Militarista, derechista y autoritaria. Así es la nueva Comisión Europea, que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, presentó al público el martes.

La responsabilidad de la política exterior y la defensa recaerá en el futuro en los representantes de dos estados bálticos que albergan a menos del 1 por ciento de la población de la UE, pero son conocidos por su hostilidad histérica hacia Rusia. La exjefa de gobierno de Estonia, Kaja Kallas, será la nueva jefa de política exterior de la UE y vicepresidenta de la Comisión. El exjefe de gobierno de Lituania, Andrius Kubilius, asumirá el puesto recién creado de Comisario de Defensa. El nombramiento de los dos es una clara señal de que la nueva Comisión intensificará la guerra contra Rusia.

El Süddeutsche Zeitung considera que el trío báltico-nórdico Kallas/Kubilius/Virkkunen es una 'buena noticia' para Ucrania y 'bastante mala' para el Kremlin. La diputada finlandesa Henna Virkkunen es la vicepresidenta de la Comisión, responsable de seguridad y democracia, además de los temas digitales, y trabajará en estrecha colaboración con Kubilius.

'Estonia, Lituania y Finlandia lideran el bando halcón en la UE, que representa una línea inflexible contra Moscú y exige que Europa se prepare para una confrontación militar con Rusia', concluye el Süddeutsche .

En otros aspectos, von der Leyen también ha reforzado la influencia de los estados de Europa del Este que desempeñan un papel destacado en la guerra contra Rusia. El polaco Piotr Serafin será el nuevo comisario de presupuesto. La rumana Roxana Mînzatu ocupará uno de los cinco puestos de vicepresidente y será responsable del mercado laboral y de los asuntos sociales; La eslovena Marta Kos será responsable de la ampliación de la UE y la croata Dubravka Šuica de la región mediterránea.

Una excepción es Hungría, cuyo jefe de gobierno, Viktor Orbán, es el único de la UE que mantiene buenas relaciones con Moscú. En lugar de ser responsable de la ampliación de la UE, como hasta ahora, el comisario húngaro será responsable en el futuro de la salud y el bienestar de la fauna. Esto no sólo supone una degradación, sino que demuestra que la protección de la población frente al coronavirus y otras pandemias no tiene ningún papel en los planes de von der Leyen.

En general, la nueva Comisión se está moviendo mucho hacia la derecha. Con Raffaele Fitto, von der Leyen ha nombrado por primera vez a un ultraderechista como vicepresidente de la Comisión. Fitto es un estrecho colaborador de la jefa de gobierno italiana, Giorgia Meloni, y miembro de su partido neofascista, Fratelli d’Italia (Hermanos de Italia).

A pesar de arrastrar tras de sí una larga lista de casos de corrupción, Fitto se ha hecho cargo de la financiación y las reformas regionales y, por tanto, de una parte importante del gasto de la UE. En 2009 fue condenado por abuso de autoridad, corrupción y financiación ilegal de partidos. En 2013, un tribunal le impuso una pena de cuatro años de prisión, que fue levantada gradualmente por tribunales superiores.

El nombramiento de Fito ha provocado un malestar especial entre los eurodiputados socialdemócratas y verdes, que habían apoyado la reelección de von der Leyen con el argumento de que impediría a los conservadores aliarse con la extrema derecha. Los eurodiputados de Meloni (miembros del Parlamento Europeo), por el contrario, se habían abstenido. El gobierno alemán, una coalición de socialdemócratas (SPD), verdes y liberaldemócratas (FDP), también apoyó a von der Leyen, aunque pertenece a la oposición democristiana (CDU), y se abstuvo de nominar a su propio candidato a la Comisión. Ahora, von der Leyen ha formado una coalición con la extrema derecha, que ha quedado al descubierto.

El caso Fitto demuestra que el supuesto “cortafuegos” o “cordón sanitario” contra la extrema derecha es una palabrería vacía, ya que son necesarios para impulsar la política pro-guerra, intensificar los ataques sociales y oprimir a la clase trabajadora, e intimidarla y dividirla mediante el acoso a los refugiados.

Si von der Leyen puede apoyar a un fascista en un puesto clave de la UE, no hay razón para que el candidato de la CDU a canciller, Friedrich Merz, o el canciller alemán Olaf Scholz, no puedan hacer lo mismo en Alemania. En Francia, el presidente Emmanuel Macron ya ha dado ese paso al nombrar a Michel Barnier, que depende de los votos de la ultraderechista Agrupación Nacional, como jefe de gobierno.

Von der Leyen ha diseñado la Comisión Europea a su medida. Catorce de los 27 comisarios pertenecen a su conservador Partido Popular Europeo, que sólo tiene 188 de los 720 escaños del Parlamento Europeo. Se han marchado mentes más independientes, como el comisario holandés de Clima, Frans Timmermans, y la comisaria danesa de Competencia, Margarethe Vestager, que no siempre estaban de acuerdo con von der Leyen.

El comisario francés de Mercado Interior, Thierry Breton, un político de derechas, empresario y economista, que fue nominado por Macron para un nuevo mandato, dimitió furioso el lunes, acusando públicamente a von der Leyen de presionar a Macron a sus espaldas para que le sustituyera por otro candidato “por motivos personales”. Macron no encubrió a Breton, sino que nombró rápidamente a otro candidato: su confidente cercano y ex ministro de Asuntos Exteriores, Stéphane Séjourné.

El caso de Breton muestra lo tensas que están las relaciones en la UE. Los intentos de Von der Leyen de poner a la Comisión bajo su control personal, fortaleciendo así el dominio alemán en Europa, provocarán inevitablemente una reacción violenta.

La semana pasada, Alemania restableció unilateralmente amplios controles fronterizos, en violación del Acuerdo de Schengen, rechazando a los refugiados sin darles la oportunidad de solicitar asilo. Esto ha provocado enérgicas protestas de Polonia, Austria y otros países, lo que ha exacerbado aún más las tensiones.

La Comisión Europea, que gestiona un presupuesto anual de casi 300.000 millones de euros y tiene una plantilla de 60.000 personas, es el centro de poder de la Unión Europea. Aunque la autoridad más importante es el Consejo Europeo, al que pertenecen todos los jefes de Estado y de Gobierno, la Comisión tiene un poder enorme porque estos jefes de Estado rara vez se ponen de acuerdo.

El proceso de nombramiento de comisarios es correspondientemente complejo y antidemocrático, y se desarrolla principalmente entre bastidores. Cada Estado miembro tiene derecho a uno de los 27 comisarios y puede proponer su propio candidato. Sin embargo, el nombramiento y, sobre todo, la asignación de carteras tan diversas dependen de la discreción del presidente de la Comisión, que consulta a los gobiernos, los presiona o les hace “una oferta que no pueden rechazar”.

Finalmente, las distintas comisiones del Parlamento Europeo interrogan a los comisarios individuales y el Parlamento vota la propuesta global, lo que probablemente tendrá lugar en octubre. Como aquí también chocan intereses nacionales y partidistas, esto está asociado a más acuerdos y pactos. Tampoco hay que descuidar la influencia de los 12.000 lobistas registrados en Bruselas.

Este sistema corrupto sirve a los intereses de las grandes empresas y los bancos, no a los de la clase obrera. La clase obrera debe romper con los partidos y sindicatos que se someten a los dictados de la UE, formar alianzas transfronterizas y luchar por unos Estados Unidos Socialistas de Europa.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 20 de septiembre de 2024)