Ante la proximidad de las elecciones generales de octubre en Brasil, los dos principales contendientes presidenciales, el presidente fascistizante Jair Bolsonaro y el ex presidente del Partido de los Trabajadores (PT) Luís Inácio Lula da Silva, compiten para convencer al capital nacional e internacional de que cada uno de ellos es el más fiable defensor de los intereses lucrativos contra la empobrecida clase obrera brasileña.

La oposición del PT y de Lula a Bolsonaro no se basa en ningún deseo, y mucho menos en la capacidad, de resolver ninguno de los problemas acuciantes que enfrentan los trabajadores: una pandemia furiosa, una escalada de la inflación y un desempleo y pobreza masiva. Siempre se han opuesto a Bolsonaro como un lastre para el capitalismo brasileño. Su manifiesto desprecio por la vida y el nivel de vida de los trabajadores y sus abiertos preparativos para tomar el poder por la fuerza en caso de una derrota electoral exponen toda la brutalidad del sistema de ganancias del país. Esto, a su vez, amenaza con provocar una reacción de masas desde abajo, como en los vecinos Chile, Colombia y ahora Ecuador, poniendo en cuestión el propio capitalismo.

La prensa corporativa brasileña y los partidos del Congreso han prestado mucha atención en las últimas semanas a un informe de Bloomberg del 11 de junio sobre una filtración de la Casa Blanca, diciendo que Bolsonaro le dijo a Biden que defendería 'los intereses de los EE.UU.' en Brasil, en oposición a Lula, que defendería 'los intereses brasileños', lo que presumiblemente significa neutralidad frente a los preparativos de guerra de los EE.UU. contra China, así como la actual guerra de la proxy de la OTAN contra Rusia.

El coordinador de la campaña de Lula, el senador Randolfe Rodrigues, reaccionó a la noticia con un desvarío nacionalista y derechista. Apeló una vez más a la propia base militar de Bolsonaro, declarando que el presidente debería ser acusado de alta traición por buscar la injerencia electoral de una potencia extranjera. Las ominosas implicaciones de la injerencia estadounidense para los derechos democráticos y sociales de los trabajadores, incluyendo la historia de los golpes de Estado respaldados por Estados Unidos en América Latina y sus innumerables víctimas, fueron completamente ignoradas.

En lo que se ha convertido en un ritual en la información de los medios de comunicación brasileños y en las declaraciones oficiales de la oposición, el informe de Bloomberg ha sido tratado como una prueba más de que la democracia brasileña está floreciendo, con la excepción del propio Bolsonaro. Sin citar ninguna prueba, el experto de Globo Valdo Cruz argumentó que la Casa Blanca filtró el informe para marcar su distancia con Bolsonaro y sus preparativos para un golpe electoral y, a su vez, que ese 'distanciamiento' garantizaría una transición pacífica del poder tras las elecciones de octubre. En palabras del ex jefe de gabinete de Lula, José Dirceu, 'no habrá golpe por la falta de apoyo internacional a un evento de este tipo.'

La declaración de Dirceu encarna toda la actitud del PT hacia los planes dictatoriales de Bolsonaro: hay que oponerse a ellos no en nombre de los derechos sociales y democráticos de los trabajadores brasileños, sino porque son 'malos para el negocio'. Lo que el PT ofrece, a su vez, es la lealtad de los sindicatos y los llamados 'movimientos sociales' para lograr la 'estabilidad interna.'

Prácticamente ignorado por los medios de comunicación fue un informe de Reuters del 25 de mayo, según el cual el PT envió a su último ministro de Defensa, Jaques Wagner, a una reunión no revelada con funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos para discutir las perspectivas de un tercer gobierno de Lula. Oficialmente, Wagner fue a Estados Unidos para hablar en nombre de Lula en la llamada 'Conferencia de Brasil', organizada anualmente por estudiantes brasileños en Harvard y el MIT. Wagner, que es senador, pero no tiene ningún cargo oficial de relaciones exteriores en el Congreso brasileño, también se ha reunido con los embajadores de Francia y Estados Unidos para mantener conversaciones similares.

La promoción por parte del PT de Estados Unidos y otras potencias imperialistas como garantes de la democracia en Brasil es una política criminalmente peligrosa. Teniendo en cuenta la dictadura militar de 1964-1985, respaldada por Estados Unidos, esta afirmación es absurda a primera vista. El PT, que se fundó a raíz de las luchas de masas contra este régimen, hace tiempo que se transformó en el principal instrumento no para reformar, y mucho menos para abolir el capitalismo brasileño, sino para defenderlo contra la clase obrera brasileña. El PT se empeña en ocultar los verdaderos peligros a los que se enfrentan los trabajadores brasileños porque teme una rebelión de la clase obrera mucho más de lo que teme a Bolsonaro y sus partidarios fascistas.

Las afirmaciones de 'apoyo' de Estados Unidos a la democracia en Brasil, extraídas de un puñado de conferencias de prensa de la Casa Blanca y de filtraciones del Departamento de Estado, son aún más absurdas frente a la intratable crisis que enfrenta el capitalismo mundial, expresado con mayor intensidad en los propios Estados Unidos. Esta crisis fue el origen del putsch de Donald Trump del 6 de enero, que contó con un importante apoyo dentro del establecimiento político y el aparato militar. También es el motor de la ofensiva imperialista estadounidense contra Rusia y China, que amenaza con la Tercera Guerra Mundial, en la que América Latina figura como un campo de batalla clave. Esta crisis global está impulsando al imperialismo estadounidense a renovar su agresión contra múltiples países latinoamericanos, incluyendo sus paralizantes sanciones contra Venezuela, el golpe de Estado de 2019 en Bolivia y el control férreo que mantiene sobre Colombia.

La justificación de los avanzados preparativos de Bolsonaro para la dictadura se expuso a finales del mes pasado en un documento repulsivo y amenazador presentado por un grupo de think tanks militares de ultraderecha, con el respaldo del vicepresidente de Brasil, el general Hamilton Mourão, y altos funcionarios de inteligencia. Titulado 'Proyecto de Nación, Brasil en 2035', el documento proclama la necesidad de 'neutralizar el poder político y social' de las 'ideologías radicales... que dividen a la nación' con el fin de dotar al país de la cohesión necesaria para imponerse en el escenario geopolítico dominado por el conflicto entre EEUU y China.

El documento abraza sin reparos una visión fascista del mundo en la que el 'globalismo' es la mayor amenaza para Brasil. En un lenguaje que recuerda a los 'Protocolos de los Sabios de Sión', afirma que las instituciones capitalistas brasileñas están plagadas de una perspectiva 'globalista' y deben ser purgadas. Escrito en forma de documento de resultados y perspectivas de un hipotético Brasil en 2035, presenta como un gran logro el establecimiento de un 'centro de gobierno' no elegido (presumiblemente dirigido por los militares) que vigila al presidente.

Un ataque al sistema de justicia, y al Tribunal Electoral (TSE) en particular, conscientemente establecido en el manifiesto militar, es el principio central de los preparativos de Bolsonaro para un golpe. El presidente ha fabricado repetidamente afirmaciones de que el Tribunal Electoral está preparando activamente el fraude electoral para beneficiar al PT.

El gabinete de Bolsonaro está intensificando los ataques contra el TSE, con el ministro de Defensa, el general Paulo Sérgio Oliveira, denunciándolo públicamente por 'faltar al respeto' a los militares e 'ignorar' las observaciones hechas a petición del propio TSE sobre la seguridad del sistema de votación electrónica de Brasil. La semana pasada, Oliveira declaró que los militares no discutirían sus 'preocupaciones' fuera de las reuniones exclusivas con el Tribunal, que excluyen a otros organismos constitucionalmente autorizados a vigilar las elecciones, como la Orden de Abogados de Brasil (OAB). Tres días después, el ministro de Justicia, Anderson Torres, hizo la misma exigencia en nombre de la Policía Federal, preparando el terreno para una negativa pública tanto del Ejército como de la Policía Federal a reconocer los resultados de las votaciones proclamados por el TSE.

Ante la ofensiva sin precedentes del Ejecutivo contra el TSE y las revelaciones de que los funcionarios del gobierno han trazado un plan para destruir cualquier oposición después de las elecciones de octubre, la reacción del PT se centra en el llamamiento sin carácter para que Lula sea elegido en la primera vuelta, con el fin de 'disuadir' a los partidarios de Bolsonaro de que actúen sobre la anunciada impugnación de los resultados por parte del presidente.

En cuanto a las promesas de 'reformas' del programa electoral del PT, el partido ha dejado claro a los grandes empresarios que no valen ni el papel en el que están escritas. Cada vez que Lula promete 'levantar' un agobiante límite de gasto federal impuesto por una enmienda constitucional en 2017, repite que los empresarios saben que siempre ha sido 'fiscalmente responsable', recordando las medidas de austeridad impuestas desde el inicio de su gobierno, como la reforma de las pensiones que provocó una purga interna en el PT.

Cada vez que dice oponerse a las privatizaciones, repite que 'nunca ha roto un solo contrato', es decir, que no se tocará ningún beneficio privado en las grandes empresas de capital mixto como Petrobras.

De hecho, los temas que enumera el manifiesto militar fascista son los mismos que el PT avanza como fundamentales en su oposición a Bolsonaro, principalmente la percepción de aislamiento diplomático y debilidad geopolítica de Brasil, y su incapacidad para mantener la 'seguridad interna.' El PT es plenamente consciente de que el aumento de la participación de Brasil en los mercados mundiales y la asertividad geopolítico requieren una austeridad brutal y la explotación de la clase trabajadora, que no se puede lograr sin la supresión de la oposición social.

En contraposición a Bolsonaro, promete al capital nacional e internacional lograr estos objetivos a través de la policía industrial de los sindicatos. Pero el partido también es consciente de que los sindicatos podridos y los 'movimientos sociales' que promueve como pacificadores sociales no retendrán a los trabajadores por mucho tiempo, y de ahí su absoluta negativa a señalar, y mucho menos a condenar, a ninguno de los militares coconspiradores de Bolsonaro.

Se trata de una continuación, y al mismo tiempo una profundización, de la política que llevó a cabo en más de una década en el poder al mantener la amnistía para los torturadores y asesinos de la dictadura de 1964-1985, lo que permitió que el propio Bolsonaro prosperara como un miembro de la coalición gobernante. En cuanto a su objetivo de perseguir la 'independencia geopolítica' de los EE.UU. —compartida con los militares— sólo refuerza la necesidad de lograr la 'competitividad' a través de una explotación más intensa de los trabajadores. Eso incluye garantizar los beneficios capitalistas de las empresas estadounidenses frente a las huelgas y luchas de los trabajadores, con Jaques Wagner, del PT, tratando de tranquilizar al Departamento de Estado estadounidense para que no tome la retórica de Lula como algo más que una 'cortina de humo', como confesó la propia presidenta del PT.

Sean cuales sean los resultados de la votación del 2 de octubre, la clase dominante cerrará filas en un renovado asalto a los derechos sociales y democráticos. Su defensa sólo puede ser montada en una lucha consciente por el socialismo, independiente y en oposición a todos los partidos capitalistas y sus títeres políticos, incluyendo el PT, sus apologistas de pseudoizquierda en el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), y sus sindicatos y 'movimientos sociales' afiliados. Eso requiere la construcción de una nueva dirección en la clase obrera, una sección brasileña del Comité Internacional de la Cuarta Internacional. Esa es la tarea emprendida por el Grupo Socialista por la Igualdad (Brasil).

(Publicado originalmente en inglés el 27 de junio de 2022)