Todas las ciudades grandes y pequeñas en Colombia vieron a decenas de miles unirse a marchas masivas, bloqueos de calle y otras protestas el miércoles, el tercer día de “paro nacional” y el décimo cuarto de las protestas en el país sudamericano.

El “paro” fue convocado por el Comité Nacional de Paro, el cual está compuesto por las principales centrales sindicales y asociaciones de agricultores y estudiantiles, después de que suspendiera sus negociaciones con el Gobierno del presidente de extrema derecha Iván Duque en el primer día del llamado “diálogo nacional” el lunes.

Desde 2019, los sindicatos y el Gobierno han empleado repetidamente una combinación de negociaciones con llamados esporádicos a “paros nacionales”, durante los cuales los sindicatos no movilizan a los trabajadores petroleros, automotores y de otros poderosos sectores industriales, mientras se dedican a disipar el enojo popular.

El martes por la mañana, Duque visitó la tercera ciudad más grande y el epicentro de las manifestaciones, Cali, Ahí, se reunió con la cúpula del ejército colombino, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia. Luego, anunció que su Gobierno financiaría un semestre para los estudiantes universitarios de los estratos sociales más bajos y llamó a continuar el “diálogo nacional”.

El Comité Nacional de Paro se ha rehusado deliberadamente a avanzar una estrategia y demandas claras, mientras que los líderes les pasan a sus contactos en la prensa corporativa declaraciones calculadas y que suenan radicales para intentar controlar las manifestaciones.

No obstante, el movimiento de protesta sigue descentralizado, sin una conducción y aislado del apoyo masivo que existe entre sectores estratégicos de la clase obrera en Colombia e internacionalmente, lo que facilita las maniobras de Estado policial para aplastarlo.

Si bien refleja una etapa más avanzada de la lucha de clases, el levantamiento está siguiendo el mismo camino que las protestas masivas en Chile, Bolivia, Puerto Rico, Honduras, Haití y la propia Colombia en 2019. Los esfuerzos de elementos pseudoizquierdistas en la clase media acomodada para idealizar su falta de conducción y espontaneidad, o bien subordinarlo a llamados inútiles hacia las burocracias sindicales, tienen la intención de mantener las protestas aisladas y desmovilizarlas.

En Cali, los bloqueos de calle y marchas más grandes se han producido en los barrios marginales donde viven los sectores más empobrecidos de la clase trabajadora y donde las demandas giran en torno a necesidades básicas, el acceso a clases en línea e infraestructura social.

Según las estadísticas del Gobierno, el área metropolitana de Cali sufrió un aumento en la tasa de pobreza (de $87 por mes) de 21,9 por ciento a 36,6 por ciento entre 2019 y 2020. La crisis de la pandemia de COVID-19 ha sido particularmente devastador en el quintil más pobre de la población en Cali, que vio sus ingresos reales caer masivamente, un 50,1 por ciento. A nivel nacional, la tasa de pobreza aumentó a 42,5 por ciento y el quintil más pobre vio perdidas aún mayores en sus ingresos reales en Bucaramanga (55,1 por ciento), Ibagué (50,9 por ciento) y la capital de Bogotá (50,3 por ciento).

Mientras tanto, las camas de UCI están llenas en Cali, el resto del departamento del Valle del Cauca, y varias otras ciudades del país, en la medida en que las muertes por COVID-19 se mantienen en niveles récord a nivel nacional. Esta catástrofe social y de salud que alimenta el levantamiento popular no se limita a Colombia.

La misma política de anteponer las ganancias y atraer capital extranjero por encima de proteger las vidas y los medios de vida ha tenido resultados similares en toda América Latina, donde las tensiones sociales están llegando a un punto de quiebre. El año pasado, la región perdió 34 millones de empleos y vio a 22 millones caer bajo el umbral de pobreza oficial, alcanzando ahora a una tercera parte de los 600 millones de habitantes de la región. Mientras tanto, América Latina representa el 30 por ciento de las muertes confirmadas por COVID-19 a nivel global, mientras que tiene menos que el 9 por ciento de la población global.

El Gobierno de Duque está preparándose para intensificar la represión, desplegando cientos de tropas a Cali el domingo, mientras que el ministro de Defensa, Diego Molano, ha puesto en la mira a los trabajadores empobrecidos de la ciudad.

El martes, Molano tuiteó: “En 13 días de protesta, terroristas infiltrados en marchas han dejado 849 policías lesionados… En Cali organizaciones criminales continúan incitando a la violencia”.

Se han reportado hasta 548 desapariciones de manifestantes. La Defensoría del Pueblo del Gobierno afirma que 168 manifestantes siguen desaparecidos mientras que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas ofrece el número de 379. Cuarenta manifestantes fueron asesinados por la policía y 1.003 han sido sometidos a arrestos arbitrarios, según la ONG Temblores.

La represión no solo se está llevando a cabo con el apoyo del Gobierno de Biden en Washington, sino que en estrecha coordinación con el Pentágono.

El oficial militar colombiano integrado en el Comando Sur de EE.UU., el coronel del Ejército, Héctor Iván Macías, explicó el 29 de marzo a Inter-American Dialogue que, elaborando estrategias conjuntamente con el Pentágono, las fuerzas armadas colombianas lanzaron la “Operación San Roque” en respuesta a la pandemia.

En una admisión tácita de que la colaboración militar entre EE.UU. y Colombia se basa en una evaluación de que la pandemia presenta una potencial crisis para el gobierno capitalista en sí, el Col. Macías dijo que el plan busca “mantener la gobernanza ejercida por el presidente de la República, los líderes locales y las instituciones”.

Por varios días durante la represión en marcha, el asesor jefe del Comando de Asistencia en Seguridad de EE.UU., “El rostro del Ejército ante el mundo”, sostuvo “encuentros, sesiones informativas, reuniones y sesiones paralelas, de un carácter clave y rector, con altos líderes militares colombianos”, según reportó el sitio web del Ejército de EE.UU. el 5 de mayo.

“La presencia de las fuerzas estadounidenses, viviendo y trabajando todos los días con sus socios en la base aérea colombiana [de Tolemaida], dice mucho de la relación entre ambos países mientras trabajan codo con codo para mejorar las capacidades militares colombianas y promover la estabilidad regional”, dice el artículo, refiriéndose a una de las siete bases militares utilizadas por las fuerzas estadounidenses en Colombia.

Esto se extiende a las operaciones cibermilitares. El ejército estadounidense tuiteó el martes sobre su “primer intercambio virtual de ciberdefensa con las Fuerzas Militares de Colombia”. Esto ocurre mientras los manifestantes y los periodistas denuncian cortes de internet en medio de la represión.

Hasta ahora, los asesinatos documentados fueron llevados a cabo por la policía, incluidos agentes en ropa de civil, y no por soldados. Sin embargo, desde su creación oficial en la década de 1950, la Policía Nacional ha operado dentro del Ministerio de Defensa y ha sido desarrollada por el imperialismo estadounidense como una fuerza contrainsurgente para combatir las guerrillas de izquierda y la oposición social.

El Comité Nacional de Paro y la pseudoizquierda se han centrado en exigir el desmantelamiento del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y una reorganización de la policía. Este enfoque busca distraer a los trabajadores y a la juventud para que no se opongan al conjunto del Estado colombiano, a sus patrones imperialistas estadounidenses y al sistema capitalista.

Además, al rechazar los confinamientos necesarios y el suministro suficiente de ayudas a los trabajadores, los sindicatos colombianos y toda la élite política han demostrado su compromiso con la defensa de las actividades lucrativas de los bancos y corporaciones colombianas, que a su vez dependen de Wall Street.

El levantamiento colombiano forma parte de una contraofensiva global de los trabajadores contra la política de “asesinato social” de las élites gobernantes capitalistas en todo el mundo. El Comité Internacional de la Cuarta Internacional llama a la construcción de la Alianza Obrera Internacional de Comités de Base para organizar y unificar conscientemente esta lucha desde la perspectiva de la revolución socialista mundial.

(Publicado originalmente en inglés el 12 de mayo de 2021)