La audiencia de ayer en Londres dejó en claro, si hacía falta alguna prueba adicional, que el proceso contra Assange es un espectáculo judicial vergonzoso y degradante cuyo objetivo es enviar forzosamente a un hombre inocente a prisión o a su muerte por revelar los crímenes del imperialismo estadounidense.

En una chapuza, Assange inicialmente no fue llevado a la sala de video para participar en los procedimientos, los fiscales estadounidenses no aparecieron tras recibir la hora incorrecta de la audiencia y, además de que solo admitieron a cinco observadores en el tribunal, todos los periodistas y observadores legales que intentaron escuchar remotamente la audiencia fueron rechazados.

A Assange, el prisionero político más famoso del mundo, le negaron tener acceso a sus abogados desde marzo y no ha visto ni a su familia ni sus pequeños hijos desde entonces.

En el paso más atroz, apenas dos días antes de la audiencia, el Departamento de Justicia de EE.UU., presidido por el ideólogo autoritario y derechista William Barr, presentó una imputación completamente nueva contra Assange, que el acusado ni siquiera pudo leer antes de la audiencia.

“El Gobierno estadounidense parece querer cambiar la imputación cada vez que se reúne la corte, pero sin que la defensa o el propio Assange puedan ver los documentos relevantes”, dijo Kristinn Hrafnsson, editor en jefe de WikiLeaks.

Menos de 24 horas después del inicio de la audiencia procesal final y menos de cuatro semanas antes de la reanudación del juicio de extradición, Barr firmó una nueva solicitud de 33 páginas para que Assange sea enviado a EE.UU. de Reino Unido.

La imputación de reemplazo, sobre la cual se basa la nueva solicitud de extradición, fue emitida el 24 de junio, pero los fiscales estadounidenses se rehusaron a confirmar en las dos audiencias posteriores, el 30 de junio y el 28 de julio, precisamente cuándo la introducirían en el proceso legal británico.

La nueva solicitud de extradición fue introducida hasta después de que el equipo legal de Assange presentara toda su evidencia. La defensa argumentó que proceder con base en una nueva imputación equivaldría a un abuso del debido proceso. La jueza Baraitser rechazó la moción de la defensa, permitiendo en cambio que solicitaran posponer la audiencia.

El equipo legal de Assange se enfrenta ahora a la decisión entre aceptar otro sabotaje del caso de su cliente o prolongar el peligro que corre su vida con más meses en prisión.

Aun cuando la pandemia del COVID-19 causa estragos en el sistema penitenciario británico, Assange sigue encarcelado en Belmarsh. Los expertos médicos que lo han examinado reportan que su salud se está deteriorando y que podría morir en prisión.

La nueva imputación amplía el alcance de lo que se define como actividad criminal. El cargo de “divulgación no autorizada de información de defensa” acusaba antes a Assange simplemente de “publicar [los archivos de guerra de Afganistán e Irak y los cables del Departamento de Estado] en el internet”. Esto se ha expandido para incluir la “distribución” de los documentos, por ejemplo, a otras organizaciones mediáticas.

Los asociados de Assange, Sarah Harrison, Jacob Applebaum y el antiguo empleado de WikiLeaks, Daniel Domscheit-Berg, ahora también fueron puestos en la mira como “coconspiradores”. Los esfuerzos para ayudarle a un denunciante perseguido (Edward Snowden) para obtener asilo e incluso hablar en defensa de sus acciones están siendo criminalizados, así como las declaraciones más generales en apoyo a la transparencia gubernamental.

Estos detalles dejan en claro que, mientras Julian Assange ha sido aislado en prisión sin poder reunirse con sus abogados, el Gobierno estadounidense ha estado desarrollando su caso de extradición y expandiendo el alcance de su venganza contra todos aquellos que le hayan ayudado a WikiLeaks a llevarle la verdad a la población mundial.

Julian Assange, quien se enfrenta a 175 años en prisión federal por exponer los crímenes de guerra de EE.UU. en Irak y Afganistán que cobraron decenas de miles de vidas, está siendo perseguido como parte de una campaña internacional de la élite gobernante para criminalizar a los denunciantes, periodistas y toda disensión política.

La conspiración estatal contra Julian Assange es la punta de lanza de una ofensiva sostenida contra los derechos democráticos dirigida contra la clase obrera. El crimen de Assange, desde el punto de vista de los que lo persiguen, consiste en su exposición de crímenes de guerra imperialistas e intrigas diplomáticas que impulsó una oposición masiva en todo el mundo.

La nueva imputación fue redactada por Barr, quien apareció seis días antes en Fox News para denunciar a una amplia gama de oponentes políticos de Trump como “revolucionarios” y “bolcheviques” que buscan “destruir el sistema”. Barr pone de manifiesto las verdaderas dimensiones de los planes de Trump para imponer una dictadura presidencial.

Estos acontecimientos son una condena penetrante para todas las fuerzas políticas que guardaron silencio o apoyaron la persecución de Assange. Esto incluye al Partido Demócrata en Estados Unidos, el cual encabezó el ataque contra WikiLeaks como parte de su campaña neomccarthista antirrusa. Los candidatos demócratas en las elecciones de 2020, Joe Biden y Kamala Harris, han participado entusiásticamente en esta venganza reaccionaria y antidemocrática.

En cuanto a la prensa liberal, con el Guardian y el New York Times a la cabeza, ha lanzado a Assange a los lobos. Cabe notar que ninguna organización noticiosa grande en EE.UU. siquiera se molestó en reportar la audiencia ayer. Ninguna publicación pseudoizquierdista como las revistas Nation y Jacobin está reportando el ataque a derechos fundamentales que está en marcha en la corte londinense.

Como era de esperar, los autonombrados socialistas Bernie Sanders, Jeremy Corbyn, Alexandria Ocasio-Cortez y Rashida Tlaib no han dicho nada sobre la farsa pseudolegal de ayer.

La responsabilidad política de la capacidad del Gobierno de Trump en EE.UU. y el Gobierno de Johnson en Reino Unido para proceder con su esfuerzo conjunto para silenciar a Assange recae en toda la fraternidad pseudoizquierdista, quienes se alinearon contra Assange, reciclando las calumnias y mentiras del Departamento de Estado, el Pentágono y la CIA sobre las acusaciones fraudulentas de Suecia, “no poder redactar” y otras mentiras.

Aquellos en la campaña oficial en torno a WikiLeaks que buscan encauzar la defensa de Assange detrás de las apelaciones a los “izquierdistas” del laborismo británico, los burócratas sindicales y el principal fiscal contra Assange, el Partido Demócrata en EE.UU., están perpetrando un fraude político que bloquea el desarrollo de un movimiento auténtico por la libertad de Assange.

El World Socialist Web Site reafirma su llamado a la clase obrera internacional a que se movilice en defensa de Julian Assange. La clase obrera debe dejar en claro el vínculo fundamental entre la persecución de Assange, la defensa de los derechos democráticos y la lucha contra el sistema capitalista, el cual está sumiendo al mundo en la guerra y la barbarie.

La batalla por liberar a Assange es inseparable de impulsar un movimiento político de masas en lucha por el socialismo, contra las guerras imperialistas, la desigualdad social y el bandazo hacia formas dictatoriales de gobierno.

(Publicado originalmente en inglés el 15 de agosto de 2020)