El 27 de junio, horas antes que la Corte Suprema de Venezuela despojara a la fiscal general disidente, Luisa Ortega Díaz, sus facultades para investigar las violaciones a los derechos humanos, un helicóptero piloteado por un oficial de policía cometió un sospechoso atentado contra la corte, dejando caer cuatro granadas y disparando antes de retirarse.

El gobierno del presidente Nicolás Maduro emitió una declaración en que consideraba el incidente del helicóptero como un ataque terrorista y “parte de la escalada golpista”, aprovechando el suceso para distraer de las medidas antidemocráticas que está realizando.

La declaración del gobierno identifica al atacante como Óscar Pérez, y afirma que está bajo investigación por sus vínculos con la CIA. Varios informes lo describen como un ex inspector de policía de 36 años y actor aficionado. El otrora capitán del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminales, la mayor agencia policial de Venezuela, Pérez también coprodujo y actuó en una película del 2015 titulada Muerte Suspendida, en la representa un personaje basado en su propia vida. El film incluso contiene escenas donde Pérez dispara desde un helicóptero.

Un video publicado en YouTube el día del ataque muestra a Pérez, acompañado de dos hombres enmascarados y armados con rifles de asalto, y lo que parecen ser dos maniquís. En el video, afirma ser parte de “una coalición entre funcionarios militares, policiales y civiles” que son “nacionalistas, patriotas e institucionalistas,” y que busca restablecer “el equilibrio y en contra de este gobierno transitorio criminal.”

Existe una disensión generalizada en las fuerzas armadas venezolanas, especialmente en los rangos inferiores de oficiales. Los informes indican que han arrestado a al menos 65 oficiales del ejército, y 14 de ellos acusados de rebelión y traición.

El gobierno chavista depende en gran medida en las fuerzas armadas, y los oficiales militares encabezan alrededor de un tercio de los ministerios del país y constituyen la mitad de los gobernadores del país.

Muchos generales y oficiales de alto rango, componentes clave de la boliburguesía, se han enriquecido enormemente por medio del chavismo gracias a su control sobre las empresas de las fuerzas armadas. Sin duda hay estratos del cuerpo de oficiales que sienten que su ascenso está siendo obstruido y que Venezuela estaría mejor bajo su control.

Sin embargo, a pesar de las acusaciones del gobierno de Maduro, pareciera que el incidente con Pérez no está conectado con una conspiración mayor en las fuerzas armadas. Aparentemente, sólo había otra persona con él en el helicóptero, sujetando un cartel que decía “Art. 350, Libertad,” en referencia al artículo 350 de la constitución venezolana, donde se exhorta a un pueblo que “desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.”

Las fuerzas de orden venezolanas indicaron haber encontrado el helicóptero del ataque cerca de la costa norte de Venezuela en el estado Vargas, pero no hallaron señas de Pérez.

Aunque los miembros de los partidos de oposición de derecha apoyaron en un principio lo que vieron como una rebelión mayor en las fuerzas armadas, su entusiasmo decayó cuando notaron que la cobertura mediática del incidente estaba distrayendo de las medidas del gobierno contra Luisa Ortega Díaz, la fiscal jefa que se ha pronunciado contra el gobierno de Maduro. El incidente además refuerza las acusaciones del gobierno de que la oposición de derecha, fuertemente respaldada por el imperialismo estadounidense, intenta fomentar un golpe de estado.

Uno de los acusados por el gobierno de tener presuntos vínculos con Pérez, Miguel Rodríguez, el ex ministro del interior y jefe de inteligencia de Maduro, y también general en retiro de alto rango, comentó a Reuters que no estaba “del todo convencido del incidente del helicóptero,” y preguntó retóricamente, “¿Quién gana de esto? Sólo Nicolás por dos razones: dar credibilidad a su discurso de golpe de estado, y culpar a Rodríguez.”

La medida tomada por la Corte Suprema el mismo día del ataque amplió los poderes del Defensor del Pueblo, permitiendo al titular de ese puesto, Tarek William Saab, realizar investigaciones de crímenes ligados a los derechos humanos, normalmente la prerrogativa de la fiscal jefa, Ortega Díaz. Esto formó parte de una escalada contra Ortega Díaz, y en efecto, dos días más tarde el gobierno le prohibió dejar el país y congeló sus activos. Fue citada a una audiencia adicional para el 4 de julio.

En los últimos meses, Ortega Díaz se ha distanciado del gobierno, especialmente respecto a sus intentos de llamar a una Asamblea Constituyente para reescribir la constitución y marginar a la Asamblea Nacional controlada por la oposición. Al declarar que el llamado a una Asamblea Constituyente es inconstitucional, Ortega Díaz contradice las afirmaciones de que el gobierno opera bajo principios jurídicos firmes, un pilar clave de su retórica contra la oposición de derecha.

Ella también ha presentado numerosas acusaciones de violaciones a los derechos humanos contra el gobierno, y ha procesado a soldados y policías por su participación en la muerte de protestantes. Ortega Díaz responsabiliza al gobierno por 23 muertes y 853 lesiones en las protestas, lo que constituye alrededor de un cuarto de los fallecidos en protestas.

Apenas dos días después del incidente del helicóptero, presentó cargos contra Antonio Benavides, el ex jefe de la Guardia Nacional, por violar sistemáticamente los derechos humanos de los protestantes. La concentración de Ortega Díaz en el tema de los “derechos humanos” le ha ganado la adoración de la prensa basada en Estados Unidos y de la oposición, que lo ve como una justificación para la intervención del imperialismo estadounidense. La semana pasada, Maduro reasignó a Benavides de la Guardia Nacional a jefe de Gobierno del Distrito Capital.

Sin importar el origen real del ataque en helicóptero, éste ilustra la profundidad de la crisis que afecta a las capas dominantes. La clase obrera de Venezuela no puede confiar en ningún segmento de la burguesía. Un cambio de gobierno logrado por medio de un golpe de estado apoyado por la CIA o una toma de poder independiente por un grupo de las fuerzas armadas significaría un redoble de los ataques contra los derechos y condiciones sociales básicas. Los obreros venezolanos deben prepararse para avanzar su propio programa socialista e internacionalista, independiente de todas las facciones de la burguesía.