El pasado viernes, a poco más de un mes del Día de las Elecciones, el presidente Joe Biden dijo a los periodistas en una conferencia de prensa en la Casa Blanca que, aunque confía en que las elecciones serán libres y justas, “no sé si serán pacíficas”.

Continuó: “Las cosas que Trump ha dicho y lo que dijo la última vez cuando no le gustó el resultado de las elecciones fueron muy peligrosas”. Señaló además que, en el debate vice presidencial de la semana anterior, el compañero de fórmula de Trump, el senador JD Vance, “no dijo que aceptaría el resultado” de las próximas elecciones. “Así que, me preocupa lo que van a hacer”.

Sin embargo, al ser preguntado sobre los preparativos que está haciendo su administración para contrarrestar un segundo golpe violento para revertir una posible derrota electoral de Trump, se negó a comentar, minimizando la amenaza que acababa de plantear al decir que está recibiendo constantemente informes sobre seguridad interna.

Las declaraciones de Biden el viernes son una de las pocas veces que él o cualquier otro funcionario demócrata, incluida la vicepresidenta Kamala Harris, candidata presidencial del partido, han mencionado siquiera la clara intención de Trump y el Partido Republicano de rechazar una victoria demócrata, en caso de que ocurra. Biden lo planteó directamente en su discurso en la Convención Nacional Demócrata en agosto, diciendo que la amenaza de otro golpe está “muy viva” y agregando: “Este tipo [Trump] lo dice en serio. No estoy bromeando”. Pero su advertencia fue completamente ignorada por la convención y el resto del Partido Demócrata, así como por los medios de comunicación.

Harris hizo una breve referencia en su debate con Trump a las repetidas declaraciones del ex presidente de que, en caso de perder, se deberá a un fraude. Ella mencionó su discurso de “baño de sangre”, solo para decir, “cambiemos de página a esto. No volvamos atrás”.

La realidad es que la campaña de Trump, el Partido Republicano y sus donantes fascistas multimillonarios, como Elon Musk, están llevando a cabo una operación mucho más extensa para bloquear la certificación de una posible victoria de Harris y revertir las elecciones que la realizada en 2020, lo que llevó al asalto al Capitolio por parte de una turba de fascistas de Trump el 6 de enero de 2021.

El complot, llevado a cabo en gran parte a la vista del público, tiene dos puntales básicos. Los grupos republicanos están inundando los tribunales en el periodo previo a las elecciones del 5 de noviembre con demandas para purgar los padrones electorales en estados pendulares de hordas ficticias de inmigrantes “ilegales”, restringir el voto por correo, otorgar a funcionarios electorales estatales y locales la autoridad para negarse a certificar los resultados electorales o demorar la certificación más allá del plazo legal, facilitar la descalificación de boletas correctamente emitidas y permitir que los llamados “observadores electorales” hostiguen y amenacen tanto a votantes como a funcionarios electorales en distritos inclinados hacia los demócratas.

Esta campaña pseudo-legal está diseñada para causar retraso y propagar el caos, incluso si las demandas infundadas son desestimadas inicialmente, mientras proporcionan un aura de legitimidad legal a las afirmaciones de manipulación electoral.

Mientras tanto, Trump y sus compañeros fascistas en el Partido Republicano incitarán a la violencia paramilitar basándose en la agitación antiinmigrante, similar a su campaña histérica contra los inmigrantes haitianos en Springfield, Ohio. Apenas la semana pasada, Trump reiteró en la campaña su intención de terminar con el Estatus de Protección Temporal de los haitianos y deportarlos en masa cuando asuma nuevamente el cargo.

Casi 90 demandas han sido presentadas en todo el país este año por grupos republicanos. Según Democracy Docket, un grupo alineado con los demócratas, los republicanos ya han presentado tres veces el número de demandas presentadas antes del Día de las Elecciones en 2020.

Democracy Docket escribió el 1 de agosto: “Con menos de 100 días para las elecciones, los republicanos están construyendo una máquina de subversión electoral”. El grupo añadió:

Pero es peor esta elección que las anteriores porque este año el Partido Republicano está mucho más organizado. Podrían haber intentado subvertir los resultados en un puñado de lugares en 2020 y 2022, pero este año, intentarán subvertirlos todos, sentando las bases ahora para lo que viene en noviembre.

Señaló que los republicanos han “sacrificado la actividad tradicional de movilización del voto para financiar y reclutar para su programa masivo de supresión de votantes”.

Jessica Marsden, abogada de Protect Democracy, un grupo no partidista que monitorea elecciones, dijo: “Muchos de estos casos refuerzan narrativas particulares, especialmente aquellas sobre inmigrantes y el voto. Presentar afirmaciones falsas en forma de demanda es una forma de sanitizar y agregar legitimidad”.

Supresión de votantes y purga de padrones

Un pilar clave de la ofensiva legal republicana es la afirmación de que los padrones electorales en distritos demócratas han sido llenados con inmigrantes indocumentados y otros que no son elegibles para votar. Se han presentado demandas en estados pendulares para preparar el terreno para litigios poselectorales en el tema de unas elecciones “amañadas”. Estas afirmaciones engañosas son variaciones de la “Teoría del Gran Reemplazo” fascista, que afirma que liberales judíos multimillonarios como George Soros están inundando el país con migrantes “ilegales” para desplazar a los estadounidenses nacidos en el país.

En septiembre, Strong Communities Foundation of Arizona presentó una demanda en los tribunales estatales alegando que los padrones electorales de Arizona están llenos de no ciudadanos. Fue argumentada por America First Legal, liderada por Stephen Miller, un alto asesor de políticas en la Casa Blanca de Trump cuyo especialidad eran los ataques viciosos y racistas contra inmigrantes.

Miller fue el principal defensor del muro fronterizo, las deportaciones masivas y la prohibición de viajes a personas de media docena de países de mayoría musulmana. En 2021, Miller estableció America First Legal como una respuesta de extrema derecha a la Unión Americana de Libertades Civiles. Está generosamente financiado por oligarcas fascistas, incluido Elon Musk, y está muy activo en las conspiraciones para revertir las elecciones de 2024 si Trump pierde.

En Carolina del Norte, el Comité Nacional Republicano y el Partido Republicano de Carolina del Norte han demandado dos veces a la Junta Electoral del estado por supuestos fracasos en la eliminación de no ciudadanos de los padrones electorales. Los republicanos están pidiendo a la Junta Electoral que elimine a 225.000 personas de los padrones electorales y les obligue a emitir boletas provisionales en noviembre.

Musk, CEO de Tesla, copropietario del gigante de las redes sociales X/Twitter, y el hombre más rico del mundo, ha utilizado X para promover la Teoría del Gran Reemplazo. Informó una afirmación de que hasta dos millones de no ciudadanos habían sido registrados para votar en tres estados.

Otro frente en el impulso de supresión de votantes es el esfuerzo por restringir el voto por correo. El Comité Nacional Republicano ha presentado demandas para restringir el voto por correo, incluyendo casos activos en Pensilvania, Nevada, Michigan y Carolina del Norte.

Los republicanos han presentado más de 20 demandas relacionadas con el voto por correo, muchas de las cuales buscan desautorizar cualquier boleta por correo que no cumpla estrictamente con todos los requisitos de la ley estatal y eliminar cualquier oportunidad para que los votantes arreglen errores en las boletas por correo.

Hay un caso activo en Mississippi que busca desautorizar todas las boletas por correo que lleguen después de la fecha límite, incluso si fueron franqueadas el Día de las Elecciones y llegan dentro de cinco días. Se espera que termine en la Corte Suprema de los EE. UU., cuya decisión podría impactar a otros estados que actualmente aceptan boletas tardías, incluyendo California, Nevada, Nueva York y Texas.

Además, funcionarios electorales estatales y locales republicanos están buscando imponer requisitos de identificación más estrictos para la votación en persona.

Otro aspecto de los preparativos del golpe republicano es el impulso para otorgar a funcionarios electorales estatales y locales pro-Trump, cuyo mandato está legalmente limitado a la tarea administrativa de registrar y certificar los resultados electorales, el poder de retrasar o rechazar el voto real. En Georgia, la junta electoral estatal de cinco miembros, que tiene una mayoría MAGA, adoptó recientemente una regla que autoriza a la junta a realizar una “investigación razonable” sobre la integridad de la votación en distritos críticos, lo que podría retrasar la certificación de los resultados del estado, sembrando confusión y dudas en caso de una victoria de Harris.

El 20 de septiembre, la junta, en una votación de tres a dos, adoptó una regla que requiere que los trabajadores electorales desprecinten cada caja de boletas impresas de las máquinas escáner en los colegios electorales y los cuenten a mano. Están obligados a contar el número total de boletas, pero no qué candidato recibió más votos. Esto podría, por supuesto, retrasar aún más la certificación.

El Partido Republicano también está buscando obligar a los funcionarios locales a contar boletas a mano en el condado de Montgomery, Pensilvania, el tercer condado más grande del estado.

Otro punto de ataque es la movilización y “capacitación” de los llamados “observadores electorales” para hostigar, amenazar e intimidar físicamente a funcionarios y trabajadores electorales, así como a votantes, particularmente en distritos demócratas. Los republicanos han presentado varios casos en contra de los esfuerzos para limitar el hostigamiento de los funcionarios electorales o de los votantes que emiten su voto. Uno de esos casos está en Arizona, litigado por el Instituto de Política America First de Stephen Miller.

El mes pasado, The New York Times publicó una exposición sobre tales esfuerzos de “integridad electoral”. The Times obtuvo una grabación del promotor fascista de Trump, Jack Posobiec, hablando a un grupo de voluntarios el 4 de septiembre sobre cómo “monitorear” las elecciones en Michigan. Posobiec, quien había sido invitado por el Comité Nacional Republicano, dijo al grupo: “No importa quién vota. Importa quién cuenta los votos”.

También les dijo que eran la “última línea de defensa contra el marxismo creciente”.

Posobiec, un promotor destacado del movimiento “Stop the Steal”, fue empleado de 2018 a 2021 por One America News Network (OANN), un canal de cable de extrema derecha, como corresponsal político y presentador en el aire. Dejó OANN en 2021 para comenzar a presentar un programa para la organización estudiantil fascista Turning Point USA.

Su reciente libro Unhumans: The Secret History of Communist Revolutions (and How to Crush Them) cuenta con una entusiasta reseña del senador JD Vance, compañero de fórmula de Trump.

Todo el ataque al derecho al voto y el esfuerzo por deslegitimar un resultado desfavorable para Trump se lleva a cabo bajo el cínico lema de “integridad electoral”. Los republicanos pro-Trump, encabezados por la abogada Cleta Mitchell, han formado la Red de Integridad Electoral, que está realizando “cumbres” en estados pendulares de todo el país para preparar esfuerzos poselectorales para revertir una potencial victoria de Harris.

Mitchell jugó un papel central en los esfuerzos de negación electoral de Trump en las elecciones de 2020. Participó en la infame llamada telefónica de Trump el 2 de enero de 2021 con el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, en la que Trump exigió a Raffensperger que “encontrara” los 11.779 votos adicionales que necesitaba para revertir su derrota en Georgia ante Biden. Junto a su “muy querida amiga” Virginia Thomas, esposa del juez de la Corte Suprema Clarence Thomas, Mitchell trabajó para convencer a las legislaturas estatales republicanas de descartar las listas de electores pro-Biden elegidas por los votantes y enviar listas pro-Trump al Congreso para su certificación el 6 de enero.

El mismo elenco de criminales

Además de Miller, Mitchell y Posobiec, otros operativos de Trump y veteranos del primer intento de golpe—todos los cuales deberían haber sido procesados, condenados y encarcelados hace mucho tiempo—que están directamente involucrados en los preparativos del golpe de Trump son:

• Christina Bobb, abogada principal en el equipo de integridad electoral del Comité Nacional Republicano. Ha sido acusada penalmente por su papel en la campaña de litigios poselectorales de los republicanos en 2020.
• Linda McMahon, líder del equipo de transición de Trump, que dirige el Instituto de Políticas American First. AFPI ha presentado casos electorales en Georgia, Arizona y Texas. En Wisconsin, está defendiendo a la ciudad de Thornapple, que el mes pasado fue demandada por el Departamento de Justicia por prohibir las máquinas de votación.
• Bruce Castor, ex fiscal de distrito en Pensilvania y abogado defensor de Trump en su segundo juicio político. United Sovereign Americans de Castor ha presentado demandas en nueve estados.

El caos, la confusión y el retraso causados por una combinación de litigios y violencia política podrían resultar en el fracaso de uno o más estados para cumplir con los plazos de diciembre para la certificación de electores, incluido un plazo del 25 de diciembre para que los votos electorales sean recibidos por el presidente del Senado de los EE. UU. (el vicepresidente de los EE. UU.).

Un extenso artículo en Wikipedia, titulado “Esfuerzos del Partido Republicano para interrumpir las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024”, señala:

El fracaso de un estado para que sus votos del colegio electoral sean contados el 6 de enero podría resultar en que ningún candidato presidencial alcance el mínimo de 270 votos electorales, causando que la elección se traslade a la Cámara. En ese escenario, el resultado de la elección sería determinado por un simple conteo mayoritario de delegaciones estatales; los republicanos tienen una mayoría en 28 de las 50 delegaciones en el 118º Congreso de los Estados Unidos. The Guardian confirmó que “los expertos han estado particularmente alarmados por los esfuerzos para intentar detener la certificación a nivel local, algo que podría causar retraso y caos después del voto presidencial en noviembre”.

El resultado de las elecciones, independientemente del voto real, podría ser enviado a la Corte Suprema de los EE. UU., cuya decisión en uno u otro caso legal podría determinar al ganador. Esta es una corte que el último término, en una votación de 6 a 3, otorgó a Trump una inmunidad legal sustancial por delitos cometidos mientras estaba en el cargo, y dos de cuyos miembros, los jueces Thomas y Alito, están implicados en el intento de derrocar las elecciones de 2020.

El hecho mismo de que, cuatro años después del intento violento de derrocar las elecciones de 2020 e imponer una dictadura presidencial bajo Trump, los conspiradores permanezcan en libertad y estén activos en un nuevo intento, comenzando con el propio expresidente y candidato republicano, es una acusación condenatoria contra Biden, Harris y el Partido Demócrata. No han hecho nada para castigar a los conspiradores fascistas por sus crímenes o garantizar una transferencia pacífica de poder en 2024.

Por el contrario, al igual que Biden se negó a llamar al pueblo estadounidense a bloquear el intento de golpe del 6 de enero de 2021, los demócratas y los medios corporativos se niegan a alertar a la población sobre el inmenso peligro de un segundo golpe. Bajo condiciones en las que los demócratas están en el poder y, según la Constitución, permanecerán en el poder al menos otros dos meses y medio después de las elecciones del 5 de noviembre, se niegan a decir cómo utilizarán los inmensos poderes a su disposición para defender la Constitución.

En cambio, apoyan una represión policial de las protestas estudiantiles contra el genocidio en Gaza en campus universitarios en todo el país.

La clase dominante—ambos partidos y todas las facciones—está más preocupada por bloquear un movimiento masivo contra la dictadura desde abajo que por defender los derechos democráticos. No quiere alertar a la población sobre el hecho de que las elecciones se llevan a cabo bajo condiciones de un colapso creciente de todo el sistema político de los Estados Unidos. Aterrorizada por los signos de una creciente radicalización de la clase trabajadora, incluidos los paros en Boeing y en los muelles, crecientes sectores de la clase dominante están recurriendo al fascismo en un intento de prevenir un movimiento socialista de trabajadores.

No hay una base significativa dentro de la clase dominante, incluido el Partido Demócrata, para la preservación de formas democráticas de gobierno. La prioridad central de la administración Biden ha sido la persecución y escalada de la guerra—contra Rusia en Ucrania y el genocidio estadounidense-israelí en Gaza, que ahora se está extendiendo al Líbano y la guerra contra Irán.

Esta política de guerra global significa intensificar los ataques a las condiciones sociales y los derechos democráticos de la clase trabajadora en casa, que pagará el precio de una creciente violencia militar tanto en estándares de vida como en vidas. Esto es lo que permite a Trump explotar la ira masiva y dirigirla a lo largo de las líneas nacionalistas más extremas y fascistas.

Desde el primer día, Biden ha buscado un acuerdo bipartidista con los republicanos para librar esta guerra global, comenzando con su declaración tras el golpe del 6 de enero llamando a un “fuerte” Partido Republicano. La campaña de Harris continúa esta política, resumida en la campaña conjunta de Harris con la archibelicista y reaccionaria republicana Liz Cheney.

En la resolución aprobada en su Congreso Nacional en agosto, el Partido Socialista por la Igualdad escribió:

Las causas objetivas fundamentales del giro de la clase dominante hacia el fascismo y la dictadura son: 1) la creciente guerra imperialista global; y 2) el crecimiento extremo de la desigualdad social.

Continuó:

Incluso si Trump es derrotado en las elecciones de noviembre—y falla en llevar a cabo otro golpe de estado—las contradicciones económicas y sociales objetivas del imperialismo estadounidense impulsan a las élites gobernantes, con o sin Trump, hacia la dictadura. El trumpismo es un síntoma de una crisis sistémica que no se puede resolver democráticamente dentro del marco del capitalismo.

La amenaza de guerra mundial y fascismo no puede ser evitada a través del Partido Demócrata. Cualesquiera que sean sus diferencias, ambos partidos son instrumentos de la oligarquía capitalista estadounidense y enemigos de la clase trabajadora.

Los derechos democráticos solo pueden ser defendidos a través de la movilización independiente de la clase trabajadora en oposición a la oligarquía corporativa y financiera, lo cual requiere una ruptura completa con el Partido Demócrata. No es a través del Partido Demócrata que se puede derrotar al fascismo, sino en la lucha por el socialismo contra ambos partidos y el sistema de lucro capitalista que sostienen.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 08 de octubre de 2024)