En preparación para la votación de la asamblea constituyente el domingo, las dos principales facciones de la clase dominante venezolana están luchando por establecer infraestructuras gubernamentales paralelas. La votación para elegir a los 545 miembros que compondrán la asamblea constituyente es parte de los intentos del presidente Nicolás Maduro y de su Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de marginar a la Asamblea Nacional controlada por la oposición. Estas maniobras, junto con la provocadora campaña de la oposición después de la “huelga nacional” del jueves pasado, amenazan con arrastrar al país al borde de la guerra civil.

La cifra de muertos relacionados con la oleada de protestas convocadas desde abril por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de la oposición ha sobrepasado las cien tras la muerte el jueves de dos manifestantes, incluyendo un joven de 15 años. Los informes indican que 367 manifestantes fueron arrestados ese día. Varios de ellos probablemente serán juzgados en tribunales militares como parte del “Plan Zamora”, el cual fue decretado en abril por Maduro para gobernar con ley marcial en medio de una oposición generalizada y una crisis social cada vez más aguda.

La ofensiva en marcha de la oposición, continuó el viernes en una sesión al aire libre de la Asamblea Nacional que controla la MUD. Reunidos en una plaza del este de Caracas, los legisladores nombraron y juramentaron a 33 magistrados para integrar una corte suprema “paralela” o “en la sombra”, en oposición a la existente que controla el PSUV gobernante.

El portavoz y líder del MUD, Andrés Velázquez, anunció tras la ceremonia que realizarán una marcha el sábado hacia el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en apoyo a los nuevos “magistrados”, e instaron a los militares a “obedecer” al Parlamento y al nuevo órgano judicial y llamar nuevas elecciones.

Por su parte, el vicepresidente parlamentario Freddy Guevara, figura pública central de la derecha MUD, amenazó al gobierno con un ultimátum, advirtiendo: “La próxima semana será la recta final para lograr el cambio en Venezuela y hacer retroceder esa falsa constituyente”.

En respuesta, el presidente de la Sala Constitucional del TSJ, Juan José Mendoza, denunció el tribunal “paralelo” como un “delito de usurpación” y convocó “a las autoridades competentes civiles y militares ejecutar las acciones de coerción pertinentes”. A la mañana siguiente, el presidente Maduro anunció que los 33 magistrados de la oposición y quienes los nombraron serían “arrestados uno por uno”.

La policía federal detuvo a uno de los magistrados, Ángel Zerpa, más tarde ese mismo día. Zerpa, profesor de derecho de la Escuela de Fiscales del Ministerio Público, había estado representando a la ex fiscal general, Luisa Ortega Díaz, como parte de un proceso judicial contra ella organizado por el Tribunal Supremo. Esta arremetida comenzó después de que Ortega atacara la constitucionalidad de los esfuerzos del gobierno de Maduro de marginar a la legislatura en abril.

El martes, el Parlamento anunció la detención de otros dos “jueces” de la oposición: Jesús Rojas Torres y Zuleima González.

Los líderes del MUD respondieron a esta operación contra los magistrados aumentando las tensiones aun más. El lunes llamaron a sus seguidores a oponerse a la imposición del “comunismo” a través de la asamblea constituyente y a ocupar los centros electorales el próximo domingo.

El ministro de Defensa de Maduro, el general Vladimir Padrino, advirtió que las fuerzas armadas defenderán el proceso de votación y le dijo a la MUD que sus llamamientos “rayan con la apología al delito”.

La oposición ha dejado claro que estas provocaciones derechistas son demostraciones de fuerza para forzar a los chavistas a negociar y conceder mayores poderes. En una conferencia de prensa antes de la huelga del jueves, el legislador del MUD, Henry Ramos Allup, pidió un “compromiso” para formar un “gobierno de unidad nacional”.

La forma que éste proceso adopte —ya sea con o sin Maduro, a través de un golpe de Estado o una transición negociada— está siendo discutida a espaldas de los venezolanos, entre las dos principales facciones de la clase dominante venezolana junto con las grandes potencias que tienen importantes inversiones en el país, incluyendo Washington, Beijing y Moscú.

Ya sea a través del referéndum convocado la semana pasada por la oposición o la asamblea constituyente, los sectores opuestos de la clase dominante buscan defender los intereses de las diferentes facciones del capital internacional y nativo, lo cierto es que todos ellos seguirán atacando las condiciones sociales de los trabajadores y jóvenes venezolanos.

La creciente agresividad de la oposición es en gran medida una respuesta a su apoyo por parte del gobierno estadounidense. El lunes, el canciller venezolano condenó las declaraciones del director de la CIA, Michael Pompeo, en el centro de investigaciones Aspen Institute la semana pasada, lo que señala indicios de la existencia de una conspiración para derrocar al gobierno de Maduro.

“Estamos muy esperanzados de que pueda haber una transición en Venezuela y nosotros en la CIA estamos haciendo todo lo posible por entender la dinámica allí”, dijo Pompeo, agregando que acababa de regresar de México y Colombia, donde discutió “cómo obtener un mejor resultado” a partir de la crisis venezolana.

En anticipación a la que se está convirtiendo en una semana cada vez más tumultuosa en Venezuela, el MUD está llamando a otra huelga, esta vez de 48 horas. Estas acciones, no solamente están siendo alentadas, sino impuestas como cierres patronales por los empleadores y algunos sindicatos. Según Freddy Guevara, el 85 por ciento del país dejó de trabajar el jueves, mientras que Maduro afirmó que había sido un “fracaso absoluto”.

Esta próxima “huelga general” está programada para comenzar el miércoles. La cámara superior de negocios, Fedecámaras, emitió una declaración el martes en apoyo a “nuestros trabajadores y empleadores que decidan unirse”. Además, varias centrales sindicales anti-Maduro —que incluyen más de 300 sindicatos según algunos informes—han anunciado que van a participar en la demostración de fuerza del MUD.

Dada la enorme oposición de los trabajadores contra ambos sectores de la burguesía, estas fuerzas están perceptiblemente nerviosas ante la perspectiva de no poder contener una posible respuesta masiva de los trabajadores. Norma Torres, líder del Frente de Trabajadores en Defensa de la Constitución y la Democracia, pidió a los trabajadores no dejar sus hogares a fin de atenerse a la huelga. “Inicialmente, llamamos a dos días de huelga, pero dependerá de cómo se vaya presentando la situación”, agregó.

También está participando la Confederación Chavista de Trabajadores Venezolanos (CTV). Una dirigente, Andrea Parra, dejó claro que lo que los sindicatos están haciendo cumplir no es una huelga, sino un bloqueo para tratar de disciplinar a los trabajadores y que se alineen con la ofensiva de la MUD. Advirtió: “Si ustedes no deponen esa actitud pasiva, nosotros tendemos una dictadura y eso no es lo que quiere Venezuela ni la clase trabajadora”.

La CTV está afiliada a la central sindical estadounidense AFL-CIO, que tiene una larga historia de respaldo al imperialismo estadounidense en América Latina y en todo el mundo. En abril del 2002, la CTV participó en una conspiración respaldada por EE. UU. con la oposición derechista y sectores del ejército que terminaron con la breve expulsión del expresidente Hugo Chávez.

Los partidos de pseudoizquierda en Venezuela se han movido para tratar de contener la cada vez más explosiva oposición social, bien sea detrás de los esfuerzos de la MUD o en apoyo al gobierno de Maduro. La sección venezolana de la morenista Unidad Internacional de Trabajadores (UIT-CI), PSL, es una de las organizaciones que pasó de apuntalar a Maduro a pedir su destitución. Insiste en “seguir protestando hasta que este gobierno caiga”, al tiempo que llama a votar en el referéndum patrocinado por la MUD y a participar en sus “huelgas”.