La sentencia emitida el viernes por el juez federal de distrito Matthew Kacsmaryk, que anula la aprobación de la píldora abortiva mifepristona por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), es el ataque más flagrante al derecho democrático al aborto desde la decisión del Tribunal Supremo el verano pasado de anular el caso Roe vs. Wade.

La decisión, si no se revoca con un recurso de emergencia, tendrá un efecto catastrófico en la atención sanitaria de las mujeres pobres y de clase trabajadora. Cinco millones de mujeres han recurrido a la combinación de dos fármacos, mifepristona y misoprostol, en las dos décadas transcurridas desde que se aprobó el procedimiento. En los últimos años, estos medicamentos han superado a la cirugía como procedimiento abortivo más común, y se calcula que 500.000 mujeres recurrieron a la mifepristona en 2022.

Al ampararse en la Ley Comstock, una ley barbárica de 1873 que penalizaba cualquier entrega de materiales relacionados de algún modo con el sexo o el aborto a través del correo o de un transportista comercial, Kacsmaryk abrió la puerta a impugnaciones legales de cualquier forma de aborto más allá de esta píldora, como los métodos anticonceptivos.

La decisión tendría un efecto profundamente perturbador en toda la industria farmacéutica y biotecnológica, según una carta abierta publicada el lunes, firmada por 400 directores generales y otros ejecutivos. Señalaban que sustituir el criterio científico de la FDA por el de jueces sin formación abriría una caja de Pandora de impugnaciones legales de vacunas y otros tratamientos vitales.

Según los principios establecidos por el juez, los grupos antivacunas podrían solicitar medidas cautelares contra la distribución de las vacunas que han salvado innumerables vidas en la pandemia de COVID-19, así como vacunas contra enfermedades infantiles que se han relacionado falsamente con el autismo.

Kacsmaryk es un fanático antiabortista nombrado juez federal por Donald Trump tras cinco años como consejero general adjunto de un grupo fundamentalista cristiano. Se ha dedicado a convertir sus opiniones religiosas católicas conservadoras en leyes, en flagrante violación de la separación entre Iglesia y Estado establecida en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Pisoteó principios jurídicos como el requisito de que los demandantes deben estar legitimados para presentar una demanda: un perjuicio real sufrido, no una simple objeción ideológica a una decisión o ley concreta. Pasó por alto el hecho evidente de que 23 años después de la decisión de la FDA de aprobar la mifepristona como segura y eficaz, el plazo de prescripción (seis años) había expirado hacía tiempo.

El método por el que se llevó el caso ante Kacsmaryk demuestra que la sentencia es producto de una conspiración política contra los derechos democráticos. Los grupos de derechas han adoptado una técnica de selección de jueces en la que los casos se presentan en pequeñas divisiones judiciales de Texas con un solo juez, lo que les garantiza que consiguen el juez que quieren y que con toda seguridad fallará a su favor.

De este modo, se ha diseñado una serie de decisiones reaccionarias que atacan los derechos de los inmigrantes, prohíben la atención médica gratuita a los homosexuales, entre otros objetivos del fanatismo fundamentalista. Además, anulan medidas administrativas de la administración Biden.

La respuesta de la Casa Blanca ha sido conformarse con estos ultrajes judiciales, en lugar de desafiarlos y exponer el proceso como ilegítimo. A Biden y al Partido Demócrata no les preocupan los cientos de miles de mujeres de clase trabajadora que no tendrán acceso al procedimiento más sencillo y menos arriesgado para acceder al aborto, y a las que pronto se les podrá negar cualquier acceso.

La privilegiada capa de clase media-alta que constituye la base social del Partido Demócrata, junto con Wall Street y el Pentágono, podrá seguir accediendo a los servicios de aborto, de manera privada o viajando a otro país si es necesario, independientemente de la contrarrevolución legal que persigue la ultraderecha en Estados Unidos.

Es notable que, a pesar de la obsesión de esta capa con la política de identidades, que se basa en la raza, el género y la orientación sexual, haya habido una respuesta tan mínima por su parte a la derogación de Roe contra Wade o a esta última atrocidad judicial.

La preocupación de Biden ha sido insistir en la necesidad de un Partido Republicano “fuerte”, como ha dicho muchas veces desde que el intento de golpe de Estado del 6 de enero de 2021 demostró el rumbo fundamentalmente autoritario y antidemocrático en el que se han embarcado Trump y sus partidarios, y el Partido Republicano en su conjunto.

La esencia de este “Partido Republicano fuerte” se muestra claramente cuando un juez nombrado por Trump emite un fallo rabiosamente antidemocrático, que el Departamento de Justicia apelará ante el Tribunal del Quinto Circuito, donde seis de 18 jueces fueron nombrados por Trump, y luego ante la Corte Suprema, donde hay seis de los nueve jueces son republicanos y tres fueron nombrados por Trump.

El carácter de la mayoría de la Corte Suprema ha quedado demostrado con la revelación la semana pasada de que el juez Clarence Thomas, el más sistemáticamente reaccionario de los nueve, se iba regularmente de vacaciones lujosas en compañía del multimillonario tejano Harlan Crow, que lo pagaba todo, y Thomas nunca informaba de estos lucrativos favores al tribunal ni al público.

El juez del Tribunal Supremo rechazó las críticas por lo que él llamó “viajes familiares” que implicaban “hospitalidad personal” por parte de algunos de sus “amigos más queridos”. El lunes, la revista Rolling Stone informó de que Crow tenía una gran colección de recuerdos nazis, entre ellos varios cuadros de Hitler, un ejemplar de Mein Kampf firmado por el propio autor, sábanas estampadas con la esvástica y medallones del partido fascista. ¿Mostró uno de sus “amigos más queridos” su tesoro nazi al juez Thomas?

Ni la Administración de Biden ni el Partido Demócrata moverán un dedo contra esta cábala derechista. Su única preocupación política es mantener al Partido Republicano a bordo de la guerra de Estados Unidos contra Rusia en Ucrania. En la medida en que los demócratas afirman defender el derecho al aborto, es solo para proporcionar una cobertura de “izquierda” a un Gobierno y un partido que han abandonado cualquier atisbo de reforma social y están canalizando cientos de miles de millones de dólares —a expensas de la clase trabajadora— en la guerra en marcha contra Rusia y en los preparativos para una futura guerra con China.

Hay una razón aún más fundamental para la determinación de Biden de mantener un Partido Republicano fuerte, incluso uno que está emprendiendo uan ofensiva fascistizante contra los derechos democráticos. Biden busca impulsar al Partido Republicano para evitar un colapso del sistema bipartidista capitalista que podría crear una apertura para el surgimiento de la clase obrera como fuerza política independiente.

El potencial para tal erupción política es evidente, como lo demostró la ola inicial de huelgas en 2021 y 2022, entre los trabajadores manufactureros, sanitarios, de la educación, los ferroviarios, los portuarios y otros sectores críticos de la economía. Cuando las cuestiones de clase están en juego, como en la lucha de 110.000 trabajadores ferroviarios contra una explotación brutal y los recortes de sus salarios reales, Biden se quita el disfraz de “amigo de los trabajadores” y deja claro que en realidad es amigo del aparato sindical, en el que se apoya para reprimir a la clase obrera. Cuando el aparato necesita refuerzos, Biden los ofrece, como cuando promulgó en diciembre la ley para prohibir una huelga ferroviaria e imponer el contrato que los trabajadores ya habían rechazado.

Los jóvenes y los trabajadores que quieran defender los derechos al aborto deben orientarse hacia este movimiento cada vez mayor de la clase trabajadora. El derecho al aborto, como todos los demás derechos democráticos, es una cuestión de clases. La clase trabajadora en su conjunto debe defender los derechos de las mujeres de clase trabajadora, como parte integral de su lucha de clases contra las corporaciones y el Estado capitalista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 10 de abril de 2023)