Las muertes maternas en Estados Unidos aumentaron 40 por ciento en 2021, el último año con datos disponibles, según un nuevo reporte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. La cifra de muertes maternas aumentó de 754 en 2019 a 861 en 2020 y 1.205 en 2021. La tasa de mortalidad materna, de casi 32 por cada 100.000 nacimientos, regreso al nivel de 1965, un retroceso enorme de más de medio siglo.

Las mujeres que dan a luz hoy día en EE.UU. tienen casi cuatro veces más probabilidades de morir que sus propias madres. La tasa de mortalidad materna llegó a su mínimo histórico de 6,6 por 100.000 nacimientos en 1987. Se mantuvo por debajo de 10 entre 1978 y 2002 y luego comenzó a aumentar gradualmente, duplicándose en 2017, y finalmente disparándose durante la pandemia de COVID-19, casi duplicándose nuevamente.

Estas cifras provienen de un reporte publicado el jueves del Centro Nacional de Estadísticas de la Salud, una unidad de los CDC. Son una condena contra el capitalismo estadounidense y el sistema sanitario con fines de lucro, que niega un tratamiento prenatal y posparto adecuado a millones de mujeres, simplemente por ser pobres o no tener seguro.

Estados Unidos no solo tiene las peores cifras entre los países industrializados, en términos de mortalidad materna ni siquiera se acerca al resto. Dar a luz en EE.UU. conlleva un riesgo cuatro veces mayor de morir que en Alemania, Francia o Reino Unido, y 10 veces mayor que en Holanda y los países escandinavos. El riesgo es dos veces mayor que en China. Según la Organización Mundial de la Salud, estas disparidades preceden a la pandemia de COVID: la mortalidad materna en EE.UU. aumentó 78 por ciento entre 2000 y 2020, mientras que caía en la mayoría de países.

Según los CDC, las causas concretas de muerte son variadas, aunque la mayoría son de origen cardiovascular, como la cardiomiopatía (enfermedad del músculo cardíaco), 11 por ciento; los coágulos sanguíneos, 9 por ciento; la hipertensión, 8 por ciento; el ictus, 7 por ciento; y otras afecciones cardíacas, 15 por ciento. Las infecciones y las hemorragias posparto suponen otro 24 por ciento, mientras que los problemas de salud mental, incluidas las sobredosis de drogas y la depresión posparto que conduce al suicidio, también son un factor.

Pero son las causas sociales de las muertes las que constituyen el principal problema. Según estimaciones de los CDC y otras autoridades sanitarias, el 80 por ciento de las muertes maternas son evitables con un tratamiento adecuado. Sin embargo, muchas mujeres embarazadas y muchas más durante las semanas y meses posteriores al parto, no reciben el tratamiento adecuado.

Esta falta de atención tiene dos causas básicas. Las mujeres de las zonas rurales viven a menudo en lo que se ha denominado “desiertos obstétricos”, a más de 40 kilómetros de distancia de una unidad de parto. Según los CDC, unos 2 millones de mujeres en edad fértil viven en estas condiciones. Esta situación se ha visto agravada en gran medida por la evisceración de la sanidad rural en las últimas décadas. Cientos de hospitales y centros médicos rurales, generalmente más pequeños y mal financiados, se han visto obligados a cerrar sus puertas.

Ha sido mucho más relevante el crecimiento general de la pobreza y el consiguiente aislamiento social en toda la sociedad estadounidense, hasta el punto de que las mujeres urbanas y suburbanas, que viven a pocos kilómetros e incluso a pocas cuadras de un hospital bien equipado o de un proveedor cualificado, no pueden acceder a la atención que necesitan porque carecen de seguro médico y no pueden permitirse el gasto.

Ambos factores contribuyen a que las estadísticas sean mucho peores que el promedio en los estados del sur con poblaciones rurales empobrecidas, como Luisiana, Georgia, Alabama, Arkansas, Misisipi y Texas. Es evidente que la pobreza y la desigualdad son los factores predominantes en un estado densamente urbano como Nueva Jersey, con una de las rentas per cápita más altas, pero con la cuarta peor tasa de mortalidad materna de los 50 estados.

Los CDC y otros organismos han hecho hincapié en las disparidades raciales en la mortalidad materna, que son bastante significativas. Las mujeres negras tuvieron una tasa de mortalidad materna de 69,9 por cada 100.000 nacimientos, frente a 26,6 de las mujeres blancas y 28 de las hispanas. Las mujeres nativas americanas y nativas de Alaska tenían una tasa de mortalidad superior a 50, y el 90 por ciento de sus muertes se consideran evitables.

Sin embargo, las alegaciones de “racismo sistémico” no explican por qué, si solo se tuvieran en cuenta las mujeres blancas, Estados Unidos seguiría siendo el peor de los países industrializados, y tres veces peor que cualquier país de Europa Occidental en términos de mortalidad materna. La tasa de las mujeres blancas en Estados Unidos es equivalente a la de las mujeres chinas, que viven en un país sumido en la pobreza masiva, sobre todo para cientos de millones en las zonas rurales.

También se da el caso de que, durante la pandemia de COVID, la mortalidad materna ha aumentado más rápidamente para las mujeres blancas e hispanas que para las negras, que ya se encontraban en un nivel abismal en cuanto a muertes durante el embarazo, el parto o el año posterior.

Como ocurre con tantos índices sociales en Estados Unidos, simplemente no se informa del desglose por clases sociales. Pero hay pocas dudas de que existe una correlación directa entre ingresos y mortalidad materna. Las madres de la élite gobernante solo mueren en el parto en las circunstancias más excepcionales, cuando existen complicaciones sanitarias de carácter extremo o novedoso que ni siquiera la mejor atención médica que el dinero puede comprar puede resolver.

El efecto de la brecha de ingresos se ve exacerbado por las reaccionarias políticas sociales de las autoridades estatales y federales. Medicaid, el programa conjunto federal-estatal que proporciona seguro médico a las familias con rentas bajas, retira la cobertura ampliada a las embarazadas 60 días después de dar a luz, aunque los médicos abogan por un periodo mucho más largo de atención y seguimiento adicionales.

La política de COVID de “dejarlo correr” de las Administraciones de Trump y Biden ha empeorado la crisis. Las embarazadas, sobre todo si no están vacunadas, corren un riesgo mucho mayor de enfermarse gravemente si contraen el coronavirus. Además, la persistencia de la pandemia, gracias al rechazo de cualquier esfuerzo serio para suprimirla, significa que los centros de salud se han visto desbordados por personas enfermas de COVID, lo que deja menos recursos disponibles para tratamientos que no sean de emergencia, como la atención a mujeres embarazadas o posparto.

El abandono sistémico de las mujeres pobres y de clase trabajadora se verá agravado en gran medida por las consecuencias bárbaras de la campaña fascistizante que se está librando contra el derecho al aborto. En condiciones en las que el embarazo pone cada vez más en peligro la vida de las mujeres, la ultraderecha está buscando nuevas leyes y procedimientos para imponer el embarazo forzado, incluso a mujeres que se enfrentan a importantes peligros de salud.

En los meses transcurridos desde que la Corte Suprema anuló el caso Roe vs. Wade y despojó a las mujeres del derecho constitucional a interrumpir un embarazo, decenas de estados han promulgado leyes que prohíben o restringen los abortos, o que dificultan su obtención.

La más reciente es un intento de prohibir en todo el país la venta de mifepristona, un componente clave del régimen de dos píldoras que representa la mitad de todos los abortos en Estados Unidos.

Aquí se cruzan las consecuencias bárbaras de la medicina con ánimo de lucro con la barbarie deliberada de una perspectiva social que se remonta a los días en que había que mantener a las mujeres “descalzas y embarazadas”.

La creciente tasa de mortalidad materna es una señal de alarma política para la clase trabajadora. La crisis del capitalismo amenaza con provocar las consecuencias más nefastas para la humanidad, incluso en una función social tan básica como es la reproducción. Solo la clase trabajadora luchará por una política vital de garantizar embarazos y partos seguros, y apoyo social para la madre, el niño y toda la familia después. Esto debería incluir no solo una atención médica gratuita y de vanguardia, sino también ayudas a los ingresos durante todo el embarazo y un permiso de maternidad y paternidad remunerado después del mismo.

(Publicado originalmente en inglés el 16 de marzo de 2023)