Con pocos días de diferencia, los Gobiernos de Australia y Nueva Zelanda han anunciado el fin abrupto de los informes diarios del COVID, reduciendo drásticamente el acceso de sus poblaciones a la información sobre las tasas de infección, hospitalizaciones, vacunaciones y muertes. Ambos países pasarán a dar un informe semanal reducido.

El cambio se ha producido cuando las tasas de mortalidad y de casos en ambos países para 2022 eclipsan las de los dos primeros años de la pandemia. Esto ocurrió después de que sus Gobiernos eliminaran las medidas de salud pública que habían tenido éxito y optaran por un programa de “dejarlo correr” impulsado por el afán de lucro

En estas condiciones, el cambio en la frecuencia de informes, declarado sin una pizca de discusión democrática ni mucho menos un mandato popular, tiene el carácter de una conspiración coordinada internacionalmente contra el pueblo trabajador.

Esto tiene una relevancia mundial ya que marca el fin de los últimos vestigios de una respuesta coordinada de salud pública a la pandemia en todos los países capitalistas avanzados.

En Australia, el cambio a informes semanales se hizo discretamente el viernes pasado, y fue objeto de solo un puñado de informes superficiales y acríticos en los medios de comunicación nacionales. En Nueva Zelanda, la primera ministra laborista, Jacinda Ardern, anunció ayer el fin de los informes diarios, sin ningún aviso previo.

La decisión no tiene ninguna justificación científica ni médica. Ha sido condenada con dureza por los epidemiólogos con principios en ambos países como un ataque al derecho de la población a saber sobre la emergencia médica que sigue en desarrollo y la capacidad de los expertos de salud pública para seguirle la pista.

Sin embargo, a los Gobiernos simplemente no les interesa. En cambio, proclaman abiertamente que los intereses comerciales son la prioridad suprema.

Ardern declaró sin rodeos: “Este es el momento en que, por fin, en lugar de sentir que el COVID dicta lo que nos pasa, nuestras vidas y nuestro futuro, recuperamos el control, mientras seguimos impulsando las actividades económicas y nuestra recuperación”. En otras palabras, hay que prescindir de todas las medidas de salud pública, por muy limitadas que sean, para garantizar la plena participación de la mano de obra e impulsar la producción y las ganancias empresariales.

En consonancia con este programa, Ardern ha anunciado el fin de la mascarilla obligatoria excepto en las instalaciones sanitarias y de atención a la tercera edad. Las personas que convivan con un individuo seropositivo ya no tendrán que aislarse, asestando un golpe a la medida más básica de control de infecciones, mientras que se abandonó toda obligatoriedad de vacunarse, incluso para los trabajadores sanitarios.

El Gobierno laborista de Australia ha recortado igualmente el tiempo de aislamiento de los infectados por COVID de siete a cinco días. La medida, que los expertos han advertido que hará que hasta la mitad de los casos de COVID se mezclen en la comunidad mientras siguen siendo infecciosos, procura transparentemente mantener a los trabajadores en sus puestos de trabajo, incluso si son portadores de un virus potencialmente mortal. Tampoco se exigirán mascarillas en los vuelos nacionales.

El claro propósito de la supresión de información es promover la farsa de que la “pandemia ha terminado”, o al menos que “lo peor ya pasó”, para justificar estas peligrosas medidas.

Pero nada podría estar más lejos de la realidad. En Australia, el 9 de septiembre, el último día de informes diarios, fue el sexto más mortífero de toda la pandemia, con 133 víctimas mortales confirmadas en todo el país. El mes de agosto fue el más mortífero de todos los meses, con 2.056 personas que perdieron la vida a causa del virus.

En Nueva Zelanda, las muertes se han disparado desde menos de 30 a finales del año pasado hasta casi 2.000 hoy. Esto ha colocado repetidamente a esta nación de cinco millones de habitantes cerca de la cima de la lista de muertes per cápita en el mundo, mientras que el coronavirus se ha convertido en la principal causa de muerte del país.

Los Gobiernos de Australia y Nueva Zelanda están siguiendo un plan establecido por la Administración de Biden en Estados Unidos en nombre de los principales bancos y empresas estadounidenses.

En febrero, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. puso fin a su sistema para que los hospitales informen diariamente de las muertes por COVID-19 al Gobierno federal.

En ese momento, el World Socialist Web Site ha sido la única publicación que llamó la atención sobre el cambio y destacó su gran importancia al ocultar la devastación causada por la pandemia. Business Insider calificó la cobertura del WSWS de “engañosa”, pero nunca ha emitido una corrección, a pesar de que casi todo EE.UU. no da reportes diarios. Todos los estados de EE.UU., excepto cuatro, han puesto fin a sus propios informes diarios, lo que imposibilita el seguimiento de las muertes día a día.

Reino Unido anunció el fin de su propio sistema de notificación diaria el mismo mes que Estados Unidos. Se están tomando medidas similares en un gran número de países y jurisdicciones. En Canadá, por ejemplo, Ontario y otras provincias ya suprimieron sus informes diarios.

El cambio en Australia y Nueva Zelanda es especialmente destacable, debido al relativo éxito de ambos países a la hora de limitar las muertes e infecciones en las primeras fases de la pandemia. Son, por tanto, un microcosmos que pone de relieve el enorme abismo entre una respuesta científicamente fundamentada a la pandemia y las políticas de “inmunidad colectiva” que ambos países han adoptado desde entonces.

El Estado australiano y los Gobiernos federales rechazaron un programa que eliminara el virus alegando que sería demasiado caro. No obstante, se vieron obligados por la presión de secciones clave de trabajadores y expertos de la salud a instituir medidas de seguridad que incluían confinamientos y que lograron sofocar el virus repetidamente pese a un conjunto de excepciones proempresariales.

En los dos primeros años de la pandemia, se produjeron menos de 400.000 infecciones en Australia y 2.239 muertes. Durante largos periodos, las medidas de seguridad pusieron fin a toda transmisión del virus.

Como consecuencia de la plena “reapertura de la economía” en diciembre pasado, esas cifras se han disparado a 10,1 millones de infecciones y 14.357 muertes. Debido al colapso del sistema de pruebas, es probable que una mayoría sustancial de los 25 millones de habitantes del país se haya infectado este año. El COVID persistente, un conjunto de secuelas graves asociadas incluso a los casos “leves”, ha debilitado hasta el 10 por ciento de la población activa.

En Nueva Zelanda, se produjeron menos de 5.000 infecciones totales y 30 muertes antes de que el Gobierno de Ardern anulara su programa de eliminación en octubre del año pasado. Ahora, registra oficialmente 1,76 millones de infecciones y casi 2.000 muertes.

Dicha transformación es una advertencia de lo que ocurriría si China prescindiera de su estrategia de eliminación, como han exigido los principales Gobiernos, empresas y medios de comunicación imperialistas. Cientos de miles o millones morirían en este país de 1.400 millones de habitantes, uniéndose a los 20 millones que se calcula que han perecido en todo el mundo desde que comenzó la pandemia.

El prolongado asalto al programa de eliminación de China no solo se debe a su impacto en las actividades de las finanzas globales y las grandes empresas, sino también a que demuestra que hay una alternativa a las políticas homicidas de “inmunidad colectiva” (de rebaño) aplicadas en todas partes.

Los acontecimientos en Australia y Nueva Zelanda también son dignos de mención porque en ambos países la propagación irrestricta del virus está siendo presidida por Gobiernos socialdemócratas.

En Nueva Zelanda, Ardern, presentada en los medios de comunicación como una santa, se despreocupa de las infecciones y muertes masivas que su Gobierno ha desatado, proclamando en cambio la preeminencia de la “actividad económica”. En Australia, el primer ministro laborista Anthony Albanese no dice nada sobre el récord de víctimas mortales diarias y promete a las empresas que nunca volverá a haber confinamientos.

Esta línea va de la mano de los Gobiernos laboristas que presiden la integración cada vez mayor de Australia y Nueva Zelanda en los enfrentamientos de EE.UU. con Rusia y China, amenazando con una guerra mundial, y la aplicación de la austeridad presupuestaria y los ataques a los salarios, los empleos y las condiciones de los trabajadores.

Este programa de “dejarlo correr” no solo pone de manifiesto que los partidos socialdemócratas han abandonado por completo cualquier pretensión de representar al pueblo trabajador y se han convertido en los defensores más agresivos de los intereses corporativos, sino que también demuestra que la lucha por acabar con la pandemia y eliminar el virus mortal no la llevarán a cabo los Gobiernos capitalistas ni se puede limitar a un solo país.

Por el contrario, lo que se requiere es una lucha internacional por las medidas científicas necesarias para detener progresivamente la transmisión y acabar finalmente con la pandemia. La clase obrera internacional, cuyos intereses son la salud y la vida, no el lucro, es la única fuerza social capaz de llevar esto a cabo. La lucha contra la pandemia debe inscribirse en la bandera de sus huelgas, protestas y batallas de clase resurgentes.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 13 de septiembre de 2022.)