India, el hogar de más de una sexta parte de la población mundial, se encuentra sumido en una catástrofe sanitaria y social que era predecible y fue predicha.
Tan solo en cinco días, India registró oficialmente 2 millones de contagios por COVID-19 y 20.928 muertes. Desde el lunes, 12 de abril, los casos de COVID-19 en india han aumentado en 8,99 millones o más del 65 por ciento, llevando el total de infecciones desde el inicio de la pandemia a 22,6 millones. Durante el mismo periodo de cuatro semanas, el nuevo coronavirus mató a 75,213 indios, una cifra mayor a las muertes durante toda la pandemia de todos menos 11 países en el mundo.
Por más desgarradoras que sean estas cifras, representan una mera fracción de las cifras verdaderas de casos y muertes en India, como lo han reconocido todos menos los más fanáticos defensores del primer ministro Narendra Modi y su Gobierno del ultraderechista Bharatiya Janata Party (BJP).
Los datos del Ministerio de la Unión de Salud muestran que las tasas de positividad de las muertas por COVID-19 superan 20 por ciento en 301 de los 718 distritos en India, y más de 30 por ciento en Delhi, la capital nacional de India y su mayor aglomeración urbana. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha insistido por mucho tiempo en que una tasa de positividad de 5 por ciento o más indica un importante subregistro de contagios.
Antes de la pandemia, el sistema de salud destartalado y crónicamente desfinanciado en el país apenas registró la causa de muerte de una cuarta parte de todas las muertes, con muchas muertes en las regiones rurales que no fueron registradas. Los estudios y encuestas en semanas recientes realizados por expertos de la salud y periodistas han demostrado que muchas personas más están siendo cremadas y enterradas bajo protocolos de COVID-19 que las cifras de muertes informadas por las autoridades. Para citar un ejemplo, un periódico en el estado de origen de Modi, Gujarat, Sandesh, descubrió que apenas uno de cada 10 muertes por COVID-19 en los importantes centros urbanos del estado están siendo atribuidas oficialmente a la pandemia. En Rajkot, una ciudad de 2 millones, las estadísticas oficiales muestran que 220 personas fallecieron por COVID-19 en la segunda mitad de abril. Sin embargo, durante el mismo periodo los “siete crematorios solo para coronavirus” procesaron 673 cuerpos.
En toda India y el mundo, las personas han quedado pasmadas e iracundas ante los reportes en los medios de personas desesperadamente enfermas en Delhi, Mumbai y otras importantes ciudades sin poder ser admitidos en las desbordadas instalaciones sanitarias, de incontables pacientes que fallecen asfixiados después de que su hospital se quedó sin oxígeno médico y del mercado negro cada vez más grande de cilindros de oxígeno y medicamentos como remdesivir que escasean.
En la India rural, donde viven dos terceras partes de la población y donde las instalaciones de salud pública prácticamente no existen, la catástrofe amenaza con ser aún más grave. En 15 distritos rurales, la mayoría o todos con una población de un millón o más, la tasa de positividad de COVID-19 supera 50 por ciento.
La corrupta élite capitalista india, encabezada por el caudillo supremacista hindú y autoritario en ciernes Modi, es completamente indiferente a la catástrofe de la pandemia sobre las vidas y medios de vida del pueblo trabajador.
En un discurso nacional el 20 de abril, Modi proclamó que el objetivo primordial de su Gobierno es “salvar este país de los confinamientos”, es decir, resguardar las fortunas y las ganancias de los multimillonarios y la élite empresarial de la India, no combatir el virus ni salvar vidas. Continuó instando incluso a los estados más afectados por el COVID-19 a evitar los cierres en favor de las llamadas “zonas de microcontención”.
Después de millones de casos y decenas de miles de muertes más, esta sigue siendo la política estatal.
Declarando que “la vida es más valiosa que la economía”, la Asociación Médica de la India (IMA, por sus siglas en inglés), la mayor organización de médicos del país, denunció en un comunicado emitido el pasado sábado el fracaso del Gobierno del BJP a la hora de imponer un confinamiento nacional para frenar la oleada mortal del virus y permitir que “la infraestructura sanitaria se recupere”. “Estamos asombrados”, dijo la IMA, “de ver el extremo letargo y las acciones inapropiadas del Ministerio de Salud para combatir la agonizante crisis derivada de la devastadora segunda ola de la pandemia de COVID-19”.
Tras señalar que lleva tres semanas presionando para que se decrete un confinamiento nacional, la IMA acusó al Gobierno de Modi de archivar en “la basura” las peticiones que dicha organización y otros expertos científicos han hecho, y de tomar decisiones “sin darse cuenta de la realidad en e terreno”. Esto ha provocado que el número de enfermos de COVID aumente “más allá de los cuatro lakh (400.000) cada día” y que los “casos moderados y graves” aumenten hasta “casi el 40 por ciento”.
La segunda oleada de la pandemia en la India comenzó a mediados de febrero y, poco después, los expertos médicos empezaron a hacer advertencias cada vez más rotundas y calamitosas de que la India no estaba en absoluto preparada para el rebrote del COVID-19. Más aún cuando todo indicaba que la propagación del virus estaba siendo alimentada por variantes más contagiosas y letales, incluyendo la variante B.1.1.7 identificada por primera vez en Reino Unido y la propia cepa “de mutación doble” de la India. A principios de marzo, un equipo de expertos médicos que reporta directamente a Modi advirtió explícitamente de la amenaza de una inminente escasez de oxígeno médico.
Sin embargo, el Gobierno, actuando a instancias de la patronal india, desestimó con desprecio todo esto. Con el objetivo de proyectar el regreso de la India a la “normalidad”, siguió adelante con la eliminación de las pocas restricciones que quedaban ante el COVID-19, incluso dando luz verde a los mítines electorales estatales masivos y al mayor festival religioso del mundo (el Kumbh Melah). En la medida en que admitía que la pandemia seguía siendo una amenaza, debía ser tratada a través de una campaña de vacunación “líder a nivel mundial”, una campaña que ahora es un caos debido a la escasez de vacunas. Hasta la fecha, menos del 10 por ciento de los indios han recibido la primera inyección y apenas el 2,5 por ciento de la población está totalmente vacunada.
El Partido del Congreso y otros partidos de la oposición hacen ahora tímidas críticas a la ruinosa gestión de la pandemia por parte del Gobierno de Modi. Pero no por ello son menos culpables. Todos los Gobiernos estatales, incluidos los dirigidos por la oposición, aplicaron la política homicida de “apertura económica” de Modi. En los últimos días, a medida que aumenta la indignación pública por el desastre, algunos, como los Gobiernos de Maharashtra y Delhi, han anunciado “cierres”, pero éstos siguen anteponiendo las ganancias a las vidas. En primer lugar, excluyen prácticamente toda la producción, desde la manufactura hasta la construcción; y en segundo lugar, a lo sumo, la se les proporciona una ayuda de nivel de hambre a los jornaleros, trabajadores del sector servicios, vendedores ambulantes y artesanos que se ven directamente afectados por las medidas de cierre. Todo ello en unas condiciones en las que el mal preparado cierre del Gobierno central del pasado mes de marzo –que privó a cien millones de personas de su medio de vida de la noche a la mañana sin ninguna disposición significativa de apoyo social— empujó a otros 230 millones de indios por debajo del umbral de pobreza nacional de 375 rupias (5 dólares estadounidenses) al día.
La política de inmunidad colectiva de la clase dominante india, su decisión calculada de dejar que el virus se extienda entre la población para no interrumpir la generación de ganancias, es la punta de lanza de su campaña para intensificar drásticamente la explotación de la clase obrera y los explotados rurales. Con el aplauso entusiasta de las grandes empresas, Modi, en nombre de la “reactivación de la economía”, ha puesto en marcha una serie de políticas favorables a los inversores en los últimos 12 meses, desde la venta de activos públicos hasta un conjunto de leyes favorables a la agroindustria y una reforma del código laboral según la cual la mayoría de las medidas de protesta de los trabajadores serían ilegales.
Este asalto en la guerra de clases está enfrentándose a la oposición masiva de la clase trabajadora y de los pobres del campo. Si el BJP, incluido el matón supremacista hindú que Modi nombró ministro jefe de Uttar Pradesh, ha utilizado los arrestos y la censura para suprimir el clamor público por la escasez de camas y oxígeno, es porque temen que esto alimente y se cruce con el creciente desafío de la clase trabajadora.
India es un país históricamente oprimido, asolado por la pobreza y la miseria. Sin embargo, cuenta con avanzadas instalaciones de producción, incluso en el sector farmacéutico, y con bolsas de gran riqueza, empezando por las fortunas de sus
India es un país históricamente oprimido, asolado por la pobreza y la miseria. Sin embargo, cuenta con avanzadas instalaciones de producción, incluso en el sector farmacéutico, y con reservas de gran riqueza, empezando por las fortunas de sus 130 milmillonarios, cuyas posesiones casi se duplicaron hasta alcanzar los $594.000 millones el año pasado. Además, el Estado indio dispone de inmensos recursos, suficientes para tener, con $72.900 millones, el tercer mayor gasto militar del mundo.
Sin embargo, ni siquiera una mínima parte de estos recursos puede utilizarse para proteger las vidas y los medios de subsistencia del pueblo indio. Incluso ahora, el Gobierno se niega a financiar, con un coste estimado de solo $6.700 millones, la inoculación gratuita de todos los indios adultos contra el COVID-19.
Desde Londres, donde había sido invitado a asistir a una reunión del G7, el canciller indio, S. Jaishankar, se vio obligado a reconocer la semana pasada dos hechos incontrovertibles: durante décadas, independientemente de que el BJP o el Partido del Congreso hayan dirigido el Gobierno central, el Estado indio ha gastado un minúsculo 1,5 por ciento del PIB en atención sanitaria, y la pandemia ha “puesto de manifiesto” el fracaso absoluto del sistema sanitario indio. A continuación, quejó: “Es muy fácil decir hoy que debimos haber destinado más dinero. Ahora que estoy en el Gobierno... puedo decir que no es tan fácil como parece”.
La apología de Jaishankar solo sirve para subrayar que el capitalismo está en conflicto irreconciliable con las necesidades de la sociedad. La pandemia lo ha demostrado en carne y hueso, pero el mismo conflicto impregna todos los aspectos de la vida socioeconómica, desde la miseria y la ansiedad social causadas por la pobreza y la inseguridad económica en medio de una abundancia mundial sin precedentes, hasta la devastación medioambiental y la agresión y guerra imperialistas.
La horrible “segunda ola” de la India es una amenaza mundial. Ya se ha extendido a Nepal, Sri Lanka y Bangladesh. Además, en la medida en que el virus no sea erradicado, amenaza con desarrollar cepas resistentes a las vacunas existentes.
La catástrofe india tiene las huellas de las potencias imperialistas, empezando por Washington, por todas partes. La clase dominante estadounidense no solo encabezó la estrategia de inmunidad colectiva bajo el eslogan acuñado por el New York Times: “El remedio no debe ser peor que la enfermedad”. Además, junto con Canadá y las potencias de la UE, se ha negado a renunciar a las patentes de las vacunas, y durante las semanas críticas de marzo y abril, cuando las infecciones por COVID-19 se dispararon en la India, la Administración de Biden incluso bloqueó la exportación de materias primas fundamentales para la fabricación de vacunas en la India. Por último, pero no menos importante, Washington, ya sea bajo el mandato de Trump o de Biden, ha pasado gran parte del último año tratando de enfrentar a India con China, con el objetivo de integrarla aún más en la incendiaria ofensiva estratégico-militar del imperialismo estadounidense contra Beijing. La aplicación de un plan racional, basado en la ciencia, para proteger las vidas y los medios de vida requiere la intervención política independiente de la clase obrera y su movilización como fuerza global.
El cierre inmediato de todas las empresas no esenciales y las clases presenciales, la provisión de salarios completos a todos los trabajadores afectados, una vasta expansión del sistema de salud pública —todas las medidas esenciales que se necesitan para detener la propagación del virus— están en conflicto irreconciliable con los imperativos de lucro y geopolíticos de las élites capitalistas nacionales y rivales.
Por lo tanto, la lucha contra la pandemia debe estar animada por una perspectiva socialista y avanzar en la construcción de nuevas organizaciones de lucha de la clase obrera, en oposición a los sindicatos procapitalistas, que en la India como en todo el mundo han aplicado la política de la clase dominante de regreso al trabajo y a las aulas. Con este fin, y como parte intrínseca de su lucha por educar políticamente y movilizar a la clase obrera para la revolución socialista mundial, el Comité Internacional de la Cuarta Internacional y sus Partidos Socialistas por la Igualdad afiliados han puesto en marcha la Alianza Obrera Internacional de Comités de Base.
(Publicado originalmente en inglés el 10 de mayo de 2021)