Desde el debate del 27 de junio entre el presidente Joe Biden y Donald Trump, y apenas cuatro meses antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, crecen los llamados en la élite política y la prensa para que Biden abandone el tiquete demócrata e incluso renuncie a su cargo.

El domingo, el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, convocó a una conferencia en línea con miembros de alto rango de comités legislativos. Se informó que los legisladores Jerry Nadler (Nueva York; Comité Judicial), Mark Takano (California; Comité de Asuntos de Veteranos), Don Beyer (Virginia; Comité de Administración ) y Adam Smith (Washington; Comité de Servicios Armados) pidieron a Biden que se retirara.

Hablando en “Meet the Press”, el representante demócrata de California, Adam Schiff, observó que la entrevista de Biden con George Stephanopoulos de ABC el viernes “no disipó las preocupaciones”. El senador de Virginia Mark Warner está reuniendo a un grupo de senadores con el objetivo de obligar a Biden a abandonar la contienda presidencial. El papel de Schiff, expresidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, y Warner, actual presidente del Comité de Inteligencia del Senado, subraya la fuerte participación de las agencias de inteligencia en estas discusiones.

Independientemente de que Biden abandone la contienda, y parece cada vez más probable que lo hará, una parte sustancial de la clase dominante ha perdido claramente la confianza en él.

El desempeño de Biden en el debate ha precipitado estas maniobras, pero están en juego cuestiones más fundamentales. El hecho de que la capacidad cognitiva de Biden ha deteriorado significativamente se conoce desde hace algún tiempo. Pero el fiasco del debate hizo imposible segar negándolo al público.

Las preocupaciones dentro de las facciones de la clase dominante alineadas con los demócratas de que Biden perderá ante Trump están motivadas por varios factores.

Existen, en primer lugar, las implicaciones para la política exterior de Estados Unidos. Esta semana, los jefes de Estado de las potencias de la OTAN se reúnen en Washington D.C. para planear la siguiente escalada en la guerra contra Rusia, que incluye preparativos para el despliegue directo de miles de tropas de la OTAN. El gran contingente de “demócratas de la CIA” que funcionan dentro del Congreso como agentes directos del aparato militar y de inteligencia no confía en Trump y teme que su política exterior errática pueda interrumpir los planes de guerra muy avanzados del imperialismo estadounidense en Ucrania, así como en Oriente Próximo y Lejano.

En declaraciones en defensa de su candidatura, Biden ha hecho hincapié en este tema. Se jactó ante Stephanopoulos: “Soy el tipo que unió a la OTAN, el futuro. Nadie pensó que podría expandirlo. Soy el tipo que frenó a Putin. Nadie pensó que podría pasar. Soy el tipo que armó una iniciativa del Pacífico Sur con [la alianza militar] AUKUS”.

Una segunda y aún más fundamental consideración dentro de la clase dominante son las consecuencias de una victoria de Trump para la estabilidad social y política de Estados Unidos.

La decisión de la Corte Suprema de la semana pasada en el caso Trump vs. Estados Unidos declaró al presidente inmune a toda acción legal por cualquier delito llevado a cabo bajo el manto de un acto “oficial”. No solo legitima el golpe de Estado del 6 de enero de Trump, sino que coloca al presidente por encima de la ley y transforma al jefe de Estado y “comandante en jefe” en un dictador.

Como señalaron los jueces disidentes en el caso, el fallo otorga inmunidad para actividades presidenciales que van desde el asesinato de opositores políticos hasta la organización de un golpe militar. Esta decisión sin precedentes anuncia un colapso de los arreglos constitucionales que regulan toda la estructura estatal-federal del país.

En su análisis del fallo de la Corte Suprema, el WSWS lo caracterizó como la Contrarrevolución del 1 de julio de 2024, señalando: “Un estado permanente de facultades dictatoriales rodea al ocupante de la Casa Blanca, similar a la autoridad que los Estados fascistas del siglo pasado concentraron en Mussolini y Hitler”.

El fallo, que efectivamente anuló la Constitución y los fundamentos democráticos promovidos por la Revolución estadounidense y la Guerra Civil, ha exacerbado la inestabilidad política y social ya significativa en Estados Unidos. Hay sectores de la clase dominante conscientes de que la llegada al poder de Trump en estas condiciones alimentará explosivamente el descontento social y un proceso de radicalización política irreversible.

Si bien los medios de comunicación han eliminado en gran medida toda referencia al fallo, el destacado historiador de la Universidad de Princeton, Sean Wilentz, quien escribe en el New York Review of Books, subrayó su gran importancia. El fallo, señaló Wilentz,

ha cambiado radicalmente la estructura misma del Gobierno estadounidense, allanando el camino para el autoritarismo MAGA [pro-Trump] al igual que la Corte Suprema dirigida por el juez Taney trató de allanar el camino para consagrar el régimen esclavista. Esto convierte el caso Trump vs. Estados Unidos en el caso Dred Scott de nuestro tiempo.

Dred Scott es una referencia al fallo de la Corte Suprema de 1857 emitido por su presidente Roger Taney, que afianzó el “régimen esclavista” e hizo que la guerra civil fuera casi inevitable. Si bien Wilentz no lo dice explícitamente, las implicaciones son claras: Estados Unidos está al borde de una nueva guerra civil.

No se trata solo de las características de Trump ni de la composición particular de la Corte Suprema, que ha implementado una serie de fallos profundamente reaccionarios que socavan los principios democráticos fundamentales. Es la culminación de un proceso de décadas que se ha acelerado en el último cuarto de siglo.

En el momento del robo de las elecciones de 2000, en una conferencia titulada “Lecciones de la historia: las elecciones de 2000 y el nuevo” conflicto irreprimible”, el presidente del Consejo Editorial Internacional del WSWS, David North, señaló que un fallo de la Corte Suprema a favor de entregarle la elección a Bush revelaría “hasta qué punto la clase dominante estadounidense está preparada para romper con las normas democráticas y constitucionales burguesas tradicionales”. North preguntó:

¿Está preparada para autorizar un fraude electoral y la supresión de votos e instalar en la Casa Blanca a un candidato que obtuvo el cargo a través de métodos descaradamente ilegales y antidemocráticos?

Una parte sustancial de la burguesía, y tal vez incluso una mayoría de la Corte Suprema de los Estados Unidos, está dispuesta a hacer precisamente eso. Ha habido una dramática erosión del apoyo dentro de las élites gobernantes a las formas tradicionales de democracia burguesa en los Estados Unidos.

Nueve días después, la mayoría de la Corte Suprema emitió su famoso fallo del caso Bush vs. Gore, robando las elecciones y otorgando el poder a Bush, un desenlace que Gore y el Partido Demócrata aceptaron. Las elecciones de 2000 fueron seguidas por un ataque interminable y cada vez mayor contra los derechos democráticos, tanto bajo los demócratas como los republicanos, que ha involucrado el espionaje sin límites dentro del país, la autorización del uso de la tortura como política de Estado, la detención indefinida sin el debido proceso y el asesinato con drones, incluso de ciudadanos estadounidenses.

La ruptura de las formas democráticas de gobierno tiene dos causas objetivas fundamentales: 1) las guerras interminables y crecientes; y 2) el incremento extremo de la desigualdad social.

Las elecciones de 2000 fueron seguidas por la “guerra contra el terrorismo”, que incluyó la invasión de Afganistán e Irak bajo Bush y una serie de guerras en todo Oriente Próximo bajo Obama, que se han convertido en un conflicto abierto entre las potencias de la OTAN y Rusia. El Gobierno de Biden y el imperialismo estadounidense han respaldado plenamente el genocidio en Gaza, que, según un estudio publicado el viernes en The Lancet, ha provocado la muerte de aproximadamente 186.000 personas, o casi el 8 por ciento de la población del territorio.

La oligarquía capitalista controla todo el aparato estatal, que existe como una conspiración permanente contra los intereses de la gran mayoría de la población, la clase trabajadora. En los comentarios de los medios de comunicación sobre el futuro de Biden, hay continuas referencias a los “donantes”, es decir, los oligarcas corporativos y financieros que canalizan miles de millones de dólares a las arcas de los demócratas como de los republicanos. Se da por sentado que la decisión final la tomará el puñado de multimillonarios que financian las campañas de ambos partidos capitalistas.

En un comentario sobre la profundización de la crisis de la democracia estadounidense, el candidato presidencial del Partido Socialista por la Igualdad, Joseph Kishore, escribió en X:

Para la clase trabajadora, la cuestión crítica es intervenir en la crisis con su propio programa. La democracia no se puede preservar en el marco del capitalismo. La defensa y expansión de los derechos democráticos requieren la expropiación de los oligarcas capitalistas, el fin de la dictadura de la élite corporativa y financiera, el establecimiento de un Estado obrero, en los Estados Unidos e internacionalmente, y la reorganización socialista de la vida social y económica.

El 24 de julio, el World Socialist Web Site y el Partido Socialista por la Igualdad organizarán una manifestación y reunión en Washington D.C. cuyo propósito es construir un movimiento en la clase trabajadora contra el imperialismo y el capitalismo y en defensa de los derechos democráticos. Instamos a nuestros lectores y simpatizantes a hacer planes para asistir y ayudar a preparar la manifestación completando el siguiente formulario.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 7 de julio de 2024)