Este artículo apareció originalmente en ingles en nuestro sitio el 29 de junio, 2013.

El Senado de Estados Unidos aprobó el jueves 27 la Ley del 2013 de Seguridad de la Frontera, de las Oportunidades Económicas y de la Modernización de la Inmigración, acta que cuenta con el gran apoyo de los dos partidos de la burguesía capitalista. La legislación fortalece las capacidades de represión y de espionaje del Estado; militariza toda la zona alrededor de la frontera entre Estados Unidos y México, imponiendo lo que muchos senadores llaman "maretazo en la frontera;" y crea una nueva categoría de ciudadanos de segunda clase.

La cláusula de seguridad fronteriza de esta ley exige un enorme "maretazo" de fuerzas policiales y de equipos militares a lo largo de la frontera. Se añadirán 20,000 agentes a la patrulla fronteriza, que sumará 40,000. También exige 700 millas adicionales de muralla y el despliegue de soldados de la Guardia Nacional.

Según esta ley, la frontera estará bajo "vigilancia constante", con "supervisión humana y electrónica continua e integrada que cubra el 100 por ciento de la frontera al sur y de los alrededores de la frontera al sur".

Aviones "drone" volarán 24 horas al día, todos los días; establecerán una "franja drone" de 100 millas al norte de la frontera. También se utilizarán sistemas de radares a nivel terrestre de desmonte vehicular y exploración (VADER), así como también una cantidad bárbara de tecnologías de espionaje que incluyen miles de detectores terrestres, cámaras, binoculares de visión nocturna, y una flotilla de cuarenta helicópteros nuevos.

Todas estas medidas triplicarán los gastos del gobierno para la seguridad fronteriza. El total llegaría a 46 mil millones de dólares. El senador Republicano Bob Corker, del estado de Tennessee, uno de los autores de la ley, describió a las medidas de seguridad con franqueza, llamándolas "casi excesivas."

La frontera entre Estados Unidos y México se está transformando en una zona totalmente militarizada, parecido a zonas de guerra como la de Israel y Palestina. El senador Demócrata Charles Schumer, del estado de Nueva York, elogió la creación de lo que equivale a " una muralla humana."
El proyecto de ley también universaliza el sistema antidemocrático de identificación E-Verify, una enorme colección de información del Departamento de Seguridad Interna (Department of Homeland Security).

Este programa junta información biográfica acerca todos los obreros dentro de una red nacional de computadoras. La ley dispone que ningún inmigrante ha de recibir su tarjeta de residencia hasta que dicho sistema se instale en todos los lugares de trabajo en todo Estados Unidos.

Bajo la nueva ley, a todos los patrones se les requerirá usar el sistema dentro de un período de cinco años, y todo extranjero que entre o salga del país será sujeto a nuevas formas de rastreo biométrico.

El sistema E-Verify establece algo parecido a un sistema nacional de identificación, cosa que el pueblo estadounidense siempre ha resistido. Pero ahora este sistema se desliza por la puerta de atrás disfrazado de reforma migratoria.

Según la Unión para la Defensa de Derechos Civiles (American Civil Liberties Union, ACLU) el plan E-Verify: "invertirá la relación entre el individuo y el gobierno" al forzar a la gente a someterse a ser vigilada y a tener prohibidas sus actividades de todos los días sin previo "permiso afirmativo" del gobierno.

La ACLU ha declarado que la ley es un paso de 7 leguas "hacia un sistema nacional de identificación virtual que podría usarse para investigar y limitar los movimientos y las actividades de todos los habitantes del país."

Así lo admite el New York Times en un artículo del jueves 27 de junio, "muy poco sabe la mayoría de los estadounidenses del amplio alcance del este sistema," dice. El artículo señala que muchos han de toparse con "dolores de cabeza burocráticos inesperados" y como resultado "hasta podrían perder sus empleos."

El senador Demócrata Chris Coons admitió que el programa E-Verify puede convertirse en "un archivo de datos nacionales unificados para investigar la información biográfica y fotografías de casi todos los estadounidenses".
El analista de la política inmigratoria, David Bier, observó: "No creo que la gente realmente entiende que esto crea reglas no sólo para todos los patrones e inmigrantes, sino para todos los ciudadanos del país".

Según estas nuevas reglas cualquier habitante del país que quiera obtener empleo tendrá que ser investigado, y la crónica de su vida tendrá que ser escudriñada y grabada en el enorme archivo del gobierno.

Desde 2010, el Departamento de Seguridad Interna ha obtenido acceso a 113 millones de récords y fotos, relacionados con pasaportes, del Departamento de Estado. La versión ampliada de E-Verify le dará acceso a las licencias de conducir de 212 millones de conductores. También tendrán acceso la Administración de la Seguridad en la Transportación (Transportation Security Administration) y el FBI.

Que los dos partidos burgueses en el gobierno apoyen el sistema E-Verify demuestra una vez más el compromiso de todos los grupos de control político para desmantelar los derechos democráticos y fortalecer la maquinaria del estado policial. Esta ley es producto de la "pandilla de los Ocho," un grupo de 8 senadores entre los que se encuentran Demócratas y Republicanos, todos respaldados por el gobierno de Obama.

La sección de la ley sobre "acceso a la ciudadanía" contiene arduos y complicadísimos procesos para que un inmigrante se legalice. Todo indocumentado primero tendrá pasar a ser Inmigrante Provisional Registrado (IPR) y pagar 500 dólares. A las personas que se conviertan en IPRs se les prohibirá recibir beneficios federales de salud o de bienestar social. Además, tendrán menos derechos ante la ley.

Después de dos lustros, el IPR podrá obtener su visa de residente. Le costará otros mil dólares. Durante todo este proceso, no podrá salir del país.
El sistema tiene múltiples categorías que favorecen a trabajadores con habilidades especiales, lo que demuestra la influencia de las grandes empresas tecnológicas que han influenciado la redacción de la ley. Requieren acceso a extranjeros de buena educación escolar que pueden emplear a bajo sueldo. Lejos de crear mecanismos para que los inmigrantes que ya residen en Estados Unidos sean libres de la persecución del Estado o de las deportaciones, el verdadero propósito del "acceso a la ciudadanía" es ofrecerle a la burguesía más obreros mal pagados que explotar.

El gobierno de Obama presenta el proyecto de ley como si fuera progresista porque supuestamente permitirá a millones de inmigrantes convertirse en ciudadanos. "Hoy el Senado cumplió con sus labores. Ahora le incumbe a la Cámara de Representantes hacer lo mismo," declaró Obama después del voto
Sin embargo, dirigentes Republicanos en la Cámara han indicado que no van a aprobar esta ley sin modificarla.