El 19 de enero 1861, Lucy Bagby Johnson, esclava fugitiva de dieciocho años de edad, es detenida en Cleveland por agentes federales estadounidenses, acompañados William Goshorn, su dueño, un adinerado esclavista del estado de Virginia. Meses antes Johnson había escapado al estado de Ohio y encontrado trabajo como empleada doméstica. Rodeados de manifestantes antiesclavistas, los agentes van y vienen con Johnson de la prisión. Johnson es enjuiciada bajo la Ley de Esclavos Fugitivos de 1850, que le prohibe declarar a su favor. Al fin se la envía en tren a través de la línea Mason Dixon que separaba a los estados esclavistas del sur de los estados libres del norte, y devuelta a la esclavitud en Virginia.
El ocho de febrero 2017 el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) detiene a Guadalupe García Rayos, obrera indocumentada del estado de Arizona, cuando ésta cumplía con una cita de rutina en la oficina de ICE en Phoenix. Los funcionarios de ICE cumplían el decreto antiinmigrante del presidente Trump. García de Rayos, madre de dos adolescentes y residente estadounidense desde 1996, cientos de manifestantes, incluyendo amigos y familiares manifiestan su protesta mientras García Rayos es rápidamente enviada a su deportación, sin ningún recurso legal, de la misma manera que Lucy Johnson, 156 años antes.
Se dice que la historia nunca se repite, pero encuentra su ritmo. Eric Foner famoso historiador de la Universidad de Columbia y otros comentaristas han señalado las similitudes entre la Ley de Esclavos Fugitivos, que ayudó a detonar la Guerra Civil de Estados Unidos (1861-1865), y los decretos del 25 de enero de Trump sobre las supuestas seguridad fronteriza y seguridad interna, intitulados “Border Security and Immigration Enforcement Improvements”, y “Enhancing Public Safety in the Interior of the United States”.
La infame Ley de Esclavos Fugitivos, o “ley sabueso”, como la apodaban los abolicionistas, obligaba a la policía municipal del Norte a colaborar en la detención de esclavos fugitivos so pena de una multa de mil dólares contra cualquier oficial de la ley que no lo hiciera, en base a un simple affidávit en algún tribunal del Sur. Para el individuo detenido, la ley prohibía procesos con jurados o el derecho a declarar en su defensa, en ruta a la esclavitud. Su objetivo era impedir que ciudades y pueblos del Norte sirvieran de santuarios para esclavos fugitivos o que los integraran a la clase obrera asalariada en aumento.
La existencia de esa ley convierte a Canadá en el destino deseado para casi todos los esclavos fugitivos, mediante la ruta ilícita de escape, el Underground Railroad — complejo sistema de posadas y escondites seguros para que los esclavos pudieran evadir cazadores, sabuesos y policías federales. En Canadá, parte del imperio británico, leyes y decisiones judiciales se basaban en la famosa Decisión de Somerset de 1772 en la que aparecen la célebre palabras del Lord Mansfield, declarando que el aire inglés era “tan pura e imposible de respirar bajo la esclavitud”.
Todos los intentos de hacer cumplir con la Ley de Esclavos Fugitivos más y más enojaban a la gente Norte. Muchos comenzaban a creer en una “conspiración de las autoridades esclavistas” para extender la esclavitud en toda la unión norteamericana.
Al igual que la Ley de Esclavos Fugitivos, los decretos de Trump rechazan las “ciudades santuario”, donde las autoridades les conceden a los obreros y sus hijos un mínimo de beneficios sociales, o al menos ignoran su presencia. Al igual que sus pares de antes de la guerra civil, los decretos de Trump obligan a las autoridades municipales a detener inmigrantes; amenazan castigar a los que ayuden a los inmigrantes y les niega a éstos derechos legales.
Los decretos están creando vías ilícitas, un nuevo Underground Railroad, que muchos inmigrantes utilizar para encontrar refugio en Canadá. Igual que con la Ley de Esclavos Fugitivos, sectores importantes de la ciudadanía se movilizan en repudio a los decretos de Trump. El trabajador indocumentado, al igual que el esclavo fugitivo de hace 160 años, atrae un creciente sentimiento de solidaridad.
Existe sin embargo otro vínculo entre la Ley de Esclavos Fugitivos y los decretos antiinmigrantes de Trump, que Foner y otros comentaristas han ignorado: Ambos son la consecuencia de la Guerra Estados Unidos México de 1846-1848.
La Ley de Esclavos Fugitivos tiene su origen directo en esa guerra predatoria, que fue impulsada por el gobierno del Partido Demócrata del presidente James K. Polk. Su objetivo era utilizar el patriotismo nacional para apaciguar a la creciente inquina antiesclava — y añadir más territorio para extender el sistema esclavista. El entorno de la guerra fue la inmigración. Azuzando el belicismo estaban los esclavistas estadounidenses ligados a la expansión del cultivo de algodón hacia el oeste y en el estado mexicano de Tejas. México había abolido la esclavitud en 1829. Tejas, con su declaración de independencia de México en 1936 tenía el objetivo expandir y estabilizar la producción de algodón, basada en la esclavitud; era parte de una conspiración para unirse a Estados Unidos, de la élite anglo tejana dueña de plantaciones.
Pareció que la guerra de Polk había sido un gran éxito. El ejército yanqui barre con su débil rival mexicano. Ocupa la Ciudad de México en septiembre 1847. En el Tratado de Guadalupe Hidalgo, Estados Unidos obliga a México a ceder un tercio de su territorio nacional. México tuvo que reconocer la pérdida de Tejas, Nueva México y parte de Oklahoma y ceder los actuales estados de California, Arizona y Nevada, y parte de los estados de Colorado y Wyoming.
Por todo el país se extiende una ola de patriotismo. Miembros de los Partidos Demócrata y Whig dejan de lado sus diferencias para celebrar “la gloria militar — ese arco iris de atracción que nace en lluvias de sangre”, palabras de Abraham Lincoln, entonces un joven congresista rechazando la guerra. Disgustado, Lincoln, abandona la política y regresa al estado de Illinois y a su labor de abogado.
El escritor Henry David Thoreau es enviado a prisión por rehusarse a pagar impuestos en repudio a la guerra. “Ante la alternativa de encerrar en prisiones a todos los hombres justos, o de abandonar su proyecto de guerra y esclavitud, el estado no titubea en escoger la primera”, declaraba Thoreau.
Algunos comentaristas bien entendían que esta guerra de saqueo no resolvería nada: “Mexico nos envenenará”, pronosticaba sabiamente Ralph Waldo Emerson, amigo de Thoreau.
La historia nos enseña una y otra vez que las guerras de agresión acarrean consecuencias que los conspiradores no anticipan. Con la intención de preservar la esclavitud para siempre, la Guerra Estados Unidos México, en cambio, inicia una sarta de acontecimientos que quince años después destruyen ese sistema. Una semana antes de formalizarse el tratado de Guadalupe Hidalgo, se desmorona el sueño de los esclavistas de extender su imperio a California, con el descubrimiento de oro en esa región en 1848. Ese descubrimiento atrae al territorio a muchos miles de exploradores, pequeños comerciantes y futuros industrialistas. Todos ellos exigen “mano de obra asalariada” para ese estado dorado. En 1850 California se integra a la unión como estado libre.
Aturdida por la perdida de California —y por la traición en Pensilvania de David Wilmot, miembro del Partido Demócrata que había intentado, sin éxito, impedir la esclavitud en todos los territorios robados a México— la élite sureña de poder demanda compensación. Ésta toma la forma de la Ley de Esclavos Fugitivos, parte del compromiso de 1850, negociado por Henry Clay (1777-1852). Ante el hecho consumado, la entrada de California como estado libre, con su muy probable riqueza agrícola (dado su clima mediterráneo y sus fértiles valles), el Sur recibe una agresiva Ley de Esclavos Fugitivos y la “soberanía popular” — el derecho a establecer la esclavitud en todos los territorios nuevos en base al voto de sus colonos blancos libres.
Ninguna de esas medidas pacifican al Sur, o frenan el “conflicto irremediable”. Todo lo contrario, la soberanía popular en su momento crea el escenario de la futura guerra civil en la “Kansas Sangrienta”, cuando ese territorio se llena de partidarios de la libre estadidad, tales como el abolicionista John Brown (1800-1859), en lucha contra la guerrilla esclavistas del estado de Missouri. En cuanto a la Ley de Esclavos Fugitivos, ésta sólo radicaliza a la opinión pública contra “Las autoridades esclavistas”.
Repetidamente, los norteños inundan las calles en defensa de sus vecinos y camaradas de trabajo que van a ser deportados a la esclavitud. En 1854 un grupo de cinco mil rescata a Joshua Glover en las calles de Milwaukee. De esa manera la Ley de Esclavos Fugitivos apresura la detonación de esa Segunda Revolución americana, la Guerra Civil estadounidense.
La otra consecuencia de la Guerra Estados Unidos México se incuba en la historia estadounidense por muchos más años. La frontera que dibujó el tratado Guadalupe Hidalgo divide en dos aquello que con el tiempo sería imposible dividir: la economía y el pueblo de la zona suroeste de Norteamérica.
Guadalupe Hidalgo deja atrás a muchos miles de ciudadanos mexicanos en los nuevos estados de Estados Unidos. Desde 1850 hasta tiempos recientes los mexicanos conservan el derecho a cruzar, y cruzan, la frontera con facilidad. Luego en los años 1920, Estados Unidos impone Ley de Orígenes Nacionales de 1924 impone una veda a la inmigración europea sin afectar a la inmigración mexicana.
Durante la Gran Depresión económica, el gobierno del presidente Franklin Delano Roosevelt y del Partido Demócrata impone medidas de deportación y repatriación contra los mexicanos, aun los que habían nacido en Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial causa que se inicie el Programa Bracero: durante los siguientes 25 años cientos de miles mexicanos ingresan a Estados Unidos como “obreros invitados”, mal pagados y muy explotados.
El Programa Bracero acaba en 1964. Eso y la expulsión del campesinado mexicano como resultado de la “revolución verde” organizada por bancos y empresas agrícolas estadounidenses aliados con la élite de poder mexicana, da impulso a una inmigración en masa. El reemplazo de la agricultura de subsistencia por industrias agroexportadoras efectivamente integra a los campesinos de México y Centroamérica al proletariado norteamericano.
Más que en ninguna otra parte del mundo la frontera Estados Unidos México hace evidente la contradicción entre el estado nacional y la economía global. California y Texas, los premios grandes cedidos por México en los 1840, actualmente son los dos estados más poblados. Si fueran países independientes, serían la sexta y décima economías mundiales. La economía de cada uno de estos dos estados es más grande que la economía de México, con la que están unidos con lazos comerciales de miles de millones de dólares.
La población de cada uno de esos estados consiste de 38,2 por ciento de “hispanos”. Muchos otros inmigrantes mexicanos viven más al norte de la frontera. Fuera de Los Ángeles, California, la segunda población de origen mexicano en Estados Unidos, 700.000, viven en la ciudad de Chicago, estado de Illinois.
Estas estadísticas describen otra similitud entre la Ley de Esclavos Fugitivos y los decretos de Trump. Son dos conatos desesperados de proteger la frontera de la disrupción social y política — léase: detener el progreso histórico.
La élite sureña de poder había aprendido que “en las relaciones entre las dos razas”, frase del político esclavista John C. Calhoun, la esclavitud era minada en las ocasiones donde los esclavos se juntaban con obreros libres, blancos o negros. No por casualidad aprendió a leer y escribir, y conoció el Norte, la libertad y el abolicionismo el líder negro Frederick Douglass viviendo, como esclavo a contrato, en la compañía de jóvenes y hombres obreros en Baltimore. “El impulso que daban las condiciones urbanas a los contactos interraciales, vínculos familiares e intimidades…socavaba la autoridad del patrón, disminuía su control y borraba la línea entre libertad y servidumbre”, escribió el difunto C. Vann Woodward.
Durante décadas previas a la Guerra Civil, el Partido Demócrata intenta frenar ese proceso con las primeras leyes de segregación en el Sur y el Norte. Impone la Ley de Esclavos Fugitivos y azuza el racismo, sugiriendo que los esclavos libres le robarían empleos a los obreros, reducirían sus sueldos y violarían mujeres blancas — el mismo lenguaje que Trump y sus partidarios fascistas usan hoy en día.
La derrota de esa política, evidenciada en la elección de Lincoln en 1860, requeriría medidas aun más desesperadamente reaccionarias. James McPherson, historiador de la Guerra Civil, se refiere a la secesión sureña con la frase “contrarrevolución anticipada”.
“En vez de restaurar el viejo sistema, la contrarrevolución anticipada golpea primero, para proteger el estatus quo para prevenir el peligro revolucionario”, escribe McPherson. El conato de la oligarquía esclavista para dar marcha atrás a la rueda de la historia, que comienza con la Ley de Esclavos Fugitivos, termina con la destrucción de esa oligarquía. “Pocas veces en la historia ha provocado una contrarrevolución la revolución que intentaba impedir”, añade McPherson.
Las actuales poderosas fuerzas históricas —más que nada el crecientes poder social y la creciente conciencia política del proletariado— amenazan a la decadente oligarquía yanqui, que representan Trump y su equipo derechista, todos muy concientes que luchan contra la marea de la historia. En su obra seudónima Flight 93 Election, Michael Anton, director de comunicaciones estratégicas del Consejo Estadounidense de Seguridad Nacional pronostica que “la incesante importación de extranjeros del tercer mundo, carentes de tradición, o apetito, de libertad, significa que con cada balotaje, los votantes se mueven más a la izquierda, más hacia el Partido Demócrata, menos hacia al Partido Republicano”.
Las medidas antiinmigrantes de Trump, al igual que la Ley de Esclavos Fugitivos representan un repudio al movimiento de la historia, para impedir la creciente amenaza revolucionaria. Fracasarán también.