, como con las compañías aéreas, compañías de cruceros y Airbnb.

Por su parte, la desesperación del gobierno cubano por ampliar su relación con Estados Unidos para disminuir su dependencia de una Venezuela inestable es evidente en su disposición a invitar al país a los agentes de inteligencia del imperialismo estadounidense.