Hace nueve días en San José, Costa Rica, más de cinco mil trabajadores y jóvenes marcharon a la Asamblea Legislativa. Se movilizaron como parte de una huelga de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), protestando contra los sueldos paralizados, los impuestos regresivos y los proyectos de ley que amenazan con recortar sus jubilaciones y demás beneficios salariales y que la Asamblea comenzó a discutir el mismo jueves de la huelga.
La APSE ha sido el sindicato más activo en sus demonstraciones contra estos ataques históricos a los trabajadores de educación y públicos. En años recientes, y en abril y junio de este año, la APSE ha movilizado grandes contingentes. Incluso se les excluyó particularmente a ellos de una convención colectiva con el Ministerio de Educación Pública (MEP) como represalia por convocar la huelga de finales de junio.
Sin embargo, la menor participación de docentes en estas manifestaciones es evidencia de una creciente sospecha que ni las direcciones sindicales, ni los partidos políticos que con ellas trabajan, están defendiendo los intereses de los trabajadores, y que, al contrario, operan detrás de sus espaldas negociando acuerdos con el gobierno.
Esta realidad se ha desarrollado durante décadas de traiciones contra los obreros. Por lo tanto, la APSE y los sindicatos en general han contado cada vez con menos miembros. En 1984 la tasa de sindicalización en Costa Rica llegó al 15 por ciento, pero se ha ido desmoronado hasta alrededor del 9 por ciento el día de hoy.
Carlos, un electricista jubilado que trabajó durante 40 años en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) se unió a la manifestación en rechazo a los ataques del gobierno. Se quejó de que los sindicatos “sólo le sacan el dinero a los trabajadores”. El sindicato al cual perteneció, la Asociación Nacional de Trabajadores de Energía Telecomunicaciones y Afines (ANTTEA), que es parte del bloque sindical Patria Justa, permitió que su pensión fuera menos de la mitad de su sueldo, mientras que “le han sacado el dinero a más de uno”.
Refiriéndose al costo de la educación de sus hijos, Carlos dijo: “hay veces que no comemos carne para comprar libros”.
Yamileth, una conserje de colegio desde hace 21 años y miembro de la APSE, marchó junto con su nieto, Santiago. “Sólo podemos defender nuestros beneficios aquí en la calle, no con las negociaciones. Hoy le estamos dando un ultimátum al gobierno”, dijo ella.
Se mostró enojada que “quieran subir nuestra edad de retiro. Ahora nos quieren meter en la educación dual, que convertiría a niños de 14 años en mano de obra gratis para compañías”. También expresó lo indignante que es que a los trabajadores públicos les dieran un aumento de tan sólo 10 colones por cada 100.000 colones (US$180) de sueldo, el equivalente al 0,01 por ciento.
Estos ataques históricos no sólo van dirigidos hacia los empleados públicos, sino van contra las condiciones sociales de toda la clase obrera y los jóvenes. El aumento del 10 al 13 por ciento en el regresivo impuesto de ventas y las medidas de ajustes austeros en salud y educación del gobierno de Rafael Ángel Calderón (Partido Unidad Social Cristiana, PUSC, 1990-94) y durante el gobierno de unidad de José María Figueres (Partido Liberación Nacional, PLN, 1994-98) y Calderón—comparables con el impuesto de valor agregado del 15 por ciento y los recortes sociales que están siendo preparados actualmente—produjeron aumentos enormes en desempleo, pobreza y el sector informal, junto con una mayor deserción escolar y la reaparición de enfermedades que habían sido eliminadas, como el dengue.
Conforme se intensifica el deterioro en las condiciones sociales del país, el gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC) bajo el presidente Luis Guillermo Solís, como toda la clase dominante costarricense, se está preparando para una intensificación de la lucha de clases. La tasa de ocupación, que es la proporción de la fuerza laboral a la población en edad de trabajo, ya ha caído abismalmente en los últimos dos años, alcanzando un 51,8 por ciento en el segundo trimestre del 2016, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Esta es la tasa más baja para toda América Latina por un margen significativo según las estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
Menos personas están buscando trabajo, por lo cual se ha mantenido la tasa de desempleo alrededor del 9,5 por ciento, una de las más altas de la región. Desde el 2010, los salarios reales cayeron un 3 por ciento y han aumentado la pobreza y la informalidad paulatinamente.
Según el presupuesto del gobierno central para el 2017, el 44 por ciento del aumento relativo al 2016 será para pagar la deuda, la cual se estima que llegará al 49 por ciento del PIB el año que viene. La cuantiosa acumulación de deuda pública bajo condiciones de tasas de interés bajas representa una situación deliberadamente imprudente que podría provocar el colapso de los servicios sociales. Se estima que el 67 por ciento del presupuesto del 2017 para la educación pública será financiado con préstamos.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), están requiriendo que se implemente el impuesto de valor agregado antes de dar nuevos préstamos, presionando aún más las cuentas estatales.
Asimismo, de no aprobarse el impuesto a sociedades anónimas, el presidente Solís alertó el mismo jueves de la protesta, “vamos a poner a competir a la Fuerza Pública con recursos de educación pública, de salud pública, con vivienda, y todo lo demás”.
Otra medida de la clase dominante es “fortalecer el diálogo tripartito” entre la patronal, el estado y los sindicatos, como lo ha mencionado el nuevo ministro de trabajo, Carlos Alvarado Quesada, quien inició en mayo.
En junio del 2015, Patria Justa firmó un acuerdo con los líderes del partido de la seudoizquierda, el Frente Amplio, y el PAC, llamado “Una agenda patriótica para el bien común”, donde apoya explícitamente el proyecto reaccionario del gobierno: “Gestionar el control político y ciudadano necesario para garantizar la eficiencia y la eficacia en la ejecución del presupuesto de las instituciones públicas, de manera que no haya superávit”, dice la declaración entre otros puntos reveladores.
Ottón Solís, el fundador del PAC, y Oscar Arias, ex presidente del Partido de Liberación Nacional (PLN) han estado trabajando juntos para forjar un “gobierno de unidad nacional” para las elecciones del 2018. Según declaró Solís al diario de extrema derecha, La Nación, ese proyecto cuenta con el apoyo de “una mayoría del directorio de Liberación Nacional. Ya hace semanas, el Frente Amplio y el PUSC respondieron positivamente”. El proyecto también iría a contar con el apoyo explícito o con la obediencia implícita de la burocracia sindical.
Frente Amplio también está de acuerdo con negociar esta coalición con Arias, algo que hubiera sido impensable el año pasado, cuando ese partido aún rechazaba la agenda de derecha que ahora apoya en el Congreso.
El WSWS también habló con Félix, un maestro de música de secundaria, quien insistió que votar por el Frente Amplio y por su candidato a presidente, José María Villalta, “no va a ayudar en nada, igual que con [el actual presidente] Luis Guillermo, sólo se aprovechan de nosotros”. Ante la pregunta sobre si los sindicatos están haciendo lo necesario para defender los intereses de los docentes, contestó negativamente y comentó que la situación para los trabajadores se está volviendo más difícil, advirtiendo, “Cuidado nos aparece algún Comandante Cero [líder guerrillero sandinista], un Castro, u otro guerrillero. Tampoco ayudarían en nada”.
Junto con la APSE participó en la huelga el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Educación (SEC). No participó, sin embargo, el otro sindicato de docentes grande, la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), que pertenece al Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense, y tampoco apoyo la huelga en junio.
Félix explicó que la división entre los sindicatos se debe a que mientras todos los otros sólo buscan negociar con los oficiales del gobierno, al menos la APSE “todavía está más interesada en estar ahí para los trabajadores”.
Sin embargo, la APSE está ligada histórica y financieramente al gobierno y a la menos activa ANDE. Desde el punto de vista financiero, le toca al MEP reducirle el uno por ciento del sueldo a los docentes destinado a los sindicatos. La ANDE, por su parte, administra los fondos de jubilación y seguro de vida de los miembros de la APSE. Históricamente, la APSE surgió de la ANDE en 1955 para formar un sindicato “apolítico”. En sus inicios, se le dio asistencia y acceso a edificios y vehículos del MEP. El interés de los dirigentes de la APSE, más allá de todo, es seguir obteniendo el apoyo del gobierno para mantener puestos administrativos, como en el Consejo de Educación Superior, la comisión sobre sueldos y otros.
Yamileth y Félix, ambos miembros de la APSE, nos dicen que el sindicato no se ha molestado en hacer que esta campaña sea internacional, para luchar por los derechos democráticos y niveles de vida de los trabajadores internacionalmente y apelar al apoyo de profesores y otros trabajadores más allá de las fronteras de Costa Rica. Los líderes, tanto de la APSE como de la ANDE, se limitan a hacer declaraciones vacías en apoyo a grupos como los docentes en Oaxaca, México, o (en el caso de ANDE) a favor de los gobiernos del “giro a la izquierda” en Latinoamérica.
La dirección sindical, que incluye a tendencias reformistas dentro de los sindicatos dirigidas por partidos que se hacen llamar de izquierda, sabe bien de la consecuencia de una intensificación en la lucha de clases.
Martha Rodríguez, la secretaria general adjunta de la Unión de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) y miembro líder de BUSSCO, explicó recientemente: “Estamos hablando que una disminución de las remuneraciones de los empleados públicos que influirá en el desempleo, generará una disminución de la capacidad de adquirir bienes y servicios”. Y concluyó, “Se deteriorarán los servicios y así se justificaría la privatización, que es el fin último”.
Haciendo caso omiso a su propia advertencia tan seria, las direcciones de UNDECA, junto con la ANDE y los otros líderes de BUSSCO, persisten en inútiles apelaciones a los oídos sordos de los partidos en el Congreso. El 21 de julio interrumpieron una sesión de la Asamblea Legislativa desde la tribuna de visitantes con gritos y pancartas con insultos personales contra ciertos políticos. Ese es el tipo de táctica que Gilberto Cascante, presidente de ANDE, hace pasar como la “huelga indefinida” que demandan las bases, que según él ya había comenzado en junio.
La única manera de que los docentes y trabajadores de Costa Rica se protejan es independizarse políticamente de los partidos burgueses y las burocracias sindicales, que por lo general están compuestas por miembros de la pequeña burguesía y que históricamente han defendido el dominio burgués y la explotación capitalista. Las declaraciones “de izquierda” o “combativas” de esas fuerzas son para desarmar políticamente a los obreros más militantes y suprimir la lucha de clases y así abrir el camino para los ataques contra los niveles de vida y los derechos democráticos de todos los obreros y jóvenes al servicio de la élite dominante costarricenses y el imperialismo norteamericano.