Las protestas en Perú se han intensificado en tándem con la represión asesina desatada por el régimen de Dina Boluarte respaldado por EE.UU. Las manifestaciones, las huelgas y los cortes de ruta han dado paso a llamados y preparativos para una “marcha para tomar Lima”, la capital del país.
Las manifestaciones se extendieron rápidamente en la región sureña de Puno en los Andes, cuya población predominantemente habla quechua y aimara. Puno es también una de las regiones más pobres del país, con casi la mitad de la población bajo la tasa oficial de pobreza.
El 9 de enero, en respuesta al bloqueo de todos los caminos a Juliaca, el centro comercial de la región, la policía utilizó municiones reales contra los manifestantes, asesinando a al menos 18.
El cadáver y el vehículo incinerados de un policía fueron hallados la mañana siguiente en la ciudad, llevando el total de muertes confirmadas en las protestas a 49. Al menos 41 manifestantes han sido asesinados por armas de fuego y aproximadamente 600 han sufrido heridas.
La masacre de Julia ha provocado una escalada de las protestas, que estallaron hace un mes en respuesta al golpe de Estado del 7 de diciembre contra el presidente Pedro Castillo. Los manifestantes han exigido la renuncia de Boluarte y el Congreso, elecciones generales inmediatas y una asamblea constituyente.
La semana pasada, los cortes de ruta se han expandido desde la región al extremo sur de Puno al resto del país, incluyendo importantes cuellos de botella económicos desde la frontera boliviana en Puno y la frontera chilena en Tacna hasta la región amazónica al norte del país.
A pesar de los esfuerzos violentos de las fuerzas de seguridad para reabrir los caminos, se ha reportado desabastecimiento de gasolina y alimentos en el sureste, mientras que el transporte público interprovincial y local ha quedado paralizado en Arequipa, Puno y otras partes del sur de Perú.
Siguiendo la lógica de la lucha, los manifestantes buscan afectar cada vez los centros económicos y políticos del país y se convocó a un “paro indefinido” desde las discusiones improvisadas en las plazas, los salones comunales y los propios bloqueos. Los alcaldes locales, otros funcionarios políticos y los líderes sindicales se han visto obligados a apoyar las movilizaciones, mientras plantean gradualmente la posibilidad de un diálogo con el régimen.
La dirección nacional de la Confederación General de los Trabajadores del Perú se vio aún más desacreditada por reconocer a Boluarte después del golpe y reunirse con ella. La burocracia, que no es más que un brazo de las empresas, se ha intentado distanciar de Boluarte desde entonces.
En una entrevista con Reuters, José Luis Chapa, secretario de la Federación de Trabajadores de Arequipa, sugirió que el Gobierno necesita convocar a elecciones este año “si quiere diálogo”.
Si bien exigen su liberación de la cárcel, en ninguna parte los manifestantes plantean la restitución de Castillo a la presidencia. Su historial como meramente otro político burgués subordinado a la oligarquía y a las corporaciones mineras, incluyendo su despliegue de tropas contra los manifestantes, es indiscutible. Sin embargo, los líderes locales de los llamados Frentes de Defensa y la pseudoizquierda peruana e internacional han tratado de sacar provecho de la ira y la confusión política para promover de nuevo ilusiones en Castillo.
Recientemente, los manifestantes de las ciudades y de las comunidades indígenas aimaras y quechuas del sur han convocado a una marcha para “tomar Lima” y desalojar por la fuerza a Boluarte y al Congreso. Desde el domingo, miles de personas se han unido a caravanas procedentes de todo el país y se dirigen a la capital, mientras la policía y el ejército tratan de interceptarlas con puestos de control.
Los manifestantes al norte y al sur de Lima también han establecido barricadas a lo largo de la carretera Panamericana, pero hasta ahora no han intentado rodear sistemáticamente la ciudad.
Los líderes indígenas locales han apodado las caravanas la “Marcha de los Cuatro Suyos”, que fue el nombre de las manifestaciones masivas en Lima en el año 2000 contra el régimen autoritario de Alberto Fujimori. Mientras que las protestas estallaron por el fraude electoral de ese año, la ira social se había ido acumulando contra Fujimori por la privatización de las minas y otras empresas públicas, los recortes sociales y su uso de masacres para reprimir la oposición social.
El actual estallido de protestas en Perú es impulsado por la desigualdad social rampante y la hostilidad hacia la oligarquía gobernante y las corporaciones mineras. Junto a un creciente número de milmillonarios en dólares y algunos de los mayores yacimientos minerales del mundo, el 51 por ciento de la población sufre inseguridad alimentaria, según la ONU.
“Nos quieren vender a las transnacionales. No lo vamos a permitir. Luchamos por nuestros hijos, por nuestros nietos”, dijo a Telesur un participante en la caravana en Arequipa.
La producción en la región minera de Arequipa, epicentro de las protestas, ya ha sufrido interrupciones. La semana pasada, el camino a Cerro Verde, la mayor mina de cobre del país y propiedad de la estadounidense Freeport, estuvo bloqueada intermitentemente.
El jueves, Glencore, con sede en Suiza, dijo que había evacuado su mina de cobre de Antapaccay, la quinta mayor del país, después de que los manifestantes la invadieran e incendiaran dos vehículos. Las comunidades cercanas a la mina de Las Bambas, la tercera en importancia, han amenazado con interrumpir sus actividades.
Ante el temor de una ofensiva contra las minas, la mayoría de las cuales se encuentran en algunas de las regiones más pobres del país, como Cajamarca, Apurímac, Piura, Cusco, Junín y La Libertad, las empresas piden que se endurezca la represión.
La Asociación Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) emitió un comunicado el viernes pasado en el que despotricaba contra “el chantaje y la anarquía” y una “escalada de vandalismo y terror que enluta al Perú”. La patronal exigió el retorno del “Estado de derecho, el principio de autoridad y las leyes, en un ambiente de paz social”, así como el fin de la “impunidad con la que actúan los grupos violentistas”.
Detrás de estos histéricos llamados a la represión se esconde la elevada demanda de metales y minerales, intensificada por las interrupciones de la cadena de suministro causadas por la actual pandemia de COVID-19, la guerra de Estados Unidos y la OTAN en Ucrania contra Rusia y la escasez de mano de obra. Perú es el segundo mayor productor de cobre, y un importante productor de minerales clave como plata, oro, zinc, plomo y estaño.
En respuesta a estas demandas, el régimen de Boluarte extendió un mes más el estado de emergencia en los departamentos de Lima, Cusco, Callao y Puno, suspendiendo los derechos democráticos y autorizando la represión militar.
Los medios de comunicación corporativos y los fujimoristas de ultraderecha en el Congreso y el aparato estatal, que dictan las políticas del régimen, han intensificado sus denuncias de los manifestantes como “terroristas”, “comunistas” y lacayos del expresidente boliviano Evo Morales, cuya entrada en el país fue denegada. Sin presentar ninguna prueba, Boluarte y la extrema derecha han afirmado que Morales está ayudando a introducir armas para los manifestantes y fomentando el “separatismo”.
Se han producido cientos de detenciones de supuestos líderes de las protestas y redadas de organizaciones locales utilizando tales acusaciones fraudulentas. Se ha utilizado el hallazgo de libros de Marx, Lenin y Mao como “prueba” de vínculos con el terrorismo.
En realidad, las protestas siguen estando poco coordinadas y sin líderes. Como informó recientemente La Jornada, el exjefe de inteligencia de Boluarte, el general Wilson Barrantes Mendoza, dijo que “la inteligencia nunca identificó a ningún partido, ni al movimiento [de guerrillas maoístas] senderista ni a ninguna organización central que coordinara las manifestaciones”. Tampoco hay indicios de que los manifestantes estuvieran armados en ningún lugar.
El frenesí sanguinario de la élite gobernante es un signo de debilidad y desesperación en condiciones en las que todos sus partidos políticos e instituciones, incluida la burocracia sindical, están totalmente desacreditados, y el capitalismo peruano no ofrece a las empobrecidas masas urbanas y rurales más que hambre, enfermedad y represión militarizada.
El régimen de Boluarte no ha ofrecido ni siquiera un atisbo de reformas democráticas o sociales. En su lugar, la clase dominante peruana y el imperialismo estadounidense están siguiendo un guion similar al del golpe de Estado de 2019 contra Evo Morales en Bolivia.
Concluyendo que Morales y su partido Movimiento al Socialismo (MAS) se habían desacreditado y eran cada vez menos capaces de contener la oposición social, Washington se propuso derrocarlos. La Organización de Estados Americanos (OEA), una filial del Departamento de Estado de EE.UU., afirmó que Morales había cometido fraude electoral, lo que llevó a los partidos de derechas, los militares e incluso la Central Obrera Boliviana (COB), favorable al MAS, a exigir su dimisión.
La destitución de Morales, quien huyó a México, preparó el terreno para brutales masacres con munición real y detenciones masivas de manifestantes bajo el régimen golpista de Jeanine Áñez, apoyado por Estados Unidos. Once meses después, ante las demandas masivas de nuevas elecciones, el MAS fue restaurado en el poder bajo Luis Arce en octubre de 2020. Poco más de dos años después, ahora se enfrenta a renovadas amenazas golpistas de la extrema derecha, mientras que el apoyo popular a su Gobierno ha caído recientemente del 47 al 40 por ciento, según una encuesta que cita la inflación y la “inestabilidad” como las principales razones.
En Perú, días antes del golpe del 7 de diciembre, la OEA rechazó explícitamente cualquier tipo de apoyo a Castillo contra un juicio político fraudulento para destituirlo. La Embajada de Estados Unidos tomó luego la iniciativa, denunciando el intento preventivo de Castillo de disolver el Congreso, al tiempo dio indicaciones a los militares y a la policía para que se opusieran a Castillo. El Congreso peruano, Washington y la Unión Europea reconocieron rápidamente a Boluarte como nueva presidenta.
La experiencia con Castillo en Perú, al igual que con el MAS en Bolivia, Gabriel Boric en Chile y sus homólogos en otros lugares, demuestra que la segunda “Marea Rosa” en América Latina no es más que una carta que juegan las élites capitalistas dominantes para ganar tiempo y prepararse para la dictadura mientras siguen imponiendo la crisis cada vez más profunda del capitalismo global sobre las espaldas de los trabajadores.
El capitalismo no puede ofrecer ninguna salida progresista a la crisis actual. A pesar de la enorme riqueza mineral y agrícola de Perú, la pandemia de COVID-19, la inflación y la crisis de cereales y fertilizantes causada por la guerra en Ucrania han demostrado la dependencia del país en la economía mundial.
Una salida progresista al actual estancamiento político en Perú y en el resto de la región solo puede surgir en la medida en que los trabajadores se movilicen internacional y políticamente de forma consciente para derrocar al capitalismo global y reorganizar la sociedad para satisfacer todas las necesidades humanas. Esto requiere la construcción de una nueva dirección socialista e internacionalista en la clase obrera, en forma de secciones del Comité Internacional de la Cuarta Internacional en Perú y toda América Latina.
(Publicado originalmente en inglés el 17 de enero de 2023)