El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió "acciones económicas fuertes y rápidas" contra el gobierno venezolano el Lunes, levantando la amenaza implícita de sanciones contra la industria petrolera del país, cosa que tendría efectos devastadores en la economía del país.

La amenaza de Washington viene después de una escalada de la campaña de la oposición de derechas contra el plan del gobierno de celebrar una asamblea constituyente que reescriba la constitución. Esto ha culminado en la convocatoria de una huelga nacional de 24 horas que tendrá lugar el jueves 20 de julio.

Según un informe de Reuters, una expansión de sanciones enfocadas, dirigidas a oficiales del régimen, ya ha sido preparada y solo necesita que Trump la anuncie. Dos personalidades contra las que se pensó dirigir las medidas son el ministro de defensa Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello, el antiguo presidente de la Asamblea Nacional y figura clave tanto en el ejército venezolano como en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Estas nuevas sanciones implicarían congelar los bienes de esos oficiales en los Estados Unidos y prohibir hacer negocios con compañías e individuos estadounidenses.

Esto sucede a dos rondas anteriores de sanciones contra oficiales del gobierno venezolano y la compañía petrolera estatal PDVSA. Más recientemente, el Departamento del Tesoro de EEUU anunció que iba a bloquear al vicepresidente Tareck El Aissami del sistema financiero estadounidense por presunta implicación en el tráfico de drogas.

De acuerdo con un informe publicado por el Financial Times, cuando se le preguntó por la posibilidad de una prohibición de las importaciones de petróleo venezolano, un oficial estadounidense habría afirmado que "todas las opciones están sobre la mesa". Los Estados Unidos reciben alrededor del 25 por ciento de la producción venezolana de crudo, lo que quiere decir que cualquier disminución en las importaciones reduciría las divisas extranjeras disponibles al gobierno venezolano para financiar la importación de alimentos, medicamentos y otros productos básicos necesarios, exacerbando la ya severa escasez.

Con todo, ha habido oposición a un embargo exhaustivo del petróleo venezolano desde los operadores de refinería estadounidenses que dependen del crudo venezolano para sus operaciones y se enfrentarían con dificultades al cambiar a otras fuentes de crudo. El presidente de la asociación de Fabricantes de Combustible y Petroquímicos Estadounidenses, Chet Thompson, le escribió a Trump, diciendo, "Sanciones que limiten importaciones estadounidenses de crudo venezolano desfavorecerían a muchas refinerías estadounidenses, particularmente las de las regiones de la Costa del Golfo y de la Costa Este, que se han optimizado para utilizar crudo agrio producido en Venezuela".

Entre los mayores importadores de petróleo venezolano están Citgo, la subsidiaria estadounidense de PDVSA, Valero Energy, Phillips 66 y Chevron. En su totalidad, Venezuela representa aproximadamente el 9 por ciento de las importaciones estadounidenses de petróleo crudo. Una reducción en la disponibilidad de crudo venezolano significaría una subida en los precios de la gasolina e incluso posiblemente despidos en refinerías.

A causa de las dificultades políticas involucradas en ampliar sanciones más allá de chavistas prominentes, buena parte de la presión estadounidense sobre Venezuela ha venido a través del apoyo a la oposición de derechas centrada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y su exigencia de nuevas elecciones y algún tipo de arreglo para compartir el poder basado en su control de la Asamblea Nacional.

Esto llevó el domingo a un referéndum nacional organizado por la MUD sobre el plan de la asamblea constituyente. Aunque fue celebrado sin los auspicios del Consejo Nacional Electoral, que tildó de ilegal esa votación, la MUD afirmó que hubo una participación de 7,2 millones, o el 37 por ciento, de los cuales el 98 por ciento votó contra la asamblea constituyente. Tales cifras se alinean de cerca con los votos totales recientes por la MUD en elecciones nacionales y aparentemente incluye votos emitidos en centros de sufragio en más de 100 países, incluyendo a los Estados Unidos.

El mismo día del referéndum de la MUD, el gobierno venezolano programó un "ensayo" de su propia votación de la asamblea constituyente, y fuentes de noticias próximas al gobierno, como Telesur, afirmaron que participaron millones. La votación verdadera está prevista para el 30 de julio. Una vez convocada, se encargará a la asamblea constituyente que reescriba la constitución para consolidar el control chavista en por lo menos ciertos aspectos del gobierno y de la economía venezolanos.

Después del referéndum, la oposición declaró que era la "hora cero" para el gobierno de Maduro, y exigió un paro nacional de 24 horas para el jueves. Sin embargo, dándose cuenta del aislamiento de la MUD respecto a la clase trabajadora y a amplias capas sociales, Freddy Guevara, el vicepresidente de la Asamblea Nacional y miembro del partido Voluntad Popular, dijo en Twitter que la "huelga civil de este jueves no puede partir solo de los hombres de negocio. El país es de todos y todos tienen que garantizar que se paralice Venezuela". Según un informe de Associated Press, la cámara de comercio más grande de Venezuela incluso anunció que los empleadores no castigarán a los trabajadores por ir a la huelga.

También están surgiendo informes acerca de que hay negociaciones internacionales de alto nivel sobre cómo poner fin a la crisis en Venezuela. El Financial Times citó una fuente anónima que decía que el presidente colombiano Juan Manuel Santos tiene previsto viajar a La Habana el domingo al menos en parte para convencer a Raúl Castro para que dé su apoyo a una salida negociada a la crisis, posiblemente incluso dándoles asilo político a Maduro y a su esposa, Cilia Flores. La agencia privada de inteligencia, Stratfor, también afirma que Cuba es el nexo para el diálogo indirecto entre Rusia y los Estados Unidos, en el que el ex presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero ha sido una figura clave. Stratfor también señaló que "ha recibido informes persistentes acerca de que [Maduro] ha barajado pedir asilo en Rusia o Cuba".

Cuba, Rusia y China tienen intereses económicos sustanciales en Venezuela y sufrirían significativamente si fueran enteramente excluidos si cae el gobierno de Maduro. Participando en negociaciones en las que Maduro abandona la escena, esperan congraciarse con la derechista MUD y mantener sus relaciones actuales lo más que puedan.

El principal obstáculo en el camino de cualquier salida negociada a la crisis, o un golpe palaciego, es la propia clase trabajadora. Para la clase trabajadora, todos los desenlaces propuestos, basados como lo están en el mantenimiento del capitalismo, significan austeridad continuada para apuntalar las hojas de balance venezolanas en continuo declive y abonar a los tenedores de bonos.